Corte Suprema rechazó recurso de casación a sentencia que no dio lugar a indemnizar perjuicios de orden de paralización ilegal

En el caso de marras se constató que si bien el acto fue ilegal no hubo falta de servicio

En días recientes, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por una empresa en contra de la sentencia que si bien acogió su reclamación de ilegalidad municipal, declarando ilegal la Orden de Paralización del Director de Obras Municipales del municipio recurrido, no hizo lugar a la pretensión de indemnización de perjuicios, toda vez que
en el caso de marras, la ilegalidad constatada se fundó únicamente en la falta de motivación del acto administrativo, en el que indicaron las normas generales que entregan la facultad a la autoridad sin señalar sus sustento fáctico, situación que si bien es ilegal, no trae aparejada una falta de servicio que deba ser reparada.
Los sentenciadores consideraron que: “se debe tener presente en el análisis que la ilegalidad constatada se funda únicamente en la falta de motivación del acto administrativo, toda vez que en su emisión solo se esgrimieron las normas generales que entregan la facultad a la autoridad, empero, no se entrega sustento fáctico alguno que permita ejercer las atribuciones.
…en torno a la cuestión jurídica propuesta por el recurso de casación es necesario señalar que esta Corte ha señalado, reiteradamente, que las nociones de ilegalidad y falta de servicio son independientes. Así se ha indicado que una medida ilegal, susceptible de anulación, no da siempre derecho a reparación, lo que resulta evidente por ejemplo tratándose de ilegalidades de forma o de incompetencia cuando la misma medida hubiere podido ser adoptada por una autoridad competente. Lo mismo ocurre tratándose de errores de apreciación que puedan conducir a la anulación de un acto, o cuando la misma medida hubiera podido ser tomada empleando un procedimiento irregular”.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

SUBREGUR S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306943
Compendia: Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – ORDEN DE PARALIZACIÓN – ACTO ILEGAL Y ARBITRARIO – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La principal consecuencia derivaba de la premisa de que no toda ilegalidad determina la existencia de falta de servicio que comprometa la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar los perjuicios, implica reconocer que al haber solicitado en la reclamación judicial la declaración del derecho a ser indemnizado, es el actor el que debe acreditar la existencia de los mismos, al menos en un estado germen, toda vez que en el juicio sumario previsto en la letra i) del artículo 151 de la Ley N° 18.695, la prueba sólo debe girar en torno a la naturaleza y monto, partiendo de la base que aquellos existen, ya que así debe haberse acreditado en el juicio de reclamación, pues sólo ante el cumplimiento de esta exigencia se puede declarar el derecho a ser indemnizado el destinatario del acto que se declara ilegal.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte reclamante en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Orden de Paralización por falta de motivación, pero rechazó la reparación de los perjuicios solicitada. Al respecto, no toda ilegalidad determina la existencia de falta de servicio que comprometa la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar los perjuicios, lo que implica reconocer que al haber solicitado en la reclamación judicial la declaración del derecho a ser indemnizado, es el actor el que debe acreditar la existencia de los mismos, al menos en un estado germen, toda vez que en el juicio sumario previsto en la letra i) del artículo 151 de la Ley N° 18.695, la prueba sólo debe girar en torno a la naturaleza y monto, partiendo de la base que aquellos existen, ya que así debe haberse acreditado en el juicio de reclamación, pues sólo ante el cumplimiento de esta exigencia se puede declarar el derecho a ser indemnizado el destinatario del acto que se declara ilegal. Cualquier interpretación en contrario determinaría aceptar que ante la sola constatación de ilegalidad del acto administrativo, se deba acceder a la declaración del derecho a ser indemnizado, cuestión que no es admisible si se considera que, como se reflexionó, no toda declaración de ilegalidad entrega al particular tal derecho, toda vez que no todos los actos ilegales constituyen falta de servicio ni son susceptibles de producir daños. Ello determina la inviabilidad del recurso, toda vez que éste se construye sobre supuestos fácticos esenciales a partir de los cuales deben estudiarse los yerros jurídicos, vale decir, que la sociedad reclamante sufrió perjuicios derivados de la expedición del acto administrativo, esto es la Orden de Paralización, cuestión que no fue asentada por los jueces del grado.

2.- A través del reclamo de ilegalidad se esgrime que los perjuicios derivan de la imposibilidad de ejercer el rubro vinculado a la patente concedida en relación a la venta de áridos. Empero, el acto impugnado sólo tiene relación con la paralización de una obra vinculada a la construcción de un módulo y baños, de modo que más allá que no se acreditara de forma alguna cómo que la paralización de tal obra impidió el ejercicio del giro, lo relevante es que tal materia no fue establecida por los sentenciadores y el recurrente no esgrimió la vulneración de las normas reguladoras de la prueba, única forma en que la Corte se puede abocar al conocimiento de los medios probatorios rendidos en la causa y desconocidos por los sentenciadores para establecer, eventualmente, la existencia o al menos el germen del daño que se aduce se sufrió producto del acto declarado ilegal.

3.- Las nociones de ilegalidad y falta de servicio son independientes. Así se ha indicado que una medida ilegal, susceptible de anulación, no da siempre derecho a reparación, lo que resulta evidente por ejemplo tratándose de ilegalidades de forma o de incompetencia cuando la misma medida hubiere podido ser adoptada por una autoridad competente. Lo mismo ocurre tratándose de errores de apreciación que puedan conducir a la anulación de un acto, o cuando la misma medida hubiera podido ser tomada empleando un procedimiento irregular. Ello es válido precisamente para actos que han sido anulados con ocasión de un reclamo de ilegalidad municipal contemplado en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Consulte sentencia a texto completo

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