Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 4

JURISPRUDENCIA DESTACADA – REPORTE Nº 04 DE 2021

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – ATENCIÓN DE SALUD  – PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO C/ HOSPITAL FÉLIX BULNES – TERCERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306739
Compendia: Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – FUNCIONARIOS PUBLICOS – MEDIDAS DE SEGURIDAD – HOSPITALES Y CLINICAS – TRATAMIENTO MEDICO – RECURSO ACOGIDO –

El procedimiento adoptado por el Hospital recurrido, en cuanto a darle atención de urgencia u hospitalización de corta estadía al paciente que motiva la acción cautelar, resulta del todo insuficiente para atenuar su comportamiento disruptivo, ya no ha servido para que este decline su conducta agresiva, toda vez que vuelve a perpetrar los mismos episodios, que han puesto en riesgo físico al personal del COSAM y a la comunidad. De este modo, la sola constancia de los atentados contra la integridad de terceros, la condena por homicidio, y posibles sucesos venideros en la misma línea de violencia, provocados por el paciente, constituye una amenaza al derecho a la vida e integridad física, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución .

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido por la Ilustre Municipalidad en contra de la negativa del Hospital a ejecutar las acciones tendientes a dar protección a la salud mental de la persona en situación de calle (que ha realizado actos violentos en contra de funcionarios municipales), ya que solo se ha limitado a estabilizar provisoriamente, para luego dar el alta médica, sin intervenir en un tratamiento eficaz, como sería su debida internación de manera permanente en dependencias del recurrido, debiendo suministrar el tratamiento hospitalario que corresponda de acuerdo a su cuadro clínico y a la proporcionalidad de su peligrosidad, o se derive al paciente a la institución que proceda y pueda suministrar el tratamiento hospitalario que corresponda a saber Hospitalización de mediana estadía. Al respecto, la acción constitucional se acoge pues la sola constancia de los atentados contra la integridad de terceros, la condena por homicidio, y posibles sucesos venideros en esta misma línea de violencia, provocados por el paciente, constituye una amenaza al derecho a la vida e integridad física, contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

2.- El procedimiento adoptado por el recurrido, en cuanto a darle atención de urgencia u hospitalización de corta estadía al paciente que motiva la acción cautelar, resulta del todo insuficiente para atenuar su comportamiento disruptivo, ya no ha servido para que este decline su conducta agresiva, toda vez que vuelve a perpetrar los mismos episodios, que han puesto en riesgo físico al personal del COSAM y a la comunidad. Por lo tanto, desde esta perspectiva, el motivo del recurso de protección se justifica plenamente, ya que vela no solo por la integridad y seguridad personal de los directamente vinculados a esa persona, sino también de los funcionarios y médicos que lo tratan y a la comunidad.

3.- El fundamento para denegar una internación de estadía permanente del aludido paciente se basa, en que por lo datos recabados durante sus hospitalizaciones no hay fundamentos clínicos para solicitar una interdicción o generar una causa legal para su hospitalización no voluntaria en una unidad de estadía prolongada forense. Sin desconocer la validez de esas razones médicas, en la especie hay factores que llevan a pensar que la situación no va a mejorar; por el contrario, con el relato de la recurrente y la ratificación del personal del COSAM, las actitudes violentas del paciente con vecinos y otros, van en aumento. Por otro lado, es claro que no tiene una red de apoyo social y familiar, lo que dificulta, aún más su inserción en el sistema de atención de salud. No obstante, aquello no puede ser impedimento para brindarle las prestaciones que requiera su trastorno.

 

JUICIO EJECUTIVO – PATENTE MUNICIPAL  – MÉRITO EJECUTIVO DEL TÍTULO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO C/ RESTAURANT Y PANADERÍA MÓNICA LIMITADA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306732
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PAGO – PLAZO – MERITO EJECUTIVO DEL TITULO – EXCEPCIONES – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Habiéndose establecido por el legislador un plazo para el cumplimiento de la obligación, está vedado al acreedor exigir el pago antes de expirar dicho término, salvo los casos de excepción indicados en el artículo 1.496 del Código Civil, hipótesis en las cuales no se encuentra la ejecutada. De este modo, considerando que tres cuotas no habían vencido a la fecha en que fue expedido el título ejecutivo; y, que dichas cuotas fueron válidamente pagadas por la arrendataria y demandada con anterioridad a su emplazamiento, no cabe sino concluir que dicho título no reúne los requisitos y condiciones establecidos por la ley para tener fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, por lo que la sentencia impugnada, en cuanto desecho la excepción del numeral 7°, del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, no se ajusta a derecho.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la demandada en contra de la sentencia que rechazó las excepciones opuestas a la demanda de cobro de patente municipal. Al respecto, habiéndose establecido por el legislador un plazo para el cumplimiento de la obligación, está vedado al acreedor exigir el pago antes de expirar dicho término, salvo los casos de excepción indicados en el artículo 1.496 del Código Civil, respecto del deudor insolvente o cuyas cauciones, por un hecho o culpa suyos, se hayan extinguido o disminuido, hipótesis en las cuales no se encuentra la ejecutada. De este modo, considerando que las dos cuotas correspondientes al año 2018, y la del primer semestre del año 2019, no habían vencido a la fecha en que fue expedido el título ejecutivo; y, que dichas cuotas fueron válidamente pagadas por la arrendataria y demandada con anterioridad a su emplazamiento, no cabe sino concluir que dicho título no reúne los requisitos y condiciones establecidos por la ley para tener fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea con relación al demandado, por lo que la sentencia en alzada, en cuanto desecho la excepción del numeral 7°, del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, no se ajusta a derecho.

2.- Del análisis de los documentos se desprende que la cuota correspondiente al primer semestre del año 2018, fue pagada por la demandada el 29 de enero de ese año; y, la del primer semestre del 2019, el 25 de enero del mismo período, es decir, con anterioridad, en ambos casos, a la notificación de la demanda y el requerimiento de pago, lo que desde luego corrobora la conclusión que la obligación contenida en el título no resulta ser exigible. Al respecto, cabe considerar que el artículo 34 de la Ley de Rentas Municipales enseña que: «El comprador, usufructuario, sucesor u ocupante a cualquier título, de un establecimiento, negocio o giro gravado con contribución de patentes, responderá del pago de las patentes morosas que se adeudaren». En los comprobantes de pago, a continuación del nombre del titular de las patente se lee el nombre de la demandada, por lo que dicho pago, realizado por la arrendataria en contra de quien fue deducida la demanda, ha de entenderse válido y con la aptitud suficiente para extinguir la obligación, tanto a su respecto, como respecto del titular de la patente.

 

DERECHOS DE ASEO – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PRESCRIPCIÓN

FISCO DE CHILE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306721
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario

VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – PAGO DE TRIBUTOS – PRESCRIPCION – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

En el concepto impositivo a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil, no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, pues precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la Municipalidad (extracción de basura) con el cobro de la tarifa respectiva, contraprestación que descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de apelación deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de prescripción, aplicando la regla contenida en el artículo 2521 del Código Civil. Al respecto, yerra la sentencia toda vez que en el concepto impositivo a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil, no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, pues precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la Municipalidad (extracción de basura) con el cobro de la tarifa respectiva, contraprestación que descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto. En este sentido, la norma de prescripción aplicable no es el artículo 2521 del Código Civil, que fija un plazo de 3 años, sino el artículo 2515 del mismo cuerpo legal, que establece un plazo de prescripción de 5 años.

 

TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES – TÉRMINO DE CONTRATA

SÁNCHEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Tribunal: Juzgado de Letras y Garantía de Alto Hospicio
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306704
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECHAZO DE LA DEMANDA –

La no renovación de la contrata, no vulnera los derechos del demandante, desde que ello es una situación que puede darse en su calidad de a contrata. En efecto, más allá de lo gravoso que esto sea, no es menos cierto de que es una posibilidad dentro de la relación estatutaria, de modo que esperar que no ocurra es una expectativa. A mayor abundamiento, el acto se encuentra fundado, desde que indica sus razones, lo que es coincidente con su evaluación, los parámetros dados por la Categoría de desempeño y lo referido por los testigos de la demandada, que coincidieron en que el establecimiento que dirigía el actor no mejoró su calidad educacional, cuestión que no fue desvirtuada.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la demanda de vulneración de derechos y de despido injustificado interpuesta por el director del establecimiento educacional. Lo anterior, por cuanto el demandante funda la vulneración en los siguientes indicios: la realización de un sumario en su contra, respecto del cual nada se le informó; el someterle a evaluación de desempeño sin informarle tampoco; y la no renovación de su contrata. Al respecto, si bien en el caso del sumario hubo un exceso en el plazo para su realización, éste se sujetó a la normativa vigente y terminó sobreseyéndole, descartándose la vulneración. Respecto de haberle sometido a evaluación de desempeño sin haberle dado aviso de ello, también se descarta ya que el actor, atendidos su calidad de docente y cargo de director, no podía ignorar la realización de tal evaluación. Finalmente, la no renovación de su contrata, no se considera lesivo, desde que ello es una situación que puede darse en su calidad de a contrata. En efecto, más allá de lo gravoso que esto sea, no es menos cierto de que es una posibilidad dentro de la relación estatutaria, de modo que esperar que no ocurra es una expectativa. A mayor abundamiento, el acto se encuentra fundado, desde que indica sus razones, lo que es coincidente con su evaluación, los parámetros dados por la Categoría de desempeño y lo referido por los testigos de la demandada, que coincidieron en que el establecimiento que dirigía el actor no mejoró su calidad educacional, cuestión que, por cierto, no fue desvirtuada.

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