Corte Suprema rechaza recurso de nulidad y confirma fallo que condenó a autor de femicidio de conviviente

La Segunda Sala del tribunal máximo del país descartó infracción al debido proceso al realizar el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los Ángeles el procedimiento a través de videoconferencia.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia que condenó al imputado, a la pena de 15 años y un día de presidio, como autor del delito consumado de femicidio de conviviente. Ilícito perpetrado el 9 de mayo de 2018, en la población O’Higgins de la ciudad de Los Ángeles.

El fallo señala que respecto al  agravio a la garantía del debido proceso, esta Corte también ha resuelto uniformemente que este agravio debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento.

En este sentido, la resolución agrega que la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal. «Que, en particular, en relación a los reproches efectuados por la defensa, es del caso subrayar, que tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con criterios predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa».

Asimismo la Corte indica que dichas argumentaciones se circunscriben a cuestionar la legalidad del protocolo establecido por el tribunal para la realización de audiencias de juicio oral por video conferencia y la posterior realización del juicio mediante modalidad virtual sin precisar acabadamente cómo aquello habría determinado la decisión de condenar a Marcelo Antonio Lagos Morales, atendida su trascendencia y entidad. Que, como se evidencia, en esta fundamentación no se sostiene alguna vulneración específica de derechos o garantías constitucionales claramente identificables que hayan incidido causalmente en el resultado del juicio, de manera sustancial como lo previene la causal de nulidad empleada por la defensa.

«Valga reiterar que el reclamante no explica a esta Corte –de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto– cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra.

Por lo tanto, el fallo considera que las razones expresadas  son suficientes para determinar la suerte de la causal del recurso en estudio, pues la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de primer fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal. En este sentido, útil resulta destacar que, no obstante que el juicio oral fue realizado mediante video conferencia, la prueba fue sometida al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación, de los que se colige la dualidad de posiciones, la contradicción y la igualdad de las partes; resguardos tenidos en consideración para tutelar la garantía constitucional del debido proceso.

FinalmentE, en lo que concierne a los cuestionamientos de la defensa, resulta atingente mencionar lo señalado por el Tribunal Supremo Español, quien manifestó que «el uso de la videoconferencia permite la total conexión en los puntos de origen y destino como si estuvieran presentes en el mismo lugar, con lo que se da cumplimiento a la premisa de que se celebre la actuación judicial en unidad de acto. No se vulnera ningún principio procesal al poder dirigir las partes a los testigos las preguntas que sean declaradas pertinentes con contradicción y sin que pueda existir indefensión ni vulneración de la tutela judicial efectiva»,

Se concluye que la prueba ofrecida y rendida por la defensa en la audiencia para conocer el presente arbitrio no ha tenido la suficiente fuerza para demostrar los supuestos de hecho que permitirían dar por probada la causal invocada, pues de ella precisamente se desprende que su realización fue para salvaguardar las garantías del acusado, tal como se explicitó en las consideraciones precedentes, por lo que es inconcuso que las alegaciones de invalidación apoyadas en la causal impetrada aparecen carentes de fundamento.

Consulte texto íntegro de la sentencia aquí.

Fuente: PJUD.

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