Juzgado de Letras del Trabajo acoge denuncia de vulneración de derechos con ocasión de despido indirecto por utilización de conversación personal en contra de la trabajadora

Se utilizó el contenido obtenido ilícitamente obtenido en contra de la trabajadora, perjudicándola en cuanto a un traslado no deseado, un turno distinto al que tenía, y por una justificación que no dice relación con necesidades propias de los servicios prestados.

Recientemente el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la denuncia de vulneración de derechos con ocasión del despido indirecto interpuesta por la trabajadora y se establece que la demandada vulneró la garantía Constitucional del art. 19 N°5, pues la sola circunstancia de reconocimiento de utilización de una conversación personal, efectuada en el ámbito de la intimidad entre la demandante con una compañera de trabajo, para justificar una decisión de la empresa de traslado de personal es suficiente a juicio del tribunal para estimar que la garantía fundamental de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada ha sido vulnerada.

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(Fuente: Destacados del Editor, Microjuris)

Tribunal: Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
Colección: Jurisprudencia
Cita: ROL:5-21, MJJ308344
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – INVIOLABILIDAD DEL HOGAR Y COMUNICACIONES PRIVADAS – DESPIDO INDIRECTO – INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR – DEMANDA ACOGIDA –

La sola circunstancia de reconocimiento de utilización de una conversación personal, efectuada en el ámbito de la intimidad entre la demandante con una compañera de trabajo, para justificar una decisión de la empresa de traslado de personal es suficiente para estimar que la garantía fundamental de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada ha sido vulnerada.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de vulneración de derechos con ocasión del despido indirecto interpuesta por la trabajadora toda vez que la demandada vulnero la garantía del art. 19 N°5 de la Constitución Política de la República pues la sola circunstancia de reconocimiento de utilización de una conversación personal, efectuada en el ámbito de la intimidad entre la demandante con una compañera de trabajo, para justificar una decisión de la empresa de traslado de personal es suficiente a juicio del tribunal para estimar que la garantía fundamental de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada ha sido vulnerada. Y es que la propia demandada admite desconocer cómo se obtuvo el archivo. Ante tal escenario, la demandada tomo la decisión de utilizarlo pese a que desconocía la procedencia del material de audio, y si este había sido obtenido por medios maliciosos interviniendo comunicaciones, o bien vulnerando a las participantes de la conversación. Al respecto, la contraparte en dicha conversación declaró testigo, señalando en juicio que no envío los archivos de audio a otras personas y que la conversación se había efectuado solo entre quienes intervinieron en ella, la demandante y su compañera. En tal sentido, queda en evidencia que existía en la conversación una legítima expectativa de privacidad, y que el contenido de ella no tenía por objetivo ser compartido a la comunidad.

2.- Los límites impuestos por el trabajador respecto a su vida privada y a su comunicación no deben ser traspasados por el empleador, pues el trabajador ha decidido no compartir públicamente sus comunicaciones con terceros. Con independencia de que el contenido se refiera a aspectos personales o a asuntos que le incomodan de las condiciones laborales, estas comunicación son privadas por decisión del trabajador, y no puede el empleador decidir hacerlas públicas o utilizarlas para adoptar una decisión empresarial. Ya sea que el contenido de la conversación fuera obtenido por alguna intrusión en el medio tecnológico donde se efectuó, o porque fue reenviada por alguna persona que obtuvo una copia, su obtención sin autorización de las participantes en la conversación es ilícita, rompe la esfera de privacidad y su legítima expectativa, e impide a las trabajadoras tener una conversación en sus propios términos. Adicionalmente, dada la falta de certeza respecto a cómo se obtuvo por parte de la empresa el contenido de la conversación, quedó la permanente duda de si las comunicaciones por medios electrónicos son o no privadas – como inicialmente pensaban las trabajadoras.

3.- La intrusión en las comunicaciones de la demandante no solo implicó el conocer una comunicación privada respecto a disconformidades con ciertas decisiones de la empresa y con asuntos personales, sino que, además la demandada utilizó el contenido de la conversación para decidir que debía trasladar a las trabadoras involucradas de la instalación donde prestaban servicios. Es decir, no solo se afecta la privacidad, también se utiliza el contenido obtenido ilícitamente obtenido en contra de la trabajadora, perjudicándola en cuanto a un traslado no deseado, un turno distinto al que tenía, y por una justificación que no dice relación con necesidades propias de los servicios prestados.

4.- El respeto a las garantías fundamentales del trabajador es una obligación inescindible del contrato de trabajo, y por tanto su incumplimiento en los términos denunciados en la demanda, atendidas las consecuencias para la trabajadora y los términos de la vulneración de la garantía señalada reviste la gravedad suficiente para configurar la causal de despido del art. 160 N°7 del Código del Trabajo. Conforme a estas consideraciones, el despido indirecto ejercido por la trabajadora se encuentra justificado.

5.- Considerando que no hay norma que excluya la procedencia de la denuncia en los casos de auto despido, que el despido indirecto es también una forma de despido del empleador, y teniendo en cuenta que la justificación del ejercicio de la acción, y los bienes jurídicos protegidos son los mismos – esto es los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral- se considera procedente el ejercicio de la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión de despido, cuando el despido se ha producido en los términos del art. 171 del Código del Trabajo.Fallo:

En Santiago, a diez de diciembre de dos mil veintiuno

VISTOS, Que, a folio 1 comparece VERÓNICA HERRERA AGUILERA, cédula de identidad N°12.290.395-8 domiciliado en Estado N°115, oficina N°1208, comuna de Santiago, región Metropolitana, quien deduce demanda por tutela por vulneración de derechos fundamentales, cobro de prestaciones o en subsidio, demanda por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones en contra de SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A., rol único tributario N°78.005.760-2, representada legalmente por SERGIO SIERRA ACEVEDO, cédula de identidad N°7.987.116-8, ambos domiciliados en Radial el golf N°11640, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana a AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A., rol único tributario 96.885.450-k, representada legalmente por JAIME ACEVEDO MUJICA, cédula de identidad N°6.843.757-1, domiciliado en Cap. Manuel Avalos Prado N°1860, comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

Funda su demanda en que inició la relación laboral con la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA, con fecha 25 de abril de 2016 para desempeñar el cargo de guardia de seguridad, realizando sus funciones en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para la empresa AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A., en una jornada de 4 días de trabajo y 4 días de descanso. La remuneración percibida era de $562.338.- (Quinientos sesenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos). Indica que además de las remuneraciones recibía $50.000.- (Cincuenta mil pesos) correspondientes a un bono de supervisión por estar a cargo de otros guardias de seguridad.

Señala que el 10 de noviembre de 2020, se le informó que debía asistir a una reunión con Mireya Barrios, jefa de Recursos Humanos, sin darle mayores antecedentes de lo que ocurría. Dicha reunión era el día 11 de noviembre. Al concurrir la señora Barrios se encontraba ocupada, por lo que no pudo atenderlos y en su lugar tuvieron una reunión con Juan Ortiz, con doña Herly Jara y con doña Paulina Araya.

En esta reunión les compartieron a ella y a una compañera de trabajo un audio de WhatsApp en que ambas comentan algunas irregularidades y malas prácticas por parte de la empleadora, como que en los turnos a veces no podían ir al baño o salir a colación por falta de personal. Debido a ese audio, la jefatura les señaló que el cliente AEROSAN había solicitado el retiro de ambas y habían decidido cambiarlos de instalaciones al cliente Watts en Lonquén, realizando tueno de noche y que se nos consideraba una «amenaza para la empresa».

Señala que el cambio de lugar constituía evidentemente un menoscabo, ya que la instalación en la que debían prestar servicios estaba aproximadamente a 2 horas de trayecto y en el caso de la actora no había trabajado en turno de noche hace más de 3 años.

Sostiene que desde la empresa les indicaron que esos audios fueron entregados por AEROSAN, pero al consultarlo con la empresa principal, dijeron que ellos no habían solicitado el retiro de los trabajadores y que habían tenido conocimiento de los audios debido a que SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA se los había enviado.

Estos audios fueron enviados entre ambas trabajadoras desde sus números personales mediante la aplicación de WhatsApp y fuera del horario laboral. Por lo que la única manera de que la empresa obtuviera estas conversaciones y audios de sus teléfonos es por medios ilícitos, vulnerando con ello el derecho de ambos a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.

Dada la situación anterior, se presentó denuncia ante la policía de investigaciones con fecha 23 de diciembre de 2020, por lo cual existe una investigación en curso. Todo lo sucedido ha seguido afectando la vida de la actora, puesto que los audios se dieron a conocer a sus compañeros de trabajo, vulnerando su vida privada.

La demandante ha tenido que enfrentarse a la angustia, afectando su vida personal y familiar, pues ya no tiene seguridad de lo que escribe en su teléfono celular.

Por último, en virtud de las diferencias de remuneraciones no incluidas en el pago de sus liquidaciones de sueldo, se encuentra el bono de supervisión, del cual se le adeudan las cotizaciones previsionales.

Por todo lo anterior, indica que el 04 de diciembre de 2020, mediante carta certificada dio a conocer a su empleador su autodespido, fundado en las graves vulneraciones a sus derechos fundamentales, especialmente la vulneración al derecho, respeto y la protección a la vida privada y la honra, así también el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada y eso sumado a

incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato, correspondiente al no pago de cotizaciones previsionales.

A pesar de haber cumplido con las formalidades de la carta de autodespido, con fecha 17 de diciembre de 2020, la empresa le indicó vía telefónica que había sido desvinculado por no haberse presentado a trabajar desde el día 4 de diciembre de 2020, ante lo cual señala haber indicado que había enviado carta de autodespido a los domicilios correspondientes, con copia a Dirección del Trabajo. Para mayor claridad envió correo electrónico a Mireya Barrios con la carta de despido.

En definitiva, solicita que se admita la demanda por vulneración de derechos fundamentales y que se declare que se vulneraron los derechos de la actora durante la vigencia de la relación laboral, en específico el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra, y el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, que se declare la responsabilidad solidaria de las demandadas respecto de las deudas laborales y previsionales que tengan, que la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A.

no pagó las cotizaciones previsionales de la actora, que la demandada ha incurrido en incumplimientos graves del contrato, por lo que el autodespido de la actora es justificado, que adeudándose las cotizaciones de seguridad social deberá aplicarse el pago de las remuneraciones hasta el pago efectivo de las cotizaciones previsionales y de salud, que la demandada deberá pagar las siguientes prestaciones o indemnizaciones; Indemnización sustitutiva de aviso previo por un monto de $562.338.-(Quinientos sesenta y dos mil trescientos treinta y ocho mil pesos), indemnización por años de servicio por un monto de $2.811.690.- (Dos millones ochocientos once mil seiscientos noventa pesos), recargo del 50% por un monto de $1.405.845.- (Un millón cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos), debido a la vulneración de derechos fundamentales que se condene al pago de una indemnización de once remuneraciones con un valor de $6.185.718.- (Seis millones ciento ochenta y cinco mil setecientos dieciocho pesos), feriado legal y proporcional por un monto de $195.300.- (Ciento noventa y cinco mil trescientos pesos), remuneraciones pendientes por un monto de $74.978.- (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos), intereses, reajustes y costas.

En subsidio de la anterior acción de tutela, y en el evento que se rechace, se deduce la acción por despido indirecto y cobro de prestaciones laborales solicitando que se declare que la demandada ha incurrido en faltas graves por lo que el autodespido es justificado.

Solicita en este caso el pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas, que en razón de esa deuda se aplique la sanción del pago de remuneraciones hasta que se haga efectivo el pago de las cotizaciones previsionales, que se declare la responsabilidad solidaria de ambas demandadas y que se declare que se adeudan; indemnización sustitutiva de aviso previo por la suma de $562.338.- (Quinientos sesenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos), indemnización por años de servicio correspondiente a la suma de $2.811.690.- (Dos millones ochocientos once mil seiscientos noventa pesos), recargo del 50% por un monto de $1.405.845.- (Un millón cuatrocientos cinco mil ochocientos cuarenta y cinco pesos), feriado proporcional por $195.300.- (Ciento noventa y cinco mil trescientos pesos), remuneración adeudada de diciembre $74.978.- (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos), intereses, reajustes y costas.

La parte demandante ingresó a folio 16 una ampliación de la demanda, incluyendo a una nueva demandada. El tribunal resolvió no dar lugar a la solicitud de ampliación y rectificación por ser extemporánea.

A folios 10 y 11 consta notificación de la demanda.

La demandada AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. contestó la demanda oponiendo excepción de incompetencia absoluta del tribunal, esto dado que no existe régimen de subcontratación entre la demandante y AEROSAN, no es una empresa mandante del empleador. Afirma que la parte demandante está confundida, pues la empresa mandante y que habría estado vinculada en régimen de subcontratación sería una persona no emplazada en este juicio, SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. Las personas que quedan vinculadas en la relación triangular de la subcontratación son el trabajador, el empleador directo, y la empresa mandante o principal, quien encarga la obra y se beneficia con la misma. En el presente caso, la demandada en este juicio AEROSAN AIRPORT SERVICES, no encargo la obra, no es el principal o mandante.

En consecuencia, AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A., no se inserta en la relación

triangular de subcontratación, por lo que no siendo parte del contrato de trabajo ni de tal relación contractual.

En subsidio solicita que se rechace la demanda en cuanto al fondo oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, pues al no ser la empresa correcta no aplica la posibilidad de ser demandada solidaria o subsidiariamente.

Indica que Aerosan es una empresa que presta servicios de apoyo a los aviones de líneas aéreas, en los terminales del Aeropuerto de Santiago, donde existen estrictas normas de restricción de acceso y de seguridad, tanto por aspectos de terrorismo, como de ilícitos que puedan afectar al libre ingreso o transito tanto de personas como de mercancías. En dichos r ecintos no hay seguridad privada extraña a la concesionaria del Aeropuerto. Aerosan no tuvo conocimiento ni injerencia en la revelación de los supuestos audios de WhatsApp que la demandante dice habrían sido revelados por su empleador, y en cuya comisión la actora hace descansar su acción.

De esta forma: Aerosan Airport Services S.A. carece de legitimación pasiva, al no haber tenido ninguna calidad de empresa mandante respecto de la actora y la codemandada. Sin perjuicio de lo indicado, nunca existió una vulneración al derecho fundamental denunciado como vulnerado por la demandante.

En conclusión, solicita que se rechace la demanda por vulneración de derechos fundamentales, según los fundamentos expuestos, en todas sus partes, con expresa condenación en costas y así mismo, por las mismas razones que se rechace la demanda subsidiaria por autodespido y cobro de prestaciones.

La demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A. contestó la demanda reconociendo que la actora ingresó a prestar servicios con fecha 25 de abril de 2016, la duración de su contrato era indefinida, la actora se desempeñaba como guardia de seguridad en los turnos que indica.

Reconoce que la relación laboral finalizó debido al despido indirecto realizado por la denunciante con fecha 04 de diciembre de 2020, e indica que la remuneración percibida al momento de su desvinculación era de $530.123.- (Quinientos treinta mil ciento veintitrés pesos).

Opone excepción por incompatibilidad de acciones entre tutela laboral y despido indirecto, dado que la tutela de derechos fundamentales está destinada a dar protección efectiva de los derechos de los trabajadores y procede cuando la vulneración de garantía se produce durante la vigencia de la relación laboral o bien, cuando la vulneración se produce al término de esta, con ocasión del despido, adquiriendo en este caso el carácter atentatorio contra los derechos fundamentales.

En el caso de marras, es la denunciante quien ha ejercido un autodespido, lo cual es una decisión unilateral, voluntaria y pensada por el trabajador.

En subsidio de la excepción interpuesta, niega la supuesta vulneración de derechos fundamentales, y así mismo todos los hechos relatados por la actora. Es efectivo que se citó a una reunión a la actora junto con una compañera de trabajo, reunión en la cual se reprodujo un audio en el que hacían malos comentarios respecto de las operaciones de la empresa. Dicho audio fue enviado por la empresa mandante AEROSAN, descartando que esta parte haya accedido a su teléfono celular, afirma que este audio lo deben haber reenviado a algún compañero(a) de trabajo quien posteriormente lo reenvió con posterioridad.

En esta fecha la demandada se encontraba en proceso de licitación para efectos de renovar el contrato que mantenía con la empresa AEROSAN. Debido a los audios se comunicaron de forma inmediata, solicitando el traslado de la actora y su compañera.

Por esta razón fueron trasladas a Watts Lonquén.

Se desmiente que haya existido alguna vulneración en cuanto al derecho al respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, pues, en ningún momento hubo una intromisión de esta parte al obtener el audio de WhatsApp y tampoco es efectivo que se hayan dado a conocer estos audios a los demás trabajadores de la empresa.

Así mismo desmiente que se haya vulnerado el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, pues en ningún momento se utilizó el audio de forma ilícita. A raíz de lo expuesto, no corresponde acogerse a la tutela interpuesta y por lo tanto no proceden ninguna de las indemnizaciones y prestaciones por esta causa, a

excepción de la remuneración correspondiente al mes de diciembre, correspondiente a $65.914.- (Sesenta y cinco mil novecientos catorce pesos).

En definitiva, solicita el rechazo de la demanda por tutela de derechos fundamentales en todas sus partes.

En cuanto a la demanda por despido indirecto y cobro de prestaciones, sostiene que es importante recalcar que los supuestos incumplimientos graves de los que hace mención la actora son el no pago de cotizaciones de seguridad social y la vulneración de derechos fundamentales. Esta parte desmiente todos y cada uno de los hechos alegados en dicha carta.

El no pago de cotizaciones que la actora alega corresponde a un supuesto bono que no se incluía en sus liquidaciones que ascendía a $50.000.- (cincuenta mil pesos), el cual se habría pagado entre agosto de 2018 a noviembre de 2020. La actora no indica cuales eran las funciones adicionales que realizaba para recibir este supuesto bono. Se desmiente que ejerciera funciones adicionales que dieran origen a ese bono, pues en la empresa se encuentra regulado en pago de dos bonos solamente, que son el bono de responsabilidad y el bono cliente, los cuales siempre fueron contemplados en las liquidaciones de remuneraciones.

La carta enviada por la actora no describe causales de incumplimiento contractual, como tampoco así señala siquiera la existencia de un perjuicio, lo que la hace carente de fundamento, haciendo que el auto despido sea «improcedente», pues se refiere a una causal de hecho que no corresponde a la causal de derecho aplicada.

En conclusión, se solicita que la demanda por despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones sea rechazada, declarando que ha existido una renuncia por parte de la demandante no dando lugar a las indemnizaciones solicitadas, con expresa condena en costas.

El tribunal efectúa el llamado a conciliación y propone como base de acuerdo el pago de la suma de $ 3.500.000.- (Tres millones quinientos mil pesos), la parte demandante no acepta la suma propuesta y propone la suma de $ 4.500.000.- (Cuatro millones quinientos mil pesos), la parte demandada acepta la suma propuesta por el tribunal.

CONSIDERANDO,

PRIMERO: Que, en la audiencia preparatoria se fijaron como hechos pacíficos la existencia de la relación laboral entre las partes y las labores desempeñadas por la trabajadora, como guardia de seguridad. En la ocasión también se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos a probar los siguientes:

1. Hechos y circunstancias que rodearon el término de la relación laboral, cumplimiento de las formalidades legales.

2. Efectividad de haber sido objeto la trabajadora de vulneración de derechos fundamentales, circunstancias y pormenores de la vulneración

3. Efectividad de adeudar la demandada emolumentos por conceptos de prestaciones laborales, a saber, montos que se adeudan por dichas situación y orígenes de tales acreencias.

4. Efectividad de adeudarse cotizaciones de seguridad social, en la asertiva, procedencia de la sanción estatuida en el artículo 162 inciso quinto y séptimo del Código del Trabajo.

5.

Efectividad de haber prestado servicios la trabajadora en régimen de subcontratación, en la asertiva de aquello, temporalidad de prestación de servicios en dicho régimen, efectividad de haber hecho uso la demandada solidaria y/o subsidiaria del derecho de información y retención.

SEGUNDO: Que, en la audiencia de juicio las partes incorporaron la siguiente

prueba

A) Denunciante:

I. Documental:

1. Contrato de trabajo de fecha 25 de abril de 2016.

2. Notificación por parte de la empresa SEGAER. (SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A) de fecha 11 de noviembre de 2020.

3. Denuncia ante policía de investigaciones de fecha 23 de noviembre de 2020.

4. Carta de despido indirecto y comprobante N°1176278980678, dirigidas a empresa SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A de fecha 4 de diciembre de 2020.

5. Carta de despido indirecto y comprobante N°1176278995337 dirigida a inspección del trabajo de fecha 4 de diciembre 2020.

6. Liquidaciones de remuneraciones de los meses junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020.

7. Imagen de WhatsApp de conversación con Juan Ortiz de fecha 10 de noviembre 2020.

8. Contrato de trabajo de fecha 28 de diciembre de 2020.

9. Certificado de cotizaciones previsionales AFP Plan Vital

10. Certificado de cotizaciones de salud Isapre Nueva Masvida

11. Certificado de cotizaciones AFC Chile.

12. Cartola de Abonos Recibidos bajo el número de convenio 0011800192

13. Cartola Bancaria de cuenta vista n°12290395, cartola N°000017 de fecha 06/10/2020 14. Fotografía de comprobante de transferencia de fecha 2 de octubre de 2020.

15. Fotografía de conversación de WhatsApp con don Juan Ortiz de fecha 17 de septiembre de 2020 II. Confesional: Citado a absolver posiciones el representante legal de la demandada solidaria, este no comparece. Se justificó su falta de comparecencia señalando que ya no trabajaba en la empresa, peor no se apoyó tal aseveración con documentos u otro antecedente. Por ello se solicitó por la demandante la aplicación del apercibimiento del art, 454 N°3 del Código del Trabajo.

Atendida la falta de comparecencia y justificación de la demandada solidaria, se aplicará la sanción señalada, teniéndose por efectivos los hechos señalados en la demanda en relación con los hechos a probar, siempre que no sean incompatibles con otros medios de prueba aportados al proceso.

III. Testimonial: Declararon los siguientes testigos

1. Marta Ester Montalva Orellana, cédula de identidad N°10.333.384

2. Cintia Karina Rubio Alarcón, cédula de identidad N°15.350.884-4

IV. Oficio: Se incorporó respuesta a oficio de Banco Estado.

V. Exhibición de documentos: Se ordenó en audiencia preparatoria la exhibición de los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo con comprobante de pago de los dos últimos periodos.

2. Certificado de pago de las cotizaciones.

3. Comprobantes de feriados de todo el periodo trabajado.

4. Contrato de Prestación de Servicios que existe entre demandado principal SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A. y la demandada solidaria AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A.

5. Facturas y/o órdenes de pago emitidas entre demandado principal SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A. y la demandada solidaria AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. por el periodo comprendido entre 26 de abril de 2016 hasta el 5 de diciembre de 2020.

6. Guías de despacho emitidas entre demandado principal SOCIEDAD DE

SEGURIDAD AEREA S.A. y la demandada solidaria AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A. por el periodo comprendido entre 26 de abril de 2016 hasta el 5 de diciembre de 2020.

La demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A. cumplió parcialmente la exhibición, presentando las liquidaciones de remuneraciones, certificados de pago de cotizaciones y comprobantes de pago de feriado de la actora. Por otro lado, ambas demandadas incumplieron los puntos 4,5 y6 al no exhibir contrato de prestación de servicios, facturas y/o órdenes de pago y guías de despacho entre las empresas. Se solicitó la aplicación del apercibimiento del art. 453 N°5 del Código del Trabajo respecto de estos documentos.

Sin embargo, existe el inconveniente de que la demandada solidaria sostiene no tener relación con la demandada principal, e incluso señala en su contestación la empresa que debió ser emplazada y que si tendría relación con SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A.

Conforme a lo anterior, no existe entre las partes una relación contractual, ni facturas, ordenes de pago o guías de despacho, pues no se trata específicamente de la

empresa mandante. Por ello, no existiendo los documentos solicitados, no es posible aplicar la sanción del art. 453 N°5 del Código del Trabajo.

B) Denunciada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A.

I. Documental:

1. Contrato de Trabajo de fecha 25 de abril de 2016.

2. Anexo de contrato de fechas 01 de noviembre de 2016.

3. Carta de Autodespido.

4. Liquidaciones de remuneraciones de agosto de 2018 a noviembre de 2020.

5. Certificado de Previred por todo el periodo trabajado.

6. Informe de ficha de vacaciones.

II. Oficios: Se incorporó respuesta a oficio de la Dirección del Trabajo

C) Denunciada AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A.

I. Documental:

1. Copia de contrato de prestación de servicios de seguridad, de 01.01.2017, y anexos, entre SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A., RUT N°94.058.000-5, y la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A, RUT N°78.005.760-2 2. Adenda 1 al contrato de prestación de servicios de seguridad entre SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A., RUT N°94.058.000- 5, y la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AEREA S.A, RUT N°78.005.760-, de fecha 15 de mayo de 2020.

TERCERO: Que, previo a conocer el fondo del asunto, es necesario analizar las excepciones opuestas, de incompetencia absoluta del tribunal opuesta por la demandada solidaria, y de incompatibilidad de acciones opuesta por la demandada principal.

Respecto de la primera excepción, esta se basa en la inexistencia de un régimen de subcontratación, dado que la empresa emplazada de forma solidaria no sería la empresa mandante de la demandada principal.

Por el contrario, se indica que la relación contractual existente entre la demandada, y la empresa denominada «SERVICIOS

AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A.», rol único tributario N°94.058.000-5. El fundamento de la excepción resulta errado, ya que el art. 420 letras A) y G) otorgan competencia a este tribunal para conocer del asunto suscitado a propósito de la interpretación de la normativa y de los contratos suscritos entre las partes, así como de la declaración de existencia de un eventual régimen de subcontratación, en los términos de los artículos 183-A y siguientes. Distinto es que, a juicio de la demandada solidaria, no existan en el caso los elementos que establece la ley para la configuración de este régimen de subcontratación, lo que es una materia de fondo. Por ello, atendido a que el fundamento de la excepción de incompetencia es relativo a la falta de requisitos de configuración de un régimen de subcontratación, asunto de fondo, se rechazará la excepción opuesta.

No obstante lo resuelto, atendiendo a que de todas formas es necesario analizar la configuración de un régimen de subcontratación se analizará a continuación la prueba rendida al respecto. Para acreditar los hechos que fundan la excepción opuesta, se acompañó por la demandada solidaria el contrato de prestación de servicios de fecha 1 de enero de 2017, entre Servicios Aeroportuarios Aerosan S.A.

y Sociedad de Seguridad Aérea S.A., con una duración de 24 meses según su clausula décimo novena, y Adenda de 15 de mayo del año 2020 entre las mismas partes, donde se extiende la fecha de término de la relación contractual hasta el 1 de enero del año 2021.

El contrato en comento según su clausula segunda, tiene por objeto que la demandada principal prestara los servicios de «vigilancia disuasiva y seguridad preventiva». El lugar de prestación de los servicios se señala en la cláusula octava, y se indica que será ejecutado en las dependencias del cliente, indicadas en el Anexo N°1 del Contrato. Dicho anexo que se acompañó al contrato, indica que los servicios se prestaran en el terminal de importaciones y gerencia de servicios Aeroportuarios Aerosan S.A. ubicado en Capitán Manuel Avalos Prado N°1720 y 1860, Pudahuel, Santiago. Estas circunstancias son coincidentes con lo relatado por la demandante respecto al lugar de prestación de los servicios. Respecto a este punto la demandante no rindió prueba que desacreditara lo expuesto por la demandada solidaria, más allá del llamado a absolver posiciones. En atención a que la prueba documental es lo suficientemente precisa y sería, se preferirá su contenido a la sanción por no comparecer a absolver posiciones, por lo que no es posible desvirtuar el contenido de los contratos con la sanción indicada.

Con lo anterior, resulta acreditado que efectivamente la empresa mandante en el régimen de subcontratación no es la emplazada AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A., sino que la empresa SERVICIOS AEROPORTUARIOS AEROSAN S.A. No se ha acreditado tampoco que la demandada solidaria sea la dueña de las faenas o el lugar donde se prestaban los servicios y que estemos ante una cadena de contratos. Por lo anterior, no se cumplen los requisitos establecidos en el art. 183-A , en particular la existencia de un acuerdo contractual entre la empresa mandante y la contratista.

Debido a lo expuesto, se rechazará la demanda en lo referido al régimen de subcontratación y a la petición de condena solidaria o subsidiaria.

CUARTO: Que, la demandad principal ha opuesto la excepción que plantea la incompatibilidad de acciones entre la tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido y la acción de despido indirecto. El fundamento de la demandada principal es que la acción del art. 489 del Código del Trabajo requiere para su legitimación activa el despido del trabajador por parte del empleador, no siendo procedente en un caso como en el de autos, donde fue el propio trabajador quien se despidió.

Lo cierto es que el art. 489 no excluye la posibilidad del trabajador de denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión del despido, cuando este se ha producido por despido indirecto. Al efecto, el despido indirecto – en tanto se declare como justificado- tiene el efecto de poner término a la relación laboral en análogas circunstancias al despido disciplinario, incluso operando similares sanciones pecuniarias que cuando se declara el despido injustificado respecto del empleador (indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio y recargo legal). La única diferencia es que quien incurre en la causal es el empleador, y quien toma la iniciativa del despido es el trabajador. Tal circunstancia no implica la exclusión de existencia de vulneración de garantías fundamentales por los mismos hechos que configuran el despido indirecto. En tal escenario, no existe norma legal, ni razón para privar al trabajador que ha decidido tomar la iniciativa del despido en atención a que el empleador ha incurrido en una de las causales legales de término, para denunciar los hechos y obtener la protección que otorga la ley respecto a tales circunstancias. Así, quien motiva el despido es en definitiva el propio empleador con su actuar.

Parte de la doctrina ha señalado sobre este punto que:

«¿Es posible recurrir de despido atentatorio y, a la vez, de despido indirecto?. Estimamos que sí, y debiera demandarse en forma conjunta. Lo anterior, dado que el despido indirecto es una forma de despido del empleador, es decir, el empleador incumple gravemente el contrato y en base a dicha conducta el trabajador se siente despedido. Por tanto, en el fondo, el responsable de este despido es el empleador, aunque quien acciones sea el trabajador» (Gamonal, Sergio (2021). Derecho individual del trabajo. Der Ediciones, Santiago, p. 455).

Por lo anterior, considerando que no hay norma que excluya la procedencia de la denuncia en los casos de auto despido, que el despido indirecto es también una forma de despido del empleador, y teniendo en cuenta que la justificación del ejercicio de la acción, y los bienes jurídicos protegidos son los mismos – esto es los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral- se considera procedente el ejercicio de la acción de tutela de derechos fundamentales con ocasión de despido, cuando el despido se ha producido en los términos del art. 171 del Código del Trabajo. Por ello, se rechaza la excepción opuesta.

QUINTO: Que, al existencia de la relación laboral entre la demandada principal y la demandante no ha sido controvertida, como tampoco lo fue la fecha de inicio y término, y que este último se produjo por despido indirecto.

El primer hecho a probar fijado por el tribunal dice relación con las circunstancias que rodearon el término de la relación laboral. Al respecto, también ha sido pacífico que la demandada ejerció el despido indirecto el 4 de diciembre del año 2020, lo que incluso ha sido señalado por la demandada como argumento de improcedencia de la acción principal impetrada. En tal sentido, resulta necesario ana lizar los fundamentos del despido indirecto, y si estos son efectivos.

Tal análisis alcanzará también a la denuncia de vulneración de garantías fundamentales, dado que son los mismos actos que fundan el auto despido los que se indican por la demandante como constitutivos de las vulneraciones que se reclaman.

En este sentido, la carta de aviso de despido indirecto de fecha 4 de diciembre se funda en la causal del art 160 N°7 del Código del Trabajo, la que a su vez tiene como fundamento dos hechos en particular:

a. Falta de pago de cotizaciones previsionales en Isapre Masvida, entre agosto de 2018 y noviembre de 2020; en AFP Planvital. Desde diciembre de 2018 a enero de 2020; y AFC Chile en el mismo periodo. Todo lo anterior por funciones adicionales no estipuladas en el contrato, por concepto de encargada de grupo, por lo cual afirma que se le pagaban $50.000.- (Cincuenta mil pesos) que no eran incluidos en sus liquidaciones de remuneraciones. b. Vulneración de garantías fundamentales de respeto y protección de la vida privada y la honra, así como la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada por la empleador, al reproducir un audio de Whatsapp privado entre la trabajadora y una compañera de la empresa, anunciando que se tomaría como medida el traslado de las trabajadoras a otras instalaciones.

Respecto al primer punto, la falta de pago de cotizaciones se refiere a una supuesta asignación adicional que recibía la trabajadora, que no se consignaba en su liquidación de remuneraciones ni tampoco aparece en su contrato de trabajo. no hay reproche respecto del pago de cotizaciones por los montos consignados y reconocidos en las liquidaciones de sueldo. Para determinar la efectividad de este punto es necesario en primer lugar analizar si efectivamente existió esta asignación adicional que indica la demandante. Tal como sostiene en la carta de aviso y en el libelo pretensor, no existe constancia de dicha asignación ni en el contrato de trabajo ni en las liquidaciones de remuneración.

Para acreditar este hecho la trabajadora acompañó las liquidaciones de remuneración de los meses de junio a octubre de 2020. En ellos se indican como montos a pagar los siguientes:

I. Mes de junio de 2020: $69.415.- (Sesenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos) e incluye un descuento por anticipo de $40.000.- (Cuarenta mil pesos)

II. Mes de julio de 2020: $142.262.- (Ciento cuarenta y un mil doscientos

sesenta y dos pesos) e incluye un descuento por anticipo de $40.000.-(Cuarenta mil pesos) III. Mes de agosto de 2020: $99.320.- (Noventa y nueve mil trescientos veinte pesos) e incluye un descuento por anticipo de $40.000.- (Cuarenta mil pesos)

IV. Mes de septiembre de 2020: $109.715.- (Ciento nueve mil setecientos quince pesos) e incluye un descuento por anticipo de $40.000.- (Cuarenta mil pesos) V. Mes de octubre de 2020: $102.252.- (Ciento dos mil doscientos cincuenta y dos pesos), e incluye un descuento por anticipo de $40.000.- (Cuarenta mil pesos)

Es decir, en cada uno de los meses indicados se debió haber pagado a la trabajador ala suma indicada en la liquidación, más el anticipo de $40.000.- (Cuarenta mil pesos) presente en todos los meses. Se acompañó cartola histórica de cuenta Rut del Banco Estado de la demandada, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre de 2020. En ella se destacan 2 abonos del banco de Chile (banco a través del cual se pagaban las remuneraciones), por $40.000.- (Cuarenta mil pesos) el 25 de septiembre y por $109.715.- (Ciento nueve mil setecientos quince pesos). El 30 de septiembre. Lo anterior es completamente coincidente con lo señalado en las liquidaciones de remuneración.

En el mes de octubre aparece un solo pago, el día 2 por el monto de $60.000.- (Sesenta mil pesos). Si bien dicho pago no calza con los datos de la liquidación, es necesario tomar en cuenta que solo se acompaña cartola de 6 días de dicho mes, por lo que es imposible determinar el monto total que llegó a la cuenta de la actora en el periodo, y si este coincide, como en el mes de septiembre con las liquidaciones de remuneración.

Por otro lado, también se acompañó un documento denominado «cartola de abonos recibidos» que da cuenta de los depósitos recibidos por parte del Banco de Chile en virtud del convenio N°11800192, por el cual – según afirmo la demandante- se pagaban las remuneraciones de la actora, entre el 9 de mayo de 2016 y el 30 de noviembre de 2020. En él, solo el mes de junio no presenta disparidades con la información de las liquidaciones. Todo el resto de los meses aparece con diversos pagos asociados al mismo convenio, en algunos meses hasta 6 transferencias. Lo anterior resulta llamativo, ya que la actora alega que percibía un bono de $50.000.- (Cincuenta mil pesos), pero en el mes de julio hay pagos en exceso por $90.000.- el 24 de julio, $90.000.- el 31 de julio. $60.000.- el 17 de julio, $170.000.- el 10 de julio, $1450.- el 9 de julio y $50.000 el 3 de julio. Todo esto además del anticipo y la remuneración que según liquidación correspondía a ese mes. Es decir,

solo en ese mes la actora habría recibido además de su sueldo y el anticipo, 6 transferencias por el total de $461.450.- (Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos). Lo anterior se aleja de lo señalado por la propia demandante en su libelo pretensor, y le resta seriedad, precisión y concordancia a esta prueba, que no definitiva no permite acreditar nada, pues hace referencia a una cantidad inexplicable de transferencias desde el Banco de Chile.

Esta circunstancia se repite el resto de los meses, con múltiples transferencias por diversos montos, 6 en el mes de agosto, 6 en el mes de septiembre y 7 en el mes de octubre. Con ello, la prueba detallada no permite concluir lo pretendido por la demandada respecto a la existencia de pago de un bono de $50.000.- (Cincuenta mil pesos) adicionales a su remuneración.

Este hecho fue además mencionado por la testigo Marta Montalva, señalando que los turnos extras eran pagados fuera de las liquidaciones, precisando que los turnos extras los pagaban los días 15 y el sueldo los 30 de cada mes. También señaló saber que a la demandante le pagaban un bono, pero no dio razón de sus dichos. Lo relatado por la testigo respecto al pago de horas extraordinarias tampoco coincide con las transferencias, pues la testigo señalo de forma precisa que estos pagos se generaban los días 15, y las transferencias del listado son erráticas en cuanto a fechas y montos. La testigo Cintia Rubio declaro la existencia de un bono de encargado de turno, pero también señalo que ella nunca lo fue así que no percibía dicho bono. Nuevamente no hay mas que un conocimiento de oídas de un eventual bono, sin saber el monto del mismo. La testigo relató, al igual que Marta Montalva que no se les pagaban las horas extraordinarias a tiempo y señaló que debían llevar su propia cuenta y solicitar el pago. Sin embargo, esta circunstancia tampoco es lógicamente compatible con los montos que detallan las transferencias analizadas, ya que, en el mes detallado, la trabajadora recibió adicional a su sueldo la suma de $461.450.-(Cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos), monto incluso superior a sus remuneraciones. Si considerásemos que el bono existía, de la suma señalada 411.450.-habrían correspondido a horas extraordinarias.

A simple vista resulta prácticamente imposible que la trabajadora realizara una cantidad de horas extraordinarias superior a su sueldo base, sobre todo considerando que tenia una jornada de 4 días de trabajo de 12 horas cada uno, por 4 días de descanso. No hay ninguna explicación efectuada por la actora

respecto a estas cifras que permita entender su sentido y asignarle algún significado a la cantidad de transferencias que detallan los documentos acompañados.

Se acompañó también un certificado de transferencia de la actora a Juan Ortiz del día 2 de octubre, cuya relación no se entiende, considerando que es la actora la que transfiere a el representante de la empresa. Luego se acompañó una conversación con Juan Ortiz donde se consulta respecto del pago de «turnos + el pendiente» y la actora muestra una imagen de haber recibido $90.000.- (Noventa mil pesos) el 17 de septiembre. Acto seguido la trabajadora le indica que le faltaba una parte, y Juan Ortiz le respondió que lo depositaban «entre hoy». Si bien los términos del mensaje resultan al menos dudosos en cuanto a la razón de los pagos y su monto, lo cierto es que solo se hace referencia a turnos, por lo que a posiblemente hace referencia turnos extraordinarios que se adeudaban a la demandada, no a bonos. De hecho, el monto que se solicita como faltante es de $30.000.-(Treinta mil pesos) lo que nuevamente no coincide con el monto del pretendido bono.

Cabe hacer presente que el asunto relativo al pago de horas extraordinarias solo surgió en la audiencia de juicio, pues no es fundamento del auto despido ni se menciona en la demanda que se adeuden horas extraordinarias o cotizaciones previsionales por horas extraordinarias, sino que la demandante acusa falta de pago de cotizaciones exclusivamente por el bono de $50.000.- (Cincuenta mil pesos). En este sentido, si bien con la prueba aportada puede resultar dudoso el procedimiento de cálculo y pago de horas extraordinarias, no se ha solicitado un pronunciamiento al respecto.

Por otro lado, en cuanto al pretendido bono que se reclama, con la prueba rendida no es posible acreditar su existencia, y por ello, tampoco la falta de pago de cotizaciones previsionales a su respecto.

Conforme a lo anterior, y teniendo en consideración la última liquidación de remuneraciones del mes de octubre del año 2020, conforme a lo dispuesto en el art. 172 del Código del Trabajo, resulta probado que la demandante percibía una remuneración de $571.188.- (Quinientos setenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos). Ello considerando los haberes imponibles y no imponibles, que aparecen en t odas las liquidaciones de remuneraciones y por tanto no son esporádicos.

SEXTO: Que, el segundo asunto en que se funda la carta de despido indirecto es la vulneración a las garantías fundamentales de los arts. 19 N°4 y 5 de la Constitución Política

de la República. El fundamento principal es que la empresa citó a la demandante junto a otra trabajadora a una reunión el día 11 de noviembre de 2020, momento en que su superior reprodujo un audio de WhatsApp de una conversación sostenida entre las trabajadoras citadas a la reunión, donde trataban temas laborales y personales. Según la parte demandante, el representante de la empresa habría señalado que alguien intervino los teléfonos, y señalo además que por solicitud de la empresa mandante las trabajadoras debían ser trasladadas de su lugar de trabajo, por lo que serían trasferidas a las instalaciones de Watts Lonquén.

Lo primero que debemos señalar es que la demandada reconoció en su contestación haber efectuado la reunión mencionada, y haber reproducido el audio de WhatsApp. Alego que fue personal de la empresa mandante quien le envió este archivo de audio, y que desconoce la forma en que se obtuvo.

Luego agrega que la empresa mandante debido a este hecho solicitó el traslado de la demandante y su compañera de trabajo involucrada.

Esta sola circunstancia de reconocimiento de utilización de una conversación personal, efectuada en el ámbito de la intimidad entre la demandante con una compañera de trabajo, para justificar una decisión de la empresa de traslado de personal es suficiente a juicio del tribunal para estimar que la garantía fundamental de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada ha sido vulnerada. Y es que la propia demandada admite desconocer cómo se obtuvo el archivo. Ante tal escenario, la demandada tomo la decisión de utilizarlo pese a que desconocía la procedencia del material de audio, y si este había sido obtenido por medios maliciosos interviniendo comunicaciones, o bien vulnerando a las participantes de la conversación. Al respecto, la contraparte en dicha conversación declaró testigo, señalando en juicio que no envío los archivos de audio a otras personas y que la conversación se había efectuado solo entre quienes intervinieron en ella, la demandante y Marta Montalva. En tal sentido, queda en evidencia que existía en la conversación una legítima expectativa de privacidad, y que el contenido de ella no tenía por objetivo ser compartido a la comunidad.

Llama profundamente la atención que la demandada declare en su contestación que desconoce el origen del archivo, que simplemente «le llegó» a través de personal de la empresa mandante, sin cuestionar su origen.

Pero el problema no es solo el acceso indebido al material, sino que además este fue analizado, y su contenido fue utilizado para tomar una

decisión empresarial de cambiar de puesto de trabajo a la demandante y a su compañera de trabajo, en virtud del contenido de una conversación privada, de la cual la empresa nunca debió tomar conocimiento.

Al respecto, cabe hacer presente lo señalado por el profesor José Luis Ugarte respecto a la protección al derecho a la privacidad:

«La primera posibilidad es entender como privacidad el derecho a un espacio vital cuyo acceso queda vedado para los otros, eso que se ha denominado derecho al secreto. Puesto en palabras de Carbonnier, «el derecho del individuo de tener una esfera secreta de vida, de la que tenga poder de alejar a los demás». En ese espacio opaco al que el individuo tiene derecho, hay que precisarlo, caben numerosos aspectos de la vida: ideas y creencias religiosas, la vida sexual y amorosa, vida familiar, estado de salud, comunicaciones escritas u orales, la vida pasada del sujeto, orígenes familiares, estado civil y, en general, «todo dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo conocimiento por terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado»» (Ugarte, José Luis (2018). Derechos fundamentales, tutela y trabajo. Thomson Reuters, Santiago, p. 301).

Los límites impuestos por el trabajador respecto a su vida privada y a su comunicación no deben ser traspasados por el empleador, pues el trabajador ha decidido no compartir públicamente sus comunicaciones con terceros. Con independencia de que el contenido se refiera a aspectos personales o a asuntos que le incomodan de las condiciones laborales, estas comunicación son privadas por decisión del trabajador, y no puede el empleador decidir hacerlas públicas o utilizarlas para adoptar una decisión empresarial.

Ya sea que el contenido de la conversación fuera obtenido por alguna intrusión en el medio tecnológico donde se efectuó, o porque fue reenviada por alguna persona que obtuvo una copia, su obtención sin autorización de las participantes en la conversación es ilícita, rompe la esfera de privacidad y su legítima expectativa, e impide a las trabajadoras tener una conversación en sus propios términos. Adicionalmente, dada la falta de certeza respecto a cómo se obtuvo por parte de la empresa el contenido de la conversación, quedó la permanente duda de si las comunicaciones por medios electrónicos son o no privadas – como inicialmente pensaban las trabajadoras. Esto se desprende del testimonio de Marta

Montalva cuando señaló a propósito del término de la reunión que «Salimos tan mal que nos fuimos a un abogado del sindicato. El abogado no nos dio confianza fuimos a la Inspección del Trabajo y empezó este tema y no hemos podido volver al trabajo, Verónica hasta se desmayó». La vulneración a la privacidad y la afectación de la garantía fundamental de las trabajadoras fue tal que desde el hecho las trabajadoras, tanto la demandante como la testigo debieron ser asesoradas legalmente y resultaron, en dichos de la testigo profundamente afectadas emocionalmente al sentir vulnerada su privacidad.

Pero la intrusión en las comunicaciones de la demandante no solo implicó el conocer una comunicación privada respecto a disconformidades con ciertas decisiones de la empresa y con asuntos personales, sino que, además, y como se ha señalado, la demandada utilizó el contenido de la conversación para decidir que debía trasladar a las trabadoras involucradas de la instalación donde prestaban servicios.

Es decir, no solo se afecta la privacidad, también se utiliza el contenido obtenido ilícitamente obtenido en contra de la trabajadora, perjudicándola en cuanto a un traslado no deseado, un turno distinto al que tenía, y por una justificación que no dice relación con necesidades propias de los servicios prestados.

Conforme a lo anterior, resulta efectivo que la demandada vulnero la garantía del art. 19 N°5 de la Constitución Política de la República.

¿Constituye la vulneración a esta garantía fundamental suficiente justificación para la causal de despido indirecto esgrimido por la trabajadora? Al respecto cabe hacer presente que la causal utilizada fue la del art. 160 N°7 del Código del Trabajo, esto es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. El contrato de trabajo no contiene una mención expresa a que el empleador debe respetar los derechos fundamentales del trabajador, pero en virtud de lo establecido en el art. 2 del Código del Trabajo, relativo a que las relaciones laborales deberán fundarse siempre en un trato compatible con la dignidad de la persona, de lo dispuesto en el art. 485 del mismo cuerpo legal que otorga la acción de tutela para el caso específico de la vulneración del art. 19 N°5 de la Constitución política de la República cuando esto ha sido efectuado por el empleador en la relación laboral, y particularmente considerando lo dispuesto en el art.

1546 del Código Civil, que dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y que por tanto no solo obligan a lo que en ellos se expresa sino que también a aquello que por la ley o la costumbre se entiende

incorporado en ellos, resulta evidente que el respeto a las garantías fundamentales del trabajador es una obligación inescindible del contrato de trabajo, y por tanto su incumplimiento en los términos planteados, atendidas las consecuencias para la trabajadora y los términos de la vulneración de la garantía señalada reviste la gravedad suficiente para configurar la causal de despido del art. 160 N°7 del Código del Trabajo.

Conforme a estas consideraciones, el despido indirecto ejercido por la trabajadora se encuentra justificado. Asimismo, y por las mismas razones, resulta efectivo que el empleador demandado en lo principal vulneró la garantía fundamental de la trabajadora del art. 19 N°5 de la Constitución Política de la República.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo resuelto, se ordenará el pago de las indemnizaciones dispuestas en el art. 489 del Código del Trabajo, esto es la indemnización del art. 162 inc. 4 (Indemnización sustitutiva de aviso previo), conforme a la remuneración previamente indicada de $571.188.- (Quinientos setenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos); a la indemnización del art. 163 inc. 2, por 5 años de servicio, por el monto de $2.855.940.- (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos); recargo del 80% conforme a lo señalado en el artículo 168 letra c) , por el monto de $2.284.752.- (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos).

Finalmente se ordenará el pago de una indemnización de la parte final del inciso 3 del art.

489 del Código del Trabajo, fijada en el equivalente a 8 remuneraciones, es decir el monto de $4.569.504.- (Cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos).

Es necesario aclarar de que, pese a que el petitorio involucraba distintos montos a los ordenados por el tribunal, esta circunstancia no obsta a que el tribunal fije, conforme a la ley el monto de la última remuneración y el monto de las indemnizaciones, considerando que es la ley en el art. 172 que fija la forma de determinación de la base de cálculo, el art. 489 que ordena l as indemnizaciones y el art. 162 inc.4, a63 inc. 2 y 168 letra c) que fija los montos correspondientes en cada caso, por lo que se trata de indemnizaciones cuyos montos se encuentran determinados por la ley.

OCTAVO: Que, respecto a las prestaciones demandadas consistentes en pago de feriado proporcional y remuneración por las remuneraciones de 4 días de diciembre de 2020, solo se ha aportado por la demandada prueba relativa al primer punto. Al respecto se acompañó informe de vacaciones, que indica que al 4 de diciembre de 2020 la demandante tenia 26,12 días disponibles. Por su parte la demandante solicita el pago de un monto equivalente a 14 días de feriado. Atendido a que se ha solicitado el pago de un monto determinado consistente en menor cantidad de días, se accederá solo a lo solicitado, ya que dentro del documento acompañado por la demandada se encuentra reconocida la totalidad del periodo demandado. Conforme a ello se ordenará el pago de $195.300.- (Ciento noventa y cinco mil trescientos pesos)

Finalmente, respecto de las remuneraciones, no se ha acreditado el pago de los días de diciembre del año 2020, por lo que se ordenará el pago de los 4 días trabajados, por el monto de $74.978.- (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos) conforme a lo solicitado.

NOVENO:

Que, las sumas señaladas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes legales establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda.

DÉCIMO: Que, no habiendo sido totalmente vencida ninguna de las partes, cada una pagará sus costas.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 2 , 5 , 63 , 67 , 71 , 73 , 160 N°7 , 162 , 163 , 168 , 172 , 173 , 183-A y siguientes, 420 , 432 , 453 y siguientes 485 , 489 del Código del Trabajo, 1546 del Código del Trabajo, arts. 19 N°4, 5 y 16 de la Constitución Política de la República y demás normas legales aplicables se declara:

I- Que se rechaza la excepción de incompetencia

II- Que se acoge parcialmente la denuncia de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido

III- Que, en virtud de lo anterior, se declara que la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A. vulneró la garantía de inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, al obtener por medios indeterminados conversaciones privadas de la trabajadora, exhibirlas en una reunión y utilizarlas para justificar el traslado de la actora a una instalación diferente IV- Que debido a lo anterior la demandada SOCIEDAD DE SEGURIDAD AÉREA S.A. deberá pagar a la demandante VERÓNICA HERRERA AGUILERA las siguientes sumas por los conceptos que se indican: a. Indemnización sustitutiva de aviso previo por $571.188.- (Quinientos setenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos); b. Indemnización por años de servicio$2.855.940.- (Dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos); c.

Recargo del 80% conforme al artículo 168 letra c) del Código del Trabajo $2.284.752.- (Dos millones doscientos ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos); d. Feriado proporcional adeudado por $195.300.- (Ciento noventa y cinco mil trescientos pesos); e. Remuneración del mes de diciembre de 2020 por $74.978.- (Setenta y cuatro mil novecientos setenta y ocho pesos); f. Indemnización del art. 489 del Código del Trabajo, equivalente a 8

remuneraciones por $4.569.504.- (Cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil quinientos cuatro pesos).

V- Que las sumas señaladas deberán ser pagadas con los intereses y reajustes señalados en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo según corresponda

VI- Que se rechaza la demanda en contra de AEROSAN AIRPORT SERVICES S.A.

VII- Que se rechaza en todo lo demás la demanda VIII- Que cada parte pagará sus costas

IX- Ejecutoriada que se encuentre la presente sentencia cúmplase con lo dispuesto en ella, dentro de quinto día. En caso contrario, certifíquese dicha

circunstancia y pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RIT: T-5-2020

RUC: 21-4-0313256-7

Resolvió don GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ ÓRDENES, Juez suplente del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En Santiago, a diez de diciembre del año dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la presente sentencia.

GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ ORDENES

Fecha: 10-12-2021 13:14:17 UTC-4

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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