Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 9

LEY DE RENTAS MUNICIPALES – TRIBUTARIO – MULTAS – RECURSO DE APELACIÓN

_______________________________________________________

LUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO C/ TRANSPORTES RÍO NEGRO S.A. – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307207
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario
VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – HECHO GRAVADO – TRANSPORTE DE CARGA – CERTIFICADO DE DEUDA – TITULO EJECUTIVO – MULTA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La actividad desarrollada por el demandado corresponde a la venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p., transporte de carga por carretera, y alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos sin operario, las que constituyen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, actividades gravadas, y, en consecuencia, sujetas a la obligación de pagar las patentes comerciales correspondientes al desarrollo de dichas actividades. En ese contexto, el certificado de deuda suscrito por la Secretaria Municipal, configura un título ejecutivo idóneo para el cobro de las mensualidades adeudadas, desde que da cuenta de una obligación líquida o liquidable y actualmente exigible, emitido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales.

Doctrina:
1.- Corresponde confirmar la sentencia y acoger la demanda deducida por la municipalidad de cobro de patente toda vez que la actividad desarrollada por el demandado, según lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, corresponde a la venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p., transporte de carga por carretera, y alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos sin operario n.c.p., las que constituyen, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, actividades gravadas, y en consecuencia, sujetas a la obligación de pagar las patentes comerciales correspondientes al desarrollo de dichas actividades. En eses contexto, el certificado de deuda suscrito por la Secretaria Municipal, configura un título ejecutivo idóneo para el cobro de las mensualidades adeudadas, desde que da cuenta de una obligación líquida o liquidable y actualmente exigible, emitido de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales. En cuanto a la excepción de exceso de avalúo, ninguna prueba se rindió, que justifique una base de cálculo a partir del capital propio distinto de aquel informado por el Servicio de Impuestos Internos en su oportunidad al Departamento de Rentas Municipales.

2.- En relación a la multa que se cuestiona del artículo 52 de la Ley de Rentas Municipales, ésta resulta procedente, toda vez que la misma se aplica a aquellos contribuyentes a que se refiere el artículo 24 de la misma Ley, que no hubieren hecho sus declaraciones dentro de los plazos establecidos en el mismo cuerpo legal, que es precisamente la situación acaecida en la especie.

_________________

DOCENTES – BONO PROPORCIONAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

_______________________________________________________

CASTRO Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307267
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ESTATUTO DOCENTE – REMUNERACION – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – INTERPRETACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N°19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado, quienes, en consecuencia, carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda al estimar que el aumento de la bonificación proporcional, establecido en la Ley N°19.933 , corresponde a un específico mejoramiento remuneratorio otorgado a los docentes del sector subvencionado tanto municipal como particular, que se concretó en el otorgamiento de fondos específicos que debían destinarse para ese exclusivo fin, debiendo pagarse tal y conforme al procedimiento de cálculo instaurado por el legislador, tanto respecto de los docentes del sector municipal subvencionado como del sector particular subvencionado, por lo que los actores tienen derecho al beneficio, que no fue pagado en la forma indicada, de manera que procede otorgarlo por el período no afecto por la prescripción. Al respecto, yerran los sentenciadores pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N°19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado, quienes, en consecuencia, carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.

_________________

CORPORACIONES MUNICIPALES – ESTATUTO DOCENTES – CONTRATO A PLAZO FIJO 

_______________________________________________________

NARANJO C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y SALUD DE SAN BERNARDO
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307229
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – DESPIDO – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – RECHAZO DE LA DEMANDA –

No puede entenderse que un contrato a plazo haya devenido en un contrato de naturaleza indefinida, toda vez que se está frente a una normativa especial, el Estatuto Docente, y no ante la figura del artículo 159 del Código del Trabajo, como lo pretende la demandante. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 25 del estatuto docente, el que no permite que un contrato a plazo pueda montar en uno de carácter indefinido, ni menos aún que un profesor contratado en esta calidad adquiera la calidad de titular, sin que con ello se transgreda el ingreso a la carrera docente.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la demanda de vulneración de derechos con ocasión del despido deducido por la docente. Esto, debido a que la prueba documental incorporada en juicio da cuenta de hechos que acontecieron durante la vigencia de la relación laboral, y para ello era necesario que la denunciante interpusiera su denuncia de acuerdo al procedimiento de tutela laboral por actos acontecidos en la misma, toda vez que los hechos que guardan relación con la integridad psicológica y las consecuencias de los mismos se mantienen en el tiempo, de manera que aun cuando la relación laboral se encuentre extinguida, la denunciante podría haber ejercido la acción en tales términos, porque se trata de vulneraciones que atentan contra el derecho en su esencia. Sin embargo, al haber incoado la acción de tutela laboral por vulneración “con ocasión del despido”, ha cometido un yerro, pues no se logra dar por acreditado que la denunciada haya vulnerado derecho alguno, sino que ejerció un derecho consagrado en la ley y en el contrato de trabajo, de manera que la denuncia no puede prosperar.

2.- Se rechaza la demanda subsidiaria de despido injustificado pues no puede entenderse que un contrato a plazo haya devenido en un contrato de naturaleza indefinida, toda vez que se trata de una normativa especial, el Estatuto Docente, y no ante la figura del artículo 159 del Código del Trabajo, como lo pretende la demandante. Y lo anterior encuentra sustento en el artículo 25 del estatuto docente, el que no permite que un contrato a plazo pueda montar en uno de carácter indefinido, ni menos aún que un profesor contratado en esta calidad adquiera la calidad de titular, sin que con ello se transgreda el ingreso a la carrera docente. Y si la carta remitida por la demandada señala que se estudiará la posibilidad de recontratarla para el año siguiente, ello no constituye ni siquiera un germen de derecho para la demandante, toda vez que el contrato fue siempre del todo claro en cuanto a su inicio y término, y si la demandada hubiese querido mantenerla en el cargo, necesariamente debería haber sido por medio del decreto correspondiente, por un nuevo período de un año, pero no fue esa su intención.

3.- Las normas del Código del Trabajo solo se puede aplicar de manera supletoria, conforme al artículo 1° del Estatuto Docente, y solo cuando aquellas no fueren contrarias a esta normativa especial. Y, tal como lo han sostenido los Tribunales Superiores, cuando los servicios terminan por vencimiento del plazo, tal desvinculación opera de pleno derecho.

________________

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s