Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 02

RECURSO DE PROTECCIÓN – TÉRMINO DE LA CONTRATA – PÉRDIDA DE LA CONFIANZA QUE SUSTENTA LA CONTRATACIÓN

VALENCIA NEIRA, GUILLERMO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA – TERCERA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308682
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCION – LABORAL – IGUALDAD ANTE LA LEY – FUNCIONARIOS PUBLICOS – ESTATUTO ADMINISTRATIVO – PERDIDA DE CONFIANZA – FUNCIONARIOS A CONTRATA – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – DESPIDO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

El cargo en que se desempeñó el actor no reviste el carácter de exclusiva confianza, porque no existe una ley que así lo disponga. la decisión de poner término a la contrata del recurrente se funda en que sus servicios no son necesarios por la «pérdida de la confianza que sustenta la contratación», entendiendo, el órgano municipal, que la circunstancia de haberse desempeñado el actor en el Gabinete Municipal durante la anterior Administración lo erige como funcionario de exclusiva confianza. Sin embargo, éste no puede estimarse suficiente basamento para sostener la decisión de que se trata, por lo cual debe concluirse que el aludido acto carece de fundamentación.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido en contra de acto de la autoridad la consistente en haberse puesto término anticipado a la contrata del recurrente. Al respecto, el cargo en que se desempeñó el actor no reviste el carácter de exclusiva confianza, porque no existe una ley que así lo disponga. En este sentido, la decisión de poner término a la contrata del recurrente se funda en que sus servicios no son necesarios por la «pérdida de la confianza que sustenta la contratación», entendiendo, el órgano municipal, que la circunstancia de haberse desempeñado el actor en el Gabinete Municipal durante la anterior Administración lo erige como funcionario de exclusiva confianza. Sin embargo, éste no puede estimarse suficiente basamento para sostener la decisión de que se trata, por lo cual debe concluirse que el aludido acto carece de fundamentación.

2.- Considerando que la fundamentación es un requisito exigido generalmente por la ley a todo acto administrativo que afecte derechos de los particulares, en la especie, se ha efectuado una diferencia arbitraria en perjuicio del recurrente al ponérsele término anticipado a su contrata injustificadamente, vulnerándose con ello la garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

3.- El cargo de exclusiva confianza, no se define por la decisión de la autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico. Lo anterior reviste la máxima trascendencia, puesto que su carácter excepcional obliga a realizar una interpretación restrictiva de las normas que establecen cargos de exclusiva confianza.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – COMETIDO ESPECÍFICO

FUENTES C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308715
Compendia: Municipalidades, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – DISCRIMINACION LABORAL – ATENCIÓN DE SALUD MUNICIPAL – DESPIDO – RECHAZO DE LA DEMANDA 

Corresponde rechazar la demanda de declaración de relación laboral pues la demandante prestó servicios para la demandada en calidad de contrata, mediante nombramientos a plazo fijo, con una jornada laboral de 44 horas, rigiéndose el vínculo jurídico existente entre las partes por las normas de la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, constituyendo un vínculo de naturaleza estatutaria y no una relación laboral regido por el Código del Trabajo.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar la demanda de tutela laboral, subterfugio y declaración de relación laboral deducida por la funcionaria. Esto, debido a que la demandante no logró satisfacer el estándar probatorio que le impone el artículo 493 del Código del Trabajo, toda vez que no incorporó probanzas suficientes en orden a acreditar indicios de las vulneraciones que denuncia toda vez que no detalla ninguna situación de acoso que haya acontecido con ocasión de su despido y, por lo demás, tampoco incorporó probanza suficientes al efecto, ya que los documentos incorporados no dicen relación con algún tipo de afección física o psíquica de la actora y por su parte, la testigo que depone por la demandante, si bien alude a la existencia irregularidades en el concurso público, no se refiere a afecciones de carácter psicológico de la actora. En cuanto a la vulneración a lo dispuesto en el artículo 2º del Código del Trabajo que denuncia la demandante, esta no detalla los fundamentos fácticos en que sustenta su pretensión y, por lo demás, tampoco señala los indicios que constitutivos de la vulneración que denuncia. A mayor abundamiento, al consignar los indicios de la conducta lesiva que denuncia la demandante alude a una vulneración del principio de confianza legítima, la que fundamenta en los contratos a honorarios y a plazo fijo que suscribió con la demandada durante los años 2017 a 2020, cuestionando la necesidad de realizar un concurso público para proveer el cargo que ella desempeñaba y solicitando se disponga la reincorporación a sus funciones, sin hacer mención alguna a los fundamentos de las vulneraciones referidas.

