Juzgado de Letras del Trabajo desechó una acción de declaración de relación laboral deducida por un actuario de un juzgado de policía local

Labores del actor de actuario y asesor en temas de TAG y Ley del Consumidor, fueron calificadas como cometido específico.

En días recientes el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel desechó una denuncia de tutela laboral, una acción declarativa de relación laboral y autodespido deducida por un profesional que prestaba servicio en un juzgado de policía local, toda vez que los antecedentes probatorios allegados en autos, a juicio del tribunal, no resultaron suficientes para acreditar los indicios propios de una relación laboral, calificándose las funciones desempeñadas por el actor, esto es, , como cometido específico establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.883.
El fallo expresa que: «si bien sus tres testigos declararon en forma conteste que el actor prestaba servicios como abogado en el Juzgado de Policía Local de La Granja, cumpliendo funciones de actuario, asesor en temas de TAG y Ley del Consumidor, notificaciones, redacción de resoluciones, que cumplía un horario de 8:30 a 14:00 horas y que recibía instrucciones constantes de parte del juez del aludido tribunal, dichas aseveraciones no revisten la suficiencia necesaria para estimar debidamente comprobado el vínculo laboral que sirve de sustento a las pretensiones contenidas en el libelo que dio origen a estos antecedentes, más aún cuando dichas probanzas se contraponen al contenido de los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos por el municipio demandado… y [el actor], en los cuales este último se obliga a desempeñar las labores antes descritas, más aún cuando -en su calidad de abogado- el demandante cuenta con los conocimientos profesionales e instrucción necesaria para entender y consentir en una modalidad de contratación de naturaleza civil».

Consulte sentencia analizada en Microjuris, a continuación:

XXX C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308107
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DESPIDO INDIRECTO – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECHAZO DE LA DEMANDA –

La relación que vinculó al actor con el municipio demandado se desarrolló en el contexto de la contratación de servicios a honorarios para cometidos específicos, prevista en el inciso segundo de dicha disposición legal, consistiendo dicho cometido en desempeñarse en el Juzgado de Policía Local en labores de generación de informes de multas al Registro Civil, gestión de cobranzas por multas TAG, confección de listados del registro de multas impagas, tramitación del cobro de dichas multas, tomar declaraciones indagatorias y comparendos en diversas materias, proveer escritos y orientar a los usuarios en temas relacionados con la Ley del Consumidor. De este modo, el vínculo derivado de tal prestación ha de regirse por las estipulaciones de la respectiva convención suscrita por las partes, y no por las normas del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar la denuncia de tutela laboral y la demanda de declaración de relación laboral. Esto, debido a que en el caso particular del actor, la relación que lo vinculó con el municipio demandado se desarrolló en el contexto de la contratación de servicios a honorarios para cometidos específicos, prevista en el inciso segundo de dicha disposición legal, consistiendo dicho cometido en desempeñarse en el Juzgado de Policía Local en labores de generación de informes de multas al Registro Civil, gestión de cobranzas por multas TAG, confección de listados del registro de multas impagas, tramitación del cobro de multas TAG, tomar declaraciones indagatorias y comparendos en diversas materias, proveer escritos y orientar a los usuarios en temas relacionados con la Ley del Consumidor. De este modo, el vínculo derivado de tal prestación ha de regirse por las estipulaciones de la respectiva convención suscrita por las partes, y no por las normas del Código del Trabajo. A mayor abundamiento, lo anteriormente concluido se ve refrendado por las boletas de honorarios incorporadas por el demandante en la audiencia de juicio y que dan cuenta de una relación contractual de naturaleza civil existente entre ambas partes, documentación que es también concordante con la restante prueba instrumental del actor, en especial, los Decretos Alcaldicios que dieron origen y autorizaron su contratación a honorarios.

2.- La parte demandante no rindió probanza alguna tendiente a acreditar que la contraria haya extendido algún tipo de documento asimilable a las correspondientes liquidaciones que den cuenta del pago periódico de una remuneración en los términos descritos en el artículo 41 del Código del Trabajo, siendo éste un elemento de trascendencia al momento de determinar la concurrencia de los presupuestos que configuran una relación laboral. Por otra parte, si bien resultó acreditado con las declaraciones de los testigos del actor, que este último debía cumplir un horario de trabajo preestablecido, su existencia se justifica por la naturaleza de su vínculo con la demandada, corporación de derecho público perteneciente a la Administración del Estado, cuyo financiamiento proviene del presupuesto municipal, además del carácter de las funciones a desarrollar por el demandante en el Juzgado de Policía Local.

3.- Además de la discordancia que se advierte entre la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales «con ocasión del despido» y la época en que habrían ocurrido los hechos que le sirven de fundamento, en el libelo que dio origen al juicio también se aprecia que en él no se explicita pormenorizadamente de qué forma los sucesos denunciados -todos ellos anteriores a su desvinculación del municipio- han infringido cada uno de los derechos invocados, pues nada se dice respecto a cómo se ha vulnerado el contenido esencial de tales garantías y cómo se ha limitado su pleno ejercicio, en los términos exigidos por el artículo 485 del Código del Trabajo, limitándose a señalar que tales hechos son constitutivos de una vulneración al derecho a la integridad psíquica, dignidad y protección de la vida privada del actor, situación que -por sí sola- no es suficiente para acoger la acción de tutela.

Consulte texto completo de la sentencia

Speak Your Mind

*

A %d blogueros les gusta esto: