Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 14

RECURSO DE PROTECCIÓN – DESCUENTO DE REMUNERACIONES –  RECURSO DE APELACIÓN

VENEGAS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307686
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – INVESTIGACIÓN SUMARIA – PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN – ASIGNACIONES Y PRESTACIONES – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Dado que el descuento impugnado no fue dispuesto como consecuencia de una investigación sumaria, forzoso es concluir que el reintegro ordenado por el municipio recurrido reviste una manifiesta antijuridicidad, en tanto no existió una indagación previa que permitiera determinar la efectividad de su procedencia, cuya resolución firme podría constituir, en caso de haberse dictado, el único basamento que permitiría justificar el descuento a la remuneración de la actora objetado.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la funcionaria en contra del Oficio expedido por el Departamento de Educación Municipal que ordena a la actora reintegrar la suma de $372.102, pues, según refiere dicho acto, deriva del pago indebido de 4 horas por Programa de Integración Escolar correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Al respecto, el reintegro ordenado practicar a la actora sólo podría ser acordado como consecuencia de un procedimiento objetivo, como es la investigación sumaria, en el que se lograse asentar, de modo cierto, que la solución del estipendio de que se trata fue el resultado de una actuación indebida del ente municipal y que, por ende, la recurrente no tenía derecho a percibir tales sumas de dinero, convicción que sólo se podría adquirir con la dictación del acto terminal que ponga fin al mentado procedimiento administrativo. así las cosas, y dado que el descuento no fue dispuesto como consecuencia de una investigación sumaria como la descrita, forzoso es concluir que el reintegro ordenado por el municipio recurrido reviste una manifiesta antijuridicidad, en tanto no existió una indagación previa que permitiera determinar la efectividad de su procedencia, cuya resolución firme podría constituir, en caso de haberse dictado, el único basamento que permitiría justificar el descuento a la remuneración de la actora.

2.- Una profesional de la educación como la actora tiene derecho a percibir «una remuneración básica mínima nacional», así como las asignaciones que se fijen en el Estatuto Docente, además de «las que se contemplen en otras leyes», entre las que se incluye, indudablemente, la asignación correspondiente al Programa de Integración Escolar, cuya restitución ha sido impugnada. Por consiguiente, aparece con nitidez que, de ser efectivo lo aseverado por la recurrida, en el sentido de que se produjo un error en el pago del estipendio en comento a la actora, sería posible requerir de la trabajadora la restitución de las sumas indebidamente percibidas. No obstante, semejante actuación de la Municipalidad empleadora sólo podría ser admitida en la medida que se establezca fehacientemente, a través de una investigación sumaria llevada al efecto, y en la que se respeten a cabalidad los derechos de la actora, que las sumas recibidas por ésta en los meses de marzo, abril y mayo del año 2020 en razón de la asignación de que se trata fueron pagadas «indebidamente», como lo asevera el Departamento de Educación Municipal en el acto recurrido. De este modo, la anotada omisión del municipio implica una evidente amenaza a la garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, desde que se pretende privar a la recurrente de una parte de sus remuneraciones, al disponer que debe restituir una determinada suma de dinero sin que se haya establecido previamente, mediante una completa investigación, que tal reintegro resulta procedente.

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FALTA DE SERVICIO – SALUD – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

TAPIA NÚÑEZ, LUIS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307658
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – DIAGNOSTICO MEDICO – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – DAÑO MORAL – PONDERACION DE LA PRUEBA – CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO – RECURSO DE CASACION EN LA FORMA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

El buen funcionamiento del servicio en el Cesfam implicaba, en la especie, tomar en cuenta la evolución que tuvo la menor desde la primera consulta y que la llevó a acudir nuevamente a ese establecimiento al cabo de aproximadamente 48 horas, oportunidad en la cual su derivación debió ser a un recinto de mayor complejidad. Por el contrario, la paciente fue enviada a su domicilio únicamente con la prescripción de medicamentos, evidenciándose de esta forma la prestación de un servicio deficiente. Así, la falta de servicio trajo como consecuencia la imposibilidad de tratar adecuadamente y con la premura requerida el cuadro que sufrió la menor, circunstancia que llevó a que arribara tardíamente al Hospital, tiempo en que la falta de un tratamiento idóneo motivó un agravamiento extremadamente agresivo de su condición, que le provocó la muerte al día siguiente.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en la forma deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó la demanda por falta de servicio. Esto, debido a que la ausencia de ponderación de los medios de prueba impidió establecer que el centro dependiente de la Municipalidad demandada prestó un servicio deficiente, consistente en no derivar a la paciente a un recinto de mayor complejidad donde pudiera acceder a un diagnóstico oportuno. Como consecuencia de esta omisión, al momento de ser atendida por profesionales médicos con las herramientas adecuadas en el recinto hospitalario, su condición se había agravado de manera irreversible, al punto de fallecer al día siguiente. Dicha omisión constituye el vicio de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 , en relación con el artículo 170 N° 4 , ambos del Código de Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones de hecho que le sirven de fundamento al fallo.