2.- La demandante prestó servicios para la demandada en calidad de contrata, mediante nombramientos a plazo fijo, con una jornada laboral de 44 horas, rigiéndose el vínculo jurídico existente entre las partes por las normas de la Ley N°19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud, constituyendo un vínculo de naturaleza estatutaria y no una relación laboral regido por el Código del Trabajo. Por lo demás, debe tenerse presente que dicho cuerpo normativo que no contempla la institución del despido injustificado ni el pago de indemnizaciones derivado del mismo. En este sentido si bien el artículo 4° del cuerpo legal en análisis establece que «En todo lo no regulado expresamente por las disposiciones de este Estatuto, se aplicarán, en forma supletoria, las normas de la ley N° 18.883, Estatuto de los Funcionarios Municipales.», dicho estatuto que tampoco contempla la posibilidad de accionar por despido injustificado y obtener el pago de indemnizaciones, sin perjuicio que, tal como lo señala explícitamente el articulo´ 4°, las normas de la Ley 18.883 solo pueden aplicarse respecto de aquellas materias no reguladas en forma expresa en la ley 19.378, lo que no acontece con respecto al término de los servicios. A mayor abundamiento, el art. 168 del Código del Trabajo se encuentra inserto en el Libro I, Titulo´ V, el que regula la terminación del contrato de trabajo, materia de esta que se encuentra expresamente reglamentada en el art. de la Ley 19.378, por lo que aún en el evento de estimarse que podría aplicarse supletoriamente el Código del Trabajo a los vínculos laborales sujetos al Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, ello sólo podría resultar procedente respecto de aquellas materias no reguladas en este último, lo que no acontece con lo relativo a la terminación del vínculo contractual y sus consecuencias.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

TEJOS CARREÑO, NELLY C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ – CUARTA SALA
Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308710
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Los servicios prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dadas su extensión temporal, por casi siete años, porque correspondían principalmente a tareas de atención de público, que no requieren de una experticia profesional o técnica en particular, y porque se refieren a actividades propias y permanentes del servicio en cuestión, puesto que aun cuando se haya establecido que se enmarcaron en un programa puntual vinculada con la seguridad ciudadana, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que deben guiar el actuar del municipio.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que rechazó la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado. Esto, debido a que la decisión adoptada en el caso es consecuencia de una errada calificación de los hechos asentados al rechazar la demanda pues los servicios prestados por la actora no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no se avienen a un cometido específico, dadas su extensión temporal, por casi siete años, porque correspondían principalmente a tareas de atención de público, que no requieren de una experticia profesional o técnica en particular, y porque se refieren a actividades propias y permanentes del servicio en cuestión, puesto que aun cuando se haya establecido que se enmarcaron en un programa puntual vinculada con la seguridad ciudadana, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que debe guiar el actuar del municipio, entre los cuales se incluyen, tanto la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, como de manera más general, la promoción del desarrollo comunitario y la satisfacción de las necesidades de la comunidad local.

2.- La actora desempeñó sus labores sujeta a una jornada de trabajo, percibiendo un estipendio fijo, para cuyo cobro se le requería un informe de avance o cumplimiento de sus tareas, y que se le reconocieron derechos referidos a pago de aguinaldos, días de permisos, licencias y feriados, características que configuran el vínculo de subordinación y dependencia, que, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio. De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

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DOCENTES – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

MORA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308668
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – RETIRO VOLUNTARIO – BONO – INTERPRETACION DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

El actor sostuvo que se le debía enterar el total de la bonificación, lo cual no se cumplió, ya que se hizo un incorrecto cálculo en la determinación de su monto, por lo que la relación laboral aún se debía mantener vigente, cuestión que por otra parte fue negada por la demandada. Al respecto, la conclusión a que arribó la magistrada, parece de toda lógica, en cuanto no puede seguir devengándose la remuneración del actor hasta la actualidad, en razón según él de no habérsele pagado el total de la bonificación, ya que dicha tesis atentaría con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3° de la Ley 20.822, que dispone que la misma debe ser pagada totalmente al término de la relación laboral, lo que ya ocurrió, no significando que si el docente no está de acuerdo con los cálculos de dicha bonificación, no pueda reclamar mediante los mecanismos que le otorga la ley.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda, determinó un monto por el bono correspondiente menor al solicitado. Al respecto, el actor sostuvo que se le debía enterar el total de la bonificación, lo cual no se cumplió, ya que se hizo un incorrecto cálculo en la determinación de su monto, por lo que la relación laboral aún se debía mantener vigente, cuestión que por otra parte fue negada por la demandada, en razón que el total de la bonificación fue transferida al demandante cumpliéndose con las normas legales en cuestión, no pudiendo pretender dicha parte que lo alegado equivalga a los efectos de una nulidad del despido, terminando la relación laboral cuando la Municipalidad le entregó el monto determinado, por el Ministerio de Educación. En este sentido, la conclusión a que arribó la magistrada, parece de toda lógica, en cuanto no puede seguir devengándose la remuneración del actor hasta el día de hoy, en razón según él de no habérsele pagado el total de la bonificación, ya que dicha tesis atentaría con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3° de la Ley 20.822, que dispone que la misma debe ser pagada totalmente al término de la relación laboral, lo que ya ocurrió, no significando que si el docente no está de acuerdo con los cálculos de dicha bonificación, no pueda reclamar mediante los mecanismos que le otorga la ley.

