Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma sentencia que acogió demanda de cobro de honorarios de abogado

Resulta improcedente intentar la modificación de la suma que ha sido fijada por quienes se encontraban legalmente facultados al efecto, mediante la interposición de un recurso de casación en el fondo.

Recientemente la Corte Suprema rechazó el recurso de casación deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primer grado, acogió la demanda de cobro de honorarios. Esto, debido a que no yerra la sentencia impugnada pues en la especie correspondía a los actores acreditar la existencia de los presupuestos de la acción de autos, esto es, la existencia del contrato de mandato y el cumplimiento del mismo, lo que sí aconteció.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación.

(Fuente: Destacados del Editor, Microjuris)

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: ROL:19287-19, MJJ307307
Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – ACCION DE COBRO – HONORARIOS DEL ABOGADO – REGULACIÓN DE HONORARIOS – FACULTADES Y DEBERES DEL JUEZ – NORMAS REGULADORAS DE LA PRUEBA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

Es un hecho establecido que el mandato que le fue conferido a los abogados demandantes fue revocado en forma unilateral por los demandados cuando ya se encontraban a disposición de los mismos los documentos acordados para la solución del conflicto accionario, situación fáctica que permite cuantificar los honorarios, los que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2117 del Código Civil, deben ser regulados judicialmente. Sobre este punto, la propia parte demandada en su contestación indicó que en caso de estimarse que correspondía el pago de honorarios por algún concepto, a falta de acuerdo o pautas para su determinación, ello necesariamente debía fijarse por el tribunal, en base al trabajo desarrollado y la remuneración usual en este tipo de casos, reconociendo con ello la facultad del sentenciador para regularlos prudencialmente.

Doctrina:1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primer grado, acogió la demanda de cobro de honorarios. Esto, debido a que no yerra la sentencia impugnada pues en la especie correspondía a los actores acreditar la existencia de los presupuestos de la acción de autos, esto es, la existencia del contrato de mandato y el cumplimiento del mismo, lo que sí aconteció. Sin embargo, la demandada alegó una causal de exoneración, la culpa indispensable, que a su juicio permitía eximirla de la obligación de pagar los honorarios, de manera que por tratarse de una alegación o defensa, correspondía a dicho litigante probar esa circunstancia excepcional, carga que conforme lo estimaron los jueces no se cumplió, advirtiéndose que las argumentaciones del recurrente más que denunciar una alteración del onus probandi se orientan a discutir la valoración que a su juicio debió asignarse a los medios de prueba aportados por los litigantes.

2.- En la especie la propia parte demandada reconoce que los honorarios serían fijados oportunamente, considerando los resultados obtenidos en el proceso, controvirtiendo el monto solicitado por la parte demandante y, en especial, un porcentaje de lo que se obtuviera por el término del negocio. A su vez, es un hecho establecido por los jueces del mérito, en uso de las facultades que les son exclusivas, que el mandato que le fue conferido a los abogados demandantes fue revocado en forma unilateral por los demandados cuando ya se encontraban a disposición de los mismos los documentos acordados para la solución del conflicto accionario, situación fáctica que permite cuantificar los honorarios, los que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2117 del Código Civil, deben ser regulados judicialmente. Sobre este punto es preciso mencionar que la propia parte demandada en su contestación indicó que en caso de estimarse que correspondía el pago de honorarios por algún concepto, a falta de acuerdo o pautas para su determinación, ello necesariamente debía fijarse por el tribunal, en base al trabajo desarrollado y la remuneración usual en este tipo de casos, reconociendo con ello la facultad del sentenciador para regularlos prudencialmente. Esta facultad de los tribunales para regular los honorarios que correspondan por los servicios prestados con ocasión de la ejecución del mandato, está expresamente recogida por la doctrina.

3.- El legislador ha entregado en este caso la regulación o la cuantía de los honorarios al criterio o prudencia de los jueces del fondo, quienes de este modo atenderán para ello, entre otros, a la especie de la gestión, su extensión y duración, la importancia de ella, el celo eficacia e inteligencia puestos al servicio de la comisión por el mandatario y a los resultados obtenidos, de manera tal que obedeciendo dicho monto a un proceso intelectual subjetivo, que eminentemente se relaciona con la persona de los sentenciadores que evaluaron discrecionalmente los factores que se tuvieron en cuenta para concluir un resultado definitivo, actitud que en modo alguno puede ser considerada arbitraria, resulta improcedente intentar la modificación de la suma que ha sido fijada por quienes se encontraban legalmente facultados al efecto, mediante la interposición de un recurso de casación en el fondo.

