Corte de Chillán acogió recurso de protección contra sesión del Concejo municipal en se resolvió no remover a administrador municipal

Alcalde procedió a votar, sin estar facultado para ello alterando el quórum del artículo 30 de la ley 18.695.

En días recientes, la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección interpuesto por un concejal contra el actuar ilegal y arbitrario del alcalde quien, encontrándose en la sesión del concejo municipal, procedió a votar para evitar la remoción de su administrador municipal, en circunstancias que de conformidad al artículo 30 de la Ley N° 18.695, dicha remoción sólo puede ser acordada por los concejales, sin participación del alcalde.
Los sentenciadores estimaron que “el actuar de la autoridad recurrida, constituye un acto ilegal y arbitrario, al establecer que el Alcalde debe ser considerado en la formación del quórum requerido para adoptar la decisión de remover al Administrador Municipal, actuación que afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pues representa una discriminación del recurrente respecto a la posibilidad de poder concurrir con su voto a la formación del quórum necesario para la remoción del Administrador Municipal con estricto apego a la ley.”

Consulte sentencia a texto completo analizada por Microjuris a continuación:

STUARDO C/ ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE YUNGAY – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306819
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – REMOCIÓN DE ADMINISTRADORES, GERENTES O DIRECTORES – FACULTADES DEL ALCALDE – CONCEJO MUNICIPAL – RECURSO ACOGIDO –

Al actuar del alcalde, constituye un acto ilegal y arbitrario, al establecer que éste debe ser considerado en la formación del quórum requerido para adoptar la decisión de remover al Administrador Municipal, actuación que afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pues representa una discriminación del recurrente respecto a la posibilidad de poder concurrir con su voto a la formación del quórum necesario para la remoción del Administrador Municipal con estricto apego a la ley.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido por un concejal en contra del Alcalde por establecer que éste debe ser considerado en la formación del quorum requerido para adoptar la decisión de remoción del administrador municipal. Al respecto, el actuar de la autoridad recurrida, constituye un acto ilegal y arbitrario, al establecer que el Alcalde debe ser considerado en la formación del quórum requerido para adoptar la decisión de remover al Administrador Municipal, actuación que afecta la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, pues representa una discriminación del recurrente respecto a la posibilidad de poder concurrir con su voto a la formación del quórum necesario para la remoción del Administrador Municipal con estricto apego a la ley.

2.- La remoción a que se refiere el artículo 30 de la ley 18.695, sólo pueden acordarla los concejales, sin participación del alcalde, pues, así lo señala claramente el artículo 30 al utilizar la voz “concejales”, y además porque a éste, en la misma norma, se le permite por si solo decidir la remoción del administrador, de modo que he ahí su campo de acción sobre la materia.

3.- No lleva la razón el alcalde recurrido al sostener que se requiere un procedimiento sumario o fundamentación determinada, desde que lo previsto en el artículo 30 de la ley no contempla tales exigencias, tratándose de una facultad autónoma de los concejales, propia de un mecanismo de control directo, no sujeta a requisitos mas que el quorum allí señalado. Tampoco se requiere de un procedimiento sumarial, desde que aquello tampoco ha sido exigido y además porque respecto del administrador igualmente se aplican las causales de cesación de otros funcionarios municipales. Y en cuanto a los dictámenes de la Contraloría, esa jurisprudencia administrativa, no es vinculante en sede de protección y se inclina ante la decisión judicial.

Consulte sentencia a texto completo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s