Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 17

URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – RECLAMACIÓN POR ILEGALIDAD – CÓMPUTO DEL PLAZO

LA CAILLE ALEUY, DENISE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307958
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – PLAZO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Tratándose de omisiones -cuyo es el caso que se ventila en la especie- el plazo para deducir la reclamación se cuenta desde el pertinente requerimiento, el cual se verifica desde la fecha en que la actora dirigió una carta al Director de Obras Municipales por cuyo intermedio solicitó que diera cumplimiento al dictamen del órgano contralor. En consecuencia, yerran los sentenciadores al computar el plazo previsto para la interposición de la reclamación desde la fecha en que se emitió el respectivo dictamen, desechando, en tal virtud y por estimarla extemporánea, la pertinente acción, decisión con la que transgreden lo estatuido en el artículo 151 de la ley N° 18.695, desde que lo aplican erróneamente al contabilizar el plazo con el que contaba la actora para intentar su reclamo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte reclamante en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por extemporáneo. Al respecto, en la especie, se reclamó de ilegalidad respecto de la omisión en que incurrió el Director de Obras Municipales en relación al cumplimiento del dictamen de la Contraloría Regional, que ordenó al citado funcionario acreditar, en el término de quince días hábiles, las medidas adoptadas para ordenar la paralización y demolición de las obras a que se refiere el permiso de edificación -construcción de una nueva vivienda vecina- estimó ilegal. La reclamante, por medio de carta de 4 de octubre de 2019, solicitó al reclamado que, cumpliendo lo ordenado en dicho dictamen, dispusiera la paralización de las obras ejecutadas con el permiso de edificación, no obstante lo cual el reclamado, transcurridos quince días desde el ingreso de la citada misiva, no sólo omitió adoptar alguna medida en tal sentido, sino que, incluso más, autorizó y suscribió la recepción parcial y luego total de la obra ilegal. En este sentido, se concluye que tratándose de omisiones -cuyo es el caso que se ventila en la especie- el plazo para deducir la reclamación se cuenta desde el pertinente requerimiento, el cual, se verificó con fecha 4 de octubre de 2019, pues las partes no han controvertido que en esa data la actora dirigió una carta al Director de Obras Municipales por cuyo intermedio solicitó que diera cumplimiento al dictamen del órgano contralor, mientras que la acción en examen fue deducida el día 25 de octubre del mismo año. En consecuencia, yerran los sentenciadores al computar el plazo previsto para la interposición de la reclamación desde la fecha en que se emitió el respectivo dictamen, desechando, en tal virtud y por estimarla extemporánea, la pertinente acción, decisión con la que transgreden lo estatuido en el artículo 151 de la ley 18.695, desde que lo aplican erróneamente al contabilizar el plazo con el que contaba la actora para intentar su reclamo.

2.- Al no darse cumplimiento al dictamen de la Contraloría Regional el reclamado ha incurrido en una omisión ilegal que obliga a acoger la reclamación deducida. Ello, sin perjuicio de las acciones que, si fuera el caso, pueden interponer los afectados para hacer efectiva la responsabilidad de la Municipalidad de Iquique con ocasión de los eventuales daños que se les haya irrogado en función de la confianza legítima derivada de las actuaciones de la propia autoridad edilicia. (De la sentencia de reemplazo)

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RECURSO DE PROTECCIÓN – AUTOTUTELA – BLOQUEO DE CAMINOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILCÚN C/ EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307956
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES – AUTOTUTELA – BLOQUEO DE CALLES Y CAMINOS – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La recurrida reconoce que, de manera previa al acto de cerramiento, existía una situación de hecho consistente en el uso, por parte de los vecinos del sector, del cruce en cuestión, aun cuando alega que la misma se extendió sólo por un año y no por largo tiempo, como aduce la municipalidad recurrente. Dicho reconocimiento es relevante, en tanto da cuenta de una acción de autotutela proscrita en el ordenamiento jurídico, consistente en el cierre del terreno de que se trata, misma que, si bien fue llevada a cabo por un tercero que actuaba como arrendatario de la recurrida, sólo pudo ser concretada merced a la autorización que le entregó la Empresa, en tanto ésta alega ser dueña de dicho bien raíz, todo lo cual permite acoger el recurso de protección deducido por la municipalidad.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la municipalidad en favor de la Junta de Vecinos en contra de actuación de la recurrida consistente en el cruce que unía las calles, las que han sido utilizadas por largos años por los habitantes de esa localidad. Al respecto, la recurrida reconoce que, de manera previa al acto de cerramiento, existía una situación de hecho consistente en el uso, por parte de los vecinos del sector, del cruce en cuestión, aun cuando alega que la misma se extendió sólo por un año y no por largo tiempo, como aduce la actora. Dicho reconocimiento es relevante, en tanto da cuenta de una acción de autotutela proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, consistente en el cierre del terreno de que se trata, misma que, si bien fue llevada a cabo por un tercero que actuaba como arrendatario de la recurrida, sólo pudo ser concretada merced a la autorización que le entregó la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en tanto ésta alega ser dueña de dicho bien raíz. En este sentido, no existe un conflicto relacionado con el retazo de terreno de la recurrida que es materia del recurso de protección, sino que se ha acusado y constatado la ejecución, por parte de un tercero que obraba con autorización de esta última, de una conducta que constituye un acto de autotutela, pues, a través de una vía de hecho, se ha alterado la situación fáctica preexistente, sin que medie habilitación judicial para ello, proceder que, en consecuencia, debe ser calificado como arbitrario y vulneratorio de la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, pues discrimina a los actores, en tanto les impide, por vías meramente fácticas, emplear, como antes lo hacían, el cruce que une las calles, a diferencia de lo que acontece respecto de otras personas que, enfrentadas a una situación semejante, han podido solucionar el conflicto que las afecta recurriendo a los procedimientos y vías procesales previstas al efecto por nuestro ordenamiento jurídico.

Consulte texto completo de la sentencia

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RPERMISO DE EDIFICACIÓN – INOPONIBILIDAD – RECURSO DE CASACIÓN

INMOBILIARIA DEL PUERTO SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307918
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – PERMISO DE EDIFICACION – ACTO ADMINISTRATIVO – INOPONIBILIDAD DE LOS ACTOS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO – DISIDENCIA –

Sobre la omisión de publicación del Permiso de Edificación, tratándose de un acto que debía ser publicado, la omisión de aquella carga trae aparejada su inoponibilidad o no producción de efectos respecto de terceros, sin afectar a la autorización en sí, resultando improcedente su invalidación, contrario a lo resuelto por el Alcalde en el acto reclamado. Además, la infracción al deber de abstención se trata de una garantía establecida por la ley en favor del reclamante en sede judicial, no en beneficio del propio órgano que debió abstenerse o de terceros eventualmente interesados, agregándose que, de cualquier modo, en el caso concreto no se vislumbra la incidencia que pueda haber tenido el término del procedimiento de invalidación mientras se encontraban pendientes dos procedimientos judiciales, respecto del sentido y alcance de la decisión administrativa.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la municipalidad en contra de la sentencia que acogió el reclamo de ilegalidad deducido por la inmobiliaria cuestionando la legalidad del Decreto Alcaldicio que, acogiendo el reclamo presentado por una vecina de la comuna, dispuso la reanudación del procedimiento de invalidación del Permiso de Edificación. Al respecto, no se configuran los yerros denunciados por la municipalidad con la omisión de publicación del permiso de edificación, pues dicha omisión, en el caso concreto, constituye un vicio que no afecta la legalidad del acto, sino que genera consecuencias jurídicas diversas, por los siguientes motivos: En primer orden, la omisión de publicación se relaciona con una omisión atribuible a un sujeto preciso y determinado: El Director de Obras Municipales, funcionario perteneciente a la planta de la propia municipalidad recurrente y que, valga la pena resaltar la obviedad, debe ser considerado como un tercero ajeno a la beneficiaria de la autorización que se cuestiona, la empresa cuya buena fe, al menos en este aspecto, no ha sido cuestionada por la reclamante. En segundo orden, la omisión de publicación no constituye un vicio que se relaciones con el fondo o substancia de la autorización concedida a la proyectista, puesto que no guarda relación con el cumplimiento de las exigencias necesarias para ejercer una determinada actividad económica que, en el caso de marras, consiste en la construcción de unidades habitacionales en altura. Por el contrario, la publicación consiste en un requisito externo del acto administrativo de cuyo cumplimiento pende la eficacia o ejecutabilidad del acto respecto de terceros. Además, es un hecho de la causa que el permiso de edificación fue publicado en el Diario Oficial en su edición de 7 de julio de 2017, a instancia de la Municipalidad reclamada, subsanando el defecto acusado por la reclamante. Así, el efecto de la omisión de publicación del Permiso de Edificación Nº 301/15 consistió en su inoponibilidad a terceros hasta el 7 de julio de 2017, de manera tal que podría concluirse que en la sentencia impugnada se ha errado al insinuar la extemporaneidad de la reclamación de los vecinos. Sin embargo, aquella desviación no vicia el permiso de edificación en sí, como autorización administrativa, al no guardar relación con el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento sino con su ejecución o producción de efectos.

2.- En relación al vicio alegado por la municipalidad consistente en la infracción al deber de abstención, se rechaza dicho vicio pues el legitimado activo para invocar aquel deber de abstención era la empresa Inmobiliaria y el obligado al cumplimiento de tal carga era el Director de Obras Municipales, empleado de la propia recurrente. Por lo demás, no se vislumbra la concurrencia de un interés directo en favor de la Municipalidad que la habilite para invocar la afectación del deber de abstención, puesto que, más allá de la oportunidad o momento en que la Resolución pueda haber sido legítimamente emitida, no se ha explicado cómo ello incidió en el sentido o contenido de la decisión administrativa. Corolario de lo que se viene diciendo, el yerro jurídico no se configura, e, incluso de configurarse, carecería de la trascendencia necesaria para determinar la nulidad de la sentencia impugnada.

3.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la municipalidad toda vez que cuando un permiso de edificación afecta el interés general de la comunidad, debe ser objeto de publicación en el Diario Oficial. Ello ocurre en la especie, por lo que el permiso de de edificación debió ser publicado y tal obligación fue incumplida. En este sentido, el efecto de tal omisión no se restringe a la inoponibilidad del acto respecto de terceros y que, en definitiva, no les corra plazo para impugnar el acto administrativo, sino que, derechamente, lo priva de toda eficacia jurídica. Así, habiendo sido reclamado el permiso de edificación antes de su publicación, y existiendo razones jurídicas para su invalidación, resulta que el Decreto Alcaldicio que dispuso la reanudación del procedimiento de invalidación del Permiso de Edificación no es ilegal y la reclamación de Inmobiliaria debió ser rechazada. Al disponer lo contrario, la sentencia recurrida incurrió en infracción a lo dispuesto en los artículos 48 y 51 de la Ley Nº 19.880, ameritando que los recursos de casación deducidos por la Municipalidad y los terceros independientes debieran ser acogidos. (Del voto en contra del Ministro Sr. Muñoz y de la Ministra Sra. Ravanales)

4.- El artículo 51 inciso final de la Ley Nº 19.880 no distingue ente la producción de efectos del acto respecto de su destinatario y sobre terceros. Por el contrario, sin miramiento subjetivo ordena, con claridad, que sólo a partir de su publicación los decretos y resoluciones que deban ser publicados producen efectos jurídicos, por lo que en caso contrario se les priva de los mismos. Por ello, no se trata, la publicación, de un requisito «externo» del acto administrativo, sino que consiste en una actuación indispensable para que éste nazca a la vida jurídica, de modo que, su omisión, al incidir en la forma de gestación del acto, acarrea su ineficacia, tal como fue correctamente determinado por el Alcalde en su Decreto Nº 1.619 de 2017 al ordenar el reinicio del procedimiento de invalidación del Permiso de Edificación Nº 301 de 2015. No obsta a lo explicado el hecho de que la omisión sea imputable al Director de Obras Municipales, funcionario de la Municipalidad cuyo proceder se cuestiona, si se considera que el reclamo de ilegalidad regulado en el artículo 151 Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades se orienta, precisamente, a corregir resoluciones y omisiones del Alcalde o «de sus funcionarios». (Del voto en contra del Ministro Sr. Muñoz y de la Ministra Sra. Ravanales)

5.- En relación a la infracción al deber de abstención alegado por la municipalidad se concluye que el mandato establecido en el artículo artículo 54 inciso final de la Ley Nº 19.880 no admite excepciones. Deducida una acción judicial, la Administración debe inhibirse de conocer el asunto sometido a su conocimiento. Por ello, no resulta pertinente validar el incumplimiento de esta regla cuando no se ha producido perjuicio al reclamante, puesto que tal interpretación implicaría elaborar una distinción que el legislador no ha previsto, desconociendo que, en el conflicto de marras, el procedimiento de invalidación -que continuó a pesar de haberse debido paralizar- guardaba relación con el Permiso de Edificación Nº 301 de 2015, acto que afecta el interés general de la comunidad, y no únicamente a su titular. De este modos, el segundo argumento contenido en el Decreto Alcaldicio impugnado resultaba correcto, realidad que ameritaba el rechazo del recurso de reclamación interpuesto por la Inmobiliaria. (Del voto en contra del Ministro Sr. Muñoz y de la Ministra Sra. Ravanales).

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MUÑOZ CEBALLOS, LESLIE C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ307969
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – COTIZACIONES PREVISIONALES – DESPIDO INDIRECTO – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

El carácter declarativo del dictamen judicial que reconoce la naturaleza laboral de una relación inicialmente estatutaria, por lo que la obligación del empleador proveniente de sus deberes previsionales, se debe entender vigente desde que ella se inició y comenzó a pagar las remuneraciones al trabajador. Así, habiéndose acreditado que la municipalidad demandada no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación de carácter laboral reconocida en el fallo de la instancia, por tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro y la salud de los trabajadores, se debe colegir que su incumplimiento reviste el carácter de gravedad suficiente que justifica el despido indirecto comunicado por la demandante.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral y condenó a la municipalidad demandada al entero de las cotizaciones previsionales devengadas durante ese período y al pago de los feriados legal y proporcional, rechazando la de despido indirecto y nulo. Al respecto, el carácter declarativo del dictamen judicial que reconoce la naturaleza laboral de una relación inicialmente estatutaria, por lo que la obligación del empleador proveniente de sus deberes previsionales, se debe entender vigente desde que ella se inició y comenzó a pagar las remuneraciones al trabajador. De este modo, habiéndose acreditado que la municipalidad demandada no pagó las cotizaciones previsionales durante todo el lapso que se mantuvo vigente la relación de carácter laboral reconocida en el fallo de la instancia por tratarse de una obligación legal, que tiene por objeto asegurar el sustento futuro y la salud de los trabajadores, se debe colegir que su incumplimiento reviste el carácter de gravedad suficiente que justifica el despido indirecto comunicado por la demandante.

2.- La naturaleza imponible de los haberes los determina la ley, de modo que las remuneraciones de una relación que en una sentencia se declara de carácter laboral, se debe entender que siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a concluir que el empleador estaba obligado a efectuar las referidas deducciones, para luego enterarlas en los organismos previsionales respectivos. Así, surge como conclusión necesaria la procedencia de la acción por despido indirecto si se comprueba que el empleador no pagó durante el tiempo en que se extendió el vínculo laboral declarado en una sentencia judicial, las cotizaciones de seguridad social, por lo que, si el obligado a su descuento y solución incumple este deber, se configura una infracción grave de sus obligaciones, que justifica el auto despido y el pago de las indemnizaciones legales consecuentes.

3.- La figura del auto despido o despido indirecto contemplada en el artículo 171 del Código del Trabajo, está concebida para el caso del empleador que incurre en una causal de término del contrato de trabajo por motivos legales, de manera que se radica en la persona del trabajador el derecho a poner término a la relación y a solicitar al tribunal que ordene el pago de las indemnizaciones que correspondan por el despido. Dicha institución pone de relieve la naturaleza bilateral de la relación contractual de carácter laboral, que obliga también al empleador a cumplir las obligaciones que emanan de la convención, dotando al trabajador de un mecanismo de salida en caso de incumplimiento atribuible a aquél, mediante su notificación al contraventor y, posteriormente, con su reclamación judicial, sede en la que se determinará la efectividad de los hechos y, en su caso, el pago de las indemnizaciones correspondientes, como si se tratara de un despido directo. Lo relevante del auto despido, es que hace responsable al empleador de la pérdida de la fuente laboral del trabajador, resguardando de alguna manera el principio de estabilidad, en virtud del cual, el legislador regula las causales de término del vínculo y establece los mecanismos de compensación si el empleador no las respeta. No se trata de una renuncia del trabajador -que constituye un acto libre y espontáneo-, sino de una situación no voluntaria provocada por el infractor, pudiendo obtener, en caso de comprobarse la causal de incumplimiento invocada, las indemnizaciones propias del despido.

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