Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 7

ESTATUTO DOCENTE – BONO PROPORCIONAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

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BARRÍA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUINCHAO – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307075

Compendia: Microjuris

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

En relación a la materia de derecho consultada, esto es, si el aumento de la bonificación proporcional con fondos de la Ley Nº 19.933, es aplicable a los docentes de establecimientos municipalizados, se concluye que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandantes -docentes del sector municipal- en contra de la sentencia que rechazó la demanda de cobro de la bonificación contemplada en la ley 19.933 . Esto, debido a que la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410 , en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada “bonificación proporcional mensual”, pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

3.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandantes pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador. (Del voto en contra del ministro señor Blanco).

 

LABORAL – DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO 

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CIFUENTES C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO – DÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307007

Compendia: Municipalidades, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE DEPENDENCIA – RELACION DE SUBORDINACION – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Los actores desarrollaban labores genéricas y no acotadas en el tiempo, habituales del Municipio y bajo subordinación y dependencia ya que cumplían una jornada de trabajo y para acceder al pago de la prestación debían dar cuenta de las funciones realizadas a la encargada del Programa de Habitabilidad de la Municipalidad, carecían además de algún margen de independencia en el desempeño de sus funciones ni de discrecionalidad. De este modo, los hechos asentados se encuentran correctamente calificados desde que, concurriendo cada uno de los presupuestos que exige el artículo 7 del Código del Trabajo, se presume conforme a su artículo 8, que lo que existió entre las partes fue una relación contractual de carácter laboral, de modo que corresponde aplicar el Código del Trabajo y no el marco de la Ley 18.883.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración laboral y despido injustificado. Esto, debido a que los hechos asentados se encuentran correctamente calificados desde que, concurriendo cada uno de los presupuestos que exige el artículo 7 del Código del Trabajo, se presume conforme a su artículo 8, que lo que existió entre las partes fue una relación contractual de carácter laboral, de modo que corresponde aplicar el Código del Trabajo y no el marco de la Ley 18.883. En efecto, se acreditó que Los actores desarrollaban labores genéricas y no acotadas en el tiempo, habituales del Municipio y bajo subordinación y dependencia ya que cumplían una jornada de trabajo y para acceder al pago de la prestación debían dar cuenta de las funciones realizadas a la encargada del Programa de Habitabilidad de la Municipalidad, carecían además de algún margen de independencia en el desempeño de sus funciones ni de discrecionalidad.

2.- La municipalidad demandada, al menos desde el año 2010, ha suscrito anualmente convenios primero con el Ministerio de Planificación y luego con el Ministerio de Desarrollo Social a fin que los municipios implementen un programa denominado “Plan de Habitabilidad”, dependiente de los ministerios ya individualizados, programa a través del cual el Ministerio ha trasferido recursos al municipios, convenios que tienen una vigencia de 12 meses, encontrándose a cargo de la administración del mismo programa la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que no aplicó la sanción de nulidad del despido. Al respecto, no cabe duda que la naturaleza de la nulidad del despido de una sanción, lo que impone que su interpretación debe ser apegada al tenor de la norma, esto es de manera restrictiva, para los casos expresamente previstos la misma; de todo lo cual se desprende que, tal como lo decidió el sentenciador de la instancia, no era procedente en este caso aplicarla. En efecto, en el caso, fue materia de la controversia si entre las partes existió una relación laboral, lo que solo se estableció en el fallo, de manera que antes de aquello, no había un empleador, un trabajador ni tampoco concurría la circunstancia esencial para dicho efecto, esto es, que el primero hubiera retenido parte de las remuneraciones del segundo, sin enterarlas en el ente de seguridad social respectivo, que constituye justamente el fundamento jurídico para aplicar al empleador la sanción que contempló el legislador, en atención a su carácter de agente retenedor.

 

JUICIO EJECUTIVO  – CESIÓN DE FACTURA – MÉRITO EJECUTIVO DEL TÍTULO 

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TANNER SERVICIOS FINANCIEROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307082
Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – JUICIO EJECUTIVO – FACTURAS – CESIÓN – EXCEPCIONES – MERITO EJECUTIVO DEL TITULO – PLAZO – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

Entre los requisitos para que la copia de la factura señalada en el artículo 1° de la Ley N° 19.983 quede apta para su cesión, no se exige que haya transcurrido el plazo de ocho días corridos siguientes a su recepción que el artículo 3° N° 2 contempla para su reclamo, pues para ello sólo basta que la copia tenga la mención cedible y el recibo ya referido. En este sentido, no se contempla como requisito para su cesión la circunstancia de que ella haya sido irrevocablemente aceptada.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutada en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primera instancia, que rechazó la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, no yerra la sentencia al rechazar la impugnación promovida por la demandada respecto de la factura cedida pues entre los requisitos para que la copia de la factura señalada en el artículo 1° de la Ley N° 19.983 quede apta para su cesión, no se exige que haya transcurrido el plazo de ocho días corridos siguientes a su recepción que el citado artículo 3° N° 2 contempla para su reclamo, pues para ello sólo basta que la copia tenga la mención cedible y el recibo ya referido. En este sentido, no se contempla como requisito para su cesión la circunstancia de que ella haya sido irrevocablemente aceptada. De este modo, no afecta la validez de la cesión el que se efectúe antes de vencer el plazo señalado, pues ello incide únicamente en la circunstancia prevista en el artículo 3° inciso final, esto es, que si la cesión se efectúa antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada el deudor sí podrá oponer al cesionario, sin limitación, todas las excepciones que hubiere podido oponer al cedente, tanto de naturaleza real como personal, situación que, en todo caso, no afecta el mérito ejecutivo de la factura cobrada en estos autos, en tanto aparece recibida por la deudora, su contenido no fue reclamado, su pago es actualmente exigible y la acción para su cobro no se encuentra prescrita.

2.- El que una factura se encuentre irrevocablemente aceptada implica, en la práctica, que, al no haberse objetado dentro del término que la ley previene para ello, ha caducado el derecho para reclamar de su contenido, o de la falta de prestación del servicio o entrega de las mercaderías. Este plazo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 Nº 2 inciso segundo de la ley, es de ocho días, contados desde la recepción de la factura, de suerte que, transcurrido el referido lapso sin existir reclamo de por medio, se entiende irrevocablemente aceptada la factura y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados, tornándose además inoponibles a los cesionarios, de acuerdo al inciso final del ya referido artículo 3, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como también aquellas basadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.

3.- Si la cesión se efectuó antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada el deudor sí podrá oponer al cesionario las excepciones personales que hubiere podido oponer al cedente, ya que aquél -el cesionario- recibe un título que no ha sido irrevocablemente aceptado, respecto del cual no ha caducado el derecho de reclamar de la falta de prestación del servicio o entrega de la mercadería, asumiendo sobre sí el riesgo de que, en el lapso restante para reclamar de la factura, o aún en la gestión preparatoria de la vía ejecutiva -antes de la modificación introducida por la Ley Nº 20.956- pueda oponérsele una excepción que ataca el cumplimiento de la relación que subyace al documento mercantil.

4.- Para que la excepción del artículo 464 N°7 del Código de Procedimiento Civil pueda prosperar, debe sustentarse en situaciones fácticas que se orienten a mermar el valor, o las propiedades del título ejecutivo, con el objeto de acreditar que aquél carece de la fuerza de la que, a lo menos inicialmente, aparece dotado. Y, en la especie, ello no ha sucedido, pues fue debidamente establecido que la factura que se cobra cumple con todos los requisitos legales que le son exigibles.

 

LABORAL – PERSONAL NO DOCENTE – PRESCRIPCIÓN 

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VÉLIZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Talca
Sala: Segunda
Cita: MJJ306971
Colección: Jurisprudencia
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – ASIGNACIONES Y PRESTACIONES – DECRETO ALCALDICIO – PERSONAL NO DOCENTE – PRESCRIPCION – COMPUTO DE LA PRESCRIPCION – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La asignación por experiencia cuyo cobro se demanda no tiene su origen ni se encuentra regulada en el cuerpo legal laboral, sino en el Decreto Municipal que regula derechos y deberes a todos los funcionarios de establecimientos educacionales que administra dicha Municipalidad y que se aplicará como un anexo al contrato individual de trabajo, por lo que dicha asignación no tiene un origen en la legislación laboral, no siendo procedente aplicar el plazo de prescripción establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió parcialmente la excepción de prescripción y la demanda declarativa y de cobro de prestaciones laborales deducida por personal no docente. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada al acoger la demanda y concluir la la preeminencia del estatuto civil de la prescripción, toda vez que las estipulaciones de esta asignación no emanan del Código del Trabajo, sino que de un reglamento municipal. En efecto, la asignación por experiencia no tiene su origen ni se encuentra regulada en el cuerpo legal laboral, sino en normas especiales como lo es el Decreto N°337 de 6 de abril de 1999 de la Municipalidad que regula derechos y deberes a todos los funcionarios de establecimientos educacionales que administra dicha Municipalidad y que se aplicará como un anexo al contrato individual de trabajo, por lo que se estima que dicha asignación no tiene un origen en la legislación laboral, no siendo procedente aplicar el plazo de prescripción establecido en el artículo 510 del Código del Trabajo.

2.- La sentencia ha tenido en consideración la existencia del dictamen cuyo cumplimiento es obligatorio para la Municipalidad, sin embargo, pese a su existencia el reglamento en cuestión sigue completamente vigente y regulando la relación de los funcionarios no docentes que se desempeñan en establecimientos educacionales que se encuentran bajo la administración de la Municipalidad demandada, de la misma forma la asignación se encuentra vigente e incorporada a los contratos de trabajo de los demandantes.

 

CIVIL – EXPEDIENTE ELECTRÓNICO – RECURSO DE CASACIÓN 

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SYNTHON CHILE LIMITADA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ306973
Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – PROCESAL CIVIL – TRAMITACION ELECTRONICA – DESERCIÓN DEL RECURSO – RECURSO DE CASACION – LEY PROCESAL – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE APELACION – INADMISIBILIDAD – ACTUACION DE OFICIO –

A la fecha del pronunciamiento de la resolución que declara desistido el recurso de casación de la demandada –aunque, en realidad, la sanción aplicada es la deserción– se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica, que eliminó la carga procesal de obtener compulsas de determinadas piezas del expediente, a fin de continuar con su tramitación en primera instancia, razón por la cual no resultaba procedente que el tribunal de alzada exigiera su cumplimiento y aplicara la sanción prevista en el antiguo texto del artículo 197 inciso final del Código de Procedimiento Civil.

Doctrina:

1.- Corresponde invalidar de oficio la resolución impugnada pues a la fecha del pronunciamiento de la resolución que declara desistido el recurso de casación de la demandada -aunque, en realidad, la sanción aplicada es la deserción- se encontraba vigente la Ley de Tramitación Electrónica , que eliminó la carga procesal de obtener compulsas de determinadas piezas del expediente, a fin de continuar con su tramitación en primera instancia, razón por la cual no resultaba procedente que el tribunal de alzada exigiera su cumplimiento y aplicara la sanción prevista en el antiguo texto del artículo 197 inciso final del Código de Procedimiento Civil. De este modo, al declarar desierto el recurso de casación en la forma interpuesto, en razón de la falta de pago de las compulsas ordenadas, en aplicación del apercibimiento contemplado en el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, la Corte de Apelaciones incurrió en un vicio de nulidad que alteró gravemente la ritualidad del procedimiento.

2.- La tramitación electrónica, que constituyó el eje de la reforma, involucró un cambio esencial relacionado con la materialidad del expediente, el que se elimina. Es en razón de aquello que, para realizar la transición, se decidió que las causas anteriores a la vigencia de la ley, que ya contaban con un expediente material, podrían seguir tramitándose de aquel modo. Este es el único objeto que tuvo la norma segunda transitoria, que constituye un precepto excepcionalísimo, que debe ser interpretado en armonía con la naturaleza de la ley procesal y con la expresa disposición de vigencia consagrada en el artículo primero transitorio de la ley 20.886.

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