Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 15

FALTA DE SERVICIO – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

MARTÍNEZ GUAJARDO, JAVIERA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCÓN – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307817
Compendia: Microjuris
VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – FALTA DE SERVICIO DE LA ADMINISTRACION – CALLES Y CAMINOS PÚBLICOS – TRÁNSITO PEATONAL – RELACION DE CAUSALIDAD – DAÑOS Y PERJUICIOS – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – EXPOSICIÓN IMPRUDENTE AL DAÑO – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Resultó establecida la falta de servicio que se imputó a la municipalidad por cuanto no señalizó de manera oportuna y eficaz la existencia de algún peligro o riesgo de caída al transitar por la vía objeto de estos antecedentes, como tampoco dispuso barreras u obstáculos que impidieran el tránsito de peatones por el sector, debiendo hacerlo en virtud de su calidad de administradora de los bienes nacionales de uso público, motivo que hace nacer sobre ella la responsabilidad indemnizatoria en relación a los daños causados por tales omisiones, dado que existe entre ambos un vínculo causal directo. Además, no puede estimarse que la víctima hubiere concurrido a la generación del daño, por cuanto transitó por la única vía disponible al efecto, atendido que el municipio no le proveyó de una opción segura, debiendo hacerlo.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, redujo el monto de la indemnización al estimar que existió exposición imprudente de la víctima al daño. Al respecto, en la especie la demandante transitaba como peatón llevando su bicicleta al costado, momento en que cayó a los roqueríos desde una altura de entre cuatro y cinco metros, debiendo ser rescatada por personal de Bomberos con uso de una grúa. De este modo,
no puede estimarse que la víctima hubiere concurrido a la generación del daño, por cuanto transitó por la única vía disponible al efecto, atendido que el municipio no le proveyó de una opción segura, debiendo hacerlo. En consecuencia, al estimar los sentenciadores de segunda instancia que la víctima se expuso imprudentemente al daño y, con ello, proceder a la rebaja de los montos indemnizatorios, han incurrido en una errada aplicación del artículo 2330 del Código Civil.

2.- Resultó establecido por un lado, que la demandada no cumplió con su obligación de señalizar la vía a fin de precaver a transeúntes y ciclistas sobre el peligro de transitar por el lugar donde ocurrieron los hechos, como tampoco instaló barreras para evitar el ingreso y, por otro, la falta de un lugar seguro para la circulación de peatones puesto que, si bien existía una vereda contraria, en ella se estacionaban vehículos, sin dejar espacio para quienes caminaban por el sector. En este escenario, la actora se vio en la necesidad de caminar por un lugar que le permitiera continuar su trayecto, viéndose imposibilitada de cruzar la calle, por la existencia de automóviles en la vereda – lo cual significaría transitar por la calzada, exponiéndose a vehículos en ambos sentidos – razón por la cual, ante la falta de señales u obstáculos que se lo impidieran, circuló por el único lugar disponible.

3.- La culpa de la víctima en el derecho chileno, como regla de atenuación de responsabilidad, tiene el efecto de reducir la obligación indemnizatoria del autor del daño, pues no resulta legítimo que éste repare la totalidad del perjuicio que la víctima contribuyó a crear.

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JUICIO EJECUTIVO – CESIÓN DE FACTURAS – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

ORSAN FACTORING S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALDERA – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307833
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – CESION DE CREDITOS – TÍTULO INOPONIBLE – FACTURAS – EXCEPCIONES – PAGO – BUENA FE – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

