Corte Suprema revoca sentencia y acoge recurso de protección de locatarios contra municipalidad por la instalación de comercio ambulante

Tribunal advirtió que la acción se formuló como amparo económico, pero correspondía a un recurso de protección, y dio lugar a él, tras constatar inacción de municipio.

En días recientes la Tercera Sala de la Corte Suprema revocó la sentencia que rechazó un recurso de amparo económico interpuesto por un grupo de comerciantes y locatarios en contra de un municipio por su inacción ante la existencia de venta ambulante que se instaló frente a sus establecimientos, al advertir que la acción cautelar, atendida las garantías constitucionales conculcadas, corresponde a un recurso de protección y en tal sentido, previo a constatar que el arbitrio se encontraba dentro de plazo, resolvió acogerlo, tras constatar la situación denunciada, ordenando la intervención de una serie de autoridades, dentro de ella la recurrida.
Los sentenciadores razonaron en todo a que “la acción que los actores denominan “amparo económico” y someten a tramitación de la Ley N°18.971, en realidad se denuncia una omisión municipal que no sólo configuraría una afectación a su derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sino que tiene alcances mucho más amplios, por cuanto reprochan que la existencia de comerciantes ambulantes en el sector donde desempeñan su actividad afecta sus precios, la afluencia de público, como también genera focos de acumulación de basura, dificultades en el libre tránsito y, finalmente, también amenaza su integridad física en razón de altercados que han tenido con aquellos que se han instalado en la vía pública, sin tener los permisos para ello.
… las alegaciones de la recurrente en favor de sus asociados permiten no sólo identificar una eventual afectación al derecho del artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, sino también a la vida e integridad física y psíquica (N°1), a la igualdad (N°2), a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (N°8) y el derecho de propiedad (N°24)”.

Además agregan, “la falta de tal solución ha significado que los comerciantes establecidos de calle 7 de Junio han debido soportar las consecuencias de la inacción municipal, que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, con la consiguiente afectación, tanto a su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también a su integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto se han visto impedidos de abrir sus locales, han sufrido un trato violento, se han generado focos de insalubridad y acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en la referida arteria, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas.”

Consulte texto completo de la sentencia analizada por Microjuris a continuación:

BARRIO COMERCIAL 7 DE JUNIO A.G. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306922
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – RECURSO DE AMPARO ECONÓMICO – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – DERECHO DE PROPIEDAD – IGUALDAD ANTE LA LEY – ESTABLECIMIENTO COMERCIAL – VENTA AMBULANTE – AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La falta de solución de las autoridades ha significado que los comerciantes establecidos han debido soportar las consecuencias de la inacción municipal, que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, con la consiguiente afectación, tanto a su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también a su integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto se han visto impedidos de abrir sus locales, han sufrido un trato violento, se han generado focos de insalubridad y acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en la referida arteria, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por los locatarios en contra de la municipalidad por la existencia de venta ambulante que se instaló frente a sus establecimientos. Al respecto, la situación que aqueja a los comerciantes no sólo involucra la actuación del municipio recurrido, sino también el ejercicio de una adecuada fiscalización en materias de salubridad, tributarias y de resguardo del orden público, siendo especialmente necesaria, para esta última, el auxilio de la fuerza pública. Es decir, si bien el municipio cuenta con facultades para declarar la ocupación ilegal de un bien nacional de uso público o el ejercicio del comercio sin contar con los permisos respectivos, un eventual desalojo, en los términos solicitados, ciertamente requiere de la actuación mancomunada también de otros órganos. Por otro lado, no es posible soslayar que los hechos denunciados no se agotan en la sola ocupación de la calle para efectos del comercio ambulante, sino que demanda un tratamiento y una solución integral, que abarque a todos los involucrados. La falta de tal solución ha significado que los comerciantes establecidos han debido soportar las consecuencias de la inacción municipal, que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, con la consiguiente afectación, tanto a su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también a su integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto se han visto impedidos de abrir sus locales, han sufrido un trato violento, se han generado focos de insalubridad y acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en la referida arteria, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas.

2.- El municipio recurrido, conjuntamente con la Intendencia Regional, Gobernación Regional, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Seremi de Transportes, Seremi de Salud, Defensa Nacional y Servicio de Impuestos Internos, deberán coordinarse a fin de velar, dentro del término de 60 días contados desde la presente sentencia, para que quienes ejerzan el comercio en la calle determinada, sean aquellas personas que cuenten con el permiso correspondiente para ello. Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos velará por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 97 N°8, 9 y 10 del Código Tributario, referidos al comercio ilegal y con omisión de la entrega de los documentos tributarios correspondientes.

Consulte sentencia a texto completo

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