Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia estableciendo como justificada causal despido por fuerza mayor invocada por municipio

Se terminó la relación laboral al aplicarse una pena accesoria de inhabilitación de cargos y oficios públicos a demandante dictada en un proceso penal

En días recientes, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en fallo dividido, acogió un recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por un municipio en contra de la interpretación de la sentencia en recurso de nulidad que estableció que, como la calidad del actor no era de funcionario público ya sea de planta, contrata o suplente, no correspondía poner fin a la relación contractual por fuerza mayor fundada en la condena accesoria de inhabilitación absoluta para ocupar cargos y oficios públicos impuesta al actor.
En la sentencia, los sentenciadores analizaron respecto de la pena accesoria de inhabilidad, los alcances de las expresiones «cargo» y «oficio» públicos:
» las expresiones «cargo» y «oficio»…, no pueden aludir a una misma definición, puesto que su sintaxis sólo tendrá sentido lógico si evocan distintos significados…
Para determinar qué es un «oficio», el artículo 20 del Código Civil permite recurrir a su uso natural, entendiendo por tal el Diccionario de la Real Academia Española, una «ocupación habitual», por lo que aplicado este concepto a la materia que se analiza, es factible concluir que el demandante al cumplir permanentemente la labor para la cual fue contratado, de guardia del corral municipal perteneciente a la demandada, ejerció un oficio como vigilante, actividad que desempeñó en forma diaria por más de diecisiete años y que, como es fácil advertir, coincide con aquel significado.
… Para discernir si el trabajo desempeñado por el demandante es un servicio público, se tendrá en consideración el concepto finalista desarrollado por la doctrina, para la cual dicha labor constituye una actividad que persigue satisfacer las necesidades de interés general, que directa o indirectamente dependerá, en última instancia, de una autoridad pública, es decir, es una modalidad de la acción administrativa en la que una persona asume la tarea o función de satisfacer una necesidad de interés general…
De los antecedentes y fundamentos antes desarrollados, se desprende que el oficio ejecutado por el demandante, no consistía sólo en una labor de guardia de cualquier recinto, puesto que la actividad que diariamente realizó por más de diecisiete años, se relacionó estrechamente con la seguridad de un determinado servicio municipal, encomendado por la ley a la demandada y que por su trascendencia y carácter policial, debe ser cumplido por aquellas entidades comunales, adscrita, en consecuencia, a una función de evidente carácter público, puesto que interesa a la comunidad local, en especial, para garantizar el libre tránsito y custodia de los vehículos que incurran en infracciones a la Ley N°18.290, hasta donde serán trasladados, actividad que, en consecuencia, cumple las exigencias para ser considerada una actividad de interés general, permanente y obligatoria, advirtiéndose que en este caso, es un hecho que la Municipalidad de Cauquenes cuenta y administra en forma directa el corral en el que se desempeñaba el demandante, satisfaciendo una necesidad comunitaria según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.695, por lo que si bien no se trataba de un funcionario de planta o a contrata, la función para la que fue contratado [el actor], constituía un oficio público, por
lo que su desempeño no puede ser escindido de la cualidad que condiciona la calificación y finalidad del recinto».
Posteriormente, observa que la aplicación de la sanción accesoria es un hecho que no se podía resistir por el municipio quedando obligado a terminar la relación contractual. La sentencia expresa que: «se debe concluir que la inhabilitación impuesta al demandante como pena accesoria al delito por el que fue condenado, al ser absoluta, abarca a la función pública para la que fue contratado por la Municipalidad de Cauquenes, en tanto que la desatención al mandato judicial por el encargado de su cumplimiento, podría calificarse, incluso, como delito e imponerse una sanción privativa de libertad objetivamente perniciosa para el contraventor, a la que no es posible resistir, concurriendo, por tanto, los requisitos de la causal contenida en el artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, concluyéndose que la decisión de despedirlo, fue justificada». Consulte sentencia analizada por Microjuris.

ARAYA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308436
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – FUNCIONARIOS PUBLICOS – SENTENCIA CONDENATORIA – INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS – DESPIDO – CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

La comunicación de una orden judicial a la autoridad de la que depende quien ejerce un cargo u oficio público, que informa la imposición de una pena accesoria a una pena privativa de libertad, que inhabilita al dependiente para desempeñar la función para el que fue contratado, constituye fuerza mayor a la que no es posible resistir y justifica, en consecuencia, su despido.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda por despido injustificado al estimar que el demandante, no tenía la calidad de funcionario público, puesto que tales son sólo aquellos que definen las normas estatutarias, es decir, planta, contrata y suplente, por tanto, ejercen un cargo u oficio público quien se desempeña en la la Administración del Estado en una de esas modalidades, por lo que la labor del demandante, como guardia de los corrales municipales, adscrito a las normas del Código del Trabajo no se ajusta a ese concepto, que tampoco encuadra en el de función pública, ajena a las definidas en el artículo 1 de la Ley N°18.695, relacionadas con la satisfacción de las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna, concluyendo que la causa de despido del artículo 159 N°6 del Código del Trabajo por la pena de inhabilitación absoluta para ocupar cargos y oficios públicos por el tiempo de la condena resultaba improcedente. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues la función para la que fue contratado el actor constituía un oficio público, por lo que su desempeño no puede ser escindido de la cualidad que condiciona la calificación y finalidad del recinto. De este modo, se concluye que la comunicación de una orden judicial a la autoridad de la que depende quien ejerce un cargo u oficio público, que informa la imposición de una pena accesoria a una pena privativa de libertad, que inhabilita al dependiente para desempeñar la función para el que fue contratado, constituye fuerza mayor a la que no es posible resistir y justifica, en consecuencia, su despido.

2.- El oficio ejecutado por el demandante, no consistía sólo en una labor de guardia de cualquier recinto, puesto que la actividad que diariamente realizó por más de diecisiete años, se relacionó estrechamente con la seguridad de un determinado servicio municipal, encomendado por la ley a la demandada y que por su trascendencia y carácter policial, debe ser cumplido por aquellas entidades comunales, adscrita, en consecuencia, a una función de evidente carácter público, puesto que interesa a la comunidad local, en especial, para garantizar el libre tránsito y custodia de los vehículos que incurran en infracciones a la Ley N°18.290, hasta donde serán trasladados, actividad que, en consecuencia, cumple las exigencias para ser considerada una actividad de interés general, permanente y obligatoria, advirtiéndose que en este caso, es un hecho que la Municipalidad cuenta y administra en forma directa el corral en el que se desempeñaba el demandante, satisfaciendo una necesidad comunitaria según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N°18.695, por lo que si bien no se trataba de un funcionario de planta o a contrata, la función para la que fue contratado el actor, constituía un oficio público, por lo que su desempeño no puede ser escindido de la cualidad que condiciona la calificación y finalidad del recinto.

3.- La inhabilitación impuesta al demandante como pena accesoria al delito por el que fue condenado, al ser absoluta, abarca a la función pública para la que fue contratado por la municipalidad, en tanto que la desatención al mandato judicial por el encargado de su cumplimiento, podría calificarse, incluso, como delito e imponerse una sanción privativa de libertad objetivamente perniciosa para el contraventor, a la que no es posible resistir, concurriendo, por tanto, los requisitos de la causal contenida en el artículo 159 número 6 del Código del Trabajo, concluyéndose que la decisión de despedirlo, fue justificada.

4.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada pues la labor de interpretación de las normas penales, debe concluir sólo una vez que se obtiene como resultado su aplicación restringida al caso que racionalmente la disposición punitiva regula, considerando la naturaleza privativa de derechos que es propia de las que tipifican delitos, desechándose, por tanto, aquellas que pretenden su aplicación extensiva, en particular de las accesorias a las privativas de libertad. Así, considerando el carácter de la sanción accesoria prevista en el artículo 29 del Código Penal, la interpretación de las expresiones «cargo y oficio público» debe llevar a un resultado acotado. En tal sentido, la atribución del mismo significado a un enunciado normativo, cuando a éste el legislador otorga un determinado concepto para un ámbito específico, será el que, por un motivo de certeza, tendrá que regir en general si se advierte su uso impreciso en otra ley, evitando la discrecionalidad del intérprete, por cuanto el resultado de esta labor seguirá teniendo un carácter punitivo, por lo que la determinación de su alcance debe obedecer las reglas de interpretación estrictas propias del Derecho Penal. Atendida dichas consideraciones, el significado de «cargo y oficio público», ajeno al código citado, obliga a recurrir al texto naturalmente llamado a definir la función que cumplen quienes trabajan en la Administración, normas de carácter estatutario contenidas en las Leyes N°18.834 y 18.883, ámbito de regulación especial que determina la necesidad de emplear y extender su uso para este propósito, concluyendo la inviabilidad del despido del demandante, a quien, por carecer de las calidades de planta o contrata de la Municipalidad demandada, no le era extensible la referida inhabilidad por estar adscrito al Derecho Laboral, razón suficiente que, en concepto de la disidente, permitía dar lugar a la demanda por tratarse de un despido injustificado, concluyendo que la decisión recurrida no cometió los yerros que se denuncian. (Del voto en contra de la ministra señora Muñoz).

Consulte sentencia a texto completo

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