Juzgado de Letras acoge denuncia de prácticas antisindicales por imposición de prohibición de realizar horas extraordinarias

El tribunal señala que existe una evidente diferencia de trato entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo están, ya que solo respecto de los primeros se les impone la prohibición de realizar horas extraordinarias sin justificación plausible.

El Primer Juzgado de Letras de San Fernando acogió la denuncia de prácticas antisindicales interpuesta por la Inspección del Trabajo pues en la especie existió una evidente diferencia de trato entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo están, ya que solo respecto de los primeros se les impone la prohibición de realizar horas extraordinarias sin justificación plausible, en circunstancias que a los demás no se les restringe su horario de trabajo, lo cual afecta de manera directa la igualdad de remuneraciones ante igual trabajo ejecutado.

Tribunal: Primer Juzgado de Letras de San Fernando
Colección: Jurisprudencia
Cita: ROL:1-21, MJJ312564
Compendia: Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – PRACTICAS ANTISINDICALES – SINDICATOS – AFILIACIÓN AL SINDICATO – HORAS EXTRAORDINARIAS – DISCRIMINACION LABORAL – FUERZA – DEMANDA ACOGIDA –

Existe una evidente diferencia de trato entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo están, ya que solo respecto de los primeros se les impone la prohibición de realizar horas extraordinarias sin justificación plausible, en circunstancias que a los demás no se les restringe su horario de trabajo, lo cual afecta de manera directa la igualdad de remuneraciones ante igual trabajo ejecutado. Dicha acción se enmarca dentro de la hipótesis prevista en el artículo 289 letra g) del Código del Trabajo.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger la denuncia de prácticas antisindicales interpuesta por la Inspección del Trabajo pues en la especie existió una evidente diferencia de trato entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo están, ya que solo respecto de los primeros se les impone la prohibición de realizar horas extraordinarias sin justificación plausible, en circunstancias que a los demás no se les restringe su horario de trabajo, lo cual afecta de manera directa la igualdad de remuneraciones ante igual trabajo ejecutado. Dicha acción se enmarca dentro de la hipótesis prevista en el artículo 289 letra g) del Código del Trabajo.

2.- El reclamo consistente en un cambio de actitud de parte de la Administradora del local, hacia los trabajadores que pertenecen a la organización sindical, debe relacionarse con la denuncia relativa a que aquella ejerce presión al señalar a los socios del sindicato que le molestan los trabajadores sindicalizados, que para evitar problemas con el empleador no deben adherir o pertenecer al sindicato y que ello es incompatible con ciertos cargos en la empresa. En este punto, debe señalarse que tales hechos constatados en el proceso de fiscalización, no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba incorporado por la demandada, como era de su cargo, por lo que cobra plena aplicación la disposición contenida en el artículo 23 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. En consecuencia, se considera que en este caso, la empresa incurre en la conducta prevista en el artículo 291 letra a) del Código del Trabajo. La fuerza, en este caso, está constituida por la presión moral que se manifiesta en la amenaza efectuada a los trabajadores, en orden a que si forman parte del sindicato, éstos tendrán problemas con el dueño de la empresa. El precepto señalado, no exige que la conducta despegada por quien ejerce la violencia física o moral, efectivamente se materialice en la abstención de ingresar a un sindicato, o en su afiliación o desafiliación, sino que basta con que dicha acción, independiente de su resultado, se oriente a tal fin.Fallo:

San Fernando, veintinueve de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

LOS HECHOS:

LA DEMANDA:

PRIMERO: Comparece ante este tribunal doña MARCELA LOPEZ AVILA, Inspectora Provincial del Trabajo de Colchagua, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo ya indicada, ambos domiciliados en Argomedo 634, comuna de San Fernando, quien en procedimiento de tutela de derechos fundamentales, interpone denuncia de práctica antisindical en contra de la empresa CAMIRUAGA HERMANOS Y CIA LIMITADA, representada por don Francisco Camiruaga Cordero, ambos con domicilio en Miraflores Nº402; comuna de Chimbarongo, en virtud de los siguientes fundamentos.

