Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma multa a armador pesquero por no entregar información fidedigna sobre capturas

Se descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primera instancia que acogió la denuncia por infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que confirmó la multa de 3 UTM aplicada a armador pesquero, por no entregar información estadística fidedigna sobre desembarcos de capturas de recurso hidrobiológicos.

El fallo observa que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 número 4 de la Ley de Pesca y Acuicultura, la prueba aportada por las partes será apreciada por la judicatura de la instancia según el sistema de la sana crítica, esto es, conforme a las normas de la lógica, los principios científicos afianzados y las máximas de la experiencia, y si bien es soberana para determinar los hechos asentados conforme a ella, no procede aceptar que en tal análisis se prescinda de los elementos de convicción que están llamados a valorar o que se releve a uno de los litigantes de la carga probatoria, concluyéndose, de esta forma, que el legislador estableció un sistema particular de ponderación para esta clase de procedimientos, con exclusión de cualquier otro, como el reglado que se contiene en el Código de Procedimiento Civil, que no tiene aplicación, salvo por la remisión expresa que efectúa el número 18 de esa disposición.

Asimismo la resolución sostiene que, tal como se indicó, la decisión de la judicatura del fondo se sostuvo no sólo en la denuncia formulada por el servicio, sino que, además, en la ponderación de los elementos de cargo que presentó, de carácter documental y testimonial, incluidas, por cierto, las aserciones del inspector del Servicio Nacional de Pesca que realizó el cruce documental, contenida en la denuncia y que fue narrada por el fiscalizador en la audiencia de prueba, cuyos dichos no fueron desvirtuados por la prueba rendida en contrario, configurándose, de esta forma, la convicción del tribunal, conjunto que fue ponderado según las reglas señaladas y que permitieron colegir la efectividad de los hechos imputados.

En consecuencia, se puede concluir que los tribunales de la instancia dieron cumplimiento a las reglas probatorias denunciadas, desde que se impuso al servicio la carga de acreditar los hechos contenidos en la denuncia y a la denunciada, aquellos que la exoneraban de los cargos formulados, propósito que intentó efectuar a través de las alegaciones desarrolladas en el recurso, aunque sin éxito, ya que el convencimiento alcanzado en la instancia, como se indicó, se produjo a partir de un conjunto de antecedentes y de determinadas presunciones obtenidas a partir del análisis de la documental y testimonial rendidas, cuya procedencia, como esta Corte ha sostenido, no es un aspecto susceptible de control en sede de casación en el fondo, por cuanto exige un ejercicio valorativo propio y exclusivo del fondo, que impide alterar las conclusiones fácticas determinadas en el fallo impugnado.

Finalmente se concluye que sobre la base de los hechos establecidos en la instancia de manera inalterable y los razonamientos desarrollados, se debe concluir que la decisión condenatoria fue producto de la correcta aplicación de la legislación sancionatoria atinente a la materia, sin que concurran las vulneraciones acusadas en el recurso, razón por la que se debe desestimar el intentado en esta etapa procesal por adolecer de manifiesta falta de fundamento.

Confirme texto completo de la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial).

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