Tratándose de una factura electrónica, como en la especie, la notificación de su cesión al deudor solo puede practicarse mediante la anotación en el registro público electrónico de transferencias que lleva el Servicio de Impuestos Internos y se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro señalado. No basta con que el tercero a quién se realiza el pago sea el poseedor del crédito sino que, además, el deudor no debe tener los medios para saber que en realidad no es el acreedor, circunstancia que objetivamente no se verifica en la especie, en tanto a la época del pago la cesión constaba en un registro público electrónico de libre acceso.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la municipalidad ejecutada en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó las excepciones del artículo 464 N°7 y 9 del Código de Procedimiento Civil. Esto, debido a que los jueces, al rechazar la excepción de pago, no han incurrido en los errores de derecho que el recurso les atribuye, pues el pago realizado al cedente con posterioridad a la notificación de la cesión del crédito resulta inoponible al cesionario. En efecto, la cesión surtió todos sus efectos respecto del deudor desde la fecha en que este fue noticiado, el 16 de marzo de 2017. Sin embargo, el día 20 de marzo de 2017 el ejecutado pagó la factura al cedente y reclama que dicho pago fue hecho de buena fe a quién suponía se encontraba aún en posesión del título, invocando al efecto el artículo 1576 inciso segundo del Código Civil, que dispone: «el pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.». Al respecto, según doctrina este precepto recoge la teoría de la apariencia y el error común, pues en los casos en que se paga de buena fe a quien estaba en posesión del crédito, éste no tenía en realidad derecho a percibirlo y habría que concluir que no ha extinguido la obligación frente al verdadero acreedor, pero el legislador protege al deudor que se encuentra ante una persona que es poseedora del crédito y en todo se comporta como si fuere el acreedor, sin que el deudor tenga medios de saber que realmente no es así, aplicando el principio de que el error común constituye derecho. Ello resultan especialmente esclarecedor en este punto, en tanto precisa que no basta con que el tercero a quién se realiza el pago sea el poseedor del crédito sino que, además, el deudor no debe tener los medios para saber que en realidad no es el acreedor, circunstancia que objetivamente no se verifica en la especie, en tanto a la época del pago la cesión constaba en un registro público electrónico de libre acceso.

2.- Tratándose de una factura electrónica, como en el caso sublite, la notificación de su cesión al deudor solo puede practicarse mediante la anotación en el registro público electrónico de transferencias que lleva el Servicio de Impuestos Internos y se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro señalado.

3.- El uso de la expresión «se entenderá» (que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor al día hábil siguiente) debe ser interpretado como una presunción simplemente legal de conocimiento y, como tal, conforme al inciso tercero del artículo 47 del Código Civil, es una circunstancia que admite prueba en contrario, permitiéndose probar la no existencia del hecho que legalmente se presume. Sin embargo, establecer tal circunstancia implica adentrarse en el plano de los hechos, terreno que le está vedado al tribunal de casación, al no haberse impugnado el fallo recurrido denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba.

4.- La factura no fue reclamada en los términos del artículo 3 de la Ley Nº 19.983, pues ninguna objeción se formuló respecto de su contenido o de falta de prestación total o parcial de los servicios, sino que únicamente se remitió un correo electrónico al cesionario informando que la factura había sido pagada al emisor. Por otra parte, habiendo transcurrido el plazo legal sin que la factura fuera legalmente reclamada, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5 letra c) y 9 inciso primero de la ley resulta innecesario el acuse recibo, ya sea físico o electrónico, para que esta pueda gozar de fuerza ejecutiva. En consecuencia, al desestimar la excepción opuesta en subsidio, los juzgadores no han incurrido en los errores de derecho que el arbitrio les atribuye.