En cuanto a los hechos.

Expone que el sindicato denunciante se constituyó con fecha 7 de noviembre de 2019, en la ciudad de Chimbarongo, con el nombre de SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA CAMIRUAGA HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA., registrada bajo el RSU 06.02.0274, el cual llegó a tener un máximo de 20 socios, desde mediados de diciembre de 2019, hasta finales de enero de 2020, alcanzando una representatividad del 50% de los trabajadores de la empresa.

Señala que mediante nota de fecha 8 de julio de 2021, el sindicato antes indicado, denuncia a la empresa por práctica antisindical, indicando presiones de parte de la administradora del local hacia los socios de la organización, con la finalidad de que dejen de pertenecer al sindicato, las que consisten en un trato diferente y hostigamiento hacia los socios, situación que incluso ha menoscabado la salud de alguno de ellos.

Refiere que se procedió a constituir fiscalía laboral e instruir procedimiento de fiscalización el que tuvo lugar tanto en dependencias de la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, como en la misma empresa, y que contempló diversas diligencias, particularmente entrevistas a dirigentes, denunciado, trabajadores testigos y revisión documental, las que en conjunto arrojaron la

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constatación de los siguientes hechos e indicios que se encuentran consignados en el respectivo informe de fiscalización, siendo los siguientes:

1.

Que los trabajadores socios sienten temor de pertenecer a la organización denunciante, ya que han notado un fuerte cambio de actitud hacia ellos de parte de la Administradora del local, desde que pertenecen a la organización sindical.

2. Que la Administradora del local ha manifestado a los socios del sindicato, que le molestan los trabajadores que pertenecen a la organización, que para evitar problemas con el empleador no deben adherir o pertenecer al sindicato y, a otros, que es incompatible con ciertos cargos en la empresa.

3. Que la Administradora del local ha tenido un trato distinto y de persecución hacia las trabajadoras socias de la organización que cumplen la función de cajeras, ya que respecto de éstas, se constató que les ha puesto obstáculos y trabas para la realización de compras particulares con descuento (beneficio 5%) en el descanso de colación, exigiéndoles que sea al término de la jornada diaria, en circunstancias que el contrato colectivo sólo menciona al término de la jornada laboral «sin distinción», y que las trabajadoras no sindicalizadas pueden hacerlo incluso en horario laboral.

En este punto, agrega que la administradora controla a las socias cajeras el tiempo que demoran en los servicios higiénicos, y que últimamente les instruyó adelantar el horario de cierre habitual de las cajas, con la única finalidad de que no hicieran horas extras a diferencias de las cajeras no sindicalizadas.

4. Que dos trabajadoras socias de la organización se encuentran con licencia médica, atribuyendo su deteriorado estado de salud, a las presiones y acoso que la administradora ejerce sobre ellas por pertenecer a la organización sindical, además de existir otro socio que manifiesta no querer asistir al trabajo, por el estrés que le genera la administradora en su trabajo.

5. Si bien, la única socia que ha renunciado a la organización sindical, no quiso declarar los motivos de su desafiliación, un testigo señala que su renuncia tuvo que ver con los problemas con la administradora.

6.

Por último, y como antecedentes del comportamiento de la empresa hacia la organización, y sin perjuicio de la existencia de mediación de conformidad al inciso 6° del artículo 486 del Código del Trabajo, se debe señalar que la Dirección del Trabajo, previo a la presente investigación ya había constatado dos prácticas antisindicales en contra del sindicato denunciante, a saber: Comisión N°0602/2020/370, en la cual se constató la existencia de prácticas antisindicales por actos de discriminación, en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo, en razón de la sindicalización y, por consiguiente, una Práctica Antisindical, en virtud de lo dispuesto en el artículo 289 letra g) del mismo cuerpo legal, al otorgar beneficios (caja dieciochera) sólo a los trabajadores no sindicalizados; y Comisión N°0602.2021.051, en la cual se constató que la empresa con posterioridad a la constitución del sindicato advirtió a los trabajadores que la afiliación sindical podría generar pérdida de beneficios y, dañar la relación del trabajador con la empresa, sumado a que realizó despidos que afectaron preferentemente a los socios de la organización, lo cual ha disminuido el porcentaje de representatividad de los trabajadores sindicalizados en la empresa.

