Corte de Santiago rechazó reclamo de ilegalidad contra decisión de CPLT de amparo de información sobre proceso de calificación de funcionarios de municipio

Municipalidad carecía de legitimidad activa para negar a solicitud fundada en protección de datos personales de funcionarios quienes a su vez, no formularon oposición.

En días recientes, la Sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desechó un reclamo de ilegalidad interpuesto por un municipio contra la decisión del Consejo Para la Transparencia que acogió la solicitud de amparo de información pública, ordenándole entregar información relativa a las Actas del Proceso Calificatorio periodo 2019-2020 de una nómina de funcionarios. La municipalidad fundó el reclamo y su negativa de información, en que lo solicitado se trata información reservada y confidencial para su titular, no antecedentes de carácter genéricos y/o administrativos de la Administración pública, sino información relevante para su titular, por tanto, solo él puede acceder a ella, teniendo autorización de dichos funcionarios. Por su parte el CPLT informó que dio lugar a la solicitud con indicación de que se eliminaran los datos personales de los funcionarios y alegó que el municipio, carece de legitimación para efectuar alegaciones que importen invocar la causal de secreto o reserva contenida en el art. 21 N° 2 de la Ley, bajo el argumento de que la entrega de la información afectaría los datos personales de los funcionarios consultados, menos cuando ellos han optado por no reclamar de ilegalidad en defensa o protección de sus derechos.
Los sentenciadores observaron que: «es un hecho de la causa que, los terceros interesados fueron debida y oportunamente notificados en el curso del procedimiento y que solo, por correos electrónicos de fecha 31 de marzo de 2021… [tres funcionarios] se opusieron a la entrega de las actas del proceso calificatorio, por tratarse de información personal, reservada y confidencial.
Por lo que se concluye que han renunciado tácitamente al derecho que el artículo 28, inciso tercero, de la Ley de Transparencia les reconoce al disponer que «El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20».
Por consiguiente, carece de legitimidad activa la Municipalidad de Providencia para accionar en los términos que lo hace, por cuanto ejerce una causal de reserva de la cual es titular un tercero, razón por la cual le está vedado a este órgano de la administración del Estado recurrir en favor de personas que potencialmente serían afectadas con la entrega de la información requerida».
Consulte fallo analizado por Microjuris a Continuación.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA C/ CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA – SEXTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Sexta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307959
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – TRANSPARENCIA – ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA – LEGITIMACION ACTIVA – TERCEROS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Carece de legitimidad activa la Municipalidad para accionar en los términos que lo hace, por cuanto ejerce una causal de reserva de la cual es titular un tercero, por lo que le está vedado a este órgano recurrir en favor de personas que potencialmente serían afectadas con la entrega de la información requerida -actas pertinentes al Proceso Calificatorio de los funcionarios que se señalan-. En efecto, de conformidad a la ley 20.285 una vez ejercido el derecho de oposición por parte de los terceros, el órgano requerido queda impedido de proporcionar la información requerida, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, como se resolvió en la decisión impugnada, hipótesis en la cual la municipalidad no se encuentra facultada para el ejercicio de la acción jurisdiccional intentada, salvo que la misma sea ejercida por los terceros afectados, a quienes el legislador les ha reconocido expresamente la facultad de recurrir, los que no dedujeron reclamo en sede judicial.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad deducido por la municipalidad en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia, en virtud de la cual accede a la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública que perseguía que la municipalidad hiciera entrega de las Actas pertinentes al Proceso Calificatorio periodo 2019-2020, de los funcionarios que se señalan en archivo adjunto. Al respecto, es un hecho de la causa que, los terceros interesados fueron debida y oportunamente notificados en el curso del procedimiento y que solo, por correos electrónicos tres personas se opusieron a la entrega de las actas del proceso calificatorio, por tratarse de información personal, reservada y confidencial. Por ello, se concluye que han renunciado tácitamente al derecho que el artículo 28, inciso tercero , de la Ley de Transparencia les reconoce al disponer que «El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20 «. Por consiguiente, carece de legitimidad activa la Municipalidad de Providencia para accionar en los términos que lo hace, por cuanto ejerce una causal de reserva de la cual es titular un tercero, razón por la cual le está vedado a este órgano de la administración del Estado recurrir en favor de personas que potencialmente serían afectadas con la entrega de la información requerida.

2.- De conformidad a lo que disponen los artículos 20 y 25 de la Ley Nº 20.285, una vez ejercido el derecho de oposición por parte de los terceros, el órgano requerido -la Municipalidad en este caso-queda impedido de proporcionar la información requerida, salvo resolución en contrario del Consejo para la Transparencia, como se resolvió en la decisión que se impugna, hipótesis en la cual la entidad edilicia no se encuentra facultada para el ejercicio de la acción jurisdiccional intentada, salvo que la misma sea ejercida por los terceros afectados, a quienes el legislador les ha reconocido expresamente la facultad de recurrir, los que no dedujeron reclamo en sede judicial.

Consulte texto completo de la Sentencia

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