5.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo dedudico por la parte demandada pues son hechos establecidos en la causa, entre otros que, si bien la factura que se cobra tiene como fecha de emisión el 16 de febrero de 2017, lo cierto es que recién fue recepcionada por la ejecutada el día 15 de marzo de 2017 en que pudo tomar conocimiento de su contenido, y comienza a correr el término de ocho días para ejercer su derecho a reclamación. Sin embargo, según se consigna el documento en mención fue cedido también ese mismo día 15 de marzo de 2017, lo que desde luego constituye una actuación, a lo menos inesperada y no prevista de ese modo por el legislador, misma fecha además en la que se ingresa el hecho de la cesión en el Registro Electrónico del Servicio de Impuestos Internos con miras a entender notificado al deudor al día siguiente, esto es, el 16 de marzo de 2017. Además, para mayor confusión de la ejecutada, se estableció que con fecha 16 de marzo de 2017, (en que se la pretende tener por notificada de la cesión por la vía ya indicada) se le comunicó por carta certificada el hecho de la cesión, la que fue recibida recién el 20 de marzo del citado año, misma fecha en que la deudora había procedido a depositar en la cuenta corriente de la acreencia que se cobra. Bajo dichas circunstancias, que la propia ejecutante califica como un pago efectuado – a la emisora y cedente de la factura, – por error de la ejecutada, dan cuenta claramente de haber obrado esta última con plena buena fe, siendo sorprendida en el marco de la serie de hechos antes anotados, situación que encuadra a cabalidad con aquella descrita en el inciso segundo del artículo 1576 del Código Civil, esto es, el pago hecho de buena fe al poseedor del crédito, aún sin éste serlo, quién prevaliéndose de ese carácter recibió ese pago. Cabe añadir a lo anterior, que quedó además demostrado que el proveedor cedente del crédito, luego de haber procedido a la cesión, continuó comportándose ante la deudora como si aún fuera el dueño del mismo, pues en tal calidad solicitó con fecha 17 de marzo de 2017 la reconsideración de una multa que le sería descontada del importe de la factura. (Del voto en contra de la Ministro Sra. Rosa Egnem Saldías).

6.-En la especie, la demandada no pagó al acreedor mismo -el cesionario- sino directamente al emisor de la factura, cedente de la misma. La demandada ha alegado la situación del inciso segundo del artículo 1576 del Código Civil, esto es, el pago hecho de buena fe al poseedor del crédito, quién aparece como dueño del crédito no siéndolo verdaderamente y que, prevaliéndose de ese carácter, recibió el pago. En nuestro ordenamiento la buena fe se presume, de manera que la ejecutante debió demostrar que el errado pago al emisor de la factura obedeció a la mala fe de la demandada, sin que rindiera prueba alguna al efecto. Por el contrario, ha quedado demostrado que el cedente del crédito, luego de perfeccionada la cesión, continuó comportándose ante la deudora como si aún fuera dueño del mismo, pues en tal calidad solicitó con fecha 17 de marzo de 2017 la reconsideración de una multa que le sería descontada del importe de la factura. De esta forma, debe tenerse a la cesionaria como poseedor del crédito en los términos del artículo 1576 inciso segundo del Código Civil, de manera que el pago que le fuera hecho por la ejecutada es válido y ha extinguido la obligación cobrada compulsivamente en el proceso. (Del voto en contra del Ministro señor Arturo Prado Puga).

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RECURSO DE PROTECCIÓN – VACANCIA EN EL CARGO –  RECURSO DE APELACIÓN

CÁCERES C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307776
Compendia: Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DECLARACIÓN DE VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO – COMISIONES MÉDICAS – SALUD INCOMPATIBLE – SALUD IRRECUPERABLE – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO –

La Compin declaró que la salud de la actora era recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra del Decreto dictado por el Alcalde de la Municipalidad, mediante el cual se declara vacante el cargo de la recurrente por salud incompatible. Esto, debido a que la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y; en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 151 , del Estatuto Administrativo. En la especie, la Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución.

2.- Las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor.

3.- El ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del Servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas por lo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. Es en este contexto, más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores, debe fundarse en antecedentes técnicos que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al Jefe de Servicio para declarar la vacancia del cargo.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – ESTATUTO DOCENTE – 

ZAMORANO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307774
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – HONORARIOS – PRIMACIA DE LA REALIDAD – PONDERACION DE LA PRUEBA – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

El tiempo durante el cual las partes permanecieron vinculadas, superior a cuatro años, y las características propias de esta relación, que incluían una fuerte subordinación de la trabajadora a las órdenes y directrices del secretario municipal, indican que la ejecución del servicio convenido con Correos de Chile, devino en una función habitual de la municipalidad, de manera que el contrato suscrito con la demandante, no corresponde a las hipótesis estrictas del artículo 4 de la Ley N°18.883, por lo que se debe aplicar el Código del Trabajo, puesto que la situación descrita es asimilable al que regula su artículo 7, debiendo concluirse que el que rigió la relación entre la demandante y la entidad edilicia, responde al vínculo que se define en esta disposición.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral al estimar que el carácter de cometido específico de la labor que desarrollaba la demandante lo da precisamente la existencia del convenio que suscribió la Municipalidad antes mencionada con Correos de Chile para la realización de un cometido puntual que no es propio de las funciones específicas de un municipio pero que significaba un beneficio para la comunidad. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues el tiempo durante el cual las partes permanecieron vinculadas, superior a cuatro años, y las características propias de esta relación, que incluían una fuerte subordinación de la trabajadora a las órdenes y directrices del secretario municipal, indican que la ejecución del servicio convenido con Correos de Chile, devino en una función habitual de la Municipalidad, de manera que el contrato suscrito con la demandante, no corresponde a las hipótesis estrictas del artículo 4 de la Ley N°18.883, por lo que se debe aplicar el Código del Trabajo, puesto que la situación descrita es asimilable al que regula su artículo 7 , debiendo concluirse que el que rigió la relación entre la demandante y la entidad edilicia, responde al vínculo que se define en esta disposición.

2.- Si se trata de una persona natural que no obstante estar sometida a un estatuto especial, no prestó servicios en la forma que dicha normativa prescribe, o tampoco lo hizo en las condiciones específicas previstas para los servicios públicos -ingresando como planta, contrata o suplente-, resulta inconcuso que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo, si, además, concurren los rasgos característicos de este tipo de relaciones -prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia a cambio de una remuneración-, no sólo porque su vigencia constituye la regla general, sino porque no es dable admitir que, por tratarse de un órgano del Estado, que debe someterse al principio de juridicidad recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para mantener la precariedad de sus trabajadores.

3.- Para determinar cuándo un servicio es específico y ocasional, se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.883, conforme al cual, para el cumplimiento de sus funciones propias, cada Municipalidad cuenta con una dotación permanente y otra transitoria, conformada por los funcionarios de planta y a contrata, respectivamente, y, además, aquélla compuesta por quienes sirven en calidad de honorarios, modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, asistiéndole sólo los derechos establecidos en el respectivo contrato, resultando que lo trascendente para lo discutido, es qué debe entenderse por «labores accidentales y no habituales de la municipalidad», siendo tales las que, no obstante ser particulares de dicho ente, son ocasionales, esto es, circunstanciales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; en tanto que son cometidos específicos, las labores puntuales, es decir, que están claramente determinadas en el tiempo y perfectamente singularizadas.

4.- La acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 4 de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de las normas contenidas en dicho código para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado, en la especie una Municipalidad, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo; en otros términos, corresponde calificar como vínculo de carácter laboral, sometido al Código del Trabajo, a los contratos a honorarios que se ejecuten fuera del marco legal que establece -para el caso- el artículo 4 de la Ley N°18.883, que autoriza su celebración sólo si se ajustan a las condiciones que prescribe.

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DECLARACIÓN  DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA  

TAPIA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307849
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – ORGANOS DEL ESTADO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

No procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector. En relación a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral se concluye que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral, de despido injustificado, rechazó aplicar la sanción de nulidad y condenar a la municipalidad la pago de las cotizaciones previsionales durante el tiempo que se extendió la relación laboral. Al respecto, en relación a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral se concluye que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época, por lo que yerra la Corte de Apelaciones al rechazar dicha pretensión, pues debió accederse a dicha pretensión, pues por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia de la relación laboral, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, de tal modo que al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, se incurrió en la vulneración del artículo 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500.

2.- La naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos.

3.- Se rechaza el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó aplicar la sanción de nulidad del despido. Esto, debido a que siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base. Sin embargo, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

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PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – ESTATUTO DOCENTE – 

CISTERNAS C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO SOCIAL DE MAIPÚ
Tribunal: Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307667
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DESPIDO – ESTATUTO DOCENTE – PROFESIONALES DE LA EDUCACION – RECHAZO DE LA DEMANDA –

En la especie consta que la actora no fue sujeto de un concurso público de antecedentes, y sus funciones de Docente Apoyo Técnico Pedagógico son subsumibles en el inciso final del artículo 25 del Estatuto Docente en tanto especiales. De este modo, en la especie, los requisitos del despido son que se trate de un acto formal y fundado, lo que se satisface con la invocación de la causal de la carta, que es aquella que contempla para el término el artículo 72 metra d) del Estatuto Docente, lo que descarta la ilegalidad pretendida. Lo anterior, en virtud de que efectivamente la calidad jurídica de la demandante no supone un contrato indefinido sino uno renovable año a año. Ello no se ve alterado por la omisión de regularización en un anexo de contrato del último periodo, como tampoco por la falta de aviso anticipado, no obstante la fijación de la dotación es un dato con el que debía contarse con antelación, conforme a la normativa aplicable.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la demanda de vulneración de derechos y de despido improcedente interpuesta por la demandante en contra de la corporación municipal pues si bien puede vislumbrarse un clima laboral complejo, ello radica principalmente en la situación del sumariado Director de Educación, en cuyo equipo de trabajo se desenvolvía la actora. En ese sentido, evidentemente ello supone una alteración en la habitualidad del trabajo y forma desempeño de la denunciante en su trabajo, sobre todo en cuanto aquel se encontraba suspendido de sus funciones. No obstante, ello no resulta idóneo para establecer que una actitud hostil como la sugerida se haya radicado en la demandante, y que haya devenido en su despido por motivos subyacentes diversos a los indicados en la carta. Entonces, resulta que en la especie la denunciante no dio cuenta de existir actos ejecutados por parte del empleador revistan el carácter de vulneratorios de la garantía a la integridad física y psíquica de aquella, en cuanto la carga de la prueba le exige.

2.- Se rechaza la demanda subsidiaria de despido improcedente por cuanto en la especie consta que la actora no fue sujeto de un concurso público de antecedentes, y sus funciones de Docente Apoyo Técnico Pedagógico son subsumibles en el inciso final del artículo 25 del Estatuto Docente en tanto especiales. A su turno, respecto de la duración del contrato de trabajo de la actora, consta del anexo de 23 de marzo de 2017 que en la cláusula primera se estipula que a contar del 01 de marzo de 2017 y hasta el 28 de febrero de 2018 la actora se desempeñará como docente poyo técnico pedagógico. Luego, en el anexo de 1 de abril de 2018, si bien no se determina plazo de duración en la cláusula tercera se consigna asignación, pagadera hasta que la actora desempeñe el cargo o hasta el 28 de febrero de 2019, lo que se condice con la duración regular de los contratos, en el entendido que el primer supuesto se concibe para una terminación anticipada. En este punto advierte que mientras a los trabajadores regidos por Código del Trabajo les es susceptible una renovación como la que pretende la actora, que torna en indefinido el contrato, y que si bien respecto de los profesionales de la educación que se desempeñan en el sector particular se regula la renovación del contrato conforme a las normas del Código del Trabajo, ello no se extiende al caso de la actora, respecto de sus funciones y desempeño en un Corporación educacional municipal.

3.- En la especie no medió anticipación alguna entre el aviso del contrato y su término, ante lo cual en virtud del artículo 71 de Estatuto Docente, se tiene por supletorio el supuesto del artículo 161 inciso segundo del Código del Trabajo, en lo que respecta al aviso previo. No obstante, en particular, en el caso, los requisitos del despido son que se trate de un acto formal y fundado, lo que se satisface con la invocación de la causal de la carta, que es aquella que contempla para el término el artículo 72 letra d) del Estatuto Docente, lo que descarta la ilegalidad pretendida. Lo anterior, en virtud de que efectivamente la calidad jurídica de la demandante no supone un contrato indefinido sino uno renovable año a año. Ello no se ve alterado por la omisión de regularización en un anexo de contrato del último periodo, como tampoco por la falta de aviso anticipado, no obstante la fijación de la dotación es un dato con el que debía contarse con antelación, conforme a la normativa aplicable. Adicionalmente, no obstante el hecho que la terminación del contrato haya coincidido con encontrarse la actora con licencia, lo cual resulta a todas luces indeseable para efectos de su reintegro al ámbito laboral, en alguna otra entidad, por la naturaleza de la relación jurídica entre las partes -a plazo fijo-, ello no incide en la legalidad del despido.
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