Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 2

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 02 DE 2021

 

RECURSO DE CASACIÓN – ABANDONO DE PROCEDIMIENTO  – GESTIÓN ÚTIL

_______________________________________________________

GÓMEZ RAMÍREZ, MARÍA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO Y OTRO – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306616
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – INCIDENTES – ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO – NOTIFICACIONES PROCESALES – SENTENCIA DEFINITIVA – GESTION UTIL – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

La sola notificación del demandante de la sentencia definitiva es una gestión útil, toda vez que ante la supresión hipotética de esta actuación, el período de impugnación no hubiese podido comenzar a correr. Es evidente que para contemplar una “última notificación a las partes” ha debido mediar “una primera”, siendo del caso que no existe exigencia legal en orden a que todas las partes del juicio deban ser notificadas coetánea o simultáneamente de la resolución ya comentada.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió el incidente de abandono del procedimiento. Esto, debido a que la sola notificación del demandante de la sentencia definitiva es a todas luces una gestión útil, toda vez que ante la supresión hipotética de esta actuación, el período de impugnación no hubiese podido comenzar a correr. Es evidente que para contemplar una «última notificación a las partes» ha debido mediar «una primera», siendo del caso que no existe exigencia legal en orden a que todas las partes del juicio deban ser notificadas coetánea o simultáneamente de la resolución ya comentada. En el contexto antes descrito, no existe motivo fundado para asignar el carácter de útil únicamente a la última notificación, desde que cada notificación de la sentencia definitiva genera por sí misma el efecto de procurar la prosecución del juicio no evidenciándose, por ende, inactividad de las partes que deba ser sancionada. Lo contrario implicaría asumir que el legislador ha determinado que la sentencia definitiva deba ser notificada a todas las partes del juicio, cualquiera sea su número, en el plazo fatal de seis meses, sanción que en modo alguno contempla la regulación normativa del proceso civil. Al no decidir de conformidad al sentido que corresponde atribuir al artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, ha resultado éste infraccionado y tal vulneración ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo.

2.- El fundamento del abandono del procedimiento es que tiende a impedir que el juicio se paralice en forma indefinida, con el daño consiguiente a los intereses de las partes y evita la inestabilidad de los derechos y en especial la incertidumbre del derecho del demandado y la prolongación arbitraria del litigio, como consecuencia de una conducta negligente. Representa, por lo tanto una sanción procesal para los litigantes que cesan en la prosecución del proceso omitiendo toda actividad y tiende a corregir la situación anómala que crea entre las partes la subsistencia de un juicio por largo tiempo paralizado.

3.- El abandono del procedimiento es una sanción procesal cuyos efectos perjudiciales recaen sobre el demandante que ha ejercido la acción que determina la sustanciación del juicio. En este sentido y, en cuanto sanción, las normas que regulan este incidente especial han de ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, lo que, entre otros aspectos significa que no es permitido al intérprete adicionar otros presupuestos de procedencia de la sanción que él o los expresamente indicados en la ley.

4.- El derecho a la acción está amparado constitucionalmente desde que se provee, para la protección de los derechos e intereses legítimos, la tutela referida al ejercicio de la acción en el marco de un debido proceso. Pero más allá de eso, la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas trasciende al mero ejercicio de la acción y el inicio del procedimiento destinado a que aquélla sea sustanciada; la efectividad en la protección cubre también el espectro de que sea totalmente tramitado el proceso, se obtenga una sentencia definitiva que decida el conflicto, y que la misma se pueda cumplir. Bajo esta mirada del derecho a la acción y a la sustanciación integral del proceso para obtener la decisión judicial definitiva y ejecutarla, vuelve a cobrar relevancia la excepcionalidad de las sanciones procesales que impiden la prosecución del juicio, y, el imperativo de interpretar restrictivamente las normas que las consagran.

5.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante toda vez que la sentencia recurrida aplica correctamente la normativa que regula esta materia. En efecto, es indiscutible que una vez dictada la sentencia definitiva, la carga de hacer avanzar el procedimiento recae en las partes, quienes deben cumplir con lo dispuesto en el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil notificando por cédula el fallo respectivo, para que así el procedimiento avance a la fase siguiente o la sentencia adquiera el carácter de firme o ejecutoriada. De este modo, la notificación a la que se ha venido aludiendo queda comprendida en la esfera del impulso procesal de parte, precisamente de la actora, quien en la especie no se encontraba eximida de la carga de instar para que ella se materializara. Así pues, en la especie, lo cierto es que el 9 de septiembre del año 2019 se dictó la sentencia definitiva, de modo que es desde la fecha de esta resolución que empezó a computarse el plazo de abandono del procedimiento, pues lo que se espera era que la demandante efectuara todas las gestiones conducentes a cumplir con la notificación de la sentencia definitiva por cédula a todas las partes del proceso cumpliendo la exigencia del artículo 48 del Código de Procedimiento Civil. (Del voto en contra de la Ministra señora Ravanales).