2.- Tal como sostiene la sentencia impugnada, en relación a seguir devengándose la remuneración del actor hasta esta fecha en virtud de no haberse pagado el bono, lo descarta, atendido que si bien hubo una disconformidad en el monto que correspondía a la bonificación que al actor le correspondía, lo cierto es que en lo que respecta a la Municipalidad junto al Ministerio de Educación quien hizo el cálculo, el monto fue pagado en la oportunidad correspondiente, conforme al principio de buena fe que impera entre las partes, por lo que no se accederá a la demanda en este sentido.

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DOCENTES – RETIRO VOLUNTARIO – INCENTIVO AL RETIRO

MORA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308668
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – RETIRO VOLUNTARIO – BONO – INTERPRETACION DE LA LEY – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

El actor sostuvo que se le debía enterar el total de la bonificación, lo cual no se cumplió, ya que se hizo un incorrecto cálculo en la determinación de su monto, por lo que la relación laboral aún se debía mantener vigente, cuestión que por otra parte fue negada por la demandada. Al respecto, la conclusión a que arribó la magistrada, parece de toda lógica, en cuanto no puede seguir devengándose la remuneración del actor hasta la actualidad, en razón según él de no habérsele pagado el total de la bonificación, ya que dicha tesis atentaría con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3° de la Ley 20.822, que dispone que la misma debe ser pagada totalmente al término de la relación laboral, lo que ya ocurrió, no significando que si el docente no está de acuerdo con los cálculos de dicha bonificación, no pueda reclamar mediante los mecanismos que le otorga la ley.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda, determinó un monto por el bono correspondiente menor al solicitado. Al respecto, el actor sostuvo que se le debía enterar el total de la bonificación, lo cual no se cumplió, ya que se hizo un incorrecto cálculo en la determinación de su monto, por lo que la relación laboral aún se debía mantener vigente, cuestión que por otra parte fue negada por la demandada, en razón que el total de la bonificación fue transferida al demandante cumpliéndose con las normas legales en cuestión, no pudiendo pretender dicha parte que lo alegado equivalga a los efectos de una nulidad del despido, terminando la relación laboral cuando la Municipalidad le entregó el monto determinado, por el Ministerio de Educación. En este sentido, la conclusión a que arribó la magistrada, parece de toda lógica, en cuanto no puede seguir devengándose la remuneración del actor hasta el día de hoy, en razón según él de no habérsele pagado el total de la bonificación, ya que dicha tesis atentaría con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 3° de la Ley 20.822, que dispone que la misma debe ser pagada totalmente al término de la relación laboral, lo que ya ocurrió, no significando que si el docente no está de acuerdo con los cálculos de dicha bonificación, no pueda reclamar mediante los mecanismos que le otorga la ley.

2.- Tal como sostiene la sentencia impugnada, en relación a seguir devengándose la remuneración del actor hasta esta fecha en virtud de no haberse pagado el bono, lo descarta, atendido que si bien hubo una disconformidad en el monto que correspondía a la bonificación que al actor le correspondía, lo cierto es que en lo que respecta a la Municipalidad junto al Ministerio de Educación quien hizo el cálculo, el monto fue pagado en la oportunidad correspondiente, conforme al principio de buena fe que impera entre las partes, por lo que no se accederá a la demanda en este sentido.

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DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES – BONO PROPORCIONAL

VALLEJOS ROMERO, SARA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308642
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DOCENTES – ESTATUTO DOCENTE – GRATIFICACIONES Y BONOS – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN SUBVENCIONADA – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECURSO ACOGIDO –

La Ley N° 19.933, también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió demanda deducida por los docentes municipales de cobro de remuneraciones por concepto de incremento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933. Al respecto, yerra la sentencia impugnada al acoger la demanda pues la Ley N° 19.933 , también las que la antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado.

2.- La Ley N° 19.933 no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y decretó que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, no al aumento del denominado bono proporcional. (De la sentencia de reemplazo).

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