Corte Suprema acoge recurso de queja interpuesto por el SERNAC en contra de sentencia que se pronunció respecto a un incidente ya resuelto





Los jueces recurridos han incurrido en una falta o abuso grave al modificar la decisión de primer grado.

Recientemente la Corte Suprema acogió el recurso de queja interpuesto por el Servicio en contra de los magistrados que revocaron el de primer grado -que acogió la querella infraccional deducida-, rechazando la acción interpuesta por el Servicio.

La sentencia establece que los jueces recurridos han incurrido en una falta o abuso grave al modificar la decisión de primer grado, volviendo a pronunciarse respecto a un incidente ya resuelto por sentencia ejecutoriada, desestimando una querella infraccional debidamente interpuesta dentro de un proceso válido, ya que no sólo se apartaron del mérito del proceso, sino que dieron lugar a una errónea aplicación de las normas en juego al caso en concreto, de manera que procede enmendar por esta vía tal falta o abuso, lo que conduce a esta Corte a acoger el recurso interpuesto y adoptar las medidas para remediarlo, ya que los jueces del fondo han fijado una certeza que no se condice con los hechos que emanan del proceso en estudio.

Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación.

(Fuente: Destacados del Editor, Microjuris)

Tribunal:   Corte Suprema

Sala:   Segunda

Colección:   Jurisprudencia

Cita:  ROL:100800-20, MJJ307965

Compendia:  Microjuris

VOCES: – CIVIL – CONSUMIDOR – EDUCACIÓN – EDUCACIÓN SUPERIOR – EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA – INCIDENTES – COSA JUZGADA – RECURSO DE QUEJA – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA –

En la especie, los jueces recurridos, al establecer la incompetencia del tribunal para conocer de la acción incoada -pese a existir una resolución firme en sentido diverso, pronunciada en los mismos autos por el tribunal de alzada-, han incurrido en una vulneración a un principio procesal básico y elemental como es la cosa juzgada. En tales condiciones, es dable concluir que los jueces recurridos han incurrido en una falta o abuso grave al modificar la decisión de primer grado, volviendo a pronunciarse respecto a un incidente ya resuelto por sentencia ejecutoriada, desestimando una querella infraccional debidamente interpuesta dentro de un proceso válido, ya que no sólo se apartaron del mérito del proceso, sino que dieron lugar a una errónea aplicación de las normas en juego al caso en concreto.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de queja interpuesto por el Servicio en contra de los magistrados que revocaron el de primer grado -que acogió la querella infraccional deducida-, rechazando la acción interpuesta por el Servicio. Al respecto, consta que la incidencia de incompetencia absoluta deducida por la querellada infraccional durante la tramitación del proceso, fue desestimada en todas sus partes por la Corte de Apelaciones. Dicha resolución, corresponde a una sentencia interlocutoria, ya que estableció el derecho permanente para la parte querellante de continuar con la tramitación de su acción en sede de Policía Local. De este modo, en la especie, los jueces recurridos, al establecer la incompetencia del tribunal para conocer de la acción incoada -pese a existir una resolución firme en sentido diverso, pronunciada en los mismos autos por el tribunal de alzada-, han incurrido en una vulneración a un principio procesal básico y elemental como es la cosa juzgada. En tales condiciones, es dable concluir que los jueces recurridos han incurrido en una falta o abuso grave al modificar la decisión de primer grado, volviendo a pronunciarse respecto a un incidente ya resuelto por sentencia ejecutoriada, desestimando una querella infraccional debidamente interpuesta dentro de un proceso válido, ya que no sólo se apartaron del mérito del proceso, sino que dieron lugar a una errónea aplicación de las normas en juego al caso en concreto.

2.- Aun cuando la Ley 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, confiere al tribunal ad quem una mayor competencia que en materia civil para pronunciarse sobre la apelación, por cuanto su artículo 35 dispone que «el Tribunal de alzada podrá pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia de primera instancia, aunque en el recurso no se hubiere solicitado su revisión», dicha instancia solo puede revisar decisiones y hechos contenidos en el fallo impugnado, además de eventuales vicios de procedimiento, careciendo de competencia para alterar interlocutorias firmes.

3.- La cosa juzgada es una institución jurídica que no tiene definición legal, por lo que se la ha descrito doctrinariamente, estimándose que es el efecto de las sentencias firmes o ejecutoriadas, para que aquel a cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio pueda pedir el cumplimiento o ejecución de lo resuelto y para que el litigante que haya obtenido en él, o todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, impidan que la cuestión ya fallada en un juicio, sea nuevamente resuelta en ese o en otro juicio.Fallo:

Santiago, cinco de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

La abogada Sra. Paulina Cid Muñoz, en representación del Servicio Nacional del Consumidor, en los autos Rol N° 2449-2015, por infracción a la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, seguidos ante el Juzgado de Policía Local de Talcahuano, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, por las graves faltas o abusos en que habrían incurrido en el pronunciamiento de la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil veinte.

