Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 01

RECURSO DE PROTECCIÓN – COMERCIO AMBULANTE

VARGAS Y OTROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Antofagasta
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308528
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – DERECHO A LA INTEGRIDAD PSIQUICA – DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA – DERECHO DE PROPIEDAD – VENTA AMBULANTE – FERIA – ACCION FISCALIZADORA – MEDIDAS DE SEGURIDAD – RECURSO ACOGIDO –

La falta de una solución real ha significado que los comerciantes establecidos en el sector céntrico de la ciudad, en especial en la zona detallada en el recurso de protección, han debido soportar las consecuencias de la ineficacia en el actuar municipal y de Carabineros, lo que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, incluso con la instalación de toldos y algunos conatos de agresión, limitando la libre circulación de las personas, con la consiguiente afectación, tanto a su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también a su integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto se ha sufrido un trato violento, se han generado focos de insalubridad, acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en las referidas arterias y problemas en la atención de clientes, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección deducido en contra de las autoridades solicitando que las recurridas tomen las medidas de resguardo y fiscalización, tendientes a organizar y limitar las actividades de comercio ambulante o, en subsidio, adopten medidas de coordinación con otras autoridades públicas a fin de velar por el correcto ejercicio de las actividades de comercio en las zonas que indica. Al respecto, del mérito de los antecedentes se puede observar, en principio, que ellas han desarrollado acciones para intentar dar cumplimiento a sus obligaciones en materia del ejercicio del comercio ambulante. En efecto, dichas acciones reflejan su voluntad e intención de cumplir con sus deberes en materia de la regulación del comercio informal, en especial en el sector céntrico de la ciudad, en la zona referida por los recurrentes. No obstante ello, claramente sus acciones, esfuerzos e intenciones no han dado los frutos esperados, cuestión que es evidente no sólo por lo que alegan los recurrentes en su libelo o las elocuentes evidencias que han aportado, sino que por los mismos dichos de las recurridas, quienes reconocen un serio problema con el comercio ambulante en el sector, el cual, independiente de sus acciones, está lejos de haber sido solucionado (es más, del contenido de los informes se infiere cierta resignación frente a un problema que – implícitamente- parecen aceptar que ha venido a instalarse).

2.- Las recurridas han desarrollado acciones insuficientes y descoordinadas para dar solución a los problemas que la proliferación del comercio ambulante ha traído a los recurrentes, en especial en sus Derechos Fundamentales de igualdad ante la Ley y libre ejercicio de su actividad económica, regulados en los numerales 2 y 21 del artículo 19 de la Ley Fundamental, sin perjuicio de otras garantías como la integridad física y síquica y la propiedad, normadas en los numerales 1 y 24 del mismo artículo, la Corte de Apelaciones dispone que las recurridas, conjuntamente con la Intendencia Regional, Gobernación Regional, Policía de Investigaciones, Seremi de Salud y Servicio de Impuestos Internos, deberán coordinarse a fin de velar, dentro del término de 60 días contados desde la presente resolución, para que quienes ejerzan el comercio ambulante en el espacio determinado, como demás calles colindantes, sean aquellas personas que cuenten con el permiso correspondiente para ello.

3.- La falta de una solución real ha significado que los comerciantes establecidos en el sector céntrico de la ciudad, en especial en la zona detallada en el recurso, han debido soportar las consecuencias de la ineficacia en el actuar municipal y de Carabineros, lo que ha favorecido la instalación de comerciantes sin permiso en las afueras de sus locales, incluso con la instalación de toldos y algunos conatos de agresión, limitando la libre circulación de las personas, con la consiguiente afectación, tanto a su derecho a ejercer libremente una actividad económica, como también a su integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y su propiedad, por cuanto se ha sufrido un trato violento, se han generado focos de insalubridad, acumulación de basura, además de dificultarse el tránsito en las referidas arterias y problemas en la atención de clientes, circunstancias que ciertamente tienen una influencia negativa en su volumen de ventas.

