Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 16

FALTA DE SERVICIO – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

DANCOURT GUERRA, HASSID C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL LAMPA – DUODÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Duodécima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307917
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – LEY ESPECIAL – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –
Un funcionario de la salud, calidad que ostentaba el demandante como médico contratado en el marco de la Ley N°19.378, conforme lo expresa el inciso segundo del artículo 14 del mismo cuerpo legal, para que goce de un contrato a plazo fijo es menester que se someta a un concurso público, situación de la que no participó el actor. En razón de ello, y de acuerdo a esta normativa especial que regulaba la situación jurídica laboral del demandante, no correspondía que por la renovación de los contratos a plazo fijo estos mutaran, por esa sola circunstancia, en un contrato de carácter indefinido, soslayando, de esta forma, la normativa laboral que rige dicho contrato de trabajo, específicamente en lo relativo a su término o cesación de labores.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de despido indirecto, de nulidad de despido, y cobro de prestaciones laborales al estimar que el actor, regido por un estatuto especial de los funcionarios de la atención primaria de salud, no puede invocar en su beneficio normas que son ajenas a dicho régimen estatutario y que se encuentran contenidas en el Código del Trabajo para pretender justificar su decisión de emplear el despido indirecto para poner término a su relación laboral con la Corporación de Desarrollo Social. Al respecto, no existe infracción de ley en la sentencia impugnada pues un funcionario de la salud, calidad que ostentaba el demandante como médico contratado en el marco de la Ley N°19.378, conforme lo expresa el inciso segundo del artículo 14 del mismo cuerpo legal, para que goce de un contrato a plazo fijo es menester que se someta a un concurso público, situación de la que no participó el actor. En razón de ello, y de acuerdo a esta normativa especial que regulaba la situación jurídica laboral del demandante, no correspondía que por la renovación de los contratos a plazo fijo estos mutaran, por esa sola circunstancia, en un contrato de carácter indefinido, soslayando, de esta forma, la normativa laboral que rige dicho contrato de trabajo, específicamente en lo relativo a su término o cesación de labores.
2. La Ley N°19.378 es el cuerpo normativo que regla, entre otras materias, la cesación de funciones del personal sujeto a dicho régimen estatutario. Es más, el cargo de médico cirujano que desempeñaba el actor corresponde, ciertamente, a una de las calidades de funcionarios adscritos al indicado Estatuto, por lo que el término de sus funciones necesariamente debía ser por alguna de las razones contempladas en el artículo 48 del mismo texto legal, lo que no aconteció en la especie.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – PERSONAL NO DOCENTE-  BENEFICIOS DERECHO DE PROPIEDAD

FEDERACIÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES NO DOCENTES DE LA EDUCACIÓN C/ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307890
Compendia: Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – DERECHO DE PROPIEDAD – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – ASIGNACIONES Y PRESTACIONES – CONVENIOS COLECTIVOS DEL TRABAJO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –
En relación a la conducta impugnada por el Sindicato, esto es, que los trabajadores asistentes de la educación de la Corporación municipal traspasados al Servicio Local de Educación Pública sólo podían percibir por concepto de «bienios» o «Asignación por Experiencia» el valor que establece la Ley Nº21.109 en su artículo 48 y no la suma pactada con su anterior empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social, mediante un anexo de contrato colectivo, se concluye que dicha conducta vulnera el derecho de propiedad de los trabajadores asistentes de la educación del Sindicato recurrente.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por el Sindicato de trabajadores no docentes de la educación en contra de la Contraloría por concluir que los trabajadores asistentes de la educación traspasados al Servicio Local de Educación, sólo podían percibir por concepto de «bienios» o «Asignación por Experiencia» el valor que establece la Ley Nº21.109 en su artículo 48 y no la suma pactada con su anterior empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social, mediante un anexo de contrato colectivo. Al respecto, existió una vulneración al derecho de propiedad de los trabajadores asistentes de la educación traspasados desde la Corporación Municipal al Servicio de Educación Pública pues resulta contrario a derecho que se vean disminuidas las remuneraciones de los asistentes de educación pertenecientes al Sindicato recurrente, pues las mismas forman parte de sus derechos adquiridos en virtud de la misma ley y que aplicar respecto de ellos el artículo 48 de la Ley N° 21.109, no obstante pasar a ser los recurrentes funcionarios públicos, importa una vulneración de sus derechos legítimamente adquiridos en virtud de los contratos colectivos suscritos con la Corporación de Desarrollo Social y una infracción a la norma legal, por cuanto no sólo es la misma ley la que establece que no se pueden ver disminuidas las remuneraciones de los trabajadores productos de los traspasos, sino que además conforme al Contrato colectivo suscrito, se pactó dicho pago siendo el mismo Servicio Local quien reconoce que atendido que el monto de beneficio estipulado en el convenio colectivo es superior al determinado por el legislador, no reconocerlo podría significar una disminución de las remuneraciones de los recurrentes con ocasión del traspaso, acto que va en contravención del principio protector de las remuneraciones y que recoge la misma Ley N° 21040 .

2.- El vínculo jurídico que los recurrentes mantenían con la Municipalidad se encontraba regulado por el Código del Trabajo, el cual permite que empleadores y trabajadores puedan arribar a acuerdos, especialmente si éstos son favorables para los empleados, como ocurre en la especie, al incrementarse la remuneración del personal asistente de la educación que se desempeñaba en la Corporación de Desarrollo Social por medio de la asignación denominada «asignación mensual de Experiencia» denominada «bienios».

3.- Si bien es cierto que el artículo 48 de la Ley N° 21.109 establece la asignación que les corresponde percibir como asignación de experiencia por cada dos años de servicio a los asistentes de educación y la remuneración sobre la que se calcula, no lo es menos que el artículo 3 transitorio de la misma ley dispone que «Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 3 de la presente ley, los asistentes de la educación que sean traspasados a un servicio local no perderán sus derechos adquiridos y tendrán derecho a conservar las cláusulas del instrumento colectivo al que se encuentren afectos, según lo dispuesto en el artículo 325 del Código del Trabajo» .

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GUTIÉRREZ C/ DÍAZ Y OTROS – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307870
Compendia: Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – PRIVACIDAD – OCUPACION – BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Resultando acreditado que existen construcciones precarias colindantes al inmueble de propiedad de la actora, ubicadas al costado del lecho del río, con moradores en su interior, en lo que constituye una posible toma, construcciones situadas un bien nacional de dominio público cuya administración compete a la municipalidad y que producto de la geografía del lugar, los recurridos tienen acceso visual al interior del inmueble de la recurrente corresponde acoger la acción de protección interpuesta para los efectos que la autoridad edilicia adopte las medidas que en derecho correspondan a fin de impedir la ocupación ilegal.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de los recurridos que han ocupado un bien nacional de dominio público cuya administración compete a la Municipalidad. Esto, debido a que resultó acreditado que existen construcciones precarias colindantes al inmueble de propiedad de la actora, ubicadas al costado del lecho del río, con moradores en su interior, en lo que constituye una posible toma y que producto de la geografía del lugar los recurridos tienen acceso visual al sector edificado al interior del inmueble de la actora. Al respecto, se debe destacar la naturaleza cautelar del recurso de protección, que en lo relacionado con el titular de los derechos que el artículo 19 de la Constitución Política de la República enumera, lo protege de cualquier privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de tales derecho, dentro de los que se encuentran los invocados por la recurrente, quien a estos efectos invoca el derecho indubitado a usar y gozar de manera tranquila y segura, de su derecho de propiedad sobre el inmueble colindante a los terrenos ilegalmente ocupados por las recurridas. Por ello y considerando que los recurridos se encuentran ocupando un bien nacional de uso público que, en cuanto tal se encuentra bajo la tuición de la Municipalidad, la Corte acoge la acción para los efectos que la autoridad edilicia adopte las medidas que en derecho correspondan a fin de impedir la ocupación ilegal denunciada.

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GATICA C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307872
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – IGUALDAD ANTE LA LEY – LICENCIAS LABORALES – DESCUENTO EN LAS REMUNERACIONES – PROTECCIÓN DE LAS REMUNERACIONES – ALIMENTOS – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

El descuento de la remuneración de la actora que tiene como fundamento el deber de reintegrar los montos percibidos por licencias médicas que, en definitiva, fueron rechazadas por la autoridad sanitaria competente, si bien aparece revestido de fundamento legal en tanto se asila en el artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo y en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, resulta ser arbitrario, toda vez que ordena la deducción sin tope alguno, lo cual se aparta de la racionalidad al desatender el carácter alimenticio de la remuneración. Así, el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de los descuentos efectuados en la remuneración de la recurrente aduciendo como fundamento el deber de reintegrar los montos percibidos por licencias médicas que, en definitiva, fueron rechazadas por la autoridad sanitaria competente. Al respecto, el descuento de la remuneración de la actora, si bien aparece revestido de fundamento legal en tanto se asila en el artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo y en el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, resulta ser arbitrario, toda vez que ordena la deducción sin tope alguno, lo cual se aparta de la racionalidad al desatender el carácter alimenticio de la remuneración. Así, el acto impugnado vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre sus remuneraciones, garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

2.- Uno de los principios que informa al Derecho del Trabajo es el denominado principio tuitivo o protector, que para el caso importa considerar que el artículo 58 del Código del Trabajo está inserto en un capítulo que protege la remuneración del trabajador. Lo anterior es trascendente, pues la remuneración tiene carácter alimenticio y, por consiguiente, constituye de ordinario la fuente principal de subsistencia del trabajador y de su grupo familiar -en ocasiones la única-, de modo que en última instancia la protección de las remuneraciones está encaminada a la tutela de las garantías constitucionales del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, protegidas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

3.- Para el Código del Trabajo, más allá de su tenor literal, la remuneración es algo más que la mera contraprestación en dinero y especies avaluables en dinero a que tiene derecho el trabajador producto de su contrato. En último término, el trabajo del empleado no es una mera mercancía, es el aporte que realiza como persona al colectivo al que pertenece llamado empresa, y, consecuentemente, a la sociedad. En suma, el esfuerzo del empleado se suma al de muchos otros en el proceso de producción de bienes y servicios que han de ser útiles a la comunidad. De allí que el propio Código del Trabajo establezca importantes mecanismos de protección de las remuneraciones del trabajador y de su familia.

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