Publicada Ley N° 21.338 que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores

La ley tiene por objetivo contar con un instrumento legal que habilite la posibilidad de indemnizar a aquellos funcionarios que no puedan ser traspasados a los nuevos Servicios, de conformidad al proceso de evaluación al que serán sometidos.

Con fecha 19 de mayo, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.338, que establece derecho a indemnización para funcionarios del Servicio Nacional de Menores.

El proyecto  fue enviado  el 20 de enero al Congreso por parte del Ejecutivo, con el objetivo de contar con un instrumento legal que permita indemnizar a aquellos funcionarios que no puedan ser traspasados a los nuevos Servicios. Dada por la urgencia de  reformar el actual SENAME, buscando  nuevas estructuras funcionales dotadas de competencias y de recursos humanos y financieros propios,  para establecer una clara distinción entre los niños, niñas y adolescentes que requieren de protección y de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal, creando así dos nuevos Servicios que reemplazarán a la institución.

Los funcionarios del Servicio Nacional de Menores podrán cesar en el cargo por necesidades del Servicio, lo que determinará su Director Nacional de manera fundada en razones vinculadas al proceso de reestructuración de dicha institución, a través de la ley N° 21.302, a fin de velar por el buen, oportuno y eficiente funcionamiento de las nuevas instituciones.

Para el ejercicio de esta facultad, el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores deberá considerar la realización de evaluaciones a los funcionarios para efectos de desempeñar los cargos en las nuevas instituciones.  Se deberá determinar las condiciones y el procedimiento a que se someterán las referidas evaluaciones. Dicha evaluación  no se aplicará a los funcionarios que hayan sido evaluados con anterioridad, con ocasión de la modernización, reestructuración o funcionamiento de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) para el establecimiento de residencias familiares en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley Nº 21.126.  Respecto de tales funcionarios, el Director Nacional del Servicio deberá comprobar que no se encuentran afectos a las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo al que sean traspasados, conforme a lo dispuesto en la ley y, en especial, a lo señalado en el artículo 56 de la ley N° 21.302, que trata sobre  las prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario del Servicio o trabajadores de colaboradores acreditados. .

A los funcionarios que cesen en sus funciones por aplicación de la causal señalada en el presente artículo, se les aplicará lo dispuesto en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 52 de la ley N° 21.126.

El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia será financiado con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos del Sector Público respectiva.

Consulte la Ley N° 21.338 aquí.

 

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: