Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 05

RECURSO DE PROTECCIÓN –  SALUD INCOMPATIBLE – VACANCIA EN EL CARGO

ARÁNGUIZ C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312522
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – DECLARACIÓN DE VACANCIA DEL CARGO PÚBLICO – COMISIONES MÉDICAS – SALUD INCOMPATIBLE – SALUD IRRECUPERABLE – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO –

La Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº 18.883, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el recurso de protección deducido por la funcionaria en contra de la municipalidad impugnando la dictación del Decreto que declaró la vacancia del cargo que servía por estimar que su salud es incompatible con éste, conforme a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Al respecto, la Compin declaró que la salud de la actora es recuperable, acto administrativo que se encuentra firme. Con ello, fluye la ilegalidad de la actuación de la recurrida, puesto que se declaró terminado el vínculo estatutario sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 148 de la Ley Nº 18.883, todo lo cual se traduce en una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 artículo 19 de la Constitución Política de la República.

2.- La intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, no es posible aplicar la causal del artículo 148 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Esta es la única interpretación que materializa la intención del legislador, puesto que -de otra forma- aun cuando el organismo técnico hubiere emitido un pronunciamiento, se permitiría que la autoridad administrativa no especializada resolviera en contrario, dejando desprovisto de todo fundamento el establecimiento de un informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario.

3.- Las disposiciones relativas a la salud incompatible como causal de declaración de vacancia del cargo, difieren de los criterios adoptados en otros cuerpos normativos en relación con la autorización de las licencias médicas de los trabajadores y la eventual declaración de invalidez. Es decir, mientras el Estatuto Administrativo habilita a un jefe de servicio, no necesariamente experto en la ciencia médica, para declarar la salud incompatible con el cargo por el uso de licencias médicas, en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, otras normas del ordenamiento posibilitan que existan licencias continuas hasta por un año, al cabo del cual, previo pronunciamiento sobre la recuperabilidad por un órgano experto, pueden extenderse por un tiempo mayor.

4.- Más allá que efectivamente la supuesta incompatibilidad con las labores debe fundarse en antecedentes técnicos, que determinan que necesariamente la Compin debió evaluar además tal circunstancia, lo cierto es que la sola declaración de recuperabilidad de la salud sin evaluación de la compatibilidad con el cargo, determina la interdicción del ejercicio de la facultad concedida al alcalde para declarar la vacancia del cargo.

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RECLAMO DE ILEGALIDAD –  LICITACIÓN PÚBLICA 

CONSORCIO VALPARAÍSO S.A. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO – SEGUNDA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso
Sala: Segunda
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312519
Compendia: Administrativo, Microjuris

VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – DECRETO ALCALDICIO – CONCESIÓN ADMINISTRATIVA – LICITACIÓN PÚBLICA – BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN – INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – ESTACIONAMIENTO – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

No corresponde revisar los términos de un contrato de concesión entre una empresa y una Municipalidad en un reclamo de ilegalidad. Este corresponde cuando se estime que ha sido infringida una norma legal específica, mientras que los términos de una concesión corresponden a normas contractuales que deben ser conocidas en procedimiento de lato conocimiento.

Doctrina:
1.- Corresponde rechazar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra los actos de la Municipalidad a través de los cuales se reclama que modifica la tarifa mensual a pagar al municipio por cupo y disminuye los estacionamientos en el contrato de concesión. Esto, pues el reclamo de ilegalidad solo resulta procedente en la medida que el particular que lo deduce estime que ha sido infringida una norma legal específica, en el sentido que a la palabra ley da el artículo 1 del Código Civil, y no una norma contractual como es alguna convenida en una concesión. La comprobación de si una determinada relación contractual ha sido o no infringida por alguna de las partes y, de ser efectiva, en qué medida se ha producido, es una materia de suyo compleja que debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento.

