Corte Suprema rechazó recurso de unificación y confirma fallo que acogió tutela laboral de médico cirujano contra hospital clínico de Maipú

Juzgados de letras del trabajo son competentes para conocer de las acciones de tutela por vulneración de derechos aún antes de la publicación de la Ley N°21.280

La Corte Suprema rechazó el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por el Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, Doctor Valentín Ferrada de Maipú, en contra de la sentencia que acogió la acción de tutela laboral por vulneración al derecho a la integridad física y síquica, presentada por médico cirujano.

En fallo unánime (causa rol 85.240-2020), la Cuarta Sala del máximo tribunal desestimó el arbitrio enderezado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que realizó una correcta interpretación del derecho al confirmar la de primer grado que acogió la demanda.

“Que, no obstante advertir la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia, respecto de la materia de derecho planteada, esta Corte considera que no procede unificar jurisprudencia, por estimar correcta la decisión impugnada”, plantea el fallo.

La resolución agrega que: “En efecto, en diversas sentencias pronunciadas por este tribunal v. gr. Rol N°s 10.972-13, 5.716-15, 52.918-16, 34.026-2019, 36.835-2019, 11.298-2021 y 11.422-2021, se ha resuelto que el procedimiento de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas que los amparan, puesto que se trata de garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política de la República, conforme a la cual deben ser interpretadas las normas del Código del Trabajo y la Ley N°18.834”.

“Además, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del código del ramo y 4 del Estatuto Administrativo, la relación entre un funcionario público y el Estado es de tipo laboral, aunque sujeta a una ley especial, por lo que no resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de sus derechos básicos, solo porque tales normas se refieran a un contrato de trabajo –y no a un decreto de nombramiento– o se refieran al empleador como gerente o administrador, puesto que el Estado, en su relación diaria con los funcionarios que se desempeñan en la Administración, ejecuta potestades habituales de dirección, por lo que no existe impedimento para excluir a quienes ejercen una función pública, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que también poseen los referidos empleados”, añade.

“Asimismo –prosigue–, considerando la entidad y naturaleza de los derechos que este procedimiento pretende proteger, que se deben considerar ‘inviolables en cualquier circunstancia’, no existe una razón válida para apartar a una categoría de trabajadores, como los funcionarios públicos, especialmente al tener presente que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado y sus dependientes, ámbito en el que se pueden afectar como consecuencia del ejercicio de sus potestades cuando actúa como empleador, dirigiendo el servicio al que pertenece el agraviado”.

“Finalmente, los recursos de reclamación carecen de la preeminencia de las acciones judiciales que buscan tutelar la vigencia de las garantías fundamentales, de acuerdo con el reconocimiento que se contiene en el artículo 38 de la Constitución Política de la República, que faculta a cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración, recurrir ante los tribunales que determine la ley, mecanismo que no está reglamentado en el Estatuto Administrativo, omisión que debe ser suplida por el Código del Trabajo que contiene un procedimiento especial de protección, labor de integración que permite el artículo 1 inciso tercero del Código de Trabajo”, afirma la resolución.

“Que, por último –ahonda–, esta labor interpretativa tuvo reconocimiento legislativo tras la publicación de la Ley N°21.280, de 30 de octubre de 2020, que expresamente reconoce la aplicación del procedimiento de tutela ‘a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos’, controversia definitivamente resuelta de acuerdo con la decisión legislativa que extendió su aplicación a toda clase de trabajadores, incluyendo a quienes están sujetos a un estatuto especial”.

(Fuente: Poder Judicial)

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