Corte Suprema acoge recurso de amparo y ordena tramitar visa de responsabilidad democrática de madre e hija venezolanas

Se estableció el actuar ilegal de la autoridad administrativa recurrida, al denegar el visado por razones inespecíficas, genéricas, impertinentes y arbitrarias.

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto y le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del consulado en Venezuela, tramitar la solicitud de visas de responsabilidad democrática de madre e hija que cuentan con familia en Chile.

En el caso en análisis, el acto impugnado, esto es, el cierre de solicitud de visa de responsabilidad democrática, es ilegal. En efecto, el procedimiento administrativo que para estos efectos se sigue en relación a la solicitud de visa de responsabilidad democrática, no puede resolverse de manera genérica para todas las personas, porque es evidente que no todas se encuentran en la misma situación. Tal irregularidad constituye una infracción grave al deber que impone a la Administración el artículo 41 de la Ley 19.880.

Para la Corte Suprema, las razones que se expresan para justificar tal decisión son absolutamente impertinentes y arbitrarias, ya que el principio de celeridad que debe regir a la Administración, es para beneficio del administrado, lo que conlleva razonar que el mero rechazo de una petición en base a la necesidad de concluir con el procedimiento en que no se puede abonar documentos por razones ajenas a la voluntad de la persona requirente o usuaria, lesiona el deber de fundamentación que se exige en la dictación de los actos administrativos.

Asimismo la resolución indica que, no obstante corresponder al Estado decidir a quién admite en su territorio y la situación migratoria de los extranjeros, tales límites al derecho de ingreso de estos al país, no pueden comprometer la esencia del derecho de la libertad ambulatoria y no debe invertirse la relación entre el derecho y su restricción, esto es, entre la norma y la excepción, por cuanto estas últimas deben ser necesariamente aplicadas para proteger los derechos sustanciales, debiendo las restricciones y excepciones al ingreso, adecuarse al principio de proporcionalidad que la función protectora que garantiza el derecho fundamental, manifestado en el caso de autos con la autorización para el otorgamiento de la Visa de Responsabilidad Democrática en los términos autorizados por la Ley.

En efecto, de acuerdo con los antecedentes, el cierre en la tramitación de la visa de responsabilidad democrática solicitada en favor de tales amparadas se torna arbitrario e ilegal y debe ser considerada como una perturbación o amenaza en el derecho a la libertad personal y seguridad individual de aquellas.

…“En tal sentido –ahonda–, se configura la perturbación a su libertad personal, al impedirse el ingreso al país, que según se señaló, se encontraba en tramitación y que por efectos de la pandemia y otras de carácter humanitario no pudieron finalizar dicho proceso, lo que no les es imputable”.

En consecuencia, se concluye que corresponde acoger el presente recurso de amparo, pues la conducta de la recurrida resulta ilegal, ya que se actúa al margen de las normas vigente y además, en forma arbitraria al dictarse actos genéricos y vagos que no reparan en la situación particular de las amparadas, afectando con ello la garantía prevista en el artículo 19 N° 7 de la Carta Fundamental, desconociendo además el derecho a la reunificación familiar de las amparadas con su cónyuge y padre en Chile.

Por todo lo anterior se revoca la sentencia apelada de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° Amparo-496-2022, y en su lugar se declara que se acoge la acción constitucional interpuesta en autos en favor de M.M y A.H., y se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Consulado en Venezuela, continúe con el trámite de la visa de responsabilidad democrática de ambas, debiendo en consecuencia citarlas a entrevista en el Consulado de Chile correspondiente, para el día y hora a fijarse, dentro de un plazo razonable que no podrá exceder de treinta días corridos, permitiéndole adjuntar los documentos obtenidos en cada etapa del procedimiento administrativo y los que se vayan presentado según indicación previa que indicará con toda precisión, especialmente la documentación adicional que deberán aportar y teniendo presente la normativa y requisitos vigentes al tiempo de efectuarse la solicitud.

Consulte texto completo de la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial).

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