Corte de Santiago desechó recurso de reclamación de ilegalidad ante acto que caducó permiso de edificación de stripcenter

Municipio constató que las obras realizadas por la reclamante no comprendían la totalidad de los trazados y excavaciones contempladas en los planos del Permiso de edificación, operando la caducidad del artículo 1.4.17 de la OGUC

En días recientes, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desechó una reclamación de ilegalidad municipal deducida contra el acto administrativo que declaró la caducidad de un permiso de edificación para construir un proyecto inmobiliario de 15 pisos, con destino habitacional y comercial; fundada en la circunstancia descrita en el artículo 1.4.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, esto es, si a los tres años de concedido de concedido el permiso, no se hubiera iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso. La norma indica también que «Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto».

1.4.17 que «El permiso caducará automáticamente si a los tres años de concedido de concedido el permiso, no se hubiera iniciado las obras correspondientes o si éstas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso. Una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos del proyecto».

El fallo expresa que: «la caducidad opera de pleno derecho si el responsable o ejecutor de la obra no ha comenzado siquiera los trabajos o los ha paralizado. Debiendo en el primer caso haber realizado los trazados y comenzado las excavaciones de acuerdo a los planos del proyecto presentado y autorizado de edificar. Es por lo tanto, en efecto, una cuestión de hecho constatable por vía inspectiva o de fiscalización en terreno».
Agrega, «que de acuerdo a los antecedentes aportados por las partes, en la visita de 28 de junio de 2019, personal del Departamento de Inspección, conjuntamente con el personal del departamento de Edificaciones y el Director de Obras Municipales, concurrió al lugar de emplazamiento de la edificación observando, según reseñaron en el memorándum 825/19 de 8 de julio de 2019, que «.se pudo constatar que en terreno se desarrollan faenas constructivas correspondientes a las partidas de trazados, niveletas y excavaciones que corresponden a los edificios antes señalados (Plano P-01). La profundidad de las excavaciones constan de un metro de profundidad aproximadamente, de igual forma, se pudo apreciar que no obstante existir niveletas en la totalidad de la obra, no fue posible constatar la definición total de los ejes constructivos, y en consecuencia, tampoco fue posible determinar la exacta correspondencia del emplazamiento antes señalado.».
Observan los sentenciadores que: la decisión de caducidad se apoya no solamente en la existencia o no del Libro de Obras con la recepción de los trabajos, sino esencialmente en que los antecedentes de la visita inspectiva que «.permiten concluir que las faenas constatadas dan cuenta de la ejecución de trabajos parciales que (sic) despeje y limpieza del predio, y la ejecución de algunos trazados, niveles y excavaciones, que resultan insuficientes para asegurar que, en los términos exigidos en el artículo 1,4,17, se hayan efectuado la totalidad de los trazados y dado inicio a las excavaciones contempladas en los planos del referido Permiso de edificación.»
Consulte sentencia analizada por Microjuris, a continuación.

MAR ADENTRO INVERSIONES S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL – SÉPTIMA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Séptima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307896
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Aun cuando existe una discusión acerca de haberse constatado o no la recepción de los trabajos por los profesionales en el Libro de Obras, lo cierto es que ello no tiene mayor incidencia tal como lo indicó el informe jurídico de la municipalidad, atendido que finalmente la apreciación fundamental es la efectuada por la inspección física de carácter técnico que en definitiva concluyó que los trabajos básicos no se encontraban ejecutados. En este sentido, la resolución impugnada, que declaró la caducidad del permiso de edificación, no solo se encuentra justificada desde la perspectiva de la constatación de hechos, cuestión debidamente justificada y argumentada en el acto administrativo, sino que también se encuentra conforme con la normativa aplicable ya que al municipio solo le era exigible declarar la caducidad lo que no puede por lo tanto tornarse en ilegal sólo porque el reclamante se encuentre en desacuerdo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad deducido por la empresa en contra de la municipalidad por la resolución que declaró la caducidad del permiso de edificación. Al respecto, la caducidad opera de pleno derecho si el responsable o ejecutor de la obra no ha comenzado siquiera los trabajos o los ha paralizado. Debiendo en el primer caso haber realizado los trazados y comenzado las excavaciones de acuerdo a los planos del proyecto presentado y autorizado de edificar. Es por lo tanto, en efecto, una cuestión de hecho constatable por vía inspectiva o de fiscalización en terreno. En la especie, aun cuando existe una discusión acerca de haberse constatado o no la recepción de los trabajos por los profesionales en el Libro de Obras, lo cierto es que ello no tiene mayor incidencia tal como lo indicó el informe jurídico de la municipalidad, atendido que finalmente la apreciación fundamental es la efectuada por la inspección física de carácter técnico que en definitiva concluyó que los trabajos básicos no se encontraban ejecutados. De este modo, la decisión de caducidad se apoya no solamente en la existencia o no del Libro de Obras con la recepción de los trabajos, sino esencialmente en que los antecedentes de la visita inspectiva. En tales circunstancias no puede hallarse entonces fundamento al reclamo, desde que la Resolución no solo se encuentra justificada desde la perspectiva de la constatación de hechos, cuestión debidamente justificada y argumentada en el acto administrativo, sino que también se encuentra conforme con la normativa aplicable ya que al municipio solo le era exigible declarar la caducidad lo que no puede por lo tanto tornarse en ilegal sólo porque el reclamante se encuentre en desacuerdo.

2.- La construcción en Chile por su especial interés social se encuentra minuciosamente reglada, tanto por leyes generales como por normas de carácter técnico y urbanización, que garantizan, entre otras cualidades, la seguridad de las edificaciones, contando con un riguroso sistema de fiscalización administrativo comunal, propiciando la ejecución de los proyectos dada la intervención ambiental que su tardanza conlleva, especialmente en las zonas urbanas o densamente pobladas. En ese entendido, la Ordenanza forma parte del cuerpo legal que acompaña la actividad urbanística y de construcción, fijando aspectos de detalle por mandato expreso del legislador de la ley general, lo que echa por tierra la alegación de forma de la reclamada en torno a la imposibilidad de dirigirse el reclamo sobre un aspecto regulado en el Decreto Supremo N°47 de 1992.

3.- El vocablo «trazado» para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua española es el «recorrido o dirección de un camino, canal, etc., sobre el terreno» por lo que para estos efectos no es otra cosa que trasladar la planta de los planos al terreno para obtener la definición de los ejes constructivos, cuestión que como se aprecia no pudo ser realizado en este caso, por ello esta visita no tuvo la consecuencia que le adjudica el reclamante sino por el contrario, no fue concluyente ni dio cumplimiento al objetivo.

4.- El reclamo de ilegalidad, en tanto vía de control de los actos de autoridad que gozan de la presunción de legalidad, tiene entonces por objeto obtener que se modifique, enmiende o anule resoluciones o se subsanen omisiones, siempre que tengan la consecuencia de poner fin al procedimiento o dejar al afectado en indefensión, tal es la interpretación correcta de la exigencia de «agravio» y de «perjuicio» que establece la norma contenida en el artículo 151 de la ley 18.695, puesto que entre otras cuestiones podrían dar lugar a indemnizaciones.

Consulte sentencia a texto completo

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