Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 6

ADMINSTRATIVO – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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NASH C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306917
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – ALCALDE – PRESENTACION EXTEMPORANEA – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

El reclamo contemplado en el artículo 12 ante el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo es un recurso administrativo, distinto del de reposición o jerárquico; asimismo, es un arbitrio especial que se denomina «recurso de tutela», que incide en lo que se ha descrito como control de supervigilancia o tutela. En este sentido, se concluye que el reclamo de ilegalidad municipal que se interpone en contra de actuaciones del Alcalde o de sus funcionarios, se refiere a los actos de todos los funcionarios municipales que forman parte de su estructura, incluido el Director de Obras.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte reclamante deducido en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad en contra de la resolución que declaró que el Alcalde carece de competencia para resolver un reclamo presentado en contra de un permiso emanado del Director de Obras Municipales, resolviendo remitir los antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo por estimar que le corresponde su conocimiento. Al respecto, si bien yerra la sentencia pues el reclamo de ilegalidad municipal que se interpone en contra de actuaciones del Alcalde o de sus funcionarios, se refiere a los actos de todos los funcionarios municipales que forman parte de su estructura, incluido el Director de Obras, lo cierto es que el reclamo de ilegalidad deducido igualmente debe ser desestimado, por haber sido deducido en sede administrativa en forma extemporánea.

2.- El reclamo de ilegalidad deducido en sede administrativa, en tanto cuestiona la aprobación del Permiso de Edificación y el Anteproyecto correspondiente al mismo, efectivamente es extemporáneo, pues la Ley N° 18.695, establece un plazo de 30 días hábiles para interponer el Reclamo, el que transcurrió en exceso desde la aprobación del primero, esto es el 7 de diciembre de 2018, y el 17 de julio de 2017, el segundo, pues la presente acción se deduce el 15 de abril de 2019. El artículo 151 de la Ley N° 18.695, reglamenta los reclamos que se interpongan en contra de las resoluciones u omisiones ilegales del Alcalde o de los funcionarios de las municipalidades, consignado que el mismo podrá interponerlo cualquier particular, ante el Alcalde, cuando afecten el interés general de la comuna, el cual deberá entablarse dentro del plazo de treinta días, contado desde la fecha de publicación del acto impugnado, tratándose de resoluciones, o desde el requerimiento de las omisiones. En el mismo sentido el artículo 48 de la Ley 19.880 dispone la obligación de publicar en el Diario Oficial los actos administrativos que miren al interés general.

3.- A diferencia de lo dictaminado por en la sentencia recurrida, el Alcalde resulta competente para conocer de la vía procesal elegida por el actor para impugnar el Permiso de Edificación extendido por el Director de Obras Municipales y no puede entenderse excluida por la existencia de un procedimiento de reclamación administrativo ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva; antes emitir pronunciamiento respecto de la procedencia del recurso, esta Corte debe examinar si los posibles vicios que adolece la sentencia, permitirían dictar una sentencia de reemplazo en términos distintos a lo resuelto en la sentencia recurrida, de conformidad a lo que fuera solicitado en el recurso, esto es, que se acoja el reclamo, dejando sin efecto o anulando el Permiso de Edificación aprobado por Resolución N° 339 de 2018 y el Anteproyecto de Edificación N° 73 de fecha 17 de julio de 2017 en el que se sustentó.

4.- El Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo no es el superior jerárquico del Director de Obras. El superior jerárquico es el Alcalde. En efecto, la Municipalidad como ente administrativo descentralizado tiene una estructura administrativa con el Alcalde a la cabeza, siendo los funcionarios de ella inferiores jerárquicos del Alcalde y de cada uno de los jefes que se encuentran sobre los mismos en la escala jerárquica respectiva. Tratándose de Jefes de Departamento, como el de Obras, el superior jerárquico es el Alcalde. La confusión se produce por cuanto al Director de Obras, inferior jerárquico del Alcalde, la ley le ha entregado atribuciones desconcentradas, pudiendo decirse, por lo tanto, que se trata de una autoridad desconcentrada, concepto que se contempla en el artículo 3 inciso primero de la Constitución Política de la República y que, por definición, consiste en la entrega de atribuciones a una autoridad inferior, dentro de la estructura jerárquica de una institución. La desconcentración opera al interior de entes centralizados.