2.- El asunto a resolver incide en la ejecución de un contrato de concesión y, más precisamente, en la interpretación que de dicha convención hacen las partes que lo suscribieron. En efecto, los argumentos vertidos por la reclamante en contra de las comunicaciones individualizadas por la Municipalidad dicen relación con una alegada modificación unilateral realizada por la reclamada de los términos de la concesión, aduciendo que dicha actuación se encuentra vedada conforme a lo estipulado por las partes en el convenio original.

3.- Corresponde acoger las tachas respecto a dos testigos de la Municipalidad de acuerdo a la causal de inhabilidad prevista en el artículo 358 número 5 del Código de Procedimiento Civil. Esto, puesto que una de las testigo declararía en calidad de dependiente de la contraparte, mientras que el otro corresponde tacharlo puesto que los actos impugnados emanan precisamente del testigo, lo que permite presumir que carece de la imparcialidad necesaria para declarar por tener interés directo en los resultados del juicio.

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RECURSO DE PROTECCIÓN –  FUNCIONARIOS MUNICIPALES  A CONTRATA – PRÓRROGA DE CONTRATA – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

GAMONAL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312498
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – FUNCIONARIOS PÚBLICOS – MUNICIPALIDADES – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – FUNCIONARIOS A CONTRATA – DECRETO ALCALDICIO – ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La Municipalidad actúa ilegalmente al revocar un decreto que establece la prórroga de la contrata de un funcionario sin establecer una audiencia previa para dar oportunidad al interesado de ser oído.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación, acogiendo el recurso de protección contra la revocación del Decreto Alcaldicio que dispuso la prórroga de la contrata del recurrente para el año 2021, aduciendo que no eran necesarios los servicios del recurrente. Esto, pues si la Municipalidad recurrida estimó que se había incurrido en una ilegalidad al dictar el Decreto Alcaldicio por no contar con presupuesto suficiente para asumir el pago de la remuneración del recurrente, lo que procedía era iniciar un procedimiento de invalidación en el que se otorgara al interesado la posibilidad de ser oído. Al no hacerlo, vulneró los derechos del recurrente.

2.- El acto impugnado es ilegal y arbitrario, al contravenir lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, vulnerándose con ello la garantía constitucional de la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución, en cuanto se ha dado a los recurrentes un trato distinto de aquel que se ha entregado a otras personas que se han encontrado en una situación análoga.

3.- No cabe confundir el ejercicio de la potestad de invalidación con la potestad revocatoria de la que se halla investida la Administración. Por medio de la potestad invalidatoria la Administración puede y debe retirar los actos administrativos irregulares, contrarios a derecho, pero con dos importantes limitaciones: a) Debe hacerse previa audiencia del interesado, es decir, es necesario oír a quienes puedan verse afectados con la invalidación del acto; y b) No puede ejercerse la potestad invalidatoria si han transcurrido más de dos años desde la fecha de notificación o publicación del acto que se trata de invalidar. Por su parte, la facultad de revisión contemplada en el artículo 61 de la Ley N° 19.880 se distingue de la potestad de invalidación en que, siendo ambas causales de retiro de los actos administrativos y de extinción -total o parcial- de sus efectos jurídicos, la revisión supone la facultad de la Administración de volver sobre sus propios actos a fin de verificar la oportunidad y conformidad de ellos con el ordenamiento jurídico, así como su conveniencia en términos de interés general.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – REVOCACIÓN DE AUTORIZACIÓN USO BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO

EVENTOS INÉS GONZÁLEZ BONE E.I.R.L. C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valparaíso
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312521
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Microjuris

VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – IGUALDAD ANTE LA LEY – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – CLAUSURA – BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO – FACULTADES DEL ALCALDE – DECRETO ALCALDICIO – RECURSO ACOGIDO –

La Municipalidad vulnera el derecho a realizar actividades económicas de la empresa al invalidar el decreto que otorgaba el uso de un espacio público sin conceder una audiencia previa al interesado.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la revocación del permiso de ocupación de bien nacional de uso público otorgado por la Municipalidad a la empresa recurrente. Esto, puesto que no concurriendo los supuestos necesarios para revocar el decreto que otorgaba este derecho de ocupación y no habiéndose oído previamente al beneficiario de dicho acto para proceder a su invalidación, la actuación del Alcalde se ha tornado en ilegal y arbitraria, afectando la garantía fundamental consagrada en el N°21 del artículo 19 de la Constitución, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público, a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan.

2.- Si lo que se quiso hacer es invalidar el acto porque iba en contra de lo dispuesto en la Ordenanza Comunal para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público, para ello, debió oírse previamente al afectado con esa invalidación, lo que no se hizo. Al efecto cabe considerar, que el artículo 53 de la Ley Nº 19.880 reguló la potestad invalidatoria en sus aspectos formales o procedimentales sobre los actos administrativos contrarios a derecho, exigiendo, por una parte la realización de una audiencia previa.

3.- De conformidad con el artículo 61 de la Ley N° 19.880, de 2003, la potestad revocatoria reconoce límites sustanciales en los actos administrativos declarativos o constitutivos de derechos adquiridos legítimamente, entregando tácitamente la integración de estos conceptos a la labor de la doctrina y la jurisprudencia. De este modo, los derechos adquiridos son aquellos provenientes de actos administrativos favorables, que han ingresado en el patrimonio del destinatario de buena fe. Por el Decreto de la Municipalidad se otorgó un permiso de ocupación de bien nacional de uso público, para que el beneficiario instalara en la una Feria. Esto es, para que realizara una actividad económica que le reportaría un beneficio de esa misma índole, de tal manera que no procedía dictar el acto revocatorio porque excedía a las facultades que le otorga al ente administrativo el artículo 61 de la Ley N°19.880.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS – FUNCIONARIOS MUNICIPALES

GONZÁLEZ MORALES, ROSALBA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ Y OTRO – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312490
Compendia: Administrativo, Municipalidades, Microjuris, Laboral
VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – LABORAL – MUNICIPALIDADES – FUNCIONARIOS PUBLICOS – SANCIONES DISCIPLINARIAS – DICTAMEN ADMINISTRATIVO – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA – IGUALDAD ANTE LA LEY – SUMARIO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELACIÓN – RECURSO ACOGIDO – DISIDENCIA –

No corresponde la aplicación de una sanción por falta de probidad administrativa a una Directora de Administración y Finanzas que visa contratos cuestionados administrativamente, puesto que lo efectúa en el contexto de un operar transversal, una forma de trabajo aceptada dentro de la municipalidad.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de apelación, acogiendo el recurso de protección interpuesto contra la aplicación a la recurrente de la medida disciplinaria de multa del 10% de su remuneración mensual, dejándose constancia en su hoja de vida. Esto, pues el visado, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas, de contratos a honorarios para servir labores propias de la gestión administrativa en forma permanente no constituye una vulneración al principio de probidad administrativa, no sólo porque en todos los contratos cuestionados visados por la recurrente se cursó su pago por el Director de Control, sino que porque la conducta en la Municipalidad evidencia un modo de operar transversal, una forma de trabajo aceptada en dicha casa consistorial.

2.- El cargo por el que la actora ha sido sancionada no reviste el carácter de grave, sino que medianamente complejo. Esto es trascendente, por cuanto la controversia no estaría dada por la proporcionalidad de la sanción, sino que antes de ello, por la verificación del hecho punible propiamente tal. Por ello, lo relevante es analizar desde esa perspectiva la razonabilidad de la medida y, a la luz de las directrices del Ministerio de Hacienda sobre este tipo de contratación, contenido en las Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos, toda vez que se fomenta este tipo de contratación.