Dice que por los hechos expuestos los trabajadores sienten temor de pertenecer a la organización, se sienten aislados, pasados a llevar, pues han notado un fuerte cambio de actitud hacia ellos, además de estar sumamente afectados psicológicamente por las acciones desplegadas en su contra por la administradora del local.

Recalca que el informe de fiscalización constató discriminación por causa de sindicalización, susceptible de lesionar de manera relevante la libertad sindical, acciones tendientes a desincentivar la afiliación y participación sindical, además de fuerza moral para obtener la desafiliación.

Añade que estas acciones son realizadas por la jefatura, esto es, la administradora del local, vulnerándose el deber primordial del empleador de proteger y respetar la libertad

sindical de sus dependientes, imposición establecida en el artículo 289 del Código del Trabajo.

Alude que habiéndose constatado los hechos señalados, el servicio según lo dispuesto en el artículo 486 inciso 6 del Código del Trabajo, procedió a dejar citación a audiencia de mediación para el día 24 de agosto de 2021 a las 10:30 horas en sus dependencias, oportunidad en la que no fue posible celebrar la reunión por la inasistencia del empleador, la que se debió a que el correo utilizado por el servicio ya no correspondía, procediéndose a fijar una nueva reunión para el 2 de septiembre de 2021, a las 10:30 oportunidad en la que asistiendo las partes, y no se logró llegar a acuerdo.

En cuanto al Derecho.

Manifiesta que de conformidad a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 292 del Código del Trabajo, la Inspección del Trabajo respectiva debe denunciar al Tribunal competente los hechos que estime constitutivos de prácticas antisindicales o desleales de los cuales tome conocimiento.

Afirma que los hechos descritos, acreditan la verificación de una práctica antisindical, los cuales al ser constatados por fiscalizadores de una Inspección del Trabajo y constando en el respectivo informe, gozan de presunción legal de veracidad, establecida en el artículo 23 del D.F.L.

Nº 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, la que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial.

Entiende que de los hechos señalados precedentemente, se puede verificar claramente una práctica antisindical, atentatoria a la libertad sindical, de conformidad al artículo 289 del Código del Trabajo, denunciable en conformidad al artículo 292 del mismo cuerpo legal.

Reflexiona que por práctica antisindical, se entiende aquella conducta que, por vía de acción o de omisión, lesiona la libertad sindical, tanto en su manifestación individual como colectiva, afectando a trabajadores, a sus representantes o a la organización sindical misma.

Expone que a fin de proteger eficazmente la Libertad Sindical como derecho fundamental, el legislador laboral contempla un mecanismo de resguardo para la denuncia y sanción de las conductas que importen un atentado contra la misma, procedimiento regulado en los artículos 289 y siguientes del Código del

Trabajo, siendo el inciso 1° del artículo 289 el tipo genérico del ilícito laboral contemplado por el legislador.

Explica que la enumeración de los atentados contra la Libertad Sindical contenido en las prácticas antisindicales de los artículos 289, 290 y 291 y desleales en la negociación colectiva, en los artículos 403 y 404, tiene un carácter ejemplar y no taxativo, razón por la cual, podrán existir otras conductas, no contempladas expresamente por estas disposiciones legales, que puedan atentar contra la libertad sindical.

Declara que la Constitución Política de la República, en su artículo 19 N° 16 garantiza el derecho a la Libertad Sindical, y el artículo 1° inciso 3° de la misma Carta Fundamental la autonomía de los cuerpos intermedios, mismo derecho que se encuentra reconocido en el derecho internacional, específicamente en el Convenio N° 87 de la O.I.T., sobre libertad sindical y derecho de sindicación, ratificado por el Estado de Chile, e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el

artículo 5 de nuestra Carta Fundamental; derecho fundamental que, a su vez, se encuentra reconocido por numerosas normas legales del Código del Trabajo, entre ellos los artículos 212 y 215 del dicho cuerpo legal.

Refuerza que asimismo, debe entenderse por libertad sindical el derecho a fundar sindicatos, afiliarse a los de su elección y a desarrollar todas las acciones tendientes a proteger los intereses de los trabajadores, por lo que la libertad sindical no sólo contempla el derecho de asociarse sino también la autonomía de la organización y el derecho a desarrollar la actividad sindical.

Alude que de la investigación realizada, se desprende fehacientemente que la empresa denunciada, ha realizado una práctica antisindical, específicamente en contra del Sindicato de Trabajadores Empresa Camiruaga Hermanos y Compañía Ltda., al realizar acciones lesivas de la libertad sindical, tendientes a desincentivar la afiliación sindical, ejercer discriminaciones arbitrarias en contra de los sindicalizados en los términos del artículo 2° del Código del Trabajo, y comprensiva por tanto, de la causal establecida en el artículo 289 que señala: «serán consideradas prácticas antisindicales del empleador, las acciones que

atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes: letra g) «Ejercer discriminaciones indebidas entre trabajadores que signifiquen incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical», además de ejercer fuerza moral con el fin de obtener la desafiliación a la organización, artículo 291 letra a) del Código del Trabajo que dispone: «Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la libertad sindical: a) los que ejerzan fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical…».

Destaca que los indicios de la vulneración son:

1. La circunstancia de que socias de la organización se encuentran con licencia médica, atribuyendo su deteriorado estado de salud a presiones y acoso de la administradora del local; 2.

Los obstáculos opuestos por la administradora para la realización de compras particulares de las socias, con descuento en el descanso de colación; 3. El excesivo control que la administradora ejerce sobre los socios, respecto del tiempo que utilizan los servicios higiénicos; 4. La instrucción de adelantar los horarios de cierre habitual de las cajas, con la finalidad de que las cajeras no hicieran horas extras a diferencia de las cajeras no sindicalizadas; 5. Que los trabajadores atribuyan la renuncia de una socia a problemas con la administradora; 6. La constante presión ejercida por la administradora al señalar a los socios que le molestan los trabajadores sindicalizados, que para evitar problemas con el empleador no deben adherir o pertenecer al sindicato y que ello es incompatible con ciertos cargos en la empresa; 7. El comportamiento que ha tenido la empresa con el sindicato desde su constitución, existiendo dos prácticas antisindicales previas constatadas en la Comisión N° 0602/2020/370 y N° 0602.2021.051.

Por todo lo anterior, solicita que se declare:

a) Que, la denunciada ha incurrido en las prácticas antisindicales y desleales que se indican.

b) Que, se ordene el cese inmediato de los actos vulneratorios denunciados, indicando las medidas concretas dirigidas a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de dicho derecho fundamental, bajo el apercibimiento señalado en el inciso 1° del artículo 492, especialmente ordenando que la empresa realice las siguientes medidas reparatorias:

Que la empresa denunciada otorgue disculpas públicas a la organización sindical, por los hechos ocurridos, debiendo publicarse las disculpas en un lugar visible del supermercado por a lo menos tres meses.

Que los socios de la organización puedan hacer sus compras con descuento del 5% durante el descanso de colación, sin trabas de ningún tipo.

Que la empresa denunciada mantenga el horario de cierre de cajas, originalmente establecido con los trabajadores.

Que ordene a la administradora el cese del control hacia las socias, especialmente en la utilización de los servicios higiénicos, para la realización de sus necesidades bioló

gicas.

