Corte Suprema caso de oficio sentencia determinando indemnización de perjuicios a empresa de servicios de estacionamiento por incumplimiento contractual de municipio demandado

Municipalidad no fiscalizó comportamiento de vecinos frente al pago de estacionamientos del demandante, pese a que dicha obligación constaba en bases técnicas administrativas.

En días recientes, la Tercera sala de la Corte Suprema casó de oficio parcialmente, la sentencia de segundo grado que confirmando lo resuelto en primera instancia, acogió la demanda de una empresa proveedora de servicios de estacionamientos por indemnización de perjuicios en contra de un municipio, en aquella parte en que no se fundamentó adecuadamente el cálculo para determinar el daño emergente y lucro cesante. Del mismo modo, confirmó la responsabilidad del municipio ante el incumplimiento contractual de este último, de no fiscalizar la conducta de los vecinos que no pagar por el estacionamiento, obligación contraída en las bases técnicas administrativas que rigen el contrato.
Se indica en la sentencia que: «observados los antecedentes a la luz de lo expresado con antelación, resulta inconcuso que los jueces de la segunda instancia, en el caso sub judice, no han dado cumplimiento a los requisitos legales indicados»… «como puede advertirse, resultaba determinante que los sentenciadores del grado consideraran el mérito del proceso seguido por las mismas partes con anterioridad, de modo que al no hacerlo, el fallo se encuentra desprovisto de las consideraciones fácticas y jurídicas que sirven de fundamento al establecimiento del daño emergente y el lucro cesante concedidos, circunstancia que autoriza a esta Corte, al no existir otro medio idóneo para corregir la deficiencia procesal comprobada, para anular de oficio la sentencia recurrida, al encontrarse afectada por el vicio que se hizo notar».
En tanto, en la sentencia de reemplazo, establecieron que «conforme a las Bases Técnicas Administrativas que rigen el contrato celebrado por las partes, cuya transcripción se da por reproducida, recaía sobre el municipio la obligación de fiscalizar el cumplimiento del pago de los derechos municipales por el servicio de estacionamientos, lo cual se realizaría por, a lo menos, dos inspectores con dedicación exclusiva. Además, el ente edilicio se obligó a realizar una fiscalización eficaz, cursando los partes de los infractores al Juzgado de Policía Local…» «Sobre el particular, se estableció como un hecho de la causa que, ante los Juzgados de Policía Local de Iquique, no existen denuncias ingresadas por fiscalizadores, entre el 1° de octubre de 2015 a junio de 2019, por concepto de no pago de tarifas de estacionamientos, sin que la demandada hubiere alegado
alguna causal eximente de responsabilidad, como tampoco cuestión de hecho alguna que permitiera desprender que se encontraba impedida de realizar tales denuncias.
A mayor abundamiento, la Municipalidad opuso excepción de contrato no cumplido, de lo cual se desprende que acepta su propio incumplimiento». Consulte sentencia analiza por Microjuris a continuación

CONCESIONES IQUIQUE S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE Y OTRO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308705
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – ESTACIONAMIENTO – ACCION FISCALIZADORA – INDEMNIZACION DE PERJUICIOS – FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA – CASACION DE OFICIO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Existió incumplimiento contractual de la municipalidad pues conforme a las Bases Técnicas Administrativas que rigen el contrato celebrado por las partes recaía sobre el municipio la obligación de fiscalizar el cumplimiento del pago de los derechos municipales por el servicio de estacionamientos, lo cual se realizaría por, a lo menos, dos inspectores con dedicación exclusiva. Además, el ente edilicio se obligó a realizar una fiscalización eficaz, cursando los partes de los infractores al Juzgado de Policía Local. Sobre el particular, se estableció como un hecho de la causa que, ante los Juzgados de Policía Local, no existen denuncias ingresadas por fiscalizadores, durante cuatro años, por concepto de no pago de tarifas de estacionamientos, sin que la demandada hubiere alegado alguna causal eximente de responsabilidad, como tampoco cuestión de hecho alguna que permitiera desprender que se encontraba impedida de realizar tales denuncias.