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RECURSO DE CASACIÓN – JUICIO EJECUTIVO COBRO DE DERECHOS MUNICIPALES – EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN C/ FALABELLA S.A.C.I. – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308492

Compendia: Municipalidades, Microjuris, Tributario

VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – MUNICIPALIDADES – JUICIO EJECUTIVO – NATURALEZA JURIDICA – PUBLICIDAD – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – PRESCRIPCION – COMPUTO DE LA PRESCRIPCION – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

En el concepto de impuesto al que se refiere el artículo 2521 del Código Civil no se encuentra incluida la tarifa que la municipalidad cobra por permisos otorgados para la instalación de publicidad en la vía pública de conformidad al N° 5 del Decreto 2385, de 30 de mayo de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, ya que existe una correlación directa entre la autorización municipal y el cobro de la tarifa.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó la excepción de prescripción opuesta al cobro en juicio ejecutivo de derechos cobrados por la municipalidad relativos a permisos para instalación de publicidad en la vía pública de publicidad. Al respecto, en el ejercicio de la función jurisdiccional que les ha sido encomendada, una vez aclarado el presupuesto fáctico del proceso los sentenciadores debían calificar jurídicamente esos hechos y aplicar la norma atinente a la situación particular, aun con prescindencia de los fundamentos jurídicos que hubiesen sido esbozados o sugeridos por las partes. Por ende, si consta en el propio título ejecutivo que las obligaciones reclamadas vencían el 28 de febrero de 2010 -tornándose exigibles a contar de esa fecha- y si se ha concluido que los derechos cobrados no son impuestos, la acertada resolución del conflicto no solo exigía descartar la pertinencia del artículo 2521 del Código Civil, como lo pretendía la ejecutada, sino que aplicar la norma que correspondía para definir el término de vigencia de la acción, aun cuando no fuese la esgrimida por esa parte. Y de ese modo, ante la falta de disposición especial y preferente que se ocupe del término de prescripción de las acciones y derechos destinados a cobrar los derechos municipales por concepto de publicidad, debían resolver la excepción sobre la base de la regla general del artículo 2515 del Código Civil que fue mencionada en el fallo pero no aplicada, omisión que solo puede encontrar explicación en una incorrecta comprensión del principio iura novit curia, habida consideración a que la ejecutada alegó expresamente la prescripción, como lo exige el artículo 2493 del Código Civil y expuso los hechos que sustentan su excepción. De este modo, al desestimar la excepción opuesta por la demandada los jueces han incurrido en un error de derecho quebrantando el artículo 2515 del Código Civil.

2.- El principio de congruencia que orienta la labor jurisdiccional se basa en diversos fundamentos, ámbitos de aplicación y objetivos. Primeramente, busca vincular a las partes y al juez al debate y, por tanto, conspira en su contra la falta del necesario encadenamiento de los actos que lo conforman, a los que pretende dotar de eficacia. Por tanto, se trata de un principio que enlaza la pretensión, la oposición, la prueba, la sentencia y los recursos, al mismo tiempo que cautela la conformidad que debe existir entre todos los actos del procedimiento que componen el proceso. Si bien, la doctrina enfatiza los nexos que han de concurrir entre las pretensiones sostenidas por el actor y la sentencia, tal vinculación resulta de la misma alta importancia tratándose de la oposición, la prueba y los recursos, encontrando su mayor limitación en los hechos, pues aunque el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, ello no aminora la exigencia según la cual el derecho aplicable debe enlazarse a las acciones y excepciones, alegaciones y defensas que las partes han sostenido en el pleito.

3.- La calificación jurídica de los hechos propuestos por las partes en sus escritos fundamentales corresponde exclusivamente al tribunal, en virtud del principio denominado iura novit curia, conforme al cual el sentenciador puede y debe aplicar a la cuestión de hecho (questio facti) las normas legales que la gobiernan (questio juris). Como se dice muy frecuentemente, el juez, en todo caso, al que se le supone por razón de su cargo, perfecto conocedor del derecho, suplirá ex oficio la errónea o imperfecta interpretación del derecho.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATA – RECURSO DE APELACIÓN 

ROJAS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308527
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS PUBLICOS – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DESPIDO – PLAZO – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La expresión «mientras sean necesarios sus servicios» permite, en los nombramientos a contrata, que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice, como ocurrió en la especie, ya que esto último, además de importar una actuación de la autoridad contraria al acto propio consistente, precisamente, en establecer dicho plazo, infringe la norma del artículo 2 de la Ley N° 18.833, que discurre sobre la base de que los cargos a contrata tienen un plazo de duración determinado que, si bien no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, debe ser respetado por la autoridad, sin perjuicio de su facultad para prorrogarlo en la medida que sean necesarios los servicios que le dan origen.

