Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 04

RECURSO DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – FUNCIONARIOS MUNICIPALES

SÁNCHEZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA O´HIGGINS – CUARTA SALA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Cuarta

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ312479

Compendia:  Administrativo, Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – FUNCIONARIOS PUBLICOS – COMPETENCIA – JUZGADOS DEL TRABAJO Y DE COBRANZA LABORAL Y PREVISIONAL – RECURSO DE UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA – RECHAZO DEL RECURSO –

Los juzgados de letras del trabajo son competentes para conocer de las acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales deducidas por un funcionario público, incluidos los profesionales a quienes se aplica la Ley N°19.070.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la municipalidad demandada en contra de la sentencia que rechazó la excepción de incompetencia. Esto, debido a que los juzgados de letras del trabajo son competentes para conocer de las acciones de tutela por vulneración de derechos fundamentales deducidas por un funcionario público, incluidos los profesionales a quienes se aplica la Ley N°19.070 .

2.- El procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por vulneración de tales prerrogativas, por cuanto se trata de garantías reconocidas a toda persona por la Constitución Política, norma que es jerárquicamente superior al Código del Trabajo y a la reglamentación específica referida a la Administración, por lo que no se plantea, a este respecto, una cuestión que se deba examinar en los términos del inciso segundo del artículo 1  del código del ramo, puesto que esta disposición tiene por objeto establecer el ámbito de su aplicación en relación con estatutos especiales, necesidad de delimitación que no es posible discernir a propósito de la afectación de determinados derechos constitucionalmente amparados, que por su naturaleza y fuente de reconocimiento, se pueden exigir por todas las personas.

3.- Si bien los funcionarios públicos pueden recurrir al procedimiento de tutela laboral, tal conclusión no implica, prima facie, que se deben regir en su vinculación con la Administración por todas las normas sustantivas del Código del Trabajo, coligiéndose de lo expuesto que aquellos, y por cierto quienes han sido contratados a contrata, están facultados para utilizar el procedimiento de tutela para denunciar la infracción de sus derechos fundamentales. Asimismo, considerando la entidad y naturaleza de los derechos que este procedimiento pretende proteger, que se deben considerar inviolables en cualquier circunstancia, no existe una razón válida para apartar a una categoría de trabajadores, como los funcionarios públicos, especialmente al tener presente que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado y sus dependientes, ámbito en el que se pueden afectar como consecuencia del ejercicio de sus potestades, dirigiendo el servicio al que pertenece el agraviado.

4.- Otras acciones o reclamaciones de carácter administrativas resultan distintas, por su naturaleza, a la acción de tutela, puesto que constituyen arbitrios que sólo sirven para reclamar vicios de legalidad y de determinadas actuaciones discriminatorias, por lo que no ocupan el mismo lugar ni preponderancia que los de amparo de garantías resguardadas en el artículo 485 , conclusión que es además coherente con lo dispuesto en el artículo 38  de la Constitución Política de la República, omisión que debe ser suplida por el Código del Trabajo, que contiene un procedimiento especial de protección, labor de integración que permite su artículo 1 inciso tercero, ordenamiento tutelar que, de esta forma, presenta completa coherencia.

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MUNICIPALIDADES – RENTAS MUNICIPALES – PATENTE COMERCIAL 

ASESORÍAS E INMOBILIARIA PIAMONTE SPA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES – UNDÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Undécima

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ312453

Compendia:  Administrativo, Municipalidades, Microjuris, Tributario

VOCES: – DERECHO TRIBUTARIO – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE COMERCIAL – ACTO ADMINISTRATIVO – GIRO HABITUAL – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Corresponde que la empresa de giro principal «Asesorías Económicas, Financieras y Administrativas» pague patente comercial municipal, pues no se encuentra dentro de las actividades exentas de pago establecidas en el artículo 27 de la Ley de Rentas Municipales.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad, confirmando la negativa de la Municipalidad de dar lugar a la solicitud de devolución de las cuotas de patente comercial municipal. Esto, pues se concluye que el recurrente desarrolla actividades lucrativas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23  de la Ley de Rentas Municipales. Dicha norma, al señalar que el ejercicio de «toda otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación» está sujeta al pago de patente municipal, no hace distinción en cuanto a la forma de obtención del lucro, sino que se refiere a que ese sea su objetivo.

2.- Las actividades lucrativas se deben entender al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales. Las excepciones a la norma se encuentran en el artículo 27 de la Ley, que dispone que sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las personas jurídicas sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, culturales, de ayuda mutua de sus asociados, artísticas o deportivas no profesionales y de promoción de intereses comunitarios, no siendo el caso de la reclamante.

