Corte Suprema rechaza demanda por despido injustificado de funcionario civil de FAMAE

La Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y rechazó la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones deducida por funcionario civil de la Fábricas y Maestranza del Ejército (Famae).

En fallo dividido, la Cuarta Sala del máximo tribunal estableció que yerra la sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel al aplicar en la especie las normas del Código del Trabajo, materia que se rige por Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas.

Que, como es posible observar, si bien la derogación del antiguo estatuto de 1968 comprendió los artículos 167, 172 y 173 –al no estar exceptuados en el artículo final del nuevo cuerpo legal–, la norma de cierre que establece que ‘toda referencia que las leyes vigentes efectúen al DFL N°1 de 1968, se entenderán hechas al presente Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas’, obliga a concluir que cuando el DL 2067, modificado por el DL 3643 de 1981, establece en su artículo 4° que la terminación de los servicios del personal de FAMAE se regirá por los artículos 167, 172 y 173 del DFL N°1 de 1968, ha de entenderse hecha la referencia al nuevo estatuto de 1997. En ese marco, resulta pertinente aplicar el artículo 244 de este último cuerpo normativo, que se ubica dentro del capítulo relativo a la ‘Cesación de Funciones’, el cual establece que ‘La carrera profesional del personal de los oficiales, personal del cuadro permanente y de gente de mar, de tropa profesional y de los empleados civiles, terminará por alguna de las causales establecidas en la ley 18.948’, esto es, la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “A su turno, la regulación contenida en la mencionada Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sobre dicha materia, se encuentra en el Título IV bajo el título denominado ‘Del Término de la Carrera Profesional’, artículos 52 y siguientes; en ella se contempla un régimen de retiro (absoluto y temporal) para los oficiales, el que se hace extensivo también a los empleados civiles –a quienes bajo la legislación derogada fueron asimilados los trabajadores de FAMAE– lo que permite entender que existe una continuidad del sistema que adoptó originariamente el DL 2067, modificado por el DL 3643, que excluye al personal de FAMAE del régimen de terminación de funciones ordinario previsto en el Código del Trabajo y lo somete al que se prevé para el personal de las Fuerzas Armadas, sin que la derogación del estatuto de 1968 haya implicado una modificación a dicha regulación especial”.

Que –prosigue–, en consecuencia, debe descartarse la aplicación del artículo 24 del DFL N°1 de 1997, en el que se funda la tesis sostenida en la sentencia impugnada, que faculta a los Comandantes de Unidades o Jefes de repartición para contratar trabajadores a trato, a plazo fijo o indefinido, previa autorización de la superioridad, sujetándolos a las disposiciones del Código del Trabajo y al Reglamento del personal a jornal y trabajadores a trato de las Fuerzas Armadas, desde que la regla especial contenida en el DL 2067 tantas veces citado, que remite al estatuto del personal de 1968, se encuentra vigente, debiendo primar entonces lo que dispone el estatuto actual de 1997, en cuanto a su vez reenvía a las normas que regulan la terminación de las funciones del personal de las Fuerzas Armadas, contenidas en los artículos 52 y siguientes de la ley 18.948”.

Para la Corte Suprema: “Que, en mérito de lo reflexionado, yerra la sentencia impugnada al acoger el recurso de nulidad interpuesto y, en fallo de reemplazó, acoger la demanda, declarando procedente la aplicación de las normas del Código del Trabajo a la terminación de las funciones del demandante, en circunstancias que procedía rechazar el referido recurso, en conformidad a la interpretación que aquí se ha establecido como la correcta y en función de la cual se unificará la jurisprudencia”.

“Así, se asume la postura de esta Corte manifestada en las sentencias dictadas en las causas…”, añade.

Por tanto, se resuelve que: “se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictada  por el Primer Juzgado de Letras de Talagante, y, en su lugar, se declara que rechaza el referido recurso de nulidad, manteniéndose la decisión adoptada por la sentencia de primer grado”.

(Fuente: Poder Judicial)

Vea el fallo aquí.

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