Jurisprudencia Destacada Año 2020 N22

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 22 DE 2020

 

LABORAL – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ESTATUTO DOCENTE 

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BARRAZA CAQUEO, INDIRA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Iquique
Sala: Primera
Fecha: 4 de diciembre de 2020
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306197
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO – APLICACION SUPLETORIA DE LA LEY – INDEMNIZACION POR DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

En el caso de los profesionales de la educación que se encuentren vinculados a una municipalidad en calidad de contratados, que sus contratos se renueven sucesivamente por varios años y que sus servicios terminen por el vencimiento del plazo estipulado, no resulta procedente considerar que tal vínculo ha derivado en uno de carácter indefinido, ni tampoco que proceda el pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio, por cuanto de acuerdo con las normas que le son aplicables -Estatuto Docente- tal desvinculación opera de pleno derecho.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de despido injustificado y relación laboral. Esto, debido a que no yerra la sentencia pues la modalidad de contratados en el Estatuto Docente está expresamente regulada, por lo que debe ser sometida a ese cuerpo legal y, en forma supletoria, al Código del Trabajo, sólo para el caso de los asuntos no regulados por el Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de la normativa especial, situación que no acontece en autos, porque el Estatuto Docente contiene su propia regulación para esa modalidad, consignando las condiciones, labores, causales de su expiración y los beneficios a que puede dar lugar el cese de funciones. Consecuencialmente, a quienes integran una dotación docente municipal le son aplicables con preferencia las disposiciones del Estatuto Docente, excluyendo el derecho laboral común en esos casos.

2.- Establecido que la causal de término del contrato de la actora fue el vencimiento del plazo, no es posible disponer el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, ni la indemnización por años de servicios previstas en el Código del Trabajo, dado que cabe la aplicación supletoria contemplada en el artículo 71 del Estatuto Docente, pues la modalidad de contratados y su forma de término está regulada expresamente en tal Estatuto, que no reconoce para esa causal, el derecho a recibir las indemnizaciones señaladas. En este contexto, el rechazo de las pretensiones de la actora, aparece plenamente ajustado a derecho, no existiendo la infracción de ley que denuncia el recurso, pues el ámbito jurídico aplicable para el caso que se ha conocido es de carácter netamente estatutario, sin que tengan cabida las normas del Código del Trabajo.

 

LABORAL – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL 

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JIMÉNEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS – DÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Fecha: 15 de diciembre de 2020
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306196
Compendia: Municipalidades, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – PRIMACÍA DE LA REALIDAD – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

No obstante reconocerse la mora previsional al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de esa vinculación establecida, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal punición se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, rechazó aplicar la sanción de nulidad del despido. Esto, debido a que no obstante reconocerse la mora previsional al haberse controvertido por la parte demandada la naturaleza laboral del vínculo, no procede el castigo que contempla el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, al ampararse la contratación a honorarios en una fórmula contemplada por la ley, que aunque en los hechos no fue tal, sino una laboral, opera a favor de la parte demandada una razón que la exime de las consecuencias propias de esa vinculación establecida, ya que el basamento legal en el cual se celebraron los sucesivos contratos, les otorgaban una presunción de legalidad, debiendo considerarse, además, que en el contexto que se desarrolla el proceso, tal punición se desnaturaliza, por cuanto las municipalidades no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren de un pronunciamiento condenatorio.

2.- En la especie, fluye que en los hechos, esto es, en el devenir material y concreto en que se desarrolló la vinculación referida, se configuró una de naturaleza laboral, al concurrir en la práctica los indicios que dan cuenta de dicho enlace, conforme el artículo 7º del Código del Trabajo. En efecto, es un hecho probado que las demandantes prestaron servicios para la demandada en labores generales, en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), de la municipalidad, consistentes en asesorías como sicólogas, de dos de ellas y como trabajadora social, la tercera demandante, mediante sucesivos contratos suscritos conforme al artículo 4º de la Ley Nº 18.883. Asimismo, se acreditó que en el transcurso de dicho vínculo se proporcionó una contraprestación mensual de dinero con obligación de asistencia, cumplimiento de jornada y supervigilancia de la jefatura.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – PATENTES  

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CUMSILLE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO – UNDÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Undécima
Fecha: 16 de diciembre de 2020
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306229

Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – FACULTADES DEL ALCALDE – RECHAZO DEL RECURSO –

El amparo que otorga la patente comercial respectiva resguarda el funcionamiento del giro declarado por el contribuyente ante el ente municipal, pero en caso alguno le permite el ejercicio discrecional de otras actividades no declaradas o que no hayan sido objeto de la solicitud original.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto en contra de la municipalidad por ordenar la clausura del local de propiedad del recurrente. Al respecto, resultó un hecho pacífico que el recurrente cuenta con una patente comercial definitiva, cuyo giro es el de «centro internet fotocopias, venta de tarjetas prepago, bebidas», que data desde el 2 de agosto de 2012 y ampara al establecimiento de comercio señalado. Sin embargo, según da cuenta el expediente de fiscalización acompañado por la recurrida, por una inspección efectuada por personal municipal el 7 de enero de 2020, se pudo establecer que el recurrente opera en su local comercial explotando el giro Casino de Juego On-Line, lo que motivó la clausura del local comercial. De este modo, no existe ilegalidad alguna en el actuar de la recurrida, sino muy por el contrario, la clausura se ha adecuado al ordenamiento jurídico, al haberse constatado por personal municipal, que actúa para estos efectos como ministros de fe, que el actor estaba realizando una actividad comercial diversa a la autorizada y amparada por la patente respectiva.

2.- La municipalidad recurrida, goza de facultades para poder dictar resoluciones de carácter particular y disponer la clausura de un local comercial cuyo giro comercial no se adecue al amparo establecido en la patente comercial efectivamente otorgada. Pensar lo contrario llevaría al absurdo de admitir que se entregue una patente de venta al por menor y que el contribuyente se encuentra habilitado para funcionar con un giro de hotel o restaurante. El amparo que otorga la patente comercial respectiva resguarda el funcionamiento del giro declarado por el contribuyente ante el ente municipal, pero en caso alguno le permite el ejercicio discrecional de otras actividades no declaradas o que no hayan sido objeto de la solicitud original.

 

 

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

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MATUS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN – QUINTA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306236
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – SERVICIOS DE SALUD – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Acierta la sentencia impugnada al concluir que la actora fue contratada a honorarios por la municipalidad, en el ámbito de las facultades que le confiere al ente edilicio el artículo 4 de la Ley 18.883, toda vez que se le contrató para desarrollar sus servicios para cometidos transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de la Municipalidad y que decían relación con programas que se encontraban claramente acotados en el tiempo y conforme a los cuales la Municipalidad debía llevar adelante aquellos programa convenidos con el Servicio de Salud destinados a otorgar prestaciones de salud a personas con problemas derivadas del consumo de Drogas y Alcohol, todo de acuerdo a las políticas públicas de salud efectuadas por el Ministerio y Senda.

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