Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 10

TRANSPARENCIA – INFORMACIÓN PÚBLICA  

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ C/ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA – QUINTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307289
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – TRÁNSITO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Lo pedido comunicar es la cantidad de semáforos que no se encuentran en actual funcionamiento en la comuna de Maipú; la unidad municipal a cargo de los semáforos y el funcionario responsable; y la existencia de algún contrato o concesión vigente, relativos al servicio de mantención y reparación de semáforos; de nuevos contratos respecto de los mismos servicios; y de algún plan municipal para reparar los semáforos que continúan sin funcionar. Luego, tratándose de información pública la que ha sido solicitada a la reclamante y habiendo ella reconocido tácitamente que, al menos, mucha de la misma obra en su poder, pero que no se encontraría digitalizada, ni sistematizada, debió entonces proporcionarla, sin que lo ardua que pueda resultar su recopilación le permita hacer excepción a dicha obligación.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad deducido por la municipalidad en contra del Consejo para la Transparencia por la resolución que acogió el amparo de acceso a la información ordenando la entrega de lo solicitado relativo a la cantidad de semáforos que no se encuentran en actual funcionamiento en la comuna de Maipú; la unidad municipal a cargo de los semáforos y el funcionario responsable; y la existencia de algún contrato o concesión vigente, relativos al servicio de mantención y reparación de semáforos; de nuevos contratos respecto de los mismos servicios; y de algún plan municipal para reparar los semáforos que continúan sin funcionar. Al respecto, tratándose de información pública la que ha sido solicitada a la reclamante y habiendo ella reconocido tácitamente en su libelo pretensor que, al menos, mucha de la misma obra en su poder, pero que no se encontraría digitalizada, ni sistematizada, debió entonces proporcionarla, sin que lo ardua que pueda resultar su recopilación le permita hacer excepción a dicha obligación.

2.- El inciso segundo del artículo 14 de la Ley 20.285 dispone que el plazo de veinte días hábiles que el organismo requerido tiene para pronunciarse sobre la petición de información puede excepcionalmente prorrogarse por otros diez días hábiles cuando existan circunstancias “que hagan difícil reunir la información solicitada”, norma de la que es posible inferir, entonces, que lo difícil de la recopilación de los antecedentes no justifica la no entrega de los mismos, en tanto no se incurra en distracción indebida de las labores habituales de los funcionarios del órgano requerido, al tenor de la letra c) del numeral 1° del artículo 21 del mismo estatuto, alegación que en cualquier caso resulta improcedente de esgrimir a la reclamante, conforme prevé el inciso segundo del artículo 28 del citado texto legal.

3.- Las razones que se blanden en sustento del reclamo de ilegalidad son subsumibles en la causal de reserva de la letra c) del numeral 1° del artículo 21 de la Ley 20.285, la que le está prohibido alegar en la sede que se conoce, conforme dispone el inciso segundo del artículo 28 del mismo texto legal, que le priva expresamente de legitimación activa para ello.

4.- Habida consideración que al evacuar sus descargos en el procedimiento de amparo, la reclamante manifestó únicamente que la información requerida no corresponde a una solicitud de acceso a la información, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en la Constitución Política de la República, debiendo ser contestado por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias de la municipalidad, acontece también que los nuevos argumentos, que consigna ahora en su reclamo para justificar la supuesta ilegalidad que denuncia, no pudieron ser revisados por la autoridad administrativa al momento de resolver, de modo que no resulta posible a la Corte efectuar el examen de legalidad que se le exige, en virtud de razones o causales que no formaron parte de la discusión y que, por ende, tampoco se contienen en la decisión que se objeta.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – ORDEN DE DEMOLICIÓN  