Por el citado fallo, revocaron el de primer grado -que acogió la querella infraccional deducida en autos-, rechazando la acción interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor.

Según se explica por el quejoso -entre otras argumentaciones-, los jueces recurridos revocaron la sentencia apelada con falta o abuso grave, al resolver sobre un asunto respecto del cual ya se habían pronunciado en sentido contrario -en la misma causa-, sumado a una errónea interpretación y aplicación de la Ley N° 19.496, al asunto sometido a su conocimiento. Al efecto, arguye que modificaron la decisión de primer grado, volviendo a pronunciarse respecto de un incidente de nulidad -incompetencia absoluta- ya resuelto por sentencia interlocutoria firme y ejecutoriada, que producía efecto de cosa juzgada y había asentado derechos permanentes para las partes.

Por otra parte, y en cuanto al fondo de lo decidido, el recurrente refiere que se efectuó una errónea interpretación de los artículos 12 y 28 de la Ley N° 19496, en relación con el art. 2 letra d) del mismo cuerpo normativo, toda vez que el contenido de la querella dice relación con la no prestación de los servicios educativos contratados y con el incumplimiento de ciertas y determinadas prestaciones ofrecidas por la querellada -uso de laboratorios y salidas a terrenos-, cuestiones que en caso alguno versan sobre la «calidad de la educación», concepto que limita la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor a los contratos de educación.

Solicita que se haga lugar al recurso, enmendando las faltas y abusos graves cometidos, dejando sin efecto la sentencia recurrida y en su reemplazo se confirme el fallo de primer grado, con costas a favor de esta parte quejosa. En subsidio, pide la invalidación de oficio del fallo de segundo grado.

Los jueces recurridos sostuvieron, informando el recurso, que la sentencia impugnada por vía de la queja se encuentra debidamente fundada y que, en su parecer, no incurrieron en falta o abuso grave alguno, pues en su concepto, los hechos materia de la querella infraccional se refieren a reclamaciones «por la calidad de la educación» y por «las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso del denunciante señor Soto Coloma a la carrera o programa respectivo», razones por las que la querella infraccional versa sobre un asunto que está expresamente excluida del ámbito de la Ley 19.496, ya que según lo prescribe el artículo 50-A de la referida Ley, la competencia de los Juzgados de Policía Local se extiende solo a las acciones que emanan de dicha Ley.

Por resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero:

Que según se desprende del mérito de los antecedentes, por sentencia de 25 de agosto de 2020, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción revocó el fallo del Juzgado de Policía Local de Talcahuano, dictado en

la causa Rol N° 2449-2015, con fecha 06 de abril de 2018, por el que se había acogido la querella infraccional intentada por el Servicio Nacional del Consumidor en contra de Inacap y, en su lugar, rechazó dicha acción.

Segundo: Que la sentencia que se impugna por esta vía, en su motivo sexto, estableció que «(…) Los tribunales de justicia, y particularmente la Excma. Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, en general, han desestimado las denuncias que se fundan en las obligaciones del proveedor provenientes del artículo 12 de la Ley 19.496, señalando que las normas del dicho precepto – al igual que las del artículo 23 de la dicho cuerpo normativo- no se encuentran incluidos dentro de los párrafos y artículos citados en la letra d) del artículo 2° de la ley N° 19.496, que define la aplicación de la ley a los contratos de prestación de servicios educacionales (Vgr:

Servicio Nacional del Consumidor con Universidad Central de Chile, Cuarto Juzgado de Policía Local de Santiago, Rol 187-06, considerando 5°), de modo que la persecución de la responsabilidad de las instituciones de educación superior debe ser perseguida en sede civil, a través de procedimientos de lato conocimiento.

Así, del claro tenor literal de la letra d) del artículo 2 de la Ley 19.496 resulta evidente que no tiene aplicación, respecto de los contratos de educación, lo dispuesto en los artículos 12 y 23, esto es, los que en este proceso se denuncian como infringidos, puesto que ambos se encuentran precisamente ubicados dentro del Título I, Párrafos 3° y 5°, respectivamente (en este sentido «Leiva Orellana con Universidad de Las Américas», Corte de Apelaciones de Santiago, Recurso de Queja, Rol 6913 – 2007, considerando tercero)» (sic).

En el mismo sentido, en su fundamento séptimo, sostuvo que: «las disposiciones del artículo 23 de la 19.496 — al igual que las del artículo 12- no aparecen mencionadas entre aquellas que serían aplicables a los contratos de

educación, conforme al artículo 2 letra d), de la ley 19.496. Por el contrario, la ley contempla una expresa exclusión, en el inciso segundo, que señala que no quedará sujeto a esa ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación.

En este contexto, las reclamaciones sobre la calidad de los servicios educacionales no podrían ser perseguidas de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.496, sino de acuerdo a las normas del Código Civil sobre incumplimiento contractual, en un procedimiento de mayor duración, que implica la obligación para el consumidor de hacerse representar por un abogado (…)» (sic).

Finalmente, en el considerando octavo, argumenta:

«Que en torno a la pretendida infracción al artículo 28 letra c) de la Ley 19.496, sobre publicidad engañosa, esta no es tal, ya que no siendo aplicable el estatuto que contiene la denominada Ley de Protección al Consumidor —Ley 19.496- a los contratos de prestación de servicios educacionales, conforme se ha venido razonando, mal puede la denunciada y querellada contravencional haber conculcado el mandato de dicho precepto e incurrir en dicha infracción» (sic).

Tercero: Que, según consta de la revisión de los antecedentes, la incidencia de incompetencia absoluta deducida por la querellada infraccional Inacap durante la tramitación del proceso, fue desestimada en todas sus partes por la Corte de Apelaciones de Concepción, mediante resolución de fecha 30 de agosto de 2016, pronunciada en los autos Rol N° 210-2016 de dicho tribunal.

Cuarto: Que, el inciso tercero, del artículo 158 del Código de Procedimiento Civil establece que, «es sentencia interlocutoria la que falla un incidente del juicio, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, o resuelve sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria». La resolución de 30 de agosto de 2016, que se pronunció

rechazando el incidente de incompetencia absoluta promovido por la querellada infraccional, corresponde a una sentencia interlocutoria, ya que estableció el derecho permanente para la parte querellante de continuar con la tramitación de su acción en sede de Policía Local.

Por su parte, el artículo 174 del código precitado regula el momento en que una resolución judicial debe entenderse firme o ejecutoriada, señalando que, «se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes». No existe controversia

en autos que la sentencia interlocutoria de 30 de agosto de 2016, se encuentra ejecutoriada.

En el mismo orden de ideas, el artículo 175 del referido cuerpo legal prescribe que «las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada».

Quinto: Que, la cosa juzgada es una institución jurídica que no tiene definición legal, por lo que se la ha descrito doctrinariamente, estimándose que es el efecto de las sentencias firmes o ejecutoriadas, para que aquel a cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio pueda pedir el cumplimiento o ejecución de lo resuelto y para que el litigante que haya obtenido en él, o todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, impidan que la cuestión ya fallada en un juicio, sea nuevamente resuelta en ese o en otro juicio (Pereira, Hugo, La Cosa Juzgada Formal en el Procedimiento Civil Chileno, Editorial Jurídica, Santiago, 1954, p. 34).

También ha sido definida como «el efecto de verdad jurídica, indiscutible e inamovible, que la ley reconoce a las resoluciones judiciales una vez que están firmes o ejecutoriadas» (SCS N° 5.372-2003, de 19 de enero de 2005)

Sexto: Que, no obstante la apelación de la querellada, dentro de sus fundamentos pretendió nuevamente cuestionar la competencia del juzgado de policía local para conocer de la acción intentada en la especie, lo cierto es que dicha discusión quedó zanjada a propósito de la interlocutoria de 30 de agosto de 2016, según quedó anotado en los fundamentos ut supra, sentencia que al quedar ejecutoriada goza de la inamovilidad que le confiere la cosa juzgada, la cual únicamente puede ser atacada -como ha señalado esta Corte, en tre otras, en SCS N° 78.951-2016, de 25 de mayo de 2017 y N° 33.945-2019, de 27 de julio de 2020- en el evento que se haya obtenido mediante fraude, cuyo no es el caso.

Séptimo:

Que, aun cuando la Ley 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, confiere al tribunal ad quem una mayor competencia que en materia civil para pronunciarse sobre la apelación, por cuanto su artículo 35 dispone que «el Tribunal de alzada podrá pronunciarse sobre cualquier decisión de la sentencia de primera instancia, aunque en el recurso no se hubiere solicitado su revisión», dicha instancia solo puede revisar decisiones y hechos contenidos en el fallo impugnado, además de eventuales vicios de procedimiento, careciendo de competencia para alterar interlocutorias firmes.

Octavo: Que, para que un recurso de queja sea acogido, es preciso que los jueces recurridos en el ejercicio de su labor jurisdiccional, se hayan apartado de manera grave, esto es, «grande, de mucha entidad o importancia», del mérito del proceso o hayan efectuado una interpretación antojadiza de las normas en juego, afectando con ello su aplicación al caso en concreto.

