Corte Suprema revocó sentencia y acogió recurso de protección de funcionario contra acto de municipio que renovó su contrata por menos de un año y cambió de nivel su calificación

Acto administrativo careció de fundamentación e infringió el principio de confianza legítima

En días recientes la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia que desechó un recurso de protección interpuesto por el funcionario de una municipalidad que ejerció funciones varios años, contra el acto administrativo que prorrogó su contrata por un período inferior a un año y modificó su calificación de nivel 1 a nivel 12, manteniendo la Categoría B establecida en la Ley N° 19.378 que Establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, en cumplimiento de un dictamen administrativo de Contraloría. El máximo tribunal tuvo en vista que el acto administrativo del municipio careció de fundamentación y en el caso de marras, tras el trancurso del tiempo, en que el recurrente había sido renovado en funciones por varios años, bajo la misma calificación, había operado el principio de confianza legítima, debiendo haber mantenido la recurrida la misma relación estatutaria “en los mismos términos fijados en los actos administrativos anteriores así como la intangibilidad de sus remuneraciones, a menos que se hubiere justificado de manera completa, coherente y suficiente los motivos para la dictación del acto impugnado, cuestión que, como se dijo, no aconteció”, dice el fallo.
Consulte sentencia analizada en Microjuris a continuación: ​

MUÑOZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306637
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

No resulta posible soslayar que el recurrente mantuvo una relación estatutaria con el municipio por más de nueve años, circunstancia que pugna con el carácter «transitorio» de la forma de contratación prevista en el artículo 14, inciso 2°, de la Ley N° 19.378, esto es, contrato a plazo fijo. Por consiguiente, considerando el extenso lapso de vinculación entre las partes, puede concluirse que al actor lo amparaba la confianza legítima de mantener su relación estatutaria con el municipio en los mismos términos fijados en los actos administrativos anteriores, así como la intangibilidad de sus remuneraciones, a menos que se hubiere justificado de manera completa, coherente y suficiente los motivos para la dictación del acto impugnado, cuestión que no aconteció.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el funcionario en contra de la Municipalidad por la dictación del Decreto que prorrogó su contratación a plazo fijo de conformidad a lo prevenido en el artículo 14 de la Ley N° 19.378, pero sólo hasta el 31 de marzo de 2020. Esto, debido a que la relación estatutaria entre las partes se encuentra regulada por la Ley N° 19.378, y sólo supletoriamente, en aquello no previsto de manera expresa, han de recibir aplicación las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales . En este sentido, no resulta posible soslayar que el recurrente mantuvo una relación estatutaria con el Municipio -regida por las disposiciones de la Ley N° 19.378 y supletoriamente por las de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales- por más de nueve años, circunstancia que pugna con el carácter “transitorio” de la forma de contratación prevista en el artículo 14, inciso 2°, de la Ley N° 19.378, esto es, contrato a plazo fijo. Por consiguiente, considerando el extenso lapso de vinculación entre las partes, puede concluirse que al actor lo amparaba la confianza legítima de mantener su relación estatutaria con el Municipio en los mismos términos fijados en los actos administrativos anteriores así como la intangibilidad de sus remuneraciones, a menos que se hubiere justificado de manera completa, coherente y suficiente los motivos para la dictación del acto impugnado, cuestión que no aconteció.

2.- El Decreto Alcaldicio impugnado resulta ilegal por contravenir la exigencia de fundamentación exigida por los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880 y, por la misma razón, deviene en arbitrario, al quedar desprovisto de motivación, vulnerándose la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del actor sobre sus remuneraciones, garantizados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Consulte sentencia a texto completo

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