Corte de Apelaciones de Santiago anula fallo por porte ilegal de arma de fuego prohibida

La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reponer la causa al estado de verificarse una nueva audiencia de juicio, ante jueces no inhabilitados, tras establecer error de derecho al no considerar un peritaje que determinó que dispositivo láser adosado al arma se encontraba en mal estado.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia que condenó al recurrente como autor del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego prohibida. Ilícito que habría perpetrado en la comuna de Renca, en diciembre de 2019.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ordenó al Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago reponer la causa al estado de verificarse una nueva audiencia de juicio, ante jueces no inhabilitados, tras establecer error de derecho al no considerar un peritaje que determinó que dispositivo láser adosado al arma se encontraba en mal estado.

Sobre el particular debe acentuarse que en ese mismo fallo se hacen constar las conclusiones del peritaje efectuado por don E.A.A.B.. Así, en la parte final del motivo quinto de la sentencia aludida, se indica que el perito aseveró que el arma ‘(…) Mantenía además un accesorio en su parte anterior, un tipo de designador lasérico, el cual venía en malas condiciones y mal funcionamiento mecánico…’, añadiendo más adelante que ‘El designador lasérico no se encuentra apto para funcionar como tal’. Aparte de ello, en el fundamento octavo de dicha sentencia se menciona que ‘A todo ello cabe agregar la declaración prestada durante la audiencia de juicio oral por parte del perito E.A.A.B., que concluye que el arma de fuego sometida a pericia y que fue incautada en poder del acusado se encontraba en normal funcionamiento mecánico y traía puesto un cargador compatible con 17 cartuchos calibre 9x19mm de diferentes marcas…los que fueron posteriormente activados y disparado por la misma arma, no obstante que el designador lasérico incorporado como accesorio en su parte anterior se encontraba en malas condiciones de funcionamiento“, afirma el fallo.

La resolución agrega que: “El examen de las diversas disposiciones de la Ley 17.798 permite advertir que, sustancialmente, el establecimiento de los distintos tipos penales atiende de modo especial a la clase o naturaleza de los objetos de regulación. Así, se aprecia que pueden existir elementos de tenencia o porte permitidos, pero sujetos a autorización y otros que son sencillamente prohibidos a los particulares. Dentro de esos objetos prohibidos la ley ha contemplado una multiplicidad de objetos, todos señalados en el artículo 3° de la citada ley de control de armas”.

De esa forma se cuentan, por ejemplo, las armas largas de cañones recortados, armas cortas automáticas, armas de fantasía adaptadas, ametralladoras, subametralladoras, metralletas o cualquiera otra arma automática y semiautomática de mayor poder destructor o efectividad, sea por su potencia, por el calibre de sus proyectiles o por sus dispositivos de puntería, armas de fabricación artesanal o armas transformadas respecto de su condición original“, añade.

El tribunal de alzada concluyó que: “En ese contexto, surge un primer cuestionamiento respecto del lacónico fundamento décimo de la sentencia recurrida, puesto que no se precisa allí a cuál de las diversas hipótesis del artículo 3° de la Ley 17.798 se está haciendo referencia. Lo que se indica no es baladí porque de lo que se trata es que tanto la defensa como este tribunal queden en condiciones de reprochar o de controlar, en su caso, el juicio de derecho efectuado. Ese y no otro es el sentido final de la exigencia del artículo 342, letra d) del Código Procesal Penal. Por cierto no se trata que la penalidad asignada al delito pueda ser la misma. El punto es otro: el imperativo de que concurran todos los supuestos de hecho que permitan dar aplicación al tipo penal descrito y sancionado por la ley“.

Directamente imbricada –prosigue– con lo que se viene observando hay otra deficiencia que puede advertirse en el fallo. Ni en el análisis probatorio respectivo ni en la fijación de los hechos los jueces se hacen verdaderamente cargo del dictamen pericial emitido por el especialista E.A.A.B. en cuanto da cuenta que el ‘El designador lasérico (incorporado como accesorio al arma) no se encuentra apto para funcionar como tal’. Nada se dice en la sentencia a ese respecto, se silencia ese dato y de ese modo no resulta comprensible que se asiente como hecho que tal accesorio fue agregado ‘con el fin de darle mayor efectividad al arma por este dispositivo de puntería’. Si así fuera, parece razonable preguntarse entonces qué incidencia tendría en ese hecho la circunstancia de que el designador no esté en condiciones de funcionar. No hay respuesta en el fallo. Tampoco logra dilucidarse la justificación que permitiría –en cualquier caso–, sostener la calificación jurídica de atribuir a esa arma el carácter de prohibida, atendiendo a su real poder de destrucción o letalidad“.

Acudiendo a la terminología legal, en el fallo no se logra reproducir, con la necesaria fidelidad, ‘el razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia’ ni la justificación certera e inequívoca de la decisión que se vierte en la sentencia impugnada. De ahí que sea dable reprocharle la inobservancia de los requisitos que contempla el artículo 342, letras c) y d), del Código Procesal Penal, configurándose entonces el motivo absoluto de nulidad que estatuye su artículo 374 letra e)“, concluye.

(Fuente:  pjud)

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