____________

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSO DE PROTECCIÓN

_______________________________________________________

DESARROLLO INMOBILIARIO BELLAVISTA S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306620
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – ORDEN DE DEMOLICION – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE APELACION – RECHAZO DEL RECURSO –

No existe medida que la Corte pueda adoptar, considerando que los actos recurridos reclamados de ilegalidad actualmente en tramitación -rechazo de la solicitud de recepción definitiva de la obra y orden de demolición de las construcciones- se encuentran actualmente en tramitación, por lo que no puede sino, rechazarse la acción de protección.

Doctrina:
1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada y rechazar el recurso de protección deducido por la inmobiliaria en contra de la municipalidad por cuanto no existe medida que se pueda adoptar, considerando que se encuentran los actos recurridos reclamados de ilegalidad actualmente en tramitación, por lo que no puede sino, rechazarse la acción. En efecto, en la actualidad, se encuentra en tramitación el reclamo de ilegalidad interpuesto en representación de la inmobiliaria en contra de la Municipalidad y de su Director de Obras Municipales, en contra del Oficio N°1400/68/2020, de 29 de octubre de 2020, que rechaza reclamo de ilegalidad municipal en sede administrativa, interpuesta con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que se dirigió en contra de los actos administrativos consistentes en ORD N° 1820/98/2019, de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve que rechazó la solicitud de recepción definitiva de la obra, comuna de Recoleta y, a la vez, del Decreto Exento N° 365, de uno de febrero de dos mil diecinueve que ordena la demolición de las construcciones en la misma dirección; es decir, mismos actos recurridos en la acción constitucional.

__________________

REDES SOCIALES – DERECHO A LA HONRA – PROBIDAD – RECURSO DE PROTECCIÓN

_______________________________________________________

ALCALDE SUBROGANTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO C/ REYES BIELEFELD, CRISTÓBAL – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306589
Compendia: Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – IMPUTACIONES INJURIOSAS – REDES SOCIALES – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

El recurrido publicó en redes sociales que la recurrente obtuvo determinadas sumas de dinero del municipio sin haber realizado las labores que justificarían tal retribución, pues a la fecha en que ellas fueron pagadas la recurrente estaba haciendo uso de su feriado legal y, por ende, no pudo llevar a cabo las labores necesarias para explicar su pago. Al respecto, La difusión de las publicaciones sin una debida respuesta o contra argumentación de la persona allí aludida, no puede tener por objeto sino obtener la afectación del derecho a la honra de dicha persona, a quien se imputa una conducta ilícita, considerando que con dicha forma de actuar el recurrido ha soslayado las vías que el derecho entrega para la determinación judicial de una conducta como la que denuncia.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el alcalde subrogante en favor de la Directora de Recursos Humanos en contra del recurrido por las publicaciones efectuadas en redes sociales en que efectúa imputaciones explícitas respecto de la actora, a quien reprocha haber percibido, de manera irregular, el dinero correspondiente a horas de trabajo extraordinarias, en tanto el pago pertinente se realizó mientras se hallaba de vacaciones. Al respecto, aun cuando el recurrido sostiene que las publicaciones de que se trata se insertan en una amplia labor de fiscalización del uso de los recursos de la Municipalidad y no tienen por fin afectar la honra de la recurrente, es lo cierto que al comunicar a la población el hecho el recurrido afecta ese derecho que la Carta Fundamental garantiza a la actora, pues, en lugar de indicar circunstanciadamente los fundamentos que justifican su acusación y explicar con detalle la forma en que ocurrieron los hechos a que se refiere, efectúa una acusación vaga e imprecisa, en la que soslaya por completo la circunstancia de que las horas extraordinarias cuyo pago la actora percibió mientras hacía uso de sus vacaciones no fueron ejecutadas por ésta, ni pudieron serlo, en el mismo mes en que fueron solucionadas, puesto que, como salta a la vista, el tipo de labores en comento, por su propia naturaleza, no puede ser retribuida sino de manera desfasada, esto es, en un mes distinto de aquel en que se llevan a cabo los trabajos que explican su solución.

2.- Una denuncia seria, como la que pretende el recurrido, debió profundizar en estos aspectos, precisando en qué época en concreto se ejecutaron las labores de que se trata y en qué fecha las mismas fueron pagadas, puesto que sólo tras esa investigación y desglose sería posible establecer si existieron irregularidades en su pago, como el recurrido asevera que ocurrió. Sin embargo, ello no acontece, pues, en lugar de explicar con claridad y detalle los aspectos mencionados, el recurrido se limita a sostener en sus publicaciones que la actora percibió el dinero de que se trata de manera irregular, desde que su pago coincidió con el período de vacaciones de la servidora pública respectiva, sin efectuar las precisiones mínimas necesarias para comprender, debidamente y a cabalidad, cuál es la incorrección concreta que habría acaecido, denostando, en el intertanto, a la actora, a quien atribuye una actuación incorrecta e, incluso, ilícita al recibir el pago en comento.

