Corte de Santiago desestimó reclamación de empresa oferente contra determinación de tribunal de contratación pública que confirmó que este no cumplía condiciones técnicas de licitación

Reclamante modificó la cantidad de vehículos ofertados en el servicio para cumplir con el mínimo exigido por vía de aclaración.

En días recientes la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago desechó un recurso de reclamación interpuesto por una empresa oferente en proceso licitatorio contra la resolución del tribunal de contratación pública que consideró ajustada a derecho determinación de municipio de excluir a reclamante del por no cumplir requisitos mínimos establecidas en las bases en relación a la cantidad mínima de vehículos ofertados para desarrollar una concesión de servicio de mantención de áreas verdes, desmalezado y arbolado urbano de un municipio. De acuerdo a los antecedentes, el reclamante modificó la cantidad de vehículos ofertados por vía de aclaración, lo que se estimó por el municipio y el tribunal de contratación que se había modificado la oferta que originariamente no cumplía con las Especificaciones Técnicas, que exigían un número mínimo de vehículos, por lo que dicho cambio que no podía evaluarse por haberse configurado la causal de inadmisibilidad de su oferta. Consulte sentencia analizada por Microjuris a continuación:

SOCIEDAD DISEÑO, SERVICIO Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LIMITADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA – QUINTA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Quinta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308161
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – LICITACION PUBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – ADJUDICACION DE LA LICITACION – RECURSO DE RECLAMACION – RECHAZO DEL RECURSO –

Se rechaza el reclamo en contra de la decisión del Tribunal de Contratación que concluyó que la actuación del Comité de Adquisición al declarar fuera de bases a la oferta del oferente demandante, no merece la calificación de ilegal y arbitraria; ya que solo se limitó a ajustarse a lo establecido por las Bases Administrativas Especiales, las que elevaban a la condición de requisitos esenciales, el ofertar la flota de vehículos que exigían un número mínimo de vehículos, lo que no fue cumplido por ese oferente. Al respecto, el Tribunal de Contratación Pública razona en forma lógica y ajustada a derecho, conforme lo establecido en Bases de Licitación, y considerando que en el caso en concreto, además, se dictó el decreto alcaldicio basado en lo informado por la Comisión de Evaluación, que se ajustó a derecho en todo momento, siendo aquella necesaria para cualquier adjudicación de una licitación, el decreto alcaldicio cuestionado no es ilegal ni arbitrario.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de reclamación deducido por el oferente en contra de la decisión del Tribunal de Contratación Pública que concluyó que la actuación del Comité de Adquisición declarar fuera de bases a la oferta del oferente demandante, no merece la calificación de ilegal y arbitraria; ya que solo se limitó a ajustarse a lo establecido por el numeral 6 «Antecedentes para incluir en la Oferta» de las Bases Administrativas Especiales, las que elevaban a la condición de requisitos esenciales, el ofertar la flota de vehículos conforme a los requerimientos establecidos por el punto 10.1 de las Especificaciones Técnicas, que exigían un número mínimo de vehículos, lo que no fue cumplido por ese oferente, desde el momento que modificó su oferta inicial, por la vía de aclaraciones, ofertando una nueva flota de vehículos, la que era de una cantidad inferior al mínimo requerido, por lo que no podía evaluarse por haberse configurado la causal de inadmisibilidad de su oferta. Por lo tanto, al declararla fuera de bases, actuó conforme con lo establecido por los artículos 9 de la Ley N°19.886 y 37 del Reglamento de dicho cuerpo legal, por no cumplir con los requisitos y condiciones establecidos por las Especificaciones Técnicas de las bases de licitación. Al respecto, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna en la labor desarrollada por el Tribunal de Contratación Pública, no adjuntándose por el reclamante antecedente probatorio que den sustento a su impugnación. En efecto, el arbitrio contemplado en el artículo 26 de la ley 19.886 no es uno de doble instancia sino de control de la legalidad de la decisión, cabe tener presente que el Tribunal de Contratación Pública razona en forma lógica y ajustada a derecho, conforme lo establecido en Bases de Licitación, y considerando que en el caso en concreto, además, se dictó el decreto alcaldicio basado en lo informado por la Comisión de Evaluación, que se ajustó a derecho en todo momento, siendo aquella necesaria para cualquier adjudicación de una licitación, el decreto alcaldicio cuestionado no es ilegal ni arbitrario.

2.- El recurso de reclamación establecido en el artículo 26 de la ley 19.886 es uno de ilegalidad, de suerte tal que lo que le corresponde a esta Corte de Apelaciones es revisar si la decisión adoptada por el a quo se encuentra o no ajustada a derecho, lo que comprende, por cierto, seguir el derrotero de los jueces en su labor de ponderación de la prueba rendida y de razonamiento judicial: si en tal proceso no existe antecedente de ilegalidad o de arbitrariedad, el reclamo del perdidoso en el proceso debe ser desestimado.

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