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CLUB DEPORTES GÁLVEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RINCONADA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307320
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – ORDEN DE DEMOLICIÓN – DONACIONES – NULIDAD CONTRACTUAL – AUTOTUTELA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Si bien la municipalidad recurrida afirma ser propietaria del terreno donde se emplaza la sede del club, fundando en ello la amenaza de demolición de la sede del club y el ingreso a ella de funcionarios municipales, lo cierto es que reconoce que la donación que le sirve de título se encuentra siendo objeto de un proceso judicial, en el marco de una demanda de nulidad absoluta de contrato. De este modo, la demolición cuya amenaza denuncia la actora resulta un acto irreversible, que le impediría el adecuado uso y goce del inmueble, en caso de ser acogida la acción de nulidad interpuesta, por lo que la actuación de la recurrida importa alterar una situación de hecho e implica, a su vez, una acción de autotutela.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el Club de Deportes en contra de la municipalidad por la amenaza de demolición de la sede del club y el ingreso a ella de funcionarios municipales, impidiéndoles su adecuado uso. Al respecto, si bien la recurrida afirma ser propietaria del terreno donde se emplaza la sede del club, fundando sus actuaciones en dicho dominio, reconoce que la donación que le sirve de título se encuentra siendo objeto de un proceso judicial, en el marco de una demanda de nulidad absoluta de contrato. De este modo, la demolición cuya amenaza denuncia la actora resulta un acto irreversible, que le impediría el adecuado uso y goce del inmueble, en caso de ser acogida la acción de nulidad interpuesta. Así, cualquier acto de esa naturaleza queda desprovisto un sustento, mientras se encuentre pendiente el señalado juicio y, de este modo, cualquier alteración del status quo debe ser autorizada judicialmente, precisamente en el marco de ese procedimiento judicial. Por lo anterior, la actuación descrita vulnera la garantía constitucional del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que, al alterar una situación de hecho preexistente, se ha incursionado en materias que, por su naturaleza y contenido, corresponden al ámbito jurisdiccional de los tribunales, impidiendo a la actora el ejercicio de los atributos inherentes a su dominio.

2.- La conducta de la recurrida importa alterar una situación de hecho e implica, a su vez, una acción de autotutela, que deja en una precaria situación a la recurrente, quien se ha visto impedida de usar y gozar, en la forma en que lo venía haciendo hasta la fecha de las perturbaciones, de un terreno del cual afirma ser dueña.

RECURSO DE RECLAMACIÓN  – ESCRITURA PÚBLICA  

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MOLINA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA – OCTAVA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Octava
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307337
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO – ESCRITURA PUBLICA – NOTARIO PÚBLICO – RECURSO DE RECLAMACION – RECHAZO DEL RECURSO

Si no hay cuestionamiento alguno en la intervención del ministro de fe y existe en el antecedente la mención concreta a que ella obedece a la autorización de signaturas, no se divisa inconveniente para que ello se plasme en referencia a una leyenda pre definida en el documento toda vez que lo relevante es la observancia de los deberes que a dicho auxiliar de la administración de justicia le vienen impuestos, los que resultan cumplidos, según dan cuenta la firma y timbre del ministro de fe. Por ello, el acto de constitución de la Corporación que se otorgó mediante escritura privada y, siendo dicha acta firmada ante el notario, reúne los requisitos para ser considerada una escritura pública por lo que corresponde acoger el reclamo en contra de la municipalidad por negarse a tramitar la constitución de la Corporación.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el reclamo deducido en contra de la decisión de la municipalidad de negarse a tramitar la constitución de una Corporación al estimar que no se cumple el requisito del artículo 548 del Código Civil, esto es, que el acto conste en escritura pública o suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal autorizado por el alcalde, por lo que no se cumplirían, a juicio de la reclamada, los requisitos establecidos en la ley. Al respecto, corresponde acoger el reclamo por cuanto se verifican en los hechos la transgresión al sentido y alcance de la norma regulatoria de la especie que se enuncia, toda vez, que la negativa del municipio a dar curso a la tramitación solicitada descansa en una interpretación antojadiza de las exigencias legales. En efecto, si no hay cuestionamiento alguno en la intervención del ministro de fe y existe en el antecedente la mención concreta a que ella obedece a la autorización de signaturas, no se divisa inconveniente para que ello se plasme en referencia a una leyenda pre definida en el documento -como ocurre en este caso- toda vez que lo relevante es la observancia de los deberes que a dicho auxiliar de la administración de justicia le vienen impuestos, los que resultan cumplidos, según dan cuenta la firma y timbre del ministro de fe. Por ello, el acto de constitución de la Corporación que se otorgó mediante escritura privada y, siendo dicha acta firmada ante el notario, reúne los requisitos a los que alude el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales para ser considerada una escritura pública, cumplió con la formalidad requerida de haber sido suscrita ante notario, toda vez que en la misma se deja constancia que ella fue firmada ante notario, en la cual consta, en su parte final, certificación del notario público que reza: “FIRMARON ANTE MI”, señalando, luego, a los asistentes. Además, según lo permite expresamente el artículo 401 número 10 del Código Orgánico de Tribunales, el acto de constitución de la corporación aparece suscrito en presencia del señor notario, quien no sólo da fe de las identidades de quienes suscribieron el documento, sino que además presencia dicha firma, tal como queda de manifiesto en el acta de constitución de la Corporación al señalar en su calidad de ministro de fe: “FIRMARON ANTE MÍ”.