3.- La difusión de las publicaciones por medio de las redes sociales, sin una debida respuesta o contra argumentación de la persona allí aludida, no puede tener por objeto sino obtener la afectación del derecho a la honra de dicha persona, a quien se imputa una conducta ilícita al sostener que habría recibido de la Municipalidad la suma de $897.243 por labores que, sin embargo, no habría ejecutado, considerando que con dicha forma de actuar el recurrido ha soslayado las vías que el derecho entrega para la determinación judicial de una conducta como la que denuncia. En este sentido cabe destacar que la accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad de verificación de la veracidad de los antecedentes publicados impiden a quien se ve afectado por ello, así como a su entorno familiar y social, la posibilidad de manifestar su propia opinión o rebatir la imputación, elemento que justamente permite concretar la intención de afectación a la honra perseguida por quien publica o difunde tales expresiones.

___________________

__________________

CORPORACIÓN MUNICIPAL – DESPIDO IMPROCEDENTE  – NECESIDADES DE LA EMPRESA

_______________________________________________________

CRUCHES C/ CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Tribunal: Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306436
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – INDEMNIDAD – NECESIDADES DE LA EMPRESA – CARTA DE DESPIDO – DESPIDO INJUSTIFICADO – ACCION SUBSIDIARIA – DEMANDA ACOGIDA –

No resultó acreditado uno de los presupuestos fácticos de la carta de despido, esto es, que la Corporación se ve en la imperiosa necesidad de racionalizar sus costos operacionales fijos de manera drástica, para poder seguir operando, debiendo prescindir de los servicios del personal que no resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de la institución. En efecto, el puesto de trabajo y las funciones que desarrollaba el demandante siguen existiendo y siendo necesarias para la funcionalidad del establecimiento, (Corporación) y no han cambiado las circunstancias fácticas de dicho empleo, por lo que el requisito señalado anteriormente de la necesariedad del despido no se vislumbra.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la demanda subsidiaria deducida por el trabajador por no configurarse la causal de necesidades de la empresa invocada. Esto, debido a que se advierte una clara contradicción y negación respecto a que la supresión del cargo del actor sea consecuencia directa del proceso de restructuración interna de la Corporación Cultural, por cuanto la prueba de descargo de la demandante desvirtúa aquella hipótesis de la carta de despido. Así las cosas, no resultó acreditado uno de los presupuestos fácticos de dicha misiva, esto es, que la Corporación se ve en la imperiosa necesidad de racionalizar sus costos operacionales fijos de manera drástica, para poder seguir operando, debiendo prescindir de los servicios del personal que no resulte estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de la institución, viéndose, a la vez, en la consecuente obligación de reestructurar las áreas de trabajo y procesos internos de manera transversal, para que estos puedan seguir desarrollándose con el personal mínimo requerido. En consecuencia, el puesto de trabajo y las funciones que desarrollaba el demandante siguen existiendo y siendo necesarias para la funcionalidad del establecimiento, (Corporación) y no han cambiado las circunstancias fácticas de dicho empleo, por lo que el requisito señalado anteriormente de la necesariedad del despido no se vislumbra claramente.

2.- La causal de necesidades de la empresa está contemplada como una causal de término de contrato de trabajo objetiva, por lo que, para que pueda ser invocada por el empleador es necesaria la concurrencia de ciertos hechos o situaciones que la hagan procedente, no dependiendo de su mera voluntad; así también la misma se encuentra referida a circunstancias graves o irremediables en que se encuentra el empleador, pudiendo tener su origen en motivos derivados del funcionamiento de la empresa misma, como modernización o racionalización de ella, o en circunstancias de carácter económico, como las bajas en la productividad, cambio en las condiciones de mercado o de la economía, debiendo estos problemas económicos no ser transitorios o subsanables y aquí el carácter de necesario del despido, constituye un requisito sine qua non de la causal invocada.

3.- Si bien de la simple observación de la misiva, pudiese concluirse que los hechos fundantes de la carta de despido podrían ser genéricos, vagos, o sin la exigencia de precisión y detalles que requiere la importancia de este instrumento, lo efectivo es, que sí describe ciertos conceptos principalmente de orden económico y de administración empresarial, los cuales son coherentes con la prueba documental aportada por la demandada que expresan que hace 5 años atrás la Corporación comenzó a presentar déficit en los estados financieros producto de bajas de ticket y aumento de condiciones laborales y contratos colectivos; que comenzó un proceso de restructuración por cuanto se generó déficit continuo desde 2015, creciendo hasta el 2018 siendo insostenible la continuación del teatro, por lo que la decisión fue de bajar la dotación, en unas 78 personas, siendo 58 desvinculados. Ello, en caso alguno significa necesariamente que sean presupuestos objetivos y ajenos a la voluntad del empleador, por cuanto es algo lógico y normal que el funcionamiento de una empresa, en cuanto a su organización interna y estructura de cargos, se vea expuesta a la creación y modificación de puestos de trabajo y nuevas contrataciones en beneficio del resultado empresarial, que es entre otras cosas la obtención de utilidades; pero que además, dicho proceso de restructuración interna, no siempre puede ser equivalente de desvinculación.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: