Ley Nº 21.309 establece una pensión para las personas certificadas como enfermos terminales

Se otorga a los enfermos terminales el derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses, que será pagada por la administradora a la que estén afiliados a la fecha del pago, con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Con fecha 1 de febrero de 2021, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.309. que «Establece beneficio que indica para los afiliados y pensionados calificados como enfermos terminales». La norma introduce los artículos 70 bis y 70 ter nuevos, al decreto ley N° 3.500, de 1980, que establece un nuevo sistema de pensiones, con el fin de regular dicho beneficio.

La ley dispone que todo afiliado que sea certificado como enfermo terminal por el Consejo Médico tendrá derecho a percibir una pensión calculada como una renta temporal a doce meses, la que será pagada por la Administradora a que estuviera afiliado a la fecha del pago, con cargo al saldo de su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, una vez reservado el capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria, cuando corresponda.

El afiliado podrá solicitar reducir la renta temporal antes indicada hasta el valor de la pensión básica solidaria vigente para mayores de ochenta años, y, en este caso, la diferencia podrá ser retirada como excedente de libre disposición.

Si determinada la reserva, el saldo fuese insuficiente para financiar una renta temporal de monto igual a la pensión básica solidaria vigente para los mayores de ochenta años, por un período de doce meses, el saldo de la cuenta individual se destinará a financiar la renta temporal del afiliado hasta el monto que sea necesario para tales efectos.

El capital necesario para pagar las pensiones de sobrevivencia y la cuota mortuoria  se calculará  en consideración a la expectativa de vida de los beneficiarios al término de la renta temporal, y a los porcentajes a que se refiere el artículo 58, respecto de la pensión de referencia.

En el caso de afiliados activos, la pensión de referencia corresponderá al 70% del ingreso base si se encuentra cubiert por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y a las 100% del retiro programado, en el caso de afiliados no cubiertos.

Para los pensionados por vejez e invalidez total definitiva, la pensión de referencia será la última pensión calclada en conformidad con el artículo 65 del Decreto Ley Nº 3.500. En el caso de pensionados por invalidez parcial definitiva, la pensión de referencia será la última pensión calculada con el mismo criterio anterios. Si al momento del cálculo de la última pensión no se encontraba liberado el saldo retenido, la pensión deberá recalcularse considerando dicho saldo. Por último los pensionados por invalidez parcial transitoria, al momento de ser certificados como enfermos terminales, serán considerados inválidos totales y se les aplicará la regla de cálculo de los afiliados activos.

La certificación de “enfermo terminal” será realizada por un Consejo Médico, que estará conformado por salas integradas por tres médicos cirujanos seleccionados por la Superintendencia de Pensiones a través de concurso público.

La Superintendencia de Pensiones deberá dictar  la normativa técnica, instrucciones y demás actos administrativos para efectos de la correcta implementación de la ley, incluida aquella normativa que se elaborará en conjunto con la Superintendencia de Salud.

Finalmente la ley establece que  podrán acceder a este nuevo beneficio, sin que su enfermedad o condición sea certificada por los Consejos Médicos a que se refiere, los afiliados o pensionados que estén haciendo uso de las Garantías Explícitas en Salud a que se refiere el decreto supremo N° 22, de 2019, del Ministerio de Salud, para el Problema de Salud N° 4, sólo por cuidados paliativos en cáncer avanzado y, a su vez, por los diagnósticos que se indican a continuación:

– Glioblastoma cerebral en progresión con radio y quimioterapia;
– Meduloblastoma cerebral en progresión;
– Meningitis carcinomatosa de cualquier cáncer;
– Cáncer de pulmón con metástasis a distancia múltiple;
– Cáncer de esófago en progresión;
– Cáncer gástrico metastásico a distancia en al menos dos sitios (ejemplo hígado y/o
pulmón);
– Cáncer gástrico con metástasis peritoneales;
– Cáncer gástrico con metástasis hepáticas múltiples;
– Cáncer hepatobiliar con metástasis peritoneales;
– Cáncer hepatobiliar con metástasis hepáticas múltiples;
– Cáncer de intestino delgado con metástasis peritoneales;
– Cáncer de páncreas y vesícula biliar metastásico;
– Cáncer colo-rectal metastásico en progresión;
– Hepatocarcinoma avanzado sin opción de trasplante;
– Cáncer testicular metastásico en progresión a quimioterapia de segunda línea;
– Sarcoma partes blandas metastásico a distancia;
– Osteosarcoma metastásico en progresión;
– Melanoma metastásico en progresión;
– Cualquier cáncer metastásico en ECOG 4 y sin posibilidad de tratamiento sistémico;
– Cualquier cáncer con metástasis cerebral múltiple (más de 3);
– Cualquier cáncer metastásico a distancia que no puede hacerse tratamiento antineoplásico, y
– Cáncer origen desconocido metastásico.

Será suficiente la presentación ante la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones de un certificado emitido por el médico jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos, o su similar, del establecimiento público o privado en donde está siendo tratado el solicitante, que acredite que se encuentra recibiendo los cuidados paliativos por los diagnósticos antes señalados.

Vigencia de la ley 

Según lo dispuesto en su artículo primero transitorio, la ley  entrará en vigencia el día 1 de julio de 2021.

Consulte texto completo de la ley.

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