2.- El concepto de “suscrita ante” debe ser entendido en su sentido procesal, como palabra técnica, conforme al artículo 21 del Código Civil y, desde este punto de vista, la expresión denota la legalización que pone el escribano en alguna escritura o instrumento, de forma que haga fe pública, esto es, atestando la verdad de las firmas puestas en él. Dicha interpretación también resulta coherente, conforme ya se anticipó, con lo prescrito en el Nº 10 del artículo 401 del Código Orgánico de Tribunales, de acuerdo con el cual esta es una de las funciones de los notarios, precisamente autorizar las firmas que se estampen en documentos privados, sean en su presencia o cuya autenticidad les conste.

3.- la autenticidad de la firma en el documento que comprueba y certifica el notario bajo fórmula no sacramental, que suscribe con su propia rúbrica y título, constituye la autorización notarial que hace fe pública y que es de responsabilidad exclusiva del notario, por lo que responde de ello y si alguien quiere disputar la fe o la verdad de la aseveración que hay tras la autorización, deberá probarlo. A lo anterior cabe añadir que la reclamada en caso alguno ha desconocido que las firmas puestas en el documento sean falsas, pretendiendo únicamente asilarse en una cuestión formal, que carece de sustento normativo.

 

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – DERECHO DE ASEO  

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ARZOLA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307331
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario
VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PRESCRIPCIÓN – CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

En el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que confirmó la sentencia que acogió parcialmente la demanda de declaración de prescripción de derechos de aseo. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues es evidente que en el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, porque precisamente existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, y tal contraprestación descarta toda posibilidad que se trate de un impuesto. Por consiguiente, la sentencia impugnada ha aplicado correctamente la regla general sobre plazo de prescripción establecida en el artículo 2515 del Código Civil, al declarar la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo devengados en el periodo comprendido entre el 30 junio de 2005 hasta el 30 de mayo de 2003 y el 31 de mayo de 2014 y no hasta el 2015 como pretendía el demandante.

2.- Si bien el concepto de impuestos consignado en el artículo 2521 inciso primero del Código Civil no ha sido definido por el legislador, la doctrina ha conceptualizado el término como el gravamen que se exige para cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otros beneficios que aquel indeterminado que obtienen todos los habitantes de un país por el funcionamiento de servicios públicos. En este sentido, emerge como característica fundamental del impuesto, la falta de contraprestación directa por parte del Estado.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – RETIRO VOLUNTARIO – DOCENTE  

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VILLASECA Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO – SEGUNDA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307315
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – IGUALDAD ANTE LA LEY – DOCENTES – RETIRO VOLUNTARIO – ESTATUTO DOCENTE – RECURSO ACOGIDO –

Conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 20.976, 4° de la ley N° 20.822 y 41 bis del Estatuto Docente se concluye que los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro y que tengan contrato vigente al mes de diciembre, tienen derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido por los docentes que se acogieron al retiro voluntario en contra de la Municipalidad por emitir el Oficio que dispuso que no resulta procedente aplicar el beneficio de la prórroga del pago de remuneraciones por los meses de enero y febrero del año en curso, dispuesta en el artículo 41 bis del Estatuto Docente, respecto de los siete docentes que se acogieron a retiro voluntario en virtud de las leyes 20.822 y 20.976 . Al respecto, conforme lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 20.976, 4° de la ley N° 20.822 y 41 bis del Estatuto Docente se concluye que los profesionales de la educación que accedan a un cupo de la bonificación por retiro y que tengan contrato vigente al mes de diciembre, tienen derecho a que éste se prorrogue por los meses de enero y febrero.

2.- La ley no hace distingo alguno respecto de los profesionales de la educación que tienen derecho a la prórroga con motivo de su retiro voluntario, los que se refieren tanto a los docentes titulares como a los contratados, conclusiones que, por lo demás, guardan estrecha relación con lo sostenido reiteradamente por la Corte Suprema
cuando se expresa que conceder el beneficio de la prórroga únicamente a los profesionales de la educación que ostentan la calidad de contratados, importa una discriminación arbitraria, sin sustento legal, no sólo por los raciocinios vertidos en la sentencia impugnada, sino porque supone mejorar la condición de contratado por sobre la de titular, contrasentido inaceptable en la labor de interpretación de la ley.

3.- Siendo un hecho establecido que los recurrentes se encuentran en la situación fáctica descrita en las normas legales se concluye que la negativa de la Municipalidad a reconocer a los docentes acogidos a retiro voluntario, el beneficio de la prórroga y el pago de los meses respectivos, constituye un acto ilegal, pues contraría el texto expreso de la legislación e importa una discriminación arbitraria, que atenta en contra de la garantía de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad de los recurrentes respecto del pago de los meses comprendidos en la prórroga.

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