2.- De los antecedentes aportados se desprende que la Municipalidad, a cargo del Servicio de Atención Primaria del Urgencia (SAPU) del Cesfam , no dio debido cumplimiento a sus obligaciones de atención primaria de salud en las oportunidades que la paciente la requirió al establecimiento de su dependencia, sin que pueda afirmarse con los elementos de convicción allegados a la causa que su deceso de todos modos se habría producido de no mediar la deficiente prestación de salud que se le brindó por parte del mencionado establecimiento asistencial. En efecto, aun teniendo en consideración que algunos de los síntomas que presentó la menor son comunes a otras enfermedades, lo cierto es que se realizó una primera atención en el Cesfam, luego de la cual la niña debió regresar al establecimiento al cabo de aproximadamente cuarenta y ocho horas, reingresando en peores condiciones y demostrando un progresivo deterioro en su salud, circunstancias que aconsejaban que se hubiera dispuesto su traslado a un centro médico de mayor complejidad a fin de realizar un diagnóstico certero y determinar su tratamiento, según es posible advertir no solo del examen del «Resumen de Atención SAPU», sino también de la «auditoría de muerte infantil». Sin embargo, la auditoría practicada en el Hospital, es descartada sin más por los sentenciadores del grado, restándole de ese modo todo valor probatorio, aun cuando en ella se dejan entrever los antecedentes evidenciados por la menor antes de su fallecimiento.

3.- El buen funcionamiento del servicio en el Cesfam de la comuna implicaba, en este caso, tomar en cuenta la evolución que tuvo la menor desde la primera consulta realizada y que la llevó a acudir nuevamente a ese establecimiento, dentro de aproximadamente 48 horas, oportunidad en la cual su derivación debió ser a un recinto de mayor complejidad. En efecto, tomando en consideración la circunstancia de haber vuelto a consultar con síntomas persistentes, a pesar de los medicamentos administrados durante la primera atención médica, además de la presencia de un nuevo elemento (rash cutáneo), permitía razonablemente realizar una prospección de la evolución que tendría la paciente y, en razón de ello, la necesidad de que fuera atendida en un centro distinto a aquel en el que se proporcionan tan solo cuidados básicos en salud. En vista de ello, el buen funcionamiento del servicio implicaba, al menos, la derivación de la niña a otro recinto de mayor complejidad que garantizara la presencia de un médico y la práctica de exámenes que permitieran determinar la razón de la persistencia de los síntomas. Por el contrario, la paciente fue enviada a su domicilio únicamente con la prescripción de medicamentos, evidenciándose de esta forma la prestación de un servicio deficiente, configurándose así una falta de servicio en los términos del artículo 38 de la Ley Nº19.966, 42 de la Ley Nº18.575 y 152 de la Ley N°18.695. (De la sentencia de reemplazo)

4.- Se privó en todo momento a la menor de recibir la atención adecuada a través de su oportuna derivación a un centro de salud de mayor complejidad, que le habría permitido acceder a la posibilidad de un diagnóstico certero y al inicio del tratamiento acorde a la patología realmente sufrida. En cambio, la falta de servicio incurrida por el Cesfam establecimiento que se encuentra bajo la administración de la Municipalidad demandada, trajo como consecuencia la imposibilidad de tratar adecuadamente y con la premura requerida el cuadro que sufrió la menor, circunstancia que llevó a que arribara tardíamente al Hospital, tiempo en que la falta de un tratamiento idóneo motivó un agravamiento extremadamente agresivo de su condición, que le provocó la muerte al día siguiente. (De la sentencia de reemplazo).