Que se ordene una capacitación al personal de la empresa sobre derechos fundamentales, especialmente respecto de la libertad sindical, dictada por un especialista en derecho laboral a costo de la empresa. c) Se condene a la denunciada al pago de una multa equivalente al máximo legal previsto en el artículo 292 de conformidad al tamaño de la empresa o en el monto que el tribunal pondere en justicia, la cual irá a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, oficiándose para el cobro de la multa. d) Que se remita copia de la sentencia condenatoria a la Dirección del Trabajo para su registro y oportuna publicación.

e) Que se oficie al Ministerio de Hacienda, Dirección Chile Compra, Gobierno de Chile domiciliado en Monjitas N°392, comuna de Santiago Centro, de conformidad a lo señalado en el artículo 4° de la Ley N°19.886, para efectos de hacer efectiva la inhabilidad de contratar con la Administración del Estado.

f) Que se condene en costas a la denunciada.

LA CONTESTACIÓN:

SEGUNDO : En tiempo y forma comparece la demandada, la que contesta

la demanda en los siguientes términos.

Sostiene que es falso que la administradora del local ejerza presiones hacia los socios del sindicato, con la finalidad de que dejen de pertenecer al mismo, y el trato diferente y hostigamiento, ya que ella no ejerce ningún trato hostil con nadie, solo vela por mantener la disciplina al interior de la empresa, que todos los trabajadores cumplan con sus funciones eficazmente, que no las retrasen por causa injustificada para no recargar el trabajo de otros.

Agrega que no busca privilegiar ni amedrentar a nadie, sino que vela por mantener la igualdad entre todos, que nadie saque ventaja de sus excesivos descansos, de idas frecuentes a las dependencias sanitarias o se posterguen funciones que puedan ser ejecutadas con mayor rapidez, dado que a ella le corresponde encargarse del cierre del local, que los trabajadores se retiren oportunamente y que no se generen gastos innecesarios para la empresa, por consumo de luz, vigilancia o pagos de horas extras que no se justifican por prolongar funciones.

Sostiene que el control ella lo efectúa con el mismo rigor, tratándose de trabajadores que estén o no sindicalizado.

Añade que sobre lo expuesto en el punto 3.4 de la denuncia, situación respecto de las cajeras, en forma constante las cajeras Ximena León y Marcela Riveros que no se identifican en la denuncia pero que saben son las que motivan la misma, constantemente empezaron a tratar de generar distintas situaciones para lograr su desvinculación por la empresa.

Refiere que atendido el constante desgano por seguir trabajando y el deseo permanente de agotar la paciencia del

empleador y que las despidieran por eventual incumplimiento grave del contrato de trabajo, finalmente y para no judicializar sus situaciones, tomaron la decisión de desvincularlas amistosamente y se logró un acuerdo económico con ellas.

Afirma que ese desgano se manifestaba en licencias médicas, en idas prolongadas al sanitario por tiempos que excedían los 30 minutos, cierres tardíos de sus cajas, para solo prolongar sus jornadas y acceder a horas extras, retrasando las labores de la jornada laboral de la jefa de local y del mismo guardia.

Expone que a ellas jamás se les hostigó, la situación fue a la inversa, con su actuar hostigaban constantemente a sus pares, demostrando que podían trabajar a su entero antojo, abusaban de la paciencia del empleador, quien no las desvinculaba por causales graves para no afectar el ambiente laboral.

Reclama que solían irse al baño y estar entre 30 y 40 minutos, lo cual generaba comentarios de las otras cajeras, quienes reclamaban por su poca solidaridad, ya que recargaban las funciones laborales de ellas, atendiendo mucho público, sujetas a mayor estrés, más riesgos en errores y cajas que cerrar con mayores volúmenes de dinero que rendir.

En cuanto a las licencias médicas, dice que éstas siempre fueron de orden general.

Descarta todo hostigamiento en cuanto a las compras que deben realizar los trabajadores, por el contrario, la empresa promueve que lo hagan en la hora de colación, ya que allí acceden a un descuento sin distinción de un 5% lo cual obedece al deseo de que no posterguen sus funciones labores y puedan de paso hacerlo tranquilos, beneficiándose del descuento.

Apunta que nadie ha renunciado al sindicato por presiones, ya que la trabajadora que no se identificó en la demanda, saben extraoficialmente que salió por cuanto creyó que desafiliándose dejaría de pagar las cuotas sindicales, toda vez que consideraba que el beneficio versus la cuota no le era ventajosa.

Describe que no se ha buscado favorecer intencionalmente a algunas personas con una caja dieciochera y los sindicalizados no, lo que sucedió fue que se había entregado un beneficio económico por contrato colectivo y su representada entendió que al entregar este beneficio a los trabajadores sindicalizados, no era necesario entregares la caja dieciochera, situación que solo

obedeció a un error de interpretación del contrato colectivo, en ningún caso se intentó desmerecer la condición de los afiliados, hecho que al ser puesto en conocimiento de su representada fue solucionado.

Explica que en cuanto a los despidos que se le atribuyen, no fueron decididos para los efectos de mermar trabajadores sindicalizados y así disminuir su representatividad, es más producto de esas desvinculaciones salieron favorecidos trabajadores sindicalizados, pues con ello se promovió el ascenso de sus puestos de trabajo.

Adiciona que esta decisión se tomó por consideraciones de productividad, ya que hubieron personas con licencias médicas muy prolongadas debiéndoseles reemplazar en sus tiempos de ausencias a sus labores, tales personas pertenecían al sector de carnicería, y el nombramiento de un jefe en esa zona recayó sobre un trabajador sindicalizado.

Finalmente concluye que su representada no ha realizado acciones lesivas de la libertad sindical tendientes a desincentivar la afiliación o ejercer discriminaciones arbitrarias en contra de los sindicalizados, por lo que no encontrándose en ninguno de los supuestos del artículo 289 del Código del Trabajo, estima que ninguno de los hechos descritos dan cuenta con meridiana claridad, haber cometido acto alguno de practica antisindical ya que ha actuado dentro de las atribuciones que le otorga el Contrato de Trabajo, es decir, velar por el buen desempeño de las funciones laborales y de promover el debido respeto del ambiente de trabajo, garantizando la debida convivencia entre todos los trabajadores y la igualdad entre ellos, evitando que se produzcan abusos o favoritismos.

Por todo lo anterior, solicita que se declare que se rechace la demanda íntegramente, con costas.

AUDIENCIA PREPARATORIA:

TERCERO: Con fecha 9 de diciembre de 2021, se desarrolla audiencia preparatoria, oportunidad en la que llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce.

Acto seguido, el tribunal fija objeto de juicio, y como hecho a probar el siguiente: «Efectividad de que la parte demandada ha incurrido en conductas constitutivas de práctica antisindical y desleal, hechos y circunstancias».

Posteriormente, las partes ofrecen los medios de prueba de que se valdrían en audiencia de juicio.

AUDIENCIA DE JUICIO:

CUARTO: Con fecha 25 de enero y 10 de marzo, ambos de 2022, se desarrolla audiencia de juicio, instancia en la que las partes incorporan los siguientes medios de prueba para acreditar sus alegaciones:

La denunciante:

Documental, de folio 24 al 28:

1. Informe de Fiscalización Nº 602/2021/292.

2. Actas de mediación por práctica antisindical de fecha 24 de agosto y 2 de septiembre de 2021, ambas sin acuerdo.

3.

Informe de Fiscalización 0602/2020/370.

4. Informe de Fiscalización 0602/2021/051. Testimonial:

Comparece don Fernando Calderón Villegas, cédula de identidad N°

7.936.152-6, quien luego de ser juramentado en forma legal, presta declaración según consta en registro de audio del tribunal.

De la denunciada:

Documental, de folio 21 y 22:

1. Orden de Reposo, emitida con fecha 06 de Octubre de 2021 a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 1 página.

2. Licencia Médica N°37553395-0 emitida con fecha 28 de Septiembre de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 1 página.

3. Orden de Reposo, emitida con fecha 08 de Octubre de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 1 página.

4. Licencia Médica N°3058189063-k, emitida con fecha 02 de Septiembre de 2021, a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

5. Licencia Médica N°3056709190-2, emitida con fecha 03 de Agosto de 2021 a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

6. Licencia Médica N°3056095633-9, emitida con fecha 21 de Julio de 2021 a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

7. Licencia Médica N°3055435750-4, emitida con fecha 07 de Julio de 2021 a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

8. Licencia Médica N°3054745414-6, emitida con fecha 23 de Junio de 2021 a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

9. Licencia Médica N°3054107926-2, emitida con fecha 10 de Junio de 2021 a nombre de María Marcela Riveros Machuca, consta de 5 páginas.

10. Licencia Médica N°3060625255-2, emitida con fecha 26 de Octubre de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 4 páginas.

11.

Licencia Médica N°3058396018-k, emitida con fecha 07 de Septiembre de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

12. Licencia Médica N°3057326641-2, emitida con fecha 16 de Agosto de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

13. Licencia Médica N°3055334374-7, emitida con fecha 05 de Julio de 2021 a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

14. Licencia Médica N°3056297956-5, emitida con fecha 26 de Julio de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

15. Licencia Médica N°3054587785-6, emitida con fecha 18 de Junio de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

16. Licencia Médica N°3054005383-9, emitida con fecha 08 de Junio de 2021, a nombre de Ximena del Carmen León León, consta de 5 páginas.

17. Contrato de Trabajo de fecha 01 de Febrero de 2011 entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña Lucila del Carmen Pavez Bravo, con su respectivo anexo de contrato de fecha 16 de Noviembre de 2020, consta de 2 páginas.

18. Contrato de Trabajo de fecha 01 de Abril de 1992 entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña Juana Lastenia González Díaz, con su respectivo anexo de contrato de fecha 08 de Noviembre de 2018, consta de 3 páginas.

19. Contrato de Trabajo de fecha 01 de Julio de 1998 entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña Ximena del Carmen León León, consta de 2 páginas.

20. Contrato de Trabajo de fecha 01 de Julio de 1998 entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña María Marcela Riveros Machuca, consta de 2 páginas.

21. Contrato de Trabajo de fecha 07 de Noviembre de 2018 entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda.

y doña Beralvis Manuela Salazar Velásquez, consta de 1 página.

22. Finiquito de Contrato de Trabajo de fecha 15 de Enero de 2021, entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña Beralvis Manuela Salazar Velásquez, consta de 1 página.

23. Carta de Aviso de Despido de fecha 29 de Enero de 2021, Comprobante de Carta de Aviso para Terminación del Contrato de Trabajo, Certificado de Saldo Aporte Empleador al Seguro de Cesantía, para Imputar a Indemnización y Liquidación de Sueldo del mes de Enero del 2021, de Lucila del Carmen Pavez Bravo, consta de 4 páginas.

24. Finiquito de Contrato de Trabajo de fecha 12 de Febrero de 2021, entre Camiruaga Hnos. y Cía. Ltda. y doña Lucila del Carmen Pavez Bravo, consta de 1 página.

25. Carta de Aviso de Despido de fecha 29 de Enero de 2021, Comprobante de Carta de Aviso para Terminación del Contrato de Trabajo, Contrato de Trabajo de fecha 01 de Febrero de 2012, Anexo de Contrato de fecha 16 de Noviembre de 2020, Finiquito de Contrato de Trabajo de fecha 12 de Febrero de 2021, Certificado de Saldo Aporte Empleador al Seguro de Cesantía para Imputar a Indemnización, Certificado Transferencia de fecha 11 de Febrero de 2021 y Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo de Rafael Enrique Díaz Careaga, consta de 8 páginas.