Fallo:

Santiago, dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos autos, tramitados bajo el procedimiento sumario ante el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, causa Rol Nro. C-3955-2017, caratulados “Rivas con Smolko”, por sentencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se rechazó la demanda de cobro de honorarios, sin costas.

La parte demandante dedujo los recursos de casación en la forma y de apelación en contra de dicho fallo, una Sala de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, por resolución de 14 de junio de 2019, desestimó la nulidad formal y revocó la sentencia apelada, resolviendo en su lugar acoger la demanda estableciendo la obligación de los demandados de pagar, de manera simplemente conjunta, la suma de trescientos millones de pesos por concepto de honorarios adeudados por los servicios profesionales prestados por el actor entre los meses de mayo y septiembre de 2017, sin costas.

En contra de esta última decisión los demandados recurren de casación en la forma y en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

PRIMERO : Que el presente arbitrio formal se sustenta en las causales establecidas en los numerales 4° y 5° del artículo 768 del Código

de Procedimiento Civil, este último en relación con el artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal.

Respecto de la primera causal, el haber sido la sentencia dada ultrapetita, alega que la sentencia impugnada se extendió a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, pues afirma que en el presente juicio se dedujo una sola acción por vía principal, esto es, una de cobro de honorarios pactados, sin que jamás se interpusiera una pretensión subsidiaria de regulación de honorarios y, no obstante, el tribunal de alzada dio lugar a la demanda regulando honorarios que no fueron solicitados.

En cuanto a la falta de consideraciones de hecho y de derecho en que se sustenta el fallo, el recurrente reclama que es evidente la omisión de toda

fundamentación en orden a determinar por qué se entiende cumplido el encargo efectuado a los actores; por qué se desecha la defensa de su parte, en relación con la negligencia imputada a los mandatarios y cuáles son los criterios utilizados para fijar los honorarios, “de acuerdo con lo usual”, en la suma de $300.000.000, lo que a su juicio resulta absolutamente desproporcionado.

SEGUNDO : Que, en relación con el primer vicio, esto es, la ultra petita, esta Corte de Casación ha establecido que aquélla concurre cuando la sentencia, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera su contenido, cambiando su objeto o modificando su causa de pedir.

Sin embargo, cabe desechar desde ya la causal de invalidación formal alegada toda vez que los jueces del fondo acogieron la demanda de cobro de honorarios, por estimar que en la especie se acreditaron los presupuestos de la misma, teniendo especialmente en consideración que en el libelo se solicitó

expresamente que se condenara a los demandados al pago de una suma total de 21.589 UF.

y, en subsidio, “al pago de las sumas que el tribunal fije conforme al mérito del proceso”. En ese mismo contexto, la parte demandada, al contestar la demanda, entre otras peticiones, planteó que para el improbable caso que se estimara que debía pagarse algún monto por concepto de honorarios, ello se determinara conforme a la remuneración usual en este tipo de casos, invocando el artículo 2158 N° 3 del Código Civil.

Por consiguiente, los jueces del fondo han actuado dentro de la esfera de las atribuciones que les son propias, sin que logre advertirse pronunciamiento alguno referente a un supuesto fáctico o jurídico que exceda el marco legal que correspondía examinar al órgano jurisdiccional, conforme a las acciones y excepciones objeto de la litis, razón por la que habrá de desestimarse el arbitrio de nulidad formal en relación a la causal en estudio.

TERCERO : Que, respecto del siguiente vicio impugnado, que se hace consistir en la falta de consideraciones de hecho y de derecho que sirven de sustento al fallo, los hechos por los cuales se construye el argumento relativo a esta causal no configuran el vicio denunciado.

Cabe recordar que éste aparece sólo cuando la sentencia carece de fundamentación, no así cuando ella no se ajusta a la tesis sustentada por la parte reclamante, como ocurre en la especie, según se advierte de la lectura de los fundamentos octavo y siguientes de la sentencia de segunda instancia.

En efecto, del mérito de los antecedentes es posible constatar que el fallo sí contiene las motivaciones y el reproche del recurrente, más que a la ausencia de razonamientos jurídicos, apunta a que éstos no hayan sido favorables a sus intereses, lo que por cierto no constituye la causal de casación en que sustenta su recurso.

Al efecto, los sentenciadores determinan que conforme a la prueba rendida en autos los demandantes acreditaron haber cumplido con el encargo efectuado y que, si bien no se suscribieron los documentos definitivos, ello se debió exclusivamente a un acto unilateral de los demandados, de manera que no resultaba posible imputarse a los primeros culpa por la fallida solución del conflicto. A su vez, estimaron que la prueba rendida no permitía acreditar la causal de exoneración alegada por los demandados, esto es, la culpa en la ejecución del mandato, procediendo entonces a regular los honorarios en base a diversos elementos que enumera, como la cantidad y diversidad de los contratos elaborados, el tiempo que duró el encargo, las demás gestiones realizadas y el arancel del Colegio de Abogados de Valdivia. En consecuencia, en la especie no se configura la causal invocada y, al menos en este acápite, el recurso de invalidez no puede tener acogida.

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:

CUARTO:

Que, respecto de este postulado de nulidad, el recurrente denuncia la transgresión de lo preceptuado en los artículos 1547 , 1698 y 2158 del Código Civil y 139 del Código de Procedimiento Civil.

En apoyo de la efectividad de los yerros jurídicos que denuncia, manifiesta que ha sido la parte demandante quien alegó la existencia de una obligación, consistente en el pago de los honorarios convenidos y, por ende, era indudable que la carga de la prueba, en cuanto a los elementos constitutivos de esa obligación, le correspondía a la parte actora, quien especialmente debía acreditar el cumplimiento diligente del encargo, lo que a su juicio no ocurrió.

También reclama que no se entregó ninguna razón para fijar los honorarios de los actores en la multimillonaria suma de $300.000.000, sin que se pueda sostener de ninguna manera que corresponden a una remuneración usual para los abogados.

QUINTO: Que para una acertada resolución del recurso resulta conveniente dejar constancia de los siguientes antecedentes del proceso:

a.- Natalio Vodanovic Schnake, en representación de los abogados Patricio Sanguinetti Altamirano, Carlos Roberto Carnevali Dickinson y Rubén Rivas Vargas, dedujo demanda de cobro de honorarios en contra de Marianela Cifuentes Sotomayor y de sus hijos Wladimir Smolko Cifuentes y Gabriel Smolko Cifuentes, solicitando que se condene a los demandados al pago de una suma total de 21.589 UF, y en subsidio, al pago de las sumas que el tribunal fije conforme al mérito del proceso, con costas.

Tras el fallecimiento de Vladimir Smolko Lauir, cónyuge y padre de los demandados, éstos acordaron con Natalia Smolko Laur, quien era la dueña del restante 40% del capital, un sistema de coadministración, pero luego le compró a una de las herederas sus acciones.

En ese contexto, los demandados contrataron a los actores, encomendando el estudio de las diversas alternativas para enfrentar el nuevo escenario en que los clientes ya no estaban en condiciones de acceder al control de la empresa.

Dado lo anterior, solicitó asesoría legal y estratégica luego de haber perdido la mayoría accionaria dentro de una Sociedad Anónima Cerrada, frente a lo cual se propuso una estrategia de negociación, previamente acordada con los clientes, la que fue llevada adelante de manera exitosa, logrando un acuerdo por un monto que excedía el mejor de los escenarios

planteados por ellos mismos, y que se empino a la suma de $3.023.000.000; se confeccionaron una serie de documentos constitutivos de los diversos actos y contratos necesarios para llevar a cabo en forma completa esta operación, tales como Protocolos de Acuerdo, Juntas de Accionistas, Sesiones de Directorio, escritura de partición y adjudicación de comunidad hereditaria, escritura de compraventa de inmueble, escritura de indemnidad tributaria, entre otros, todos con conocimiento, participación y autorización expresa de los clientes. Se lograron asimismo objetivos intermedios concretos, tales como: devolución de préstamo, el pago de dividendos provisorios, se evitó la toma de control de la empresa por parte del grupo mayoritario de accionistas y se mantuvo un sistema de coadministración.

Estas gestiones fueron realizadas en el marco de la natural confianza que existe entre los clientes y sus abogados, no exigiéndose por parte de los abogados el pago de honorarios a todo evento sino solo contra resultado, honorarios que fueron aceptados por los clientes.

Sin embargo, reclaman los actores que habiendo concluido la negociación, efectuado todas y cada una de las gestiones que tendían a ella, estando disponibles en notaria los respectivos documentos para su firma y así como los documentos representativos de los valores acordados, los demandados revocaron el mandato conferido y desconocieron la obligación de pago de los honorarios, mediante la contratación de nuevos asesores que no variaron los términos finales de la negociación.

En cuanto al monto de los honorarios, se explica que se les manifest ó a los clientes que los honorarios rondaban el 20% del negocio, atendida la dificultad y trabajo que de ello se conllevaba, quienes se manifestaron conformes. Fue así como efectuadas las gestiones los demandados fueron informados verbalmente y por escrito de los valores y contenido del

acuerdo, así como la cantidad exacta de los honorarios de los abogados involucrados, resultando una cantidad final de 21.589 Unidades de Fomento.

b.- Los demandados contestaron la demanda solicitando su rechazo, argumentando que la asesoría prestada configura un caso de culpa que exonera a su parte de pagar cualquier honorario, invocando el artículo 2158 del Código Civil. Al efecto, manifiesta que lo que en definitiva se planteó fue encubrir una compraventa bajo subterfugios formales, intentando con ello burlar el pago de impuestos, recalcando que la propuesta conducía a un acto elusivo y simulado, sancionable desde el punto de vista tributario, que habría desembocado en un delito tributario.

Por último, indican, que jamás se pactó la suma demandada, pues si bien así se propuso, fue expresa y tajantemente rechazada, como también otros criterios propuestos para la determinación de los honorarios y, en cualquier caso, el monto reclamado es totalmente desproporcionado en relación con la dificultad y el tiempo destinado a su ejecución.

Recalca que los demandados quedaron de enviar una proposición de honorarios que satisficiera a ambas partes, bajo el entendido que no fuera un porcentaje de la venta de las acciones, sino una cantidad determinada, la que se pagaría al momento de cerrar el negocio, lo que jamás se envió, pues de haber sabido que se pretendía cobrar la suma demandada, simplemente habrían buscado otros asesores legales. En todo caso, plantea que para el improbable caso que se estime que debe pagarse algún monto por concepto de honorarios, se debe determinar cuál es la remuneración usual en este tipo de casos, como lo dispone el artículo 2158 N° 3 del texto legal antes citado.

c.- El tribunal de primer grado rechazó la demanda, por estimar que si bien existió trabajo profesional de los demandantes, en tanto éstos han

relacionado lo demandado a la globalidad del “negocio” frustrado, el sentenciador no se encuentra habilitado para determinar particulizadamente los diversos actos útiles a los demandados, habida cuenta que el negocio, como globalidad no fue consensuado.

Añade que, por otra parte, tampoco en la demanda aparecen tasadas las actuaciones parciales de los profesionales o el tiempo invertido y la valoración por hora, que puede ser una forma orientadora para establecer honorarios, por lo que omite pronunciamiento sobre honorarios vinculados a gestiones parciales.

d.- En contra del fallo antes reseñado, los actores dedujeron los recursos de casación en la forma y de apelación.

SEXTO : Que la sentencia objeto del presente recurso revocó la de primer grado y en su lugar resolvió acoger la demanda, reflexionando para ello que los demandados fueron asistidos profesionalmente por los abogados demandantes, quienes en ejercicio de su funciones ejecutaron una serie de actuaciones en representación de sus mandantes y confeccionaron una serie de borradores de instrumentos, los que fueron consensuados con el abogado de Natalia Smolko, todo ello, con el fin de dar solución a la problemáticas administrativa y judicial, quedada al fallecimiento de Wladimir Smolko, en relación a la administración de la sociedad Pacel S.A.

Añade que el mandato que les fuera conferido a los demandantes por los demandados terminó una vez presentado para la firma en la Notaría los instrumentos producto del acuerdo o protocolo final al que habían arribado las partes, oportunidad en la cual se les comunicó el término del mandato con fecha 4 de septiembre de 2017.

En ese contexto, tiene presente lo dispuesto en el artículo 2158 del Código Civil, que establece la obligación del mandante de pagar al mandatario la remuneración estipulada o la usual,

no pudiendo dispensarse del cumplimiento de esta obligación, sino en el caso que se pruebe culpa.

Establece que han sido los demandados los que de manera unilateral han puesto término al encargo, siendo este acto unilateral, ajeno a la voluntad de los demandantes y por lo mismo, no puede imputarse a éstos culpa por la fallida solución del conflicto, cuya falta de concreción ha sido la excusa de los demandados para no efectuar el pago.

Por lo tanto, concluye la sentencia que habiéndose acreditado la existencia del mandato, no existiendo acuerdo entre las partes sobre el monto de los honorarios que debían pagarse, resulta necesario, fijar de acuerdo con “lo usual”, el monto de los honorarios a los que tenían derecho los actores, tal como se ha solicitado en la petición subsidiaria de la demanda.

Destaca que la posibilidad de eximirse los demandados del pago de los honorarios solicitados sólo era posible en el evento que su hubiera acreditado culpa de los mandatarios, cuestión que no ha ocurrido, toda vez que la demandada no ha rendido prueba en este sentido, emitiendo tan sólo juicios respecto del trabajo de los mismos, los que hipotetizan sobre el futuro resultado, eventualmente ilícito, hipótesis que no han sido confirmadas por prueba alguna.

Considera el tribunal a quo, que en la causa existen elementos que pueden ser considerados para cuantificar el monto de los honorarios a fijar, tales como la cantidad, dificultad y diversidad de los contratos que fueron elaborados, el tiempo que duró el encargo, las otras gestiones realizadas por los demandantes (participación en las sesiones extraordinarias mencionadas), gestiones todas que pudieron haber significado a los demandados percibir en su conjunto la suma de $3.000.000.000, suma que resulta razonable y

equitativa estimar como referente para el cálculo de los honorarios que debían percibir, pues implicaba el cumplimiento exitoso del encargo.

Concluye que teniendo en consideración que se ha acreditado la existencia del mandato, sin que exista culpa que permita eximir del pago de éste y constando los sentenciadores con elementos suficientes que permiten fijar honorarios según lo usual, como lo es el Arancel del Colegio de Abogados, la prudencia y equidad, de acuerdo a las gestiones que éstos realizaron y que tuvieron su término mediante un acto unilateral de la mandante, no queda sino acoger la demanda.

SÉPTIMO : Que para un adecuado análisis de los errores de derecho invocados por el recurrente de casación, cabe tener presente que entre la cita de las disposiciones legales denunciadas expuestas previamente en el motivo primero y los argumentos esgrimidos en apoyo de sus afirmaciones en tal sentido, el recurrente sustenta que algunas de estas infracciones se habrían cometido por los jueces al invertir la carga probatoria, pues afirma que correspondía a los actores acreditar la diligencia en el cumplimiento de su encargo y, a pesar de aquello, le impuso a su parte probar

que el trabajo fue negligente.

OCTAVO : Que en relación con la alteración de las normas reguladoras de la prueba invocadas en el recurso debe consignarse, como lo ha reconocido reiteradamente esta Corte, que se entienden vulneradas cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere.

Se ha repetido que ellas constituyen normas básicas de juzgamiento, que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los sentenciadores. Luego, los jueces del fondo son soberanos para apreciar las pruebas, dentro del marco establecido por las normas pertinentes.

NOVENO : Que de acuerdo a lo señalado en el motivo anterior debe desestimarse el recurso en cuanto está fundado en la infracción del artículo 1698 del Código Civil, ya que esta norma se infringe cuando la sentencia obliga a una de las partes a probar un hecho que corresponde acreditar a su contraparte, esto es, si se altera el la carga de la prueba legalmente esetablecida, lo que a la luz de los antecedentes, se observa, no ha ocurrido.

En la especie correspondía a los actores acreditar la existencia de los presupuestos de la acción de autos, esto es, la existencia del contrato de mandato y el cumplimiento del mismo, lo que sí aconteció. Sin embargo, la demandada alegó una causal de exoneración, la culpa indispensable, que a su juicio permitía eximirla de la obligación de pagar los honorarios, de manera que por tratarse de una alegación o defensa, correspondía a dicho litigante probar esa circunstancia excepcional, carga que conforme lo estimaron los jueces no se cumplió, advirtiéndose que las argumentaciones del recurrente más que denunciar una alteración del onus probandi se orientan a discutir la valoración que a su juicio debió asignarse a los medios de prueba aportados por los litigantes.

DÉCIMO : Que, descartada la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, es menester entrar al análisis del siguiente capítulo del recurso, en el que se reclama que los jueces no entregaron ninguna razón para fijar los honorarios de los actores en la suma otorgada, la que por su monto en ningún caso puede sostenerse que correspondan a una remuneración usual para los abogados.

Cabe tener presente que en el caso particular la propia parte demandada reconoce que los honorarios serían fijados oportunamente, considerando los resultados obtenidos en el proceso, controvirtiendo el monto solicitado por la parte demandante y, en especial, un porcentaje de lo que se obtuviera por el término del negocio. A su vez, es un hecho establecido por los jueces del mérito, en uso de las facultades que les son exclusivas, que el mandato que le fue conferido a los abogados demandantes fue revocado en forma unilateral por los demandados cuando ya se encontraban a di sposición de los mismos los documentos acordados para la solución del conflicto accionario, situación fáctica que permite cuantificar los honorarios, los que a la luz de lo dispuesto en el artículo 2117 del Código Civil, deben ser regulados judicialmente. Sobre este punto es preciso mencionar que la propia parte demandada en su contestación indicó que en caso de estimarse que correspondía el pago de honorarios por algún concepto, a falta de acuerdo o pautas para su determinación, ello necesariamente debía fijarse por el tribunal, en base al trabajo desarrollado y la remuneración usual en este tipo de casos, reconociendo con ello la facultad del sentenciador para regularlos prudencialmente.

Esta facultad de los tribunales para regular los honorarios que correspondan por los servicios prestados con ocasión de la ejecución del mandato, está expresamente recogida por la doctrina, tal como da cuenta el profesor David Stitchkin Branover, en su obra “El Mandato Civil”. (Editorial Jurídica de Chile, 1965, página 538).

UNDÉCIMO:

Que, consecuentemente con lo señalado, resulta entonces indispensable reflexionar que el legislador ha entregado en este
caso la regulación o la cuantía de los honorarios al criterio o prudencia de los jueces del fondo, quienes de este modo atenderán para ello, entre otros, a la especie de la gestión, su extensión y duración, la importancia de ella, el celo eficacia e inteligencia puestos al servicio de la comisión por el mandatario y a los resultados obtenidos, de manera tal que obedeciendo dicho monto a un proceso intelectual subjetivo, que eminentemente se relaciona con la persona de los sentenciadores que evaluaron discrecionalmente los factores que se tuvieron en cuenta para concluir un resultado definitivo, actitud que en modo alguno puede ser considerada arbitraria, resulta improcedente intentar la modificación de la suma que ha sido fijada por quienes se encontraban legalmente facultados al efecto, mediante la interposición de un recurso de casación en el fondo.

DUODÉCIMO : Que en virtud de los razonamientos precedentes, y no habiéndose producido las infracciones de ley ni los errores de derecho denunciados, desde que los sentenciadores han hecho una correcta aplicación de las disposiciones legales atinentes al caso de que se trata, el recurso de nulidad de fondo no puede prosperar y debe, necesariamente, ser desestimado.

De conformidad con lo expresado y lo dispuesto en los artículos 764 , 767 y 768 del Código de Procedimiento Civil, se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos por el abogado Benjamín Jordán Astaburuaga, en representación de la parte demandada, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora Carolina Coppo

D.

N° 19.287-2019.-

ROSA MARIA MAGGI DUCOMMUN ROSA DEL CARMEN EGNEM SALDIAS

MINISTRA MINISTRA

Fecha: 18/06/2021 17:43:10 Fecha: 18/06/2021 17:43:11

ARTURO JOSE PRADO PUGA MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO

MINISTRO MINISTRO

Fecha: 18/06/2021 17:43:11 Fecha: 18/06/2021 17:43:12

CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ

ABOGADO INTEGRANTE

Fecha: 18/06/2021 17:00:16

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Rosa Maria Maggi Ducommun, Rosa Del Carmen Egnem Saldías, Arturo José Prado Puga y Mauricio Alonso Silva Cancino y la Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo Diez . Santiago, dieciocho de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.

En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

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