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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA C/ INVERSIONES SANTA SARA LIMITADA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307683
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario
VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – JUICIO EJECUTIVO – EXCEPCIONES – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – TRIBUTO – SOCIEDADES – INVERSIONES – OBJETO SOCIAL – HECHO GRAVADO – PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

La sociedad demandada desarrolla únicamente una inversión pasiva como rentista de capitales mobiliarios, sin que se hubiere demostrado que prestó servicios a terceros en términos tales que se la pudiera calificar como una empresa que ejerce una actividad terciaria, quedando en evidencia el desacierto de los sentenciadores al acudir únicamente al objeto social de la ejecutada para dar por establecido el hecho gravado, con prescindencia del necesario ejercicio efectivo de una actividad gravada, vulnerando así el principio de reserva legal que rige en materia tributaria.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutada en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó las excepciones de los numerales 14 y 7 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil al estimar que que la empresa recurrente es una sociedad de inversión y rentista de capitales mobiliarios en general, que efectúa actividades de lucro, por lo que dicha actividad debe ser calificada como terciaria de conformidad al artículo 2 letra c) del Decreto 484, y siendo este un hecho gravado según como lo dispone el artículo 23 del D.L. N°3.063, y como expresamente lo señala el artículo 24 del mismo cuerpo legal, la nulidad que alega la ejecutada no se configura. Al respecto, la sentencia impugnada aplica el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales a un caso en que no se acreditó el ejercicio de una actividad gravada, y al razonar de esa manera, arribó a un pronunciamiento equivocado sobre la excepción del artículo 464 N°14 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, la sociedad ejecutada desarrolla únicamente una inversión pasiva como rentista de capitales mobiliarios, sin que se hubiere demostrado que prestó servicios a terceros en términos tales que se la pudiera calificar como una empresa que ejerce una actividad terciaria, quedando en evidencia el desacierto de los sentenciadores al acudir únicamente al objeto social de la ejecutada para dar por establecido el hecho gravado, con prescindencia del necesario ejercicio efectivo de una actividad gravada, vulnerando así el principio de reserva legal que rige en materia tributaria.

2.- Un detenido estudio del sentido, alcance y ámbito de aplicación del artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, en armonía con los principios de reserva y legalidad que informan la normativa tributaria, ha conducido a definir que para la procedencia del tributo en cuestión, no basta con identificar una actividad lucrativa. Es necesario, además, que se realice una actividad gravada, lo cual en el caso de las sociedades de inversión consistiría en la prestación de un servicio como lo sería una asesoría mediante profesionales que estudien el mercado y guíen a los inversionistas. En contraposición a ello, una sociedad de inversión que adquiere bienes solo con fines rentísticos, sin involucrar producción de bienes ni prestación de servicios, no incurre en el hecho gravado por el artículo 23 del Decreto Ley N°3.063.

3.- El artículo 23 del Decreto Ley N°3.063 condiciona la obligación tributaria al ejercicio de una profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria; o bien, a que se ejerza una actividad primaria o extractiva. En ninguna de sus partes el artículo 23 del Decreto Ley N°3063 establece que las actividades lucrativas, en forma genérica, deban pagar patente municipal, lo cual debe concatenarse con los principios de la tributación en virtud de los cuales un patrimonio no puede gravarse por el sólo hecho de que exista, menos aún puede imponerse una obligación tributaria por un hecho que no está definido en la ley. Recordemos que, conforme al principio constitucional de reserva legal, la interpretación de elementos tales como el sujeto, el hecho gravado, la tasa y la base imponible, debe realizarse con carácter estricto, sin que el desarrollo reglamentario pueda llegar a ampliar o extender el hecho gravado más allá del límite y lineamientos que fueron fijados por el legislador, ni siquiera por la vía de extender su interpretación por vía complementaria. En este sentido, cobra relevancia en la forma rigurosa como se ha definido la actividad terciaria en el artículo 2º letra c) del Reglamento de la Ley de Rentas Municipales. Es decir, abarca únicamente las actividades de comercio, la distribución de bienes y la prestación de servicios de todo tipo, debiendo, por lo tanto, interpretarse este gravamen municipal en términos restringidos y circunscritos, en ningún caso, más allá de la ley.

4.- La recta interpretación del artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales no puede soslayar que la alusión a las sociedades de inversión solo tiene por finalidad explicitar el lugar de pago de la patente en la hipótesis que no exista un domicilio comercial, pero ello, ciertamente, siempre y cuando se verifique el hecho gravado por el Decreto Ley Nº3.063. En ningún caso puede entenderse que la referida mención constituya a las sociedades de inversión en sujetos del gravamen municipal, por su sola naturaleza y con prescindencia del ejercicio efectivo de una actividad gravada, teniendo además en consideración que en la historia fidedigna de esta disposición tampoco se advierte una intención en tal sentido.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

MORAGA TOBAR, MARÍA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307645
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – ORGANOS DEL ESTADO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA –

La sentencia impugnada yerra al acoger el recurso de nulidad invalidando lo resuelto por la sentencia del grado que había estimado procedente la condena al pago de las cotizaciones previsionales que corresponden por todo el período que duró la relación laboral, pues debió rechazarlo. Además, se concluye que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, rechazó condenar a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales. Esto, debido a que la sentencia impugnada yerra al acoger el recurso de nulidad invalidando lo resuelto por la sentencia del grado que había estimado procedente la condena al pago de las cotizaciones previsionales que corresponden por todo el período que duró la relación laboral, pues debió rechazarlo.

