TOP de Iquique absuelve por falta de pruebas a acusados de transportar molotov e ingresar a recinto de comida

Se decretó la absolución de los acusados tras establecer la insuficiencia de las pruebas rendidas en estrado para configurar los delitos imputados.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique absolvió a dos acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de transporte de artefacto incendiario y robo en lugar o sitio no habitado. Ilícitos supuestamente perpetrados en noviembre de 2019, en la ciudad.

El fallo señala respecto de la valoración de la  prueba incorporada que «La diversa evidencia generada, testimonial, pericial, video y fotografías, junto a un documento incorporado, como se señaló en el veredicto, no tuvo la eficacia necesaria para demostrar los hechos atribuidos a los acusados, en aquello que es relevante al tipo penal, correspondiente al transporte de un artefacto incendiario, y a una conducta destinada a apropiarse con ánimo de lucro de una especie mueble ajena».

Las probanzas mencionadas si bastaron para acreditar los elementos contextuales del hecho, en cuanto a la protesta que se efectuaba el 21 de noviembre de 2019, y que efectivamente los acusados se desplazaban portando el joven una mochila azul, de la cual en un momento se sacó una botella con una tela en su gollete que impresionó como bomba molotov, lo que fue apreciado por medio de las cámaras de seguridad municipal. Igualmente, cuando estaban cerca del local de comida, se observó que uno de los acusados saltó la reja perimetral del recinto hacia el patio del establecimiento y en ayuda con un sujeto sacaron una mesa dispuesta en ese lugar y la llevaron hacia la vía pública, al lado de la reja.

Lo que resta resolver con la evidencia, es si efectivamente los agentes incurrieron en la conducta que describe el artículo 10 de la ley 17798, debido a que los informes periciales, como fue adelantado en el veredicto, no fueron convincentes en orden a que el contenido, al menos de la botella con la tela en su entrada, correspondiere a un artefacto incendiario.

Las ideas expuestas ya generan duda sobre la capacidad inflamable del total del líquido que mantenía la botella, lo cual no se aleja de lo que fue hallado en poder del acusado, un envase de vidrio con un líquido viscoso tipo pintura, condición que no permite descartar la explicación del justiciable, que señaló haber llenado la botella para ir a la protesta y lanzarla y pintar o manchar, lo que no es una situación ajena a las manifestaciones, como lo indicó el testigo Carlos Burgos, al referir que en algunas ocasiones se lanzaba pintura a los carros policiales, e incluso botellas y piedras a los autos de los transeúntes.

La prueba no admite que desde un entorno de manifestación, en que se portan los referidos envases y que estos puedan ser lanzados para pintar los carros de la policía, deba deducirse que corresponden a un cóctel molotov, por el contenido inflamable de la pintura, primero, porque no hubo prueba suficiente sobre esa cualidad del líquido, y segundo, porque no es dable inferir que por estar en una protesta, la botella necesariamente se aviene a un objeto del tipo incendiario. Como se dijo en relación a las circunstancias de hecho no discutidas, lo que fue visto en las imágenes impresionó como tal y desencadenó el seguimiento y detención de los jóvenes, pero no la seguridad de estar ante el objeto que se reprocha de acuerdo a la ley 17.798.

Sobre el tipo penal, el fallo señala si la conducta que atribuyó el acusador coincide con la extensión de pena solicitada, y que se correspondería eventualmente con el armado, fabricación, transporte y tráfico en general de los objetos que señala el artículo 2 en sus letras b, c, d, y e, tal como lo alegó la defensa de Nicolás Cáceres, el acusador no indicó inciso alguno en relación a la imputación o algún elemento del artículo 2 que permita precisar la descripción que se ajuste al hecho atribuido, lo que se ha de entender bajo la premisa ya desarrollada, relativa a la insuficiencia de prueba para determinar que se está ante un objeto sometido al control de la ley 17.798. Y aun cuando se entienda que el transporte vinculado a los acusados calza en la alguna de las hipótesis de la norma en su inciso primero, como por ejemplo, el transporte de sustancias químicas que esencialmente son susceptibles de ser usadas o empleadas para la fabricación de explosivos (letra e del artículo 2), más allá de lo dicho sobre la eficacia de la evidencia, yace además, el inconveniente que se debió incluir en la acusación la falta de autorización competente que exige el inciso primero, y consecuentemente probar ese elemento del tipo, lo que no sucedió y que no es posible subsanar por estos jueces.

La evidencia testimonial y el video incorporado demostró que el acusado saltó una reja de altura menor para ingresar a una especie de patio del local, lugar en que junto a otro sujeto sacaron una mesa para comida que estaba en esa zona, la que fue dejada al lado de la reja, hacia la vía pública, posiblemente para hacer una barricada, debido al entorno de protesta».

«De acuerdo a este suceso, no hay más elementos que permitan dilucidar la presencia del ánimo de lucro como exigencia subjetiva del tipo contenido en uno y otro artículo, y que de alguna manera este señalado en la acusación. Y tampoco hay referencia o descripción a la forma de fuerza afín a la sustracción, como es el elemento escalamiento que impone el artículo 442 ya citado, y aquellos que señala el artículo 443, de modo que no es posible encuadrar la conducta descrita en alguna de las normas citadas, por insuficiencia de descripción fáctica, sin perjuicio que la prueba tampoco cubrió esos elementos (…) la acción que se puede aislar sobre esta imputación, es un actuar dañoso ejecutado por el acusado en un ambiente de protesta, que dado los argumentos antes explicados, no quedan bajo los límites del tipo penal de robo en lugar o sitio no habitado» «, razonan los jueces.

«(…) como se aprecia, el panorama probatorio que acaba de reseñarse aparece muy distante del convencimiento necesario para decidir la condena de los acusados, puesto que las pruebas de cargo allegadas al juicio con dicha finalidad resultan insuficientes para superar el estándar de la duda razonable que exige el artículo 340 del Código Procesal Penal, lo que obliga entonces a absolverlos de los cargos dirigidos en su contra».

De este modo, se concluye que la acción realizada por el acusado no es posible calificarla bajo alguno de estos delitos y menos alguna actividad desplegada por la acusada en vinculación a ellos, y más allá de que el Ministerio Público la haya desligado de este ilícito en su alegato final, el hecho carece de elementos que lo configuren, por lo que necesariamente los acusados deben ser absueltos.

Consulte texto completo de la sentencia aquí.

(Fuente: Poder Judicial).

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