Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 11

PATENTE MUNICIPAL –  ACTO ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES 

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OLIVOS DEL SUR S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES – UNDÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Undécima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307409
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – OFICIOS – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO

La decisión de rechazar la rebaja de patente municipal solicitada carece de fundamentos, sin que sea aceptable lo expuesto por la reclamada en su informe, desde que aun considerando que la extensión del acto no es relevante para el análisis de su contenido, en la especie el acto administrativo nada expresa ni en lo fáctico ni en lo jurídico. Por otro lado, tampoco es procedente manifestar que para la emisión del acto la Municipalidad procedió a revisar páginas web de la reclamante, en primer lugar por cuanto nada de ello se dice en la motivación del Oficio y, en segundo término, porque la Municipalidad -de ser ello efectivo- produjo prueba al margen de la legalidad del procedimiento al no haberlas decretado y comunicado al interesado, a quien le asiste el derecho de exponer lo pertinente en defensa de sus derechos.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad deducido por la sociedad en contra de la decisión municipal de rechazar la rebaja de patente municipal solicitada. Esto, debido a que la decisión municipal carece de fundamentos, sin que sea aceptable lo expuesto por la reclamada en su informe, desde que aun considerando que la extensión del acto no es relevante para el análisis de su contenido, en el caso de la especie el acto administrativo nada expresa ni en lo fáctico ni en lo jurídico; la motivación como elemento constitutivo del acto administrativo debe existir y además ser pertinente a lo requerido y adecuada a la finalidad pública que se persigue con su emisión. Por otro lado, tampoco es procedente manifestar ahora que para la emisión del acto la Municipalidad procedió a revisar páginas web de la reclamante, en primer lugar por cuanto nada de ello se dice en la motivación del Oficio y, en segundo término, porque la Municipalidad -de ser ello efectivo- produjo prueba al margen de la legalidad del procedimiento al no haberlas decretado y comunicado al interesado, a quien le asiste el derecho de exponer lo pertinente en defensa de sus derechos.

2.- Del acto administrativo impugnado se observa la total carencia de hechos y fundamentos jurídicos que lo sustenten, por cuanto se limita -en términos genéricos- a afirmar el cumplimiento de los requisitos del artículo 3° del Decreto Supremo N° 458 de 1980 del Ministerio del Interior, sin hacerse cargo de lo requerido por el solicitante, sin analizar los antecedentes acompañados por éste y sin exponer cuál es la jurisprudencia administrativa que dice avalaría sus afirmaciones, afectado los derechos del administrado por cuanto desconoce las razones que llevaron a decidir en tal sentido. Ello lleva necesariamente a concluir la falta de motivación del acto administrativo impugnado, lo cual constituye un vicio que afecta su validez, pues la fundamentación exigida es un requisito esencial del mismo, afectando con ello los derechos del administrado en tanto ignora las razones que determinan la decisión adoptada y el motivo concreto del rechazo de sus planteamientos.

 

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – BONO PROPORCIONAL 

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LIZANA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAULE – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307415
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MUNICIPAL – GRATIFICACIONES Y BONOS – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

La correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda deducida por ciento catorce docentes adscritos a establecimientos educacionales del sector municipalizado en contra de la Municipalidad, la que resultó condenada al pago de las prestaciones que se indican. Al respecto, yerra la sentencia pues la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros.

2.- La Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada «bonificación proporcional mensual», pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica. Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes. En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.

 

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – BONO PROPORCIONAL 

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SOCIEDAD AGRÍCOLA HILDA DEL CARMEN LIMITADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307426
Compendia: Microjuris
VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – DONACIONES – OBRAS PUBLICAS – RESOLUCIÓN DEL CONTRATO – PRESCRIPCION – RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN – CONCEJO MUNICIPAL – RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – CASACION DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La municipalidad, mediante un acto administrativo formal contenido en el acta del Concejo Municipal, acordó restituir a la demandante -donante- aquella parte de los inmuebles donados al municipio que no fueron destinados a la construcción de las obras viales que le fueran impuestas con ocasión de la donación de que fue beneficiaria. Mediante dicho acto, la municipalidad renunció, tácitamente, a la prescripción extintiva que podía oponer a la acción que, a la sociedad donante, otorga el artículo 1426 del Código Civil para obtener la resolución del contrato de donación, desde que no es posible adscribir un significado distinto de aquel al reconocimiento que del citado acuerdo municipal se desprende en relación al legítimo derecho de la actora sobre el retazo de terreno no empleado en la construcción de la obra vial constitutiva de la carga modal impuesta a ese municipio.

Doctrina:
1.- Corresponde casar de oficio la sentencia que confirmó la de primer grado que acogió la excepción de prescripción opuesta por la municipalidad y rechazó la demanda de resolución parcial de contrato de donación por incumplimiento de la carga modal del donatario fundando dicha acción en que la demandada sólo empleó una parte del terreno donado para la continuación de la avenida mientras que dejó sin uso una sección considerable de la franja donada, con lo que el inmueble de su dominio quedó sin salida a la vía pública por el deslinde oriente. Al respecto, para decidir acerca de la procedencia de la excepción de prescripción extintiva opuesta, los falladores debían examinar todos los elementos propios de esta institución, entre los que se incluye, sin duda, aquel vinculado con su eventual renuncia, sin que obste a ello la circunstancia de que este último elemento haya sido introducido al debate en segunda instancia, pues la resolución de esta particular defensa requiere que los jueces del mérito exploren todos sus componentes, incluyendo el factor tiempo, que supone que éste se haya desarrollado de manera continua e ininterrumpida y, como una consecuencia natural, además, que esta forma de extinguir las obligaciones no haya sido renunciada. Sin embargo, es lo cierto que los magistrados de segunda instancia pasaron en silencio este aspecto del asunto debatido, omitiendo toda reflexión a su respecto, pese a que, como se dijo, se hallaban obligados a discurrir en torno a todos los elementos que integran esta defensa. En consecuencia, queda así demostrada la falta de consideraciones fácticas y jurídicas en que incurren los jueces de la instancia al dictar el fallo, omisión que configura el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 Nº 5 en relación con el artículo 170 Nº 4 , ambos del Código de Procedimiento Civil.

2.- En la especie, la demandante reclama la resolución parcial del contrato de donación suscrito por ella y por la Municipalidad, por estimar que esta última incumplió la carga modal que en dicha convención le fuera impuesta, consistente en la utilización de la totalidad de los inmuebles materia del contrato para la extensión de Avenida. Al respecto, la municipalidad, mediante un acto administrativo formal, contenido en el acta del Concejo Municipal de 29 de septiembre de 2009, acordó restituir a la demandante aquella parte de los inmuebles donados al municipio que no fueron destinados a la construcción de las obras viales que le fueran impuestas con ocasión de la donación de que fue beneficiaria. Mediante el acto administrativo descrito, la Municipalidad de Rengo renunció, tácitamente, a la prescripción extintiva que podía oponer a la acción que, a la sociedad donante, otorga el artículo 1426 del Código Civil para obtener la resolución del contrato de donación, desde que no es posible adscribir un significado distinto de aquel al reconocimiento que del citado acuerdo municipal se desprende en relación al legítimo derecho de la actora sobre el retazo de terreno no empleado en la construcción de la obra vial constitutiva de la carga modal impuesta a ese municipio. (De la sentencia de reemplazo).

3.- Al acordar restituir a la actual actora aquella parte del terreno donado no utilizada en el mentado fin, la hoy demandada no hizo sino reconocer el derecho de la compañía donante sobre dicho inmueble, pues, a pesar de que tal bien había ingresado lícitamente a su patrimonio y no existía motivo alguno que obligara a su parte a devolver a la sociedad el indicado bien raíz, en tanto la acción destinada a obtener la resolución del contrato de donación había prescrito varios años antes, decidió, libre y soberanamente, que el retazo de suelo que no fue empleado para el objeto tenido a la vista en la donación debía retornar a su dueño original, aceptando con ello el legítimo derecho de esta última parte sobre el mencionado predio. (De la sentencia de reemplazo).

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – LICENCIA MÉDICA – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES  – RECURSO DE APELACIÓN

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ROMERO Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307420
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – COMISIONES ESPECIALES – LICENCIAS LABORALES – REMUNERACION – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – AUTOTUTELA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Se confirma la sentencia que declaró que la retención del 50% de las remuneraciones por licencias médicas rechazadas, efectuada por la municipalidad recurrida, lo ha sido en forma arbitraria, por lo que se las deja sin efecto, debiendo la autoridad recurrida disponer el pago inmediato de tales remuneraciones a los afectados. Para ello tuvo en consideración que el hecho de retener parte de las remuneraciones de los afectados conlleva desconocer el acuerdo previo con los trabajadores comparecientes. En efecto, la conducta de la municipalidad importa alterar una situación de hecho aceptada e implica, a su vez, una acción de autotutela, dejando en una precaria situación a los recurrentes, quienes se verán privados de parte de sus remuneraciones, con motivo de la retención dispuesta, sin tener la posibilidad de discutir legalmente las consideraciones que estimen pertinentes para el adecuado resguardo de sus derechos.

Doctrina:
1.- Corresponde confirmar la sentencia apelada que acogió el recurso de protección deducido por los funcionarios en contra de la municipalidad por haber dispuesto descuentos en sus remuneraciones, a partir del mes de mayo del año 2020, por concepto de licencias médicas rechazadas, alcanzando dichos descuentos hasta el 50% de la remuneración de cada uno de ellos. Agregan que, hasta antes de la determinación impugnada la Dirección de Educación procedía al pago de las remuneraciones, en casos de reposos laborales, en forma íntegra, puesto que así había sido acordado con los funcionarios a lo largo de los años. Al respecto, se confirma lo señalado por los sentenciadores de primer grado que declararon que la retención de las remuneraciones efectuada por la recurrida, lo ha sido en forma arbitraria, por lo que se las deja sin efecto, debiendo la autoridad recurrida disponer el pago inmediato de tales remuneraciones a los afectados. Para ello tuvo en consideración que el hecho de retener parte de las remuneraciones de los afectados conlleva desconocer el acuerdo previo con los trabajadores aquí comparecientes. En efecto, la conducta desplegada por las recurridas, indicada en el motivo primero, importa alterar una situación de hecho aceptada e implica, a su vez, una acción de autotutela, dejando en una precaria situación a los recurrentes, quienes se verán privados de parte de sus remuneraciones, con motivo de la retención dispuesta, sin tener la posibilidad de discutir legalmente las consideraciones que estimen pertinentes para el adecuado resguardo de su derechos.

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