Doctrina

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la funcionaria en contra del término anticipado de su contrata. Al respecto, la expresión -mientras sean necesarios sus servicios- permite, en esta clase de nombramientos, que la autoridad administrativa pueda prorrogar la vigencia de la contrata más allá de su plazo original, pero no que pueda ponerle término antes de que éste finalice, como ocurrió en la especie, ya que esto último, además de importar una actuación de la autoridad contraria al acto propio consistente, precisamente, en establecer dicho plazo, infringe la norma del artículo 2  de la Ley N° 18.833, que discurre sobre la base de que los cargos a contrata tienen un plazo de duración determinado que, si bien no puede exceder del 31 de diciembre de cada año, debe ser respetado por la autoridad, sin perjuicio de su facultad para prorrogarlo en la medida que sean necesarios los servicios que le dan origen.
2.- La decisión de poner término anticipado a la contrata de la parte recurrente configura un acto ilegal y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19  de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en relación a otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, esto es, sin desvinculación derivada de sumario administrativo fundado en una falta que la motive y sin una calificación anual que permita dicha medida, pueden continuar sirviendo su cargo a contrata hasta el vencimiento de su término natural.
3.- Los cargos a contrata son designados y, en consecuencia, tienen ab-inicio una duración o vigencia determinada que, por mandato legal, se extiende como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, encontrándose facultada la autoridad para prorrogarla más allá de esa fecha si las necesidades del servicio así lo justifican, en ejercicio de la cláusula “mientras sean necesarios los servicios” que se ha venido utilizando en este tipo de nombramientos.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – PATENTE DE ALCOHOLES – RECURSO DE APELACIÓN 

BOTILLERÍA Y ALMACÉN DAVID TESILLO MAMANI EIRL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308515
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PETICIÓN A LAS AUTORIDADES – PATENTE DE ALCOHOLES – ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

Si bien no existen plazos fatales para los órganos de la Administración del Estado, para emitir respuesta, el artículo 24 de la Ley N° 19.880 señala que «los informes, dictámenes u otras actuaciones similares deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días contado desde la petición de la diligencia». En la especie, no consta que se haya dado respuesta al requerimiento del actor, con la mínima formalidad, deviniendo dicha omisión en arbitraria e ilegal, y conculcatoria de sus garantías constitucionales, en especial la de igualdad ante la ley, desde que le impide tener un trato igualitario en cuanto a la obligación de la Administración de dar respuesta, así como le impide ejercer plenamente su derecho de petición, a lo que debe añadirse que la comunicación verbal de la decisión de no renovación de la patente de alcoholes, desde que no consta la notificación oportuna y debida del Decreto, igualmente atenta contra las mismas garantías.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de la municipalidad por la comunicación verbal efectuada por personeros de dicha entidad de encontrarse caduca la patente de alcoholes que mantenía ante dicha entidad edilicia. Esto, debido a que en la especie la municipalidad funda la no renovación de la patente de alcoholes en causal sobreviniente que impide su otorgamiento, el recurrente solicita la regularización de su suspensión. Al respecto, si bien no existen plazos fatales para los órganos de la Administración del Estado, para emitir respuesta, el artículo 24 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos señala que «los informes, dictámenes u otras actuaciones similares deberán evacuarse dentro del plazo de 10 días contado desde la petición de la diligencia» En el caso, aún a la fecha no consta que se haya dado respuesta al requerimiento del actor, con la mínima formalidad, deviniendo dicha omisión en arbitraria e ilegal, y conculcatoria en consecuencia de sus garantías constitucionales, en especial la de igualdad ante la ley, desde que le impide tener un trato igualitario en cuanto a la obligación de la Administración de dar respuesta, así como le impide ejercer plenamente su derecho de petición resguardado en el numeral 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, a lo que debe añadirse que la comunicación verbal de la decisión de no renovación, desde que no consta la notificación oportuna y debida del Decreto Alcaldicio igualmente atenta contra las mismas garantías.

2.- El actuar de la Municipalidad, atenta contra la obligación de la administración de entregar respuesta a los administrados de las solicitudes que formulen, no solo porque los deja en la incertidumbre respecto de lo solicitado, sino que además impide el ejercicio de los recursos administrativos o judiciales que ha franqueado la ley respecto de dichas decisiones, no existiendo explicación válida que permita justificar dicha omisión.

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JUICIO EJECUTIVO – COBRO DE FACTURAS 

ANDINO TRADE FACTORING SERVICIOS FINANCIEROS S.A. C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO Y DESARROLLO COMUNAL DE SIERRA GORDA – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308476
Compendia: Microjuris

VOCES: – CIVIL – PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA – JUICIO EJECUTIVO – FACTURAS – EXCEPCIONES – INTERPRETACION DE LA LEY – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La Ley N° 19.983 otorga al deudor de una factura distintas alternativas para oponerse o reclamar de ella, y ninguna de estas cierra el paso a las demás, aun cuando habrá de ejercitarse llegado el momento oportuno, según el procedimiento que se haya incoado en su contra. En conclusión, la tramitación a que se ciñe el cobro judicial ejecutivo de una factura contempla dos fases la primera, corresponde a la gestión preparatoria de notificación de cobro de factura y la segunda, al procedimiento ejecutivo según las reglas generales del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil. Luego, tras haber tenido lugar una actuación de reconocimiento o verificación de condiciones mínimas habilitantes para proceder ejecutivamente, puede el acreedor instar compulsivamente por su cumplimiento, lo que no obsta a que la ejecutada pueda, dentro del contradictorio del juicio ejecutivo, oponer el amplio repertorio de excepciones a que se refiere el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido por la parte ejecutante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió las excepciones opuestas por la parte ejecutada. Al respecto, no obstante no haberse devuelto la factura ni reclamado de su contenido conforme lo establece el artículo 3 de la ley 19.983, ni habiéndose impugnado en la etapa de gestión preparatoria de notificación de facturas, ello no constituye un impedimento para que en el juicio ejecutivo, opusiera las excepciones correspondientes, mediante las cuales cuestione la veracidad del título y alegue la nulidad de la obligación, como lo hizo; lo que lleva a descartar los yerros que en este sentido se atribuyen a los sentenciadores en el recurso de nulidad, en especial aquellos que dicen relación con la infracción a la teoría de los actos propios y la infracción a las normas de la Ley N° 19.983 que se refieren al mérito ejecutivo de la factura (artículo 5° , a la forma de reclamarla para efectos de entenderse irrevocablemente aceptada (artículo 3°) y los requisitos para ser apta para su cesión (artículo 4° ).

2.- No cabe descartar la plausibilidad de una excepción deducida en la sede del juicio ejecutivo propiamente tal, basándose para ello en el hecho que se haya promovido y desechado una incidencia en la fase de preparación que antecede, como tampoco que no se haya formulado por el futuro ejecutado en esa sede alguna de las causales de impugnación legal; lo mismo que si antes de ello no devolvió las facturas en el mismo acto o reclamó de su contenido dentro de los 8 días siguientes a su recepción en la forma estatuida en el artículo 3 de la Ley N° 19.983, puesto que no puede perderse de vista que las posibilidades de defensa y de rendir prueba en cada una de las etapas que el legislador confiere al deudor para oponerse resultan diversas, siendo justamente el juicio ejecutivo el que consagra una mayor protección y amparo al debido proceso en relación al resto de las etapas.

3.- Al disponer el artículo 3 de la Ley N° 19.983 que se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama de su contenido a través de alguno de los medios que la misma norma establece, está atribuyendo a la falta de reclamo oportuno la eficacia de un acto de aceptación, cuyo efecto consiste en que las estipulaciones en ella contenidas se entienden aprobadas y la factura adquiere la eficacia de un título de crédito, apto para incorporarse a la circulación. Como consecuencia de lo anterior, el mismo artículo establece respecto de los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, que son inoponibles las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, entre las que quedan naturalmente comprendidas aquellas que se fundamenten en relaciones personales que pudieren existir con el emisor o con anteriores portadores del instrumento, mas no las que afectan a la obligación misma. En definitiva, la validez que se cuestiona, así como la falta de causa de la obligación, no pueden ser calificadas como excepciones de carácter personal que no puedan ser discutidas en este procedimiento. Lo anterior es posible desprenderlo del inciso final del artículo 2354 del Código Civil que estatuye que son excepciones reales aquellas inherentes a la obligación principal.

4.- Lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° l9.983 no constituye obstáculo para discutir y resolver en este procedimiento la falsedad del título ni la nulidad de la obligación, derivados de la doble facturación de unos mismos servicios, materia sobre la cual ha versado la controversia, por lo cual dichas excepciones si le eran oponibles al ejecutante y, se encuentran correctamente acogidas por los jueces del fondo, toda vez que sus fundamentos se encuentran justificados en los hechos asentados el proceso, los que no fueron discutidos por la parte ejecutante.

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