3.- El trasfondo de la imputación por infracción a la probidad administrativa del artículo 52 de la Ley N°18.575 alude a funciones desempeñadas que en caso alguno eran ocasionales y/o transitorias, por lo que tratándose de funcionarios insertos en una determinada dinámica, cabe plantearse desde la razonabilidad de la medida cuál sería el plus de desvalor de la recurrente, para en su caso responsabilizarla respecto de estos hechos e imponerle una medida disciplinaria. Esto, además, teniendo en cuenta las políticas de Estado sobre esta materia, y que la autoridad administrativa debe ponderar la gravedad de la conducta, así como la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad. De esta manera, ella se encontrará indefectiblemente en el imperativo de aplicar una sanción proporcional a la falta cometida y a sus circunstancias concomitantes o bien, de absolverla.

4.- Corresponde confirmar la sentencia que rechaza el recurso de protección, por estimar que los actos contra los que se formula el reproche constituyen en realidad las sanciones que le fueron impuestas a la recurrente, aun cuando se argumenta la existencia de supuestos vicios en el procedimiento, vicios que no constan en los antecedentes. Por el contrario, estos antecedentes dan cuenta que éste se desarrolló conforme a los preceptos que lo regulan y con respeto a las normas del debido proceso. Así, cualquier revisión y consecuente modificación a lo resuelto por las autoridades competentes en el legal ejercicio de sus atribuciones importa, necesariamente, revisar el mérito de las decisiones adoptadas, lo que no es posible de efectuar a través de una acción de protección (Del voto en contra de la Abogada Integrante Sra. Coppo).

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LABORAL – CORPORACIÓN MUNICIPAL – DESPIDO INDEBIDO – FALTA DE PROBIDAD

CELEDÓN C/ CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE PANQUEHUE

Tribunal: Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312517
Compendia: Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDAD Y CORPORACIÓN MUNICIPAL – PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL – INDICIOS – PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA, PÚBLICA Y HONRA DE LA PERSONA Y LA FAMILIA – DESPIDO INJUSTIFICADO – FALTA DE PROBIDAD – CARTA DE DESPIDO – ACCION SUBSIDIARIA – DEMANDA ACOGIDA –

No se configura la causal de falta de probidad invocada pues de la prueba aportada no existe ningún antecedente que dé cuenta que la actora hubiese sustraído dineros de las recaudaciones que debía realizar por la APR (cobro de Agua Potable Rural). En la especie, la investigación interna arrojo como resultado solo la participación de su compañero de trabajo en los hechos y no existen antecedente alguno de la participación o aprovechamiento de la demandante en la apropiación de dineros que se señala en la carta de despido, más bien el empleador supone que debía controlarlo, pero en la especie entre ambos no existía jerarquía ni menos existía un control por parte del empleador de sus funciones ni menos una descripción de las mismas.

Doctrina:
1.- Corresponde acoger la demanda subsidiaria de despido injustificado deducida por la trabajadora de la Corporación Municipal por no configurarse la causal de falta de probidad invocada. Esto, debido a que de la prueba aportada no existe ningún antecedente que dé cuenta que la actora hubiese sustraído dineros de las recaudaciones que debía realizar por la APR (cobro de Agua Potable Rural), que en la especie la investigación interna arrojo como resultado solo la participación de su compañero de trabajo en los hechos y no existen antecedente alguno de la participación o aprovechamiento de la demandante en la apropiación de dineros que se señala en la carta de despido, más bien el empleador supone que debía controlarlo, pero en la especie entre ambos no existía jerarquía ni menos existía un control por parte del empleador de sus funciones ni menos una descripción de las mismas.

2.- No se acreditó que se hubiese producido una apropiación de dineros por parte de la demandante y es más los testigos de la demanda solo dan cuenta de la investigación y son claros en señalar que a la Señora Raquel no se le pudo acreditar nada pero que suponen su participación por que andaban juntos para todos lados, pero de la investigación realizada por la corporación no se pudo comprobar su participación y menos que se hubiese apropiado de dinero. Si bien indican que en una oportunidad se habría retrasado en un depósito, estos hechos no se mencionan en la carta de despido y a la vez la demandante habría restituido el dinero no depositado.

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