Corte de Santiago rechazó recurso de nulidad interpuesto por municipio por sentencia que declaró régimen de subcontratación

Recurrente tampoco pudo acreditar haber ejercido el derecho de información, por lo que su responsabilidad es solidaria

Recientemente, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad interpuesto por un municipio contra la sentencia que declaró su responsabilidad solidaria bajo régimen de subcontratación respecto del cobro de prestaciones de un trabajador que prestaba labores para la recurrente en virtud de un contrato de mantención de áreas verdes, descartando la hipótesis de la recurrente en cuanto a que esta no tenía la calidad de empresa principal, por tratarse de una persona jurídica de derecho público, a cuyo respecto no se hace aplicable el aludido régimen de subcontratación.
Los sentenciadores razonaron en torno a que «En efecto, de las alegaciones vertidas por la recurrente, tales como que, resultaría improcedente la aplicación del régimen de subcontratación por tratarse de un contrato administrativo celebrado con una Municipalidad o que éste ente edilicio no tiene como finalidad la ejecución del servicio encomendado a la empresa…, bastará decir que, dichas afirmaciones no se condicen con la realidad de un contrato que fue celebrado entre el Municipio y la señalada firma, en que la primera le encargó la gestión y prestación de una labor, que además, a diferencia de lo sostenido en el recurso, si es de aquellas que corresponden a funciones privativas en el ámbito de su territorio, conforme lo dispone expresamente el artículo 3° letra f) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que le entrega a los Municipios la función de aseo y ornato comunal, concepto en que administrativamente se enmarca la mantención de las áreas verdes públicas, el que en definitiva era el servicio contratado por el Municipio recurrente con la demandada principal, todo lo cual permite concluir que si resultaba aplicable el régimen de subcontratación reglado en el Código del Trabajo a la recurrente.»
Del mismo modo, se advierte en la sentencia que la recurrente no pudo acreditar haber ejercido el derecho de información en los términos del artículo 183-C del Código del Trabajo, así señalaron que «los documentos aportados por su representada consistentes en Decretos Alcaldicios, Memorándum y Oficios Ordinarios dirigidos por su Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, no tienen la idoneidad ni la entidad para garantizar la veracidad del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de su contratista».

Consulte sentencia analizada en Microjuris a continuación:

RIVERA PIZARRO, MARCO A. C/ MOBILIA SPA. Y OTRO – DÉCIMA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306622

Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – SUBCONTRATACION – RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL SUBCONTRATANTE – INFRACCION DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Se configura el régimen de subcontratación pues, en la especie, se trata de un contrato que fue celebrado entre el Municipio y la demandada principal, en que la primera le encargó la gestión y prestación de una labor, que además es de aquellas que corresponden a funciones privativas en el ámbito de su territorio, conforme lo dispone expresamente el artículo 3° letra f) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que le entrega a los Municipios la función de aseo y ornato comunal, concepto en que administrativamente se enmarca la mantención de las áreas verdes públicas, el que en definitiva era el servicio contratado por el Municipio recurrente con la demandada principal.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la municipalidad en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda y declarando el régimen de subcontratación, la condenó en forma solidaria. Esto, debido a que no yerra la sentencia pues en la especie se trató de un contrato que fue celebrado entre el Municipio y la señalada firma, en que la primera le encargó la gestión y prestación de una labor, que además, a diferencia de lo sostenido en el recurso, si es de aquellas que corresponden a funciones privativas en el ámbito de su territorio, conforme lo dispone expresamente el artículo 3° letra f) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que le entrega a los Municipios la función de aseo y ornato comunal, concepto en que administrativamente se enmarca la mantención de las áreas verdes públicas, el que en definitiva era el servicio contratado por el Municipio recurrente con la demandada principal, todo lo cual permite concluir que si resultaba aplicable el régimen de subcontratación reglado en el Código del Trabajo a la recurrente.

2.- No se observa a partir de los hechos establecidos que la municipalidad demandada haya acreditado haber hecho uso del «derecho de información», puesto que, los documentos aportados por su representada consistentes en Decretos Alcaldicios, Memorándum y Oficios Ordinarios dirigidos por su Dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, no tienen la idoneidad ni la entidad para garantizar la veracidad del estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de su contratista. En efecto, la norma del inciso segundo del artículo 183-C del Código del Trabajo es categórica en señalar que el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales debe ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo – los que derechamente no fueron acompañados por el Municipio – o por otros medio idóneos, lo que, en todo caso, con la documentación aportada claramente no acontece, por lo que al no haber sido probado el ejercicio del «derecho de información», resultaba procedente la condena en calidad de solidaria que se le impuso en la sentencia a la municipalidad demandada.

Consulte texto completo de la sentencia

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