Corte Suprema rechaza demanda en contra de corporación municipal por cobro de prestaciones médicas

La Sala desestimó el recurso presentado por la empresa, al estar dirigido en contra de los hechos establecidos por los jueces del fondo.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia que rechazó demanda de cobro de facturas presentada por centro médico en contra de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí, al no acompañar la recurrente los antecedentes que hacían procedente el pago, como estipula el contrato de prestaciones suscrito por las partes.

El fallo señala que al enfrentar lo recién expuesto con el recurso en análisis debe concluirse que el arbitrio no reúne los requerimientos legales exigibles para su interposición pues, como ya ha quedado de manifiesto, la pretensión invalidatoria se ha estructurado bajo la premisa de una eventual infracción a las normas reguladoras de la prueba, en circunstancias que no se ha estimado infringido ninguno de los preceptos legales que presentan semejante naturaleza, omisión que impide a esta Corte revisar la manera en que ha sido definida la quaestio facti de la discusión.

Asimismo, plante que en efecto, el artículo 341 del código adjetivo solo describe los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio y el artículo 428 de ese mismo texto procesal dice relación con la apreciación comparativa que haga el tribunal del grado al preferir alguna de las probanzas por sobre otras, lo que constituye una facultad privativa de los juzgadores que escapa al control judicial por medio del recurso de casación en el fondo, salvo que se justifique razonadamente la improcedencia de tal preferencia o que el fallo deje de explicitar las razones que permiten anteponer una probanza por sobre otra, lo que no sucede en la especie, máxime si se considera que el reproche se formula sobre la base de una falta de ponderación de determinados elementos de convicción, inobservancia que, de existir, ameritaría la interposición de un libelo destinado a corregir ese defecto formal, arbitrio que evidentemente es distinto al que se ha se ha interpuesto.

Para el máximo tribunal, los hechos fijados en una sentencia corresponden al resultado de la ponderación judicial de la prueba rendida en el juicio y esta actividad de análisis, examen y valoración del material probatorio se encuentra dentro de las facultades privativas de los sentenciadores, concerniendo a un proceso racional del tribunal, por lo que no está sujeto al control del recurso de casación en el fondo, salvo que se haya denunciado de modo eficiente la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba que han permitido establecer el presupuesto fáctico que viene asentado en el fallo, ninguna de las cuales, como ya fue advertido, se aduce quebrantada.

…“Debe recordarse –prosigue– que la necesidad de establecer un presupuesto fáctico acorde con el postulado de casación queda manifestado también en lo que expresamente dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto declara que: ‘Cuando la Corte Suprema invalide una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, reproduciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo no afectada por este”.

“De este modo, si en la especie no es posible revisar los hechos asentados en el pronunciamiento impugnado ni tampoco fijar aquellos sobre los que se explica la infracción que acusa la impugnante, es indiscutible que el recurso queda desprovisto de sustento material”, afirma la resolución.

“Que, por lo demás, la recurrente tampoco desarrolla la manera en que se habrían quebrantado las normas sustantivas que indica en su recurso ni el modo en que esos errores de derecho han influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia que se trata de invalidar, pues la mera enunciación de esos preceptos ciertamente no satisface los requerimientos previstos en el artículo 772, en relación a los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, como ya se dijo”, concluye.

Consulte texto completo de la sentencia.

(Fuente: Poder Judicial).

Speak Your Mind

*

A %d blogueros les gusta esto: