Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 03

RECLAMO DE ILEGALIDAD – ANTENAS ELÉCTRICAS – PARALIZACIÓN DE OBRAS

SUCESIÓN DE DOÑA CARMEN OVALLE BARROS C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de San Miguel
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308779
Compendia: Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – AMBIENTAL – DERECHO A UN AMBIENTE SANO – EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – PERMISO DE EDIFICACION – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – COMPETENCIA – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

La Dirección de Obras Municipal no tiene las facultades para supervisar la ejecución de antenas eléctricas encargadas por el Ministerio de Energía y autorizada por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de su respectiva Resolución de Calificación Ambiental.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto por la falta de respuesta a la denuncia y solicitud de paralización de obras realizada a la Dirección de Obras Municipal. Esto, pues la Dirección de Obras no tiene facultades legales para supervisar la ejecución de las referidas obras en los términos requeridos en el recurso, y por consiguiente, la competencia respecto a todo lo relacionado con la ejecución de tales obras está radicada en la Superintendencia del Medio Ambiente, la que conforme a la legislación tiene las facultades para velar por el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

2.- La Dirección de Obras Municipales ha señalado con claridad al remitir los antecedentes a la Superintendencia del Medio Ambiente que lo que los recurrentes han denunciado es la forma de ejecución de la obra de construcción de una base y la posterior instalación de antenas eléctricas por una empresa. Esta obra fue encargada por el Ministerio de Energía, para lo cual se sometió a evaluación y se obtuvo la correspondiente Resolución de Calificación Ambiental, razón por la cual la Dirección de Obras Municipales remitió los antecedentes a la autoridad correspondiente.

 

RECURSO DE PROTECCIÓN – VACANCIA EN EL CARGO – ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VILLANUEVA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308773
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DECLARACIÓN DE VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO – SALUD INCOMPATIBLE – COMISIONES MEDICAS – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO –

La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Doctrina:
1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la funcionaria contra el Decreto que declaró la vacancia del cargo que servía por estimar que su salud es incompatible con éste, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Esto, debido a que se asentó que la Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº 18.883, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2.- La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. La anterior es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

3.- Las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor.

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO 

GUZMÁN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308751
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – COTIZACIONES PREVISIONALES – DESPIDO – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

No se concede el pago de las cotizaciones de seguridad social reclamadas, ya que se estableció en el contrato de trabajo, que los actores se obligaron a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255 y Ley 20.894.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogiendo la demanda de declaración de relación laboral y despido injustificado, condenó a la municipalidad demandada al pago de las cotizaciones previsionales. Al respecto, yerra la sentencia impugnada pues no se puede conceder el pago de las cotizaciones de seguridad social reclamadas, ya que se estableció en cláusula del contrato de trabajo, que los actores se obligaron a enterarlas en los organismos pertinentes, en concordancia con lo establecido en el Título IV de la Ley 20.255 y Ley 20.894 .

2.- Se acoge la demanda de despido injustificado pues el empleador puso término a los contratos de trabajo con los actores sin expresar causa legal y sin las formalidades para el despido contemplado en el Código Laboral, lo que conduce a declarar injustificadas las desvinculaciones.

DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA

ARANCIBIA ROJAS, MARIO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Cuarta
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ308760
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – ORGANOS DEL ESTADO – COTIZACIONES PREVISIONALES – NULIDAD DEL DESPIDO – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

Prima facie, la nulidad del despido es procedente sólo en caso de constatarse que no fueron pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral, conclusión que varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, por cuanto, en tales casos, concurre un elemento que autoriza diferenciar la aplicación de esta sanción, por cuanto fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis prevista para imponerla.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, acogiendo la demanda de declaración de relación laboral, rechazó aplicar la sanción de nulidad del despido. Al respecto, no yerra la sentencia impugnada pues prima facie, la nulidad del despido es procedente sólo en caso de constatarse que no fueron pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral, conclusión que varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado – entendida en los términos del artículo 1 de la Ley N°18.575-, por cuanto, en tales casos, concurre un elemento que autoriza diferenciar la aplicación de esta sanción, por cuanto fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran en la hipótesis prevista para imponerla, excluyendo la idea de simulación o fraude del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, conducta que justifica la imposición de este gravamen.

2.- La aplicación -en estos casos- de la sanción de nulidad del despido, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las compensaciones propias del despido, por lo que no procede cuando la relación laboral se establece con la Administración del Estado.

LABORAL – MUNICIPALIDADES – SUCONTRATACIÓN

PÁVEZ C/ SOCIEDAD AGRÍCOLA, GANADERA Y COMERCIAL AGROSER SPA – SEGUNDA SALA 
Tribunal: Corte de Apelaciones de Temuco

Sala: Segunda

Colección: Jurisprudencia

Cita:  MJJ308776

Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – DESPIDO – SUBCONTRATACION – RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA – DECISIONES CONTRADICTORIAS – RECURSO DE NULIDAD – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO –

Las decisiones que resuelven el pleito, aparecen como contradictorias, ya que por una parte se indica que la Municipalidad no fue informada en tanto que por otra se indica que a esta entidad se le exhibieron liquidaciones de remuneraciones y de comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, que pueden calificarse como aquellos medios idóneos a los que alude el inciso segundo del artículo 183 C del Código del Trabajo en relación al ejercicio del derecho de información a que tiene derecho la empresa principal, (Municipalidad), decisiones que al ser contradictorias se anulan y llevan a la omisión de pronunciamiento sobre lo pedido en la demanda.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de nulidad deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que condenó a la municipalidad, en su carácter de empresa principal, al pago solidario de diversas prestaciones. Al respecto, el sentenciador estimó suficientemente acreditada la responsabilidad de la municipalidad en su calidad de empresa principal que adjudicó una obra de poda de árboles, en los términos del artículo 183 A del Código del Trabajo, por lo cual establece que, de conformidad al artículo 183-B del mismo cuerpo legal, debe responder solidariamente de las prestaciones adeudadas al actor, y no subsidiariamente, ya que no acreditó haber ejercido los derechos de información y retención, que lo exoneraría de la responsabilidad solidaria. En este sentido, la sentencia contiene decisiones contradictorias ya que por una parte se indica que la Municipalidad no fue informada en tanto que por otra se indica que a esta entidad se le exhibieron liquidaciones de remuneraciones y de comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, que pueden calificarse como aquellos medios idóneos a los que alude el inciso segundo del artículo 183 C del Código del Trabajo en relación al ejercicio del derecho de información a que tiene derecho la empresa principal, (Municipalidad), decisiones que al ser contradictorias se anulan y llevan a la omisión de pronunciamiento sobre lo pedido en la demanda.

2.- El demandante laboraba en régimen de subcontratación para su empleador, quien se encargaba de ejecutar servicios, con trabajadores bajo su dependencia, para la municipalidad, y que esta última, a fin de acreditar los presupuestos para determinar la naturaleza de su responsabilidad, acompañó en parte de prueba, la documental consistente en liquidaciones de remuneraciones y de comprobantes de pago de cotizaciones previsionales emanados de la empresa demandada, documentos estimados idóneos y que no aparecen objetados, lo que permite concluir que la municipalidad ejerció el derecho de información en los términos que indica el artículo 183-D del Código del Trabajo, norma que no requiere que la empresa principal verifique dicha información, dado que es el órgano fiscalizador, el encargado por ley para constatar su veracidad, conforme lo disponen los artículos 7º y 8º del Decreto 319 de fecha 20 de enero de 2009, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (De la sentencia de reemplazo).

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