Jurisprudencia Destacada Año 2021 N 19

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CONTRATACIÓN PÚBLICA – DESERCIÓN DE LA LICITACIÓN

NÚCLEO PAISAJISMO S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL – SEGUNDA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308063
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACIÓN PÚBLICA – ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE RECLAMACIÓN – RECHAZO DEL RECURSO –

En la especie, la municipalidad declaró desierta la licitación, por estimar que la oferta que obtuvo el primer lugar, efectuaba un cobro excesivo, en relación al presupuesto destinado para la mantención de las áreas verdes. Esta decisión, tiene sustento legal y material, y se encuentra debidamente fundada. En efecto, la oferta hecha por la recurrente, no resultaba conveniente para los intereses de la Municipalidad, al implicar un alto costo, que sobrepasaba el presupuesto municipal, que importaría, un desembolso millonario, no considerado y que afectaría las arcas municipales. De este modo, no se advierte la existencia de ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión adoptada.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación deducido por la empresa en contra de la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que rechazó la impugnación deducida por el reclamante en contra del Acta de Evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora y el Decreto Alcaldicio mediante el cual se declaró la deserción de la licitación. La impugnación se fundamenta en síntesis en que a la apertura de la licitación se presentaron cuatro ofertas, una de las cuales fue declarada inadmisible por no presentar boleta de garantía de seriedad de la oferta. Las otras tres ofertas cumplieron con todos los requerimientos solicitados en las bases de licitación por lo que fueron evaluadas, obteniendo su representada la mejor calificación por lo que quedó en el primer lugar de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de licitación, de modo que debió ser la empresa adjudicada en la licitación. Al respecto, la decisión adoptada por la municipalidad, tiene sustento legal y material, y se encuentra debidamente fundada. En efecto, en la especie, la oferta hecha por la recurrente, no resultaba conveniente para los intereses de la Municipalidad, al importar un alto costo, que sobrepasaba el presupuesto municipal, que importaría, un desembolso millonario, no considerado y que afectaría las arcas municipales. Siendo así las cosas,no se advierte la existencia de ilegalidad o arbitrariedad alguna en la decisión adoptada.

2.- La Ley Nº 19.886 , junto con establecer un procedimiento general y reglado conforme al cual deben tramitarse las licitaciones de los contratos a que esa normativa se refiere, creó en su Capítulo V, el Tribunal de Contratación Pública. Se trata, entonces, de un procedimiento especial destinado a revisar la legalidad de las actuaciones propias de un proceso de licitación y adjudicación de los contratos públicos. Por consiguiente, el ámbito temporal reconocido al Tribunal de Contratación Pública es aquél comprendido entre la aprobación de las bases y la adjudicación, es decir, hasta la celebración misma del contrato.

3.- El proceso licitatorio es un acto administrativo complejo por cuanto está formado por una serie de actos preparatorios o resolutivos que se dictan en cada una de las etapas del mismo, los que conducen en definitiva al acto terminal último. Resulta innegable entonces que en la primera fase son impugnables el acto que aprueba las bases, el texto de sus cláusulas, el llamado a licitación y el procedimiento posterior que se vincula con la evaluación de las ofertas y en el caso concreto con la resolución que declaró desierta la licitación pública.

JUICIO EJECUTIVO – CESIÓN DE FACTURAS

TANNER SERVICIOS FINANCIEROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO – PRIMERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308108
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – FACTURAS – CESION DE CREDITOS – EXCEPCIONES – PAGO – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

Para que la copia de la factura señalada en el artículo 1 de la Ley N° 19.983 quede apta para su cesión no se exige que haya transcurrido el plazo de ocho días corridos siguientes a su recepción que el artículo 3° N° 2 contempla para su reclamo, pues, para ello sólo basta que la copia tenga la mención cedible y el recibo. Y en este sentido se ha señalado que no se contempla como requisito para su cesión la circunstancia de que ella haya sido irrevocablemente aceptada. De este modo, no afecta la validez de la cesión el que se efectúe antes de vencer el plazo señalado, pues ello sólo incide en la circunstancia prevista en el artículo 3° inciso final, esto es, que si la cesión se efectúa antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada el deudor sí podrá oponer al cesionario las excepciones personales que hubiere podido oponer al cedente. Sin embargo, ello tampoco ocurrió en la especie.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primer grado, rechazó la excepción de pago al estimar que la municipalidad deudora pagó a quién no era a la sazón dueño y acreedor del crédito impago, cometiendo un error, sin embargo, ello no puede afectar los derechos legalmente adquiridos que sobre el crédito adquirió la ejecutante. Al respecto, la factura cedida por la sociedad a la ejecutante cumplía con todos los requisitos que el artículo 4° de la Ley 19.983 exige para quedar apta para su cesión, debiendo presumirse, de acuerdo al inciso 3° del artículo 4°, que el receptor representa al comprador o beneficiario del servicio la persona adulta que reciba a su nombre los bienes adquiridos o los servicios prestados. A diferencia de lo que postula quien recurre, para que la copia de la factura señalada en el artículo 1 de la Ley N° 19.983 quede apta para su cesión no se exige que haya transcurrido el plazo de ocho días corridos siguientes a su recepción que el artículo 3° N° 2 contempla para su reclamo, pues para ello sólo basta que la copia tenga la mención cedible y el recibo. Y en este sentido, se ha señalado que no se contempla como requisito para su cesión la circunstancia de que ella haya sido irrevocablemente aceptada. De este modo, no afecta la validez de la cesión el que se efectúe antes de vencer el plazo señalado, pues ello sólo incide en la circunstancia prevista en el artículo 3° inciso final, esto es, que si la cesión se efectúa antes de que la factura quede irrevocablemente aceptada el deudor sí podrá oponer al cesionario las excepciones personales que hubiere podido oponer al cedente. Sin embargo, ello tampoco ha acontecido, pues del mérito del proceso aparece que la factura fue debidamente recibida por la ejecutada y ésta no alegó ni demostró que la haya devuelto al momento de la entrega ni que reclamara su contenido dentro del plazo legal de ocho días corridos desde su recepción, por lo que la factura que funda esta ejecución debe tenerse por irrevocablemente aceptada.

2.- La cesión del crédito contenido en la factura en la especie es traslaticia de dominio. Así lo prevé el artículo 7 de la Ley N° 19.983 vigente a la época de emisión del documento, cuyo inciso segundo regula la manera en que debe ser comunicada la cesión a quien resulta obligado al pago de la factura, aspecto del que en especial se ocupa el artículo 9 del mismo cuerpo normativo cuando se trata de facturas electrónicas, cuyo es el caso. De esta forma, una vez perfeccionada la cesión entre el cedente y el cesionario, el titular del dominio o propiedad del crédito contenido en la factura pasa a ser el cesionario y el acto será oponible al obligado al pago si ha sido puesto en conocimiento de acuerdo a la ley.

 

ABANDONO DE PROCEDIMIENTO – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

O’RYAN BUROTTO, ALEJANDRA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308128
Compendia: Microjuris
VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – INCIDENTES – ABANDONO DEL PROCEDIMIENTO – IMPULSO PROCESAL – EXCEPCION DILATORIA – DESARCHIVO DEL EXPEDIENTE – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Conforme a lo prescrito en los artículos 89 y 307 del Código de Procedimiento Civil, debía el tribunal, atendida la etapa procesal en que se hallaba la causa y de propia iniciativa, fallar las excepciones dilatorias cuyo traslado tuvo por oportunamente evacuado, de manera que, pese a que el actor tampoco pidió aquello antes de la orden de archivo –con algún grado de negligencia- era el tribunal el que tenía en sus manos la carga de dar impulso al proceso en esta etapa. De este modo, al acoger el incidente de abandono del procedimiento infringieron el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, revocando el fallo de primer grado, acogió el incidente de abandono del procedimiento. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues conforme a lo prescrito en los artículos 89 y 307 del Código de Procedimiento Civil, debía el tribunal, atendida la etapa procesal en que se hallaba la causa y de propia iniciativa, fallar las excepciones dilatorias cuyo traslado tuvo por oportunamente evacuado, de manera que, pese a que el actor tampoco pidió aquello antes de la orden de archivo -con algún grado de negligencia- era el tribunal el que tenía en sus manos la carga de dar impulso al proceso en esta etapa. Al no resolverlo así los magistrados de segunda instancia y, por el contrario, eximir al juez de primer grado de la responsabilidad de activar la marcha de la causa atendido el estado procesal en que se hallaba y aduciendo eventuales consecuencias disciplinarias cuya existencia tampoco acredita, han infringido el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.

2.- El demandante se encontraba eximido de la carga de dar impulso al proceso, puesto que el Tribunal debía, de propia iniciativa, fallar las excepciones dilatorias opuestas por los demandados una vez vencido el plazo de tres días otorgado a la contraria para exponer lo conveniente a sus derechos, no obstante lo cual el juzgador no sólo no resolvió dicho asunto sino que ordenó archivar el proceso el 3 de septiembre de 2020, lo que dejó sin efecto por expresa petición del actor, quien le recordó que las excepciones dilatorias estaban pendientes de resolver, tanto es así que el tribunal, al acoger esta reposición, tiene especialmente presente la resolución de 24 de diciembre de 2019 que dejaba con autos las últimas excepciones dilatorias promovidas.

3.- Actualmente el legislador ha hecho compatibles los principios de pasividad y oficialidad, reglando el campo de acción de las partes y de los jueces. Lo anterior permite destacar que la tendencia legislativa en materia procesal ha sido acentuar el interés que sea el juez quien en ciertas instancias procesales ha de asumir la responsabilidad de velar por la prosecución y término del juicio. En concordancia con este propósito, el legislador ha dispuesto que la resolución de las excepciones dilatorias opuestas queda entregada en su iniciativa de forma preeminente al juez.

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE NULIDAD 

FUENTES C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ – DÉCIMA SALA
Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Décima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308125
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – ACCION DECLARATIVA – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – NULIDAD DEL DESPIDO – OMISION DE ENTERAR COTIZACIONES PREVISIONALES – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La sentencia impugnada realizó una correcta interpretación de la norma desde que la aplicación de la sanción de la nulidad del despido contemplada en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo corresponde a una sanción y por tanto de derecho estricto, aplicable a aquellos casos en que el empleador deliberadamente no ha cumplido con el pago de las cotizaciones previsionales a que se encuentra obligado.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, rechazó aplicar la sanción de nulidad del despido. Al respecto, la sentencia ha realizado una correcta
interpretación de la norma en que se funda la causal de infracción de ley, desde que la aplicación de la sanción de la nulidad del despido contemplada en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo corresponde a una sanción y por tanto de derecho estricto, aplicable a aquellos casos en que el empleador deliberadamente no ha cumplido con el pago de las cotizaciones previsionales a que se encuentra obligado. Se requiere, entonces, para la procedencia de la referida sanción, que el empleador haya descontado los dineros provenientes de las cotizaciones previsionales y no las haya enterado en el organismo previsional respectivo, esto es que distraiga o se apropie de los dineros del trabajador, provenientes de las cotizaciones que se hubieren descontado de la remuneración del trabajador; supuesto que no se configura en la especie.

DERECHOS DE ASEO – RECURSO DE CASACIÓN  

ABARCA LABRIN, OLGA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308084
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario

VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – TRIBUTO – NATURALEZA JURIDICA – IMPUESTOS MUNICIPALES – RESIDUOS DOMICILIARIOS – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PRESCRIPCIÓN – CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

Es evidente que en el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la suma de dinero que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, puesto que, en el caso, existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, contraprestación que, por sí misma, descarta toda posibilidad de que se trate de un impuesto. De este modo, a la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo, corresponde aplicar el artículo 2515 del Código Civil y no lo prescrito en el artículo 2521 del mismo cuerpo legal.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió la demanda subsidiaria declarando que se encontraban prescritas las acciones para el cobro de los derechos de aseo durante parte del período solicitado. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues a la prescripción de la acción de cobro de derechos de aseo, corresponde aplicar el artículo 2515 del Código Civil y no lo prescrito en el artículo 2521 del mismo cuerpo legal. En efecto, es evidente que en el concepto de impuesto a que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la suma de dinero que se cobra por el servicio municipal de extracción de residuos sólidos domiciliarios, puesto que, en el caso en examen, existe una correlación directa entre el servicio prestado por la municipalidad y el cobro de la tarifa, contraprestación que, por sí misma, descarta toda posibilidad de que se trate de un impuesto.

2.- Si bien el concepto de impuestos contenido en la norma antes citada no ha sido definido por el legislador, la doctrina ha conceptualizado el término como el gravamen que se exige para cubrir los gastos generales del Estado, sin que el deudor reciba otro beneficio que aquel indeterminado que obtienen todos los habitantes de un país por el funcionamiento de los servicios públicos. De De acuerdo a las definiciones de la doctrina, emerge como característica fundamental del impuesto la falta de contraprestación directa por parte del Estado.

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