2.- El ordenamiento jurídico chileno considera que el entero de los aportes que deben pagar los trabajadores para los efectos previsionales corresponde a una carga que le compete al empleador, mediante descuento que debe ejercer de sus remuneraciones, a fin de ponerlos a disposición del órgano previsional pertinente, dentro del plazo que fija la ley. Por otro lado, la naturaleza imponible de los haberes es determinada por el legislador, de modo que es una obligación inexcusable del empleador, atendida la naturaleza de las remuneraciones, realizar las deducciones pertinentes y efectuar su posterior e íntegro entero en los organismos previsionales respectivos desde que se comenzaron a pagar las remuneraciones.

3.- Si bien es indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa y, en consecuencia, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

MILLÁN C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO PARA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR
Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de Castro
Fecha: 4 de agosto de 2021
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307611
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DISCRIMINACION LABORAL – ACOSO LABORAL – DENUNCIA – ACOSO SEXUAL – SUMARIO ADMINISTRATIVO – DESTITUCION DEL FUNCIONARIO – SENTENCIA CONDENATORIA – RECHAZO DE LA DEMANDA –

Respecto a los indicios de acoso laboral mencionados por el actor en su denuncia, no resulta atendible aquel que dice relación con que la Corporación habría instruido sumario en contra del demandante sin esperar resolución judicial, puesto que el estatuto de atención primaria en relación con el estatuto administrativo, no establece como requisito para que el Alcalde haga uso de esta facultad, necesitar un pronunciamiento judicial, sino que es su prerrogativa cuando se cometen actos que merezcan una sanción como es el caso. Bajo ningún concepto puede considerarse que la destitución del actor de su cargo, por aplicación de las sanciones del estatuto administrativo, es apresurada, si se considera que él tenía conocimiento desde dos años antes que estaba siendo sometido a investigación sumaria y sumario administrativo por la denuncia de acoso sexual que pesaba en su contra y que tenía conocimiento cierto que de ser condenado por ese delito seria destituido.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la denuncia de vulneración de derechos por acoso laboral y discriminación laboral interpuesta por el funcionario destituido. Esto, debido a que respecto a los indicios de acoso laboral mencionados por el actor en su denuncia, no resulta atendible aquel que dice relación con que la Corporación habría instruido sumario en contra del demandante «sin esperar resolución judicial», puesto que el estatuto de atención primaria en relación con el estatuto administrativo, no establece como requisito para que el señor Alcalde haga uso de esta facultad, necesitar un pronunciamiento judicial, sino que es su prerrogativa cuando se cometen actos que merezcan una sanción como es el caso. Bajo ningún concepto puede considerarse a juicio de esta sentenciadora, que la destitución del actor de su cargo, por aplicación de las sanciones del estatuto administrativo, es apresurada, si se considera en primer lugar que él tenía conocimiento desde el año 2018 -más de dos años antes que el despido- que estaba siendo sometido a investigación sumaria y sumario administrativo por la denuncia de acoso sexual que pesaba en su contra, y tenía conocimiento cierto desde de octubre de 2019 que de ser condenado por ese delito seria destituido por lo cual no es comprensible la idea de «apresurado», ya que, por el contrario, la Corporación se encuentra obligada a sancionar administrativamente conductas como éstas y por sobre todo a proteger a la población y usuarios del sistema de salud primario de encontrarse en situaciones riesgosas.
2.- Las sanciones administrativas en cuanto aplicación para poner término a una relación laboral no están supeditadas al actuar de los tribunales de justicia o al derecho penal. En cuanto a la vulneración de derecho fundamentales de no discriminación, se considera que el relato que se expresa en la denuncia dice relación con razones de texto que finalmente no son plasmados en el caso concreto por lo que la denuncia carece de una exposición clara y circunstanciada de los hechos en este punto, por lo que resulta rechazada y lo mismo ocurre con el derecho a la honra, más aun cuando es el mismo actor en juicio quien no discute la falsedad de la imputación en la original denuncia de acoso sexual del año 2018.

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