Corte Suprema revoca sentencia y deja sin efecto clausura de establecimiento ordenado por municipio en contra de empresa arrendataria por deuda de arrendadora

Clausura de un establecimiento corresponde a un apremios legítimo de carácter personalísimo, que no puede imponerse sobre un tercero diferente a la empresa deudora

Recientemente la Tercera Sala de la Corte Suprema, acogió un recurso de apelación interpuesto por la empresa recurrente contra la sentencia que desechó su acción constitucional de protección deducida por el actuar de un municipio de ordenó la clausura del local que arrendaba, al haberse incumplido un convenio de pago de tributos municipales de parte de su arrendadora. De esta forma se descartó la alegación de la municipalidad en torno a que desde que el recurrente obtuvo la mera tenencia del local, que le confirió el contrato de arrendamiento, quedó en obligado respecto del pago de la patente, por lo que al tener la deuda del convenio de pago y no pagar, procedía aplicar dicha medida de clausura. Los sentenciadores consideraron que «,,,las sanciones, como lo es la clausura de un establecimiento, consisten en apremios legítimos toda vez que se dirijan en contra de quien resulte bajo las normas legales y personalmente, como infractora de norma. Siendo entonces una figura personalísima, y que no puede imponerse sobre otra diferente, como es el caso de la recurrente y la empresa deudora ya indicada. Se configura así, mediante el Decreto Alcaldicio citado, una vulneración ilegal y arbitraria en relación al artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Asimismo y en virtud del legítimo contrato de arrendamiento antes mencionado, del que se derivan derechos que legítimamente puede ejercer el recurrente, entre ellos, el uso del inmueble ubicado en Parcela 10 del By Pass de la Ruta 160 de la comuna de Coronel, se deriva vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución».
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EMBOTELLADORA DOS BANDERAS SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308279
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – CONTRATO DE ARRENDAMIENTO – TERCEROS – PATENTE MUNICIPAL – CLAUSURA – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

En la especie existen dos situaciones, la primera una deuda por patente impaga entre la municipalidad recurrida y un tercero ajeno al caso, y la segunda un decreto alcaldicio, por el cual, en virtud de esa deuda se impone una sanción, al recurrente, consistente en la clausura del establecimiento arrendado por él, imposibilitando proseguir con el negocio que lleva adelante. Al respecto, las sanciones, como lo es la clausura de un establecimiento, consisten en apremios legítimos toda vez que se dirijan en contra de quien resulte bajo las normas legales y personalmente, como infractora de norma. Siendo entonces una figura personalísima, y que no puede imponerse sobre otra diferente, como es el caso de la recurrente y la empresa deudora. Se configura así, mediante el Decreto Alcaldicio, una vulneración ilegal y arbitraria en relación al artículo 19 N°2 y de la Constitución. Asimismo y en virtud del legítimo contrato de arrendamiento, del que se derivan derechos que legítimamente puede ejercer el recurrente, entre ellos, el uso del inmueble, se deriva vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N°24.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de la municipalidad por el Decreto Alcaldicio que dispuso la clausura del establecimiento de forma indefinida y hasta que cancele la deuda existente por convenio de pago, señalándose como domicilio el de la recurrente. Al respecto, en la especie existen dos situaciones, la primera una deuda por patente impaga entre la municipalidad recurrida y un tercero ajeno al caso, y la segunda un decreto alcaldicio, por el cual, en virtud de esa deuda se impone una sanción, al recurrente, consistente en la clausura del establecimiento arrendado por él, imposibilitando proseguir con el negocio que lleva adelante. En este sentido, se concluye que las sanciones, como lo es la clausura de un establecimiento, consisten en apremios legítimos toda vez que se dirijan en contra de quien resulte bajo las normas legales y personalmente, como infractora de norma. Siendo entonces una figura personalísima, y que no puede imponerse sobre otra diferente, como es el caso de la recurrente y la empresa deudora. Se configura así, mediante el Decreto Alcaldicio, una vulneración ilegal y arbitraria en relación al artículo 19 N°2 y 3 de la Constitución Asimismo y en virtud del legítimo contrato de arrendamiento antes mencionado, del que se derivan derechos que legítimamente puede ejercer el recurrente, entre ellos, el uso del inmueble, se deriva vulneración del artículo 19 N°24 de la Constitución. Nada de esto obsta a que tanto el recurrente como el recurrido, persistan o inicien acciones legales en la sede jurisdiccional que corresponda.

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