Jurisprudencia Destacada Año 2020 N21

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 21 DE 2020

LABORAL – DESPIDO INDIRECTO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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GÓMEZ GALAZ, NATALIA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306142
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ACCION DECLARATIVA – DESPIDO INDIRECTO – COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Resulta procedente la acción de despido indirecto ante el no pago, por parte del empleador, de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando la relación laboral haya sido declarada en la respectiva sentencia.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral, rechazó acoger la acción de despido indirecto al estimar que la procedencia de dicha acción tiene siempre como sustento una relación laboral, la que en este caso solo ha surgido en la medida que la presente sentencia la ha declarado, pues conforme a la contratación formal que unía a las partes, estas se encontraban vinculadas exclusivamente por sucesivos contratos a honorarios llamados a regir sus relaciones, razón por la que en esas condiciones, no podía la demandante poner término a un contrato de índole laboral todavía inexistente. Al respecto, yerra la sentencia impugnada toda vez que resulta procedente la acción de despido indirecto ante el no pago, por parte del empleador, de la cotizaciones de seguridad social, aun cuando la relación laboral haya sido declarada en la respectiva sentencia, pues el criterio de este tribunal ha sido el de asemejar el auto despido o despido indirecto en todo orden de materias al despido, como acto unilateral del empleador, habiendo establecido, por la vía de la unificación de jurisprudencia, que cuando se verifica una omisión en el cumplimiento del deber de pagar las cotizaciones previsionales, por parte del empleador, se configura un incumplimiento grave de sus obligaciones, que justifica el despido indirecto, dando lugar a las indemnizaciones legales consecuentes.

2.- Habiéndose acreditado que el empleador no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación laboral, al tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro de los trabajadores, una vez que se acogen a jubilación, como, asimismo, las prestaciones de salud y otros beneficios específicos, aparece que la omisión en el cumplimiento de tal deber configura un incumplimiento grave, que justifica el despido indirecto planteado por la actora.

3.- Lo relevante del «despido indirecto», como lo ha denominado la doctrina y la jurisprudencia, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad en el empleo, en virtud del cual el legislador regula las causales de terminación del contrato de trabajo y establece los mecanismos de compensación para el caso que el empleador no las respete. No se trata, pues, de una renuncia del trabajador -que de por sí constituye un acto libre y espontáneo- sino de una situación no voluntaria en que el empleador lo coloca, forzando su desvinculación, lo que le otorga el derecho a obtener las indemnizaciones propias del despido.

4.- La naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos. La sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido indirecto, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió.

5.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó el despido indirecto pues no es posible configurar la causal contemplada en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, pues dado el especial régimen normativo y las directrices administrativas de derecho público que gobiernan las relaciones de la demandada, así como la naturaleza que formalmente se asignó a la regulación jurídica habida entre las partes, al municipio le estaba prohibido retener cotizaciones y enterarlas en los organismos pertinentes en favor de la actora, de suerte tal que no es posible, construir un incumplimiento contractual sobre la base de una omisión que, sin una sentencia firme previa que lo permitiera, a la demandada le estaba vedado salvar. (Del voto en contra del Ministro (S) Sr. Mera).

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LABORAL – DESPIDO INDIRECTO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO C/ SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306098
Compendia: Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – DEBIDO PROCESO – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECURSO ACOGIDO –

La ley 20.529 otorga la competencia para sancionar al Director Regional y es este quien por resolución fundada debe decidir si sanciona o sobresee, decisión que puede reclamarse por el afectado ante el Superintendente de Educación. Entonces, no parece correcto que so pretexto de la reclamación pueda el Superintendente modificar lo resuelto en perjuicio del reclamante pues ello desborda su competencia. Refuerza lo señalado, la circunstancia que, si el establecimiento educacional se conforma con la sanción y no reclama, la ley no prevé una actuación oficiosa del Superintendente que le permita revisar la legalidad o justicia de lo resuelto.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la reclamación interpuesta por la Municipalidad en contra de la resolución emitida por la Superintendencia de educación que agravó la sanción originalmente impuesta. Esto, dado que la ley 20.529 otorga la competencia para sancionar al Director Regional y es este quien por resolución fundada debe decidir si sanciona o sobresee, decisión que puede reclamarse por el afectado ante el Superintendente de Educación. Entonces, no parece correcto que so pretexto de la reclamación pueda el Superintendente modificar lo resuelto en perjuicio del reclamante pues ello desborda su competencia. Refuerza lo señalado, la circunstancia que, si el establecimiento educacional se conforma con la sanción y no reclama, la ley no prevé una actuación oficiosa del Superintendente que le permita revisar la legalidad o justicia de lo resuelto.
2.- La autoridad reclamada en su informe esgrime en su favor la circunstancia que la ley le otorga facultades sancionatorias, sin embargo, esa no es la controversia aquí planteada sino que reconociéndole que puede sancionar, la pregunta es si tiene competencia para ir más allá de lo reclamado y aumentar la sanción del administrado que acudió ante dicha Superintendencia con un fin distinto como fue dejar sin efecto la sanción o rebajarla, desoyendo esta petición, aumentando el castigo, lo que no puede aceptarse.
3.- Si bien la reclamación formulada es parte del ejercicio recursivo dentro de un mismo procedimiento administrativo sancionatorio y no uno nuevo -como estima la reclamante- para dar aplicación al 41 de la Ley N° 19.880, lo cierto es, que aún a falta de norma que expresamente impida la reforma en perjuicio del reclamante, esta no puede ser aceptada, pues la reclamación supone una solicitud que formula el administrado a la autoridad respectiva la que puede acogerla o rechazarla agotando allí su competencia. Dicha conclusión se refuerza si se examina que, a propósito de los recursos, el artículo 100 de la ley del ramo, en su letra h) indica que le corresponde «Conocer y resolver los recursos que la ley establece» nada más.

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LURBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO 

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BUSTOS BUSTOS, JORGE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306176
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISOS ADMINISTRATIVOS – PERMISO DE EDIFICACIÓN – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

Si bien es efectivo que la División de Desarrollo Urbano emite la circular de aplicación general en uso de la facultad entregada por el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el ejercicio de tal potestad no puede exceder el marco normativo establecido asentado en la propia ley, cuestión que acaeció en la especie, toda vez que el artículo 116 inciso cuarto de la norma exime de la obligación de obtener un permiso de edificación a las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado, sin que se pueda distinguir, como lo pretende la autoridad, entre los «edificios» y los «ductos, postes, antenas, plantas elevadoras», limitando la excepción referida a estas últimas, interpretación que no encuentra sustento en el texto de la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo interpuesto por la reclamante en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad municipal, confirmando la resolución administrativa que otorgó la recepción de las obras. Esto, dado que no se verifica infracción a lo artículos 1º , 2º , 3º , 4º y 116º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones pues, si bien es efectivo que el órgano sectorial emite la circular de aplicación general en uso de la facultad entregada por el artículo 4º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en el ejercicio de tal potestad no puede exceder el marco normativo establecido asentado en la propia ley, cuestión que acaeció en la especie, toda vez que el artículo 116 inciso cuarto, que exime de la obligación de obtener un permiso de edificación a las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado, sin que se pueda distinguir, como lo pretende la autoridad, entre los «edificios» y los «ductos, postes, antenas, plantas elevadoras», limitando la excepción referida a estas últimas, interpretación que no encuentra sustento en el texto de la ley.

2.- La calidad de obra de infraestructura ejecutada por el Estado permanece inalterable, no obstante que aquella no se ejecute directamente por la Administración, sino que se delegue aquello, como ha sucedido en la especie, en que la ejecución de la obra infraestructura es delegada en un privado, a través de la suscripción del contrato de concesión, denominado: «Contrato de Provisión de infraestructura e Instalaciones y Concesión portuaria de un área para la atención de Pasajeros de cruceros de turismo» suscrito entre la Empresa ejecutante de la obra y el Terminal de Pasajeros.

3.- No existe duda de la índole de obra de infraestructura y que es ejecutada por el Estado, toda vez que la Empresa ejecutante, propietaria del recinto portuario en que se ejecutan las obras, conforme con el artículo 1° de la Ley Nº19.542, es una empresa estatal, señalándose en el artículo 3° del mencionado texto legal que los puertos y terminales que administra son de uso público. Se asienta en el artículo 4° que las empresas signadas en el artículo 1° tendrán como objeto la administración, explotación, desarrollo y conservación de los puertos y terminales, así como de los bienes que posean a cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables para el debido cumplimiento de éste. Es en este contexto que el artículo 7° faculta a las empresas para realizar su objeto directamente o a través de terceros, estableciendo que, en este último caso, lo harán por medio del otorgamiento de concesiones portuarias, la celebración de contratos de arrendamiento o mediante la constitución con personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, de sociedades anónimas.

4.- Si bien el origen del proyecto que involucra al Terminal de Pasajeros, está en el Permiso N° 79, lo cierto es que la ubicación en el actual sitio sólo se concibió con la modificación del Permiso, a través de la Resolución N° 603, siendo en este acto administrativo en que se incorpora al Terminal de Pasajeros, el que se construye y avanza de manera independiente del mega proyecto vinculado al Mall, al punto tal que se obtiene su recepción provisoria, cuestión que se justifica no sólo porque su envergadura es menor sino que, además, por una circunstancia esencial, esto es que se trata de una obra de infraestructura, que no se vincula de manera directa y necesaria con el proyecto comercial y equipamiento relacionado con el mall.

5.- Si bien es cierto que el referido Permiso de Edificación fue modificado, a través de la Resolución N° 603 de 22 de junio de 2015, en la que se incorporó como parte del proyecto la construcción del Terminal de Pasajeros, que en la especie estaría destinado para la recalada de cruceros, no es menos efectivo que en el referido fallo, dictado el 27 de diciembre de 2017, no se dejó sin efecto la Resolución N° 603 y, en especial, ha de enfatizarse, entonces, que con tal decisión no se dejó sin efecto el proyecto del Terminal de Pasajeros que, a la sazón, ya se encontraba recepcionado.

6.- La circunstancia de ser el proyecto del Terminal de Pasajeros una obra de infraestructura, determina que la misma esté amparada en el Permiso N°603/2015, de forma independiente del Permiso N° 79, por lo que el referido Permiso N°603, sólo ha perdido eficacia en relación a las obras de equipamiento vinculadas al proyecto del Mall, empero no respecto de las obras de infraestructura que fueron autorizadas. Ahora bien, lo realmente trascendente es que, al tratarse de una obra de infraestructura, en la especie es aplicable el inciso cuarto del artículo 116, norma que exime de la necesidad de obtener un permiso de edificación a las obras de infraestructura ejecutadas por el Estado, cuestión que se configura en la especie.

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