Doctrina:
1.- Corresponde casar de oficio la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, acogió la demanda, declarando que la Municipalidad demandada incumplió su obligación contractual, consistente en fiscalizar el efectivo cumplimiento del pago de las tarifas de los estacionamientos ubicados en la zona concesionada ordenando el pago de la indemnización de los perjuicios por los montos que indica. Al respecto, resulta inconcuso que los jueces de la segunda instancia, no dieron cumplimiento a los requisitos que debe contener la sentencia en lo relativo a la forma en que se dio por establecido el daño emergente y lucro cesante. En efecto, el fallo de segundo grado es claro al referirse a la sentencia dictada en la causa anteriormente seguida entre las mismas partes, donde se determinó el monto de ambos rubros sobre la base de un peritaje aportado por la actora, a la luz del cual se arribó a un daño emergente – entre mayo de 2009 a noviembre de 2014 – por $551.084.382, lo cual permite calcular un lucro cesante ascendente a la cantidad de $7.761.751 mensuales para el período que va hasta septiembre de 2015, en razón del incumplimiento de la obligación de fiscalización municipal. A continuación, la actual causa se refiere al cobro del daño causado, por el mismo motivo, a partir del mes de octubre de 2015 en adelante, para cuyo cálculo se realizó una nueva pericia, conforme a la cual se concluyó la existencia de un daño por la cantidad de $1.037.526.540 hasta julio de 2019, mes anterior a la realización del peritaje. Con ello, para el período que restó de secuela del juicio, entre agosto de 2019 a mayo de 2020 – esto es, 10 meses – se determinó un total de $248.104.172, de lo cual se desprende que se trataría de $24.810.417 mensuales. Más allá de la corrección formal de dichos cálculos, toda vez que entre octubre de 2015 a julio de 2019 hay 46 meses completos, de lo cual fluye un monto mensual que es en realidad de $22.554.925, que el tribunal de primer grado multiplicó luego por 11 meses – y no por 10 como correspondía al lapso señalado – lo cierto y relevante para estos efectos es que ningún razonamiento se contiene en ninguno de los fallos, en relación al aumento sustancial en el monto del daño mensual asociado al incumplimiento.

2.- Resultaba determinante que los sentenciadores del grado consideraran el mérito del proceso seguido por las mismas partes con anterioridad, de modo que al no hacerlo, el fallo se encuentra desprovisto de las consideraciones fácticas y jurídicas que sirven de fundamento al establecimiento del daño emergente y el lucro cesante concedidos.

3.- Conforme a las Bases Técnicas Administrativas que rigen el contrato celebrado por las partes, cuya transcripción se da por reproducida, recaía sobre el municipio la obligación de fiscalizar el cumplimiento del pago de los derechos municipales por el servicio de estacionamientos, lo cual se realizaría por, a lo menos, dos inspectores con dedicación exclusiva. Además, el ente edilicio se obligó a realizar una fiscalización eficaz, cursando los partes de los infractores al Juzgado de Policía Local. Sobre el particular, se estableció como un hecho de la causa que, ante los Juzgados de Policía Local, no existen denuncias ingresadas por fiscalizadores, entre el 1° de octubre de 2015 a junio de 2019, por concepto de no pago de tarifas de estacionamientos, sin que la demandada hubiere alegado alguna causal eximente de responsabilidad, como tampoco cuestión de hecho alguna que permitiera desprender que se encontraba impedida de realizar tales denuncias. (De la sentencia de reemplazo)

4.- En cuanto a los reajustes e intereses, debe tenerse presente que los primeros tienen por objeto compensar la pérdida del valor adquisitivo de la suma que se reconoce como indemnización, de modo de reconocer a las víctimas una reparación integral del daño moral sufrido; mientras que los segundos se generan únicamente a partir de la mora del deudor. En este sentido es sólo en la sentencia definitiva donde se establece el daño y el monto de su resarcimiento, de modo que, no es posible aplicar reajustes e intereses desde una fecha anterior a ella. (De la sentencia de reemplazo)

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