Noveno: Que, en la especie, los jueces recurridos, al establecer la incompetencia del tribunal para conocer de la acción incoada -pese a existir una resolución firme en sentido diverso, pronunciada en los mismos autos por el tribunal de alzada-, han incurrido en una vulneración a un principio procesal básico y elemental como es la cosa juzgada.

Décimo:

Que, en tales condiciones, es dable concluir que los jueces recurridos han incurrido en una falta o abuso grave al modificar la decisión de primer grado, volviendo a pronunciarse respecto a un incidente ya resuelto por sentencia ejecutoriada, desestimando una querella infraccional debidamente interpuesta dentro de un proceso válido, ya que no sólo se apartaron del mérito del proceso, sino que dieron lugar a una errónea aplicación de las normas en juego al caso en concreto, de manera que procede enmendar por esta vía tal falta o abuso, lo que conduce a esta Corte a acoger el recurso interpuesto y adoptar las medidas para remediarlo, ya que los jueces del fondo han fijado una certeza que no se condice con los hechos que emanan del proceso en estudio.

Por estas consideraciones y lo prevenido en los artículos 540, 545 y 549 del Código Orgánico, se acoge el recurso de queja deducido por la abogada Sra. Paulina Cid Muñoz, en representación del Servicio Nacional del Consumidor, y poniendo remedio al mal que lo motiva y en uso de las facultades disciplinarias de este tribunal, se deja sin efecto la sentencia de segunda instancia de 25 de agosto de 2020, dictada en el proceso Rol N° 2449-2015, seguido ante el Juzgado de Policía Local de Talcahuano, confirmándose la decisión de primer grado, de 06 de abril de 2018.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Valderrama y Mera, quienes estuvieron por rechazar el recurso de queja, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que conviene tener en cuenta que el recurso de queja, en tanto persigue modificar, enmendar o invalidar resoluciones pronunciadas con falta o abuso grave, constituye un medio extraordinario destinado a corregir la arbitrariedad, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho.

2.- Que, atendiendo los fundamentos dados por los sentenciadores de la instancia para resolver de la manera que ha sido reclamada – al revocar el fallo de primer grado y, consecuencialmente, desestimar la querella infraccional deducida por el Servicio Nacional del Consumidor, en atención a que las materias sobre las que versa el libelo debe ser ventiladas en sede civil, careciendo, en consecuencia, el Juzgado de Policía Local de Talcahuano de competencia para conocerlas-, se advierte que, en todo caso, se trataría de un asunto que puede admitir diversas interpretaciones en torno al alcance de la disposiciones legales aplicadas al caso concreto, antinomia que, según ha sostenido reiteradamente este Tribunal, hace que una determinada posición frente al sentido de una norma jurídica no pueda constituir falta o abuso grave que deba ser enmendada por la vía disciplinaria, pues se trata del ejercicio del derecho privativo que la ley confiere a los jueces en la interpretación de los preceptos legales aplicables a las situaciones de que deben conocer.

3.Que, a lo anteriormente expuesto y razonado deber sumarse la circunstancia de haberse desistido el denunciante, tanto de su acción infraccional como de su demanda civil, en atención a haber arribado a una transacción extrajudicial con la parte querellada y demandada, la que fue aprobada por el tribunal de primer grado, de lo que se colige la falta de relevancia de la pretensión sometida al conocimiento de esta Corte.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno de esta Corte por estimarse que no existe mérito para ello.

Regístrese, agréguese copia autorizada de esta resolución al proceso Rol N° 2449-2015, seguido ante el Juzgado de Policía Local de Talcahuano. Hecho, archívese.

Rol N° 100.800-2020

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y el Ministro Suplente Sr. Raúl Mera M. No firma el Ministro Sr. Dahm y el Ministro Suplente Sr. Mera, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios y por haber concluido su período de suplencia, respectivamente.

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ MANUEL ANTONIO VALDERRAMA

MINISTRO REBOLLEDO

Fecha: 05/10/2021 13:44:41 MINISTRO Fecha: 05/10/2021 13:44:41

LEOPOLDO ANDRES LLANOS

SAGRISTA

MINISTRO

Fecha: 05/10/2021 13:44:42

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

MINISTRO DE FE

Fecha: 05/10/2021 13:47:57

En Santiago, a cinco de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

JORGE EDUARDO SAEZ MARTIN

MINISTRO DE FE

Fecha: 05/10/2021 13:47:57

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa.

En aquellos documentos en que se visualiza la hora, esta corresponde al horario establecido para Chile Continental.

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