Corte de Arica acogió recurso de reclamación al constatar que municipio aplicó erróneamente silencio negativo

 

Municipio aplicó institución ante apelación formulada empresa adjudicataria que impugnó aplicación de multas por ejecución en contratación pública, que se regía bajo el estatuto especial de las respectivas bases administrativas.

En días recientes la primera sala de la Corte de Apelaciones de Arica acogió una reclamación por ilegalidad municipal interpuesta por una empresa adjudicataria contra el actuar de un municipio, consistente en no emitir pronunciamiento frente a la apelación formulada por la reclamante en contra de la aplicación de multas en contrato administrativo, limitándose posteriormente a declarar que había operado la institución del silencio negativo en virtud del artículo 65 de la Ley 19.880.

Los sentenciadores observaron que «la Reclamante de autos luego que la Municipalidad aplicó las multas ya descritas de conformidad a las Bases Administrativas Especiales, procedió a apelar la sanción aplicada por el eventual incumplimiento.
Sin embargo, la autoridad administrativa decidió no emitir pronunciamiento respecto de las apelaciones deducidas en un procedimiento sancionatorio especial, amparándose en el silencio negativo contemplado en el artículo 65 de la Ley 19.880, lo que resulta improcedente, dado que ese efecto que se le asigna al silencio, se encuentra regulado en una Ley que fija criterios de carácter general y, actúa solo en el caso que no exista un régimen jurídico especial, como ocurre en este caso, donde el sistema de aplicación de sanciones por eventuales incumplimiento se encuentra especialmente regulado en la relación contractual que liga a las partes, de manera que corresponde que ante la activación de ese sistema por parte del Reclamante, la contraparte, que en este caso es la Municipalidad, se somete a ese mismo régimen jurídico y resuelva lo planteado en un acto jurídico administrativo formal y completo, donde se contenga su decisión y los fundamentos que la sustentan.
Como ya lo dijera esta Corte, tal proceder, excede no sólo las bases del contrato con la empresa …, sino que vulnera principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración, los que además tienen expresa consagración legislativa. En efecto, en primer término se vulnera el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la decisión final debe ser no sólo oportuna, sino también motivada, lo que no sucedió en la especie al no aportarse fundamento alguno del rechazo de las apelaciones deducidas por parte de la administración. Cabe recordar que el silencio constituye una garantía para el administrado y no para la administración. Garantía que le permite a aquél la utilización del hecho del silencio en cualquier tiempo después de fenecido el plazo que tenía la administración para decidir». Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

ESPACIOS VERDES Y DEPORTIVOS SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Arica
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307743
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACION PUBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS – RECURSO DE APELACION – SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO –

La municipalidad incurrió en una ilegalidad, al no emitir un pronunciamiento formal y expreso respecto de las apelaciones planteadas por la Reclamante en el contexto de un procedimiento especial, consagrado en las bases administrativas especiales, que forman parte del Contrato de Servicios que liga al Reclamante con la Municipalidad, lo cual excluye los efectos del silencio negativo en el orden administrativo contemplado en el artículo 65 de la Ley 19.880, norma que no es aplicable en la especie, de manera que corresponde acoger el reclamo de ilegalidad.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el reclamo de ilegalidad deducido por la empresa en contra de la municipalidad pues incurrió en una ilegalidad, al no emitir un pronunciamiento formal y expreso respecto de las apelaciones planteadas por la Reclamante en el contexto de un procedimiento especial, consagrado en las bases administrativas especiales, que forman parte del Contrato de Servicios que liga al Reclamante con la Municipalidad, lo cual excluye los efectos del silencio negativo en el orden administrativo contemplado en el artículo 65 de la Ley 19.880, norma que no es aplicable en la especie.

2.- La reclamante luego que la Municipalidad aplicó las multas por incumplimientos de conformidad a las Bases Administrativas Especiales, procedió a apelar la sanción aplicada por el eventual incumplimiento. Sin embargo, la autoridad administrativa decidió no emitir pronunciamiento respecto de las apelaciones deducidas en un procedimiento sancionatorio especial, amparándose en el silencio negativo contemplado en el artículo 65 de la Ley 19.880, lo que resulta improcedente, dado que ese efecto que se le asigna al silencio, se encuentra regulado en una Ley que fija criterios de carácter general y, actúa solo en el caso que no exista un régimen jurídico especial, como ocurre en este caso, donde el sistema de aplicación de sanciones por eventuales incumplimiento se encuentra especialmente regulado en la relación contractual que liga a las partes, de manera que corresponde que ante la activación de ese sistema por parte del Reclamante, la contraparte, que en este caso es la Municipalidad, se somete a ese mismo régimen jurídico y resuelva lo planteado en un acto jurídico administrativo formal y completo, donde se contenga su decisión y los fundamentos que la sustentan.

3.- El proceder de la municipalidad reclamada excede no sólo las bases del contrato con la empresa, sino que vulnera principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración, los que además tienen expresa consagración legislativa. En efecto, en primer término se vulnera el principio del debido proceso, pues resulta indudable que para que exista un procedimiento racional y justo la decisión final debe ser no sólo oportuna, sino también motivada, lo que no sucedió en la especie al no aportarse fundamento alguno del rechazo de las apelaciones deducidas por parte de la administración. El silencio constituye una garantía para el administrado y no para la administración. Garantía que le permite a aquél la utilización del hecho del silencio en cualquier tiempo después de fenecido el plazo que tenía la administración para decidir. No obstante, en la especie la administración se amparó en el «Silencio Negativo» en beneficio propio, lo que vulnera el derecho de defensa pues en un Estado de Derecho, las peticiones o solicitudes elevadas conforme a la ley, no pueden quedar sin respuesta, y menos puede admitirse la denegación de justicia. Siendo el derecho de defensa uno de los pilares del debido proceso, debe ser acatado tanto en las acciones judiciales y en las actuaciones administrativas. Y no se trata tan sólo de que la persona pueda entregar o formular físicamente su petición a la Administración, sino de asegurar que ésta le dé curso y que oportuna y motivadamente se le resuelva el fondo.

Consulte sentencia a texto completo

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