Corte Suprema acoge recurso de amparo y autoriza ingreso al país de ciudadana haitiana

La Corte Suprema acogió recurso de amparo y autorizó el reingreso al territorio nacional de ciudadana haitiana, quien salió del país y no pudo volver por más de un año debido a la pandemia mundial de coronavirus.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal  estableció el actuar arbitrario de la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto de la PDI, al prohibir el ingreso al país de la amparada.

En este sentido, la Declaración de Cartagena de 1984, recoge las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisando un concepto de refugiado al incluir en él a las personas que han huido de sus países porque, su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público; lo que es recogido posteriormente en la Declaración de San José de 1994”, sostiene el fallo.

La resolución agrega que: “Por consiguiente, resultan aplicables en la especie, esta vez como principios propios del Derecho Humanitario Internacional, el de Defensa, Revisión de la Medida y Decisión Judicial Previa, de la No Devolución y No Rechazo en Frontera, haya sido o no reconocida la condición de refugiados, hayan ingresado o no regularmente al territorio nacional, normas del Derecho Internacional reconocidas a partir de la Convención de 1951, y artículo VII del Protocolo de 1967 y que proviene de la condición de aquellos. Esto ha sido reconocido, asimismo, de acuerdo al ius cogens en forma expresa en la Declaración y Plan de acción de México, para fortalecer la protección internacional en favor de las personas en América Latina”.

Tal ámbito del Derecho Internacional ha sido recogido por la Ley 20.430, sobre Protección de Refugiados, y su Reglamento 837, artículos 1, 6, y 26, y, 1, 32, y 35, respectivamente. Por ello, carece de importancia de hecho y jurídica si el ingreso al territorio nacional se ha efectuado por las personas amparadas de forma regular o irregular, razonando y teniendo en cuenta que la salida del país de origen o del lugar en que tenían residencia ha sido urgente y precaria y a veces el extranjero debió ingresar al país necesariamente en forma irregular”, añade.

En ese orden de ideas, la medida adoptada por la Administración, resulta desproporcionada y, en consecuencia, atentatoria contra la libertad ambulatoria de los actores”, concluye.

Por tanto, se resuelve que: “se revoca la sentencia apelada de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional intentada en autos en favor del recurrente –de nacionalidad haitiana–, y se dispone que la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente la Prefectura de Policía Internacional Aeropuerto, deberá permitir el ingreso de la amparada al territorio nacional –en caso de que esta decida regresar–, a fin de que regularice su situación migratoria”.

Ver fallo Corte Suprema aquí.

(Fuente: poder judicial)

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