Corte Suprema rechaza recurso de casación y confirma fallo que acogió demanda de cobro de honorarios de gestor inmobiliario

Se descartó error sustancial en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la acción y ordenó a los demandados pagar la suma única y total de $8.000.000 (ocho millones de pesos).

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma y los recursos de casación en el fondo deducidos en contra de la sentencia que acogió demanda de cobro de honorarios presentada por empresa Inmobiliaria por las gestiones realizadas en la compraventa de inmueble, de propiedad de los demandados, ubicado en la comuna de San Miguel.

El fallo observa que la sentencia objeto del presente recurso confirmó, con mayores argumentos, el fallo de primer grado que acogió la demanda, por estimar que los antecedentes de autos dan cuenta de diversas actividades desarrolladas por los actores en cumplimiento del mandato suscrito por las partes para la gestión inmobiliaria de la venta de la propiedad de los demandados, precisando que el conflicto deriva en determinar si dicho mandato lo fue con o sin derecho a remuneración, y si las labores realizadas cabrían dentro de él.

Asimismo considera el tribunal de alzada que un mandato de la naturaleza del conferido no pudo haber sido concebido con el carácter de gratuito, por lo que ha de presumir que se pactó como remunerado y, tal como lo permite el artículo 2116 del Código Civil, los mandantes deben soportar el gasto en que incurrieron los mandatarios por las gestiones realizadas y emitirse condena al respecto. En tal sentido, destaca que no se discute en autos que los actores realizaron las labores propias de gestión inmobiliaria, aludiendo especialmente a los contratos de promesa de compraventa suscritos por los propietarios de los predios colindantes y la Inmobiliaria Echeverría Izquierdo, por lo que la falta de suscripción del referido contrato de promesa de compraventa por parte de los demandados, constituye un incumplimiento del contrato de mandato y de honorarios.

“A su vez, respecto de las alegaciones de los demandados, en cuanto sostienen que los honorarios se devengaban solo en el evento de suscribirse la venta del inmueble, el tribunal de primer grado razona en el sentido que atentaría en contra del principio de la buena fe que se deben los contratantes, estimar que aquél que incurra en gastos y diligencias con ocasión de la correcta ejecución del mandato no sea recompensado”, añade.

Para la Corte Suprema, no obstante lo expuesto con antelación, en los recursos de nulidad sustancial se esgrimen como exclusivamente vulneradas las normas aludidas en los motivos cuarto y quinto de este fallo, obviando ambos recurrentes que la acción de cobro de honorarios deducida en estos autos fue acogida, sobre la base del artículo 2116 del Código Civil y las restantes normas que regulan el contrato de mandato.

“De lo anterior –ahonda– fluye que los arbitrios intentados están desprovistos de sustento al prescindir absolutamente de la preceptiva que los jueces del fondo han invocado para dar apoyo jurídico a su determinación, esto es, de las normas antes citadas, las que regulan el contrato de mandato y, además, facultan al sentenciador para fijar la remuneración cuando ella no fue convenida, disposiciones que resultan ser las normas decisorias de la litis”.

Asimismo, el fallo consigna: “Que de lo dicho surge un aspecto que es necesario discernir en esta etapa del análisis, esto es, si procede encarar el estudio de las impugnaciones sobre la base de una temática ausente en el planteamiento que formulan los recurrentes. En otros términos, si el vacío que exhiben los recursos de casación en el fondo, al prescindir de las normas que consagran el contrato de mandato, permite a estos juzgadores valerse de ellas para dirimir lo pendiente”.

“Que la omisión antes anotada, esto es, no contener la denuncia de las normas cruciales en la decisión del conflicto significa que implícitamente se reconoce y acepta su adecuada y correcta aplicación en el fallo”, afirma la resolución.

“En tales condiciones, y aun cuando esta Corte concordara con los errores de derecho que los libelos acusan, ello carecería de influencia en lo resolutivo toda vez que las normas que sustentan la decisión sobre la procedencia del pago de honorarios con ocasión de la ejecución de un contrato de mandato, artículos 2116 y siguientes del Código Civil, habrían sido bien interpretadas y aplicadas”, concluye.

Consulte texto completo de la sentencia aquí.

(Fuente: Poder Judicial).

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