3.- La patente fue solicitada por la reclamante a la Municipalidad, señalando como giro principal el de «Asesorías Económicas, Financieras y Administrativas», y la misma fue otorgada. La recurrente ha pagado semestralmente la patente señalada, sin reproches, por lo que de forma voluntaria asumió el pago que ahora estima ilegal y cuya devolución pretende obtener por la vía del reclamo de ilegalidad.

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MUNICIPALIDADES – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – OBRA PÚBLICA – RECURSO DE RECLAMACIÓN 

HERNÁNDEZ, JOSÉ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ312454

Compendia:  Administrativo, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – CONSTRUCCIÓN DE OBRA – DECRETO ALCALDICIO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – FUNDAMENTACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO – CORONAVIRUS – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La interpretación y ejecución de un contrato de obra pública excede el carácter de derecho estricto del recurso de reclamación, cuya finalidad es fijar el recto alcance, sentido y aplicación de las leyes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo, confirmando la sentencia que rechazó la reclamación de ilegalidad contra el Informe Técnico dictado por el Director de Obras de la Municipalidad y el Decreto Alcaldicio que imponen una multa contractual por el retardo en la ejecución de un contrato de obra pública. Esto, pues el recurso impetrado dice relación con la interpretación y ejecución del contrato de obra pública celebrado entre las partes, materia que difiere de la materia propia de una reclamación, la cual tiene por finalidad constatar la existencia de un acto ilegal emanado de la Municipalidad.

2.- La reclamación omite señalar la disposición legal que la Municipalidad habría infringido al aplicar la multa cuya imposición se reprocha. Esto se realiza basándose únicamente en las diversas interpretaciones que formulan las partes respecto de la extensión y vigencia del contrato de obra pública licitado, materia que excede los alcances de la acción ejercida.

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MUNICIPALIDADES – EDUCACIÓN – CONVIVENCIA ESCOLAR 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA C/ SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ311817

Compendia:  Administrativo, Municipalidades, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – EDUCACION – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – DISCIPLINA ESCOLAR – REGLAMENTO INTERNO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – MULTA – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La ausencia de Protocolos frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes constituye una infracción a la normativa educacional que pueden fundamentar una sanción.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, revocando la sentencia de reclamación y confirmando la multa impuesta por el Ministerio de Educación contra la Municipalidad sostenedora por no garantizar un justo proceso que regule las relaciones de los miembros de la comunidad escolar. Esto, pues la correcta calificación jurídica de la infracción es aquella que efectuó la Superintendencia de Educación en la Resolución reclamada, ya que el monto de la la multa ha sido regulada en el mínimo que prevé la ley, no existiendo ilegalidad en el actuar del referido órgano.

2.- La obligación de tener un Reglamento Interno ajustado a la ley y de aplicarlo correctamente, están expresamente establecidas en los artículos 46 f)  del D.F.L. N°2 del año 2009 y 8° del D.S. N° 315  del año 2010, y en la Circular N°482 del año 2018 que imparte Instrucciones relativas a estos Reglamentos Internos y, específicamente, sobre los Protocolos frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. Por ello, el no tener estas normas constituye una infracción a la normativa educacional.

3.- No es posible aceptar la alegación de falta de tipicidad, pues las normas de los artículos 46 f) del D.F.L. N°2 del año 2009 y 8° del D.S. N° 315 del año 2010 establecen las obligaciones incumplidas por la sostenedora. Además, la tipicidad en materia administrativa sancionatoria debe entenderse en forma atenuada o más flexible, y no de forma estricta.

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ACCIÓN DE PRECARIO – BIENES MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO C/ NAHUEL – TERCERA SALA  

Tribunal: Corte Suprema

Sala: Tercera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ311820

Compendia:  Administrativo, Municipalidades, Microjuris

VOCES: – CIVIL – MUNICIPALIDADES – ACCION DE PRECARIO – IGNORANCIA O MERA TOLERANCIA DEL DUEÑO – MENSURA Y DESLINDE – PRUEBA – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECURSO ACOGIDO – SENTENCIA DE REEMPLAZO – DISIDENCIA –

Los hechos asentados en el proceso dan cuenta con meridiana claridad de cuál es la parte de terreno ocupada por el demandado, consistente en una casa habitación construida en el Complejo Deportivo, que a su vez se ubica en el inmueble de propiedad de la municipalidad demandante, sin que quede duda alguna respecto de su individualidad como especie o cuerpo cierto. De esta forma, se cumple con el segundo de los requisitos contemplados por la ley para la procedencia de la acción de precario, pues se encuentra acreditado que una parte precisa y determinada del inmueble objeto de la litis es ocupada por el demandado y correspondía entonces que los jueces del mérito analizaran la concurrencia de la tercera exigencia, esto es, si tal ocupación obedece exclusivamente a la ignorancia o mera tolerancia del dueño.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante en contra de la sentencia que, confirmando el fallo de primer grado, rechazó la acción de precario al estimar que la demandante no logró probar la singularidad de la parte del predio o retazo cuya restitución pretende, de manera que no se puede determinar cual es la superficie de terreno que ocupa la demandada, pues no se indican deslindes ni emplazamientos claros del retazo objeto del juicio que estaría comprendido en el inmueble de dominio de la actora mayor en cabida. Al respecto, los hechos asentados en el proceso dan cuenta con meridiana claridad de cuál es la parte de terreno ocupada por el demandado, consistente en una casa habitación construida en el Complejo Deportivo, que a su vez se ubica en el inmueble de propiedad de la actora, sin que quede duda alguna respecto de su individualidad como especie o cuerpo cierto. De esta forma, se cumple con el segundo de los requisitos contemplados por la ley para la procedencia de la acción de precario, pues se encuentra acreditado que una parte precisa y determinada del inmueble objeto de la litis es ocupada por el demandado y correspondía entonces que los jueces del mérito analizaran la concurrencia de la tercera exigencia, esto es, si tal ocupación obedece exclusivamente a la ignorancia o mera tolerancia del dueño. Ello pone de manifiesto el desacierto en que incurrieron los juzgadores al desatender la situación fáctica asentada en la causa, transgrediendo así el artículo 2195 del Código Civil.

2.- El precario es una cuestión de hecho, siendo uno de sus presupuestos esenciales la absoluta y total carencia de cualquier relación jurídica entre el propietario y el ocupante de la cosa, es decir, una tenencia sin fundamento, apoyo o título jurídicamente relevante. Consecuencialmente, la cosa pedida en la acción de precario, esto es, la restitución o devolución de una cosa mueble o raíz, encuentra su justificación en la ausencia absoluta de nexo jurídico entre quien tiene u ocupa esa cosa y su dueño o entre aquél y la cosa misma. Y, en este sentido, como lo característico del precario es constituir una simple situación fáctica ajena a toda relación contractual o antecedente jurídico, bastará probar la ocupación de la cosa ajena, o de una parte determinada de ella, para que la acción pueda prosperar, siempre y cuando la contraparte no cuente con un título o justificación suficiente para enervarla.

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DECLARACIÓN DE RELACIÓN LABORAL – RECURSO DE NULIDAD

CERÓN C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA – DUODÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago

Sala: Duodécima

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ311810

Compendia:  Administrativo, Microjuris

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – ACCION DECLARATIVA – HONORARIOS – RELACION DE SUBORDINACION – RELACION DE DEPENDENCIA – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Las características de las labores desempeñadas por la actora dan cuenta de funciones permanentes y continuas, configurándose, además, las demás características propias de una relación laboral, por lo que, conforme al principio de primacía de la realidad, no cabía sino determinar que la relación era, en los hechos, de naturaleza laboral y no civil. En efecto, acierta la sentencia al concluir que las labores de la demandante no eran accidentales toda vez que se desempeñaba como cuidadora de adultos mayores para el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), circunstancia que no se discutió por las partes.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la parte demandada en contra de la sentencia que acogió la demanda de declaración de relación laboral al centrar el debate el sentenciador en determinar si efectivamente, conforme a la realidad de los hechos, las labores de la demandante eran accidentales o no habituales, determinando que no eran de dicha naturaleza, toda vez que se desempeñaba como cuidadora de adultos mayores para el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM), circunstancia que no se discutió por las partes. Al respecto, la Corte concuerda con lo determinado por la sentencia impugnada, toda vez que las características de las labores desempeñadas por la actora dan cuenta de funciones permanentes y continuas, tanto así, que el primer contrato de honorarios suscrito con la demandada, data del 13 de julio de 2019, continuando bajo dicha modalidad hasta el momento de su despido, configurándose, además, las demás características propias de una relación laboral, por lo que, conforme al principio de primacía de la realidad, no cabía sino determinar que la relación era, en los hechos, de naturaleza laboral y no civil.

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