 

COBRO DE PRESTACIONES – FERIADOS – EXCEPCIÓN DE FINIQUITO  

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QUISBERT JIMÉNEZ, PEDRO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306899
Compendia: Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO INJUSTIFICADO – FINIQUITO – RESERVA DE ACCIONES – PAGO – FERIADO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

El sentenciador entendió que la reserva del ex trabajador, se refería a diferencias de montos derivadas a la acción reservada, esto es, la propia de la acción procesal de despido injustificado, lo que no resulta un despropósito, dado que en el finiquito se dejó constancia expresamente que el trabajador demandante, señaló que la empleadora demandada nada le adeudaba por varios acápites, entre otros, precisamente, el referido al concepto de feriados, por lo que en esos términos, imprecisos y difusos, no se puede desatender que, los términos de la reserva, hacen plausible la deducción del juez de letras del trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó pagar al trabajador la diferencia del feriado legal. Esto, debido a que no yerra la sentencia impugnada al estimar que la reserva del ex trabajador, se refería a diferencias de montos derivadas a la acción reservada, esto es, la propia de la acción procesal de despido injustificado, lo cual no es un despropósito suponer, toda vez que en el finiquito se dejó constancia expresamente que el trabajador demandante, señaló que la empleadora demandada nada le adeudaba por varios acápites, entre otros, precisamente, el referido al concepto de feriados, por lo que en esos términos, imprecisos y difusos, no se puede desatender que, los términos de la reserva, hacen plausible la deducción del juez de letras del trabajo.

2.- Si bien es cierto, no resulta admisible exigir al trabajador que, al ejercer el derecho a reserva del finiquito, utilice palabras sacramentales, no es menos cierto que se debe entender que la reserva en sí, es un acto unilateral del trabajador, por el cual manifiesta que no está de acuerdo con alguno de los puntos indicados en el finiquito, por lo que en este aspecto, el poder liberatorio no es pleno o completo, por lo que resulta evidente que esta reserva de derechos debe formularse por el actor, en términos precisos y concretos, debiendo indicarse específicamente, en qué puntos del finiquito corresponde el derecho al que se reserva, lo que no implica, como se ha señalado, que deba expresarse algunas palabras sacramentales, sino que solo a qué rubros de los pagados no está de acuerdo y que, por ellos, recurrirá a la vía judicial.

3.- La reserva habilita al trabajador para reclamar el o los derechos a que ella se refiere, es decir, aquel o aquellos derechos que aparecen consignados en la formulación de la reserva, pues de lo contrario carecería de sentido suscribir un finiquito con poder liberatorio, si bastara consignar una reserva vaga e imprecisa.

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ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL  

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OLIVARES VERGARA, JAVIER C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELARCO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306913
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes -docentes del sector municipal-, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad en contra de la sentencia que acogió la demanda de aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933 deducida por los docentes municipales. Al respecto, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que yerra la sentencia impugnada al acoger la demanda, infringiendo lo dispuesto en el artículo 1 , 3 y 9 de la Ley N° 19.933, pues los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.
2.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, vale decir, como un bono adicional determinado en la ley, financiado por ella y con el destino indicado de manera taxativa, que incremente verdaderamente el sueldo de los profesores. De este modo, el estipendio complementario sólo debió ser utilizado por el demandado única y exclusivamente con esa finalidad, y no para pagar otros ítems, porque éstos tenían ya un financiamiento propio fijado en la ley que particularmente los reconoció y concedió, y que obviamente no es la ley 19.933, por ello no es jurídicamente válido el argumento en que se asila la defensa del demandado, que los fondos que le fueron entregados por el precepto legal ya señalado, los usó en su totalidad para pagar el sueldo mensual de los docentes, constituido por variados emolumentos, pues tal alegación les resulta inoponible, ya que jamás los actores reclamaron que esa suma no les fuera enterada en su remuneración, de lo contrario habrían probablemente denunciado una especie de apropiación indebida de esos fondos, lo que exigieron fue que ese dinero fuera exclusivamente destinado a pagar el aludido bono y no para cubrir otras prestaciones de los docentes, situación anómala que fue lo que en definitiva aconteció en la especie, fundamentos que no coinciden con las conclusiones del fallo impugnado, razón por la que en la materia examinada, procede consolidar jurisprudencia en el sentido pretendido. (Del voto en contra del ministro señor Blanco).

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