26. Contrato de Trabajo de fecha 10 de Marzo de 2018, Anexo de Contrato de fecha 16 de Noviembre de 2020, Finiquito de Contrato de Trabajo de fecha 12 de Febrero de 2021, Certificado de Saldo Aporte Empleador al Seguro de Cesantía para Imputar a Indemnización y Certificado de Transferencia

de fecha 11 de Febrero de 2021 de Berta Rosa Pavez Villacura, consta de

5 páginas.

27.

Carta de Aviso de Despido de fecha 29 de Enero de 2021, Comprobante de Carta de Aviso para Terminación del Contrato de Trabajo, Comprobante de Vacaciones de fecha 15 de Agosto de 2020, Comprobante de Vacaciones de fecha 13 de Abril de 2020, Comprobante de Vacaciones de fecha 06 de julio de 2019, Comprobante de Vacaciones de fecha 14 de Enero de 2019, Comprobante de Transferencia de Fondos de fecha 11 de Febrero de 2021, Contrato de Trabajo de fecha 01 de Junio de 2018, Anexo de Contrato de fecha 16 de Noviembre de 2020, Finiquito de Contrato de Trabajo de fecha 12 de Febrero de 2021, Certificado de Saldo Aporte Empleador al Seguro de Cesantía para Imputar a Indemnización y Notificación de Presentación de Reclamo ante la Inspección del Trabajo, de Luis Alberto Pavez Rojas, consta de 12 páginas.

28. Comprobante de Vacaciones de Lucila del Carmen Pavez Bravo, de fecha 04 de Julio de 2020, 22 de Julio de 2019, 23 de Febrero de 2019, 12 de Noviembre de 2018, 25 de Julio de 2018, 08 de Enero de 2018, 08 de Julio de 2017, 23 de Enero de 2017, 15 de Enero de 2016, 24 de Enero de 2015, 18 de Julio de 2014, 14 de Enero de 2014, 05 de Mayo de 2013, 04 de Mayo de 2013, consta de 14 páginas.

29. Comprobante de Feriados de Lucila del Carmen Pavez Bravo, de fecha 12 de Enero de 2013, 13 de Julio de 2012 y 31 de Diciembre de 2011, consta de 3 páginas.

30. Comprobante de Vacaciones de Rafael Díaz Careaga, de fecha 24 de Julio de 2020, 01 de Junio de 2020, 06 de Febrero de 2020, 03 de Julio de 2019, 07 de Mayo de 2019, 09 de Febrero de 2019, 05 de julio de 2018, 08 de Enero de 2018, 30 de Septiembre de 2017, 08 de Julio de 2017, 07 de Enero de 2017, 11 de Enero de 2015, 12 de Julio de 2014, 08 de Febrero de 2014, 08 de Julio de 2013, consta de 15 páginas.

31.

Tarjeta de marcación de entrada y salida de los meses de Mayo y Junio del 2021, de María Marcela Riveros Machuca, consta de 2 páginas.

32. Liquidaciones de sueldo de María Marcela Riveros Machuca de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2021, consta de 6 páginas.

33. Tarjeta de marcación de entrada y salida de los meses de Mayo y Junio del 2021, de Ximena León León, consta de 2 páginas.

34. Liquidaciones de sueldo de Ximena León León de los meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo y Junio del 2021, consta de 5 páginas.

Absolución de posiciones:

Comparece doña Marcela López Ávila, Inspectora Provincial del Trabajo

de Colchagua, quien presta declaración según consta en registro de audio del tribunal.

Testimonial:

Comparece doña Angélica María Caroca Torrealba, cédula de identidad N°16.309.353-7, doña María Carolina Sánchez Moya, cédula de identidad N° 13.349.657-2 y don Sergio Soto Cáceres, cédula de identidad N° 9.088.528-6, quienes legalmente juramentados, prestan declaración según consta en registro de audio del tribunal.

Finalmente, las partes hacen uso de su derecho a realizar observaciones a

la prueba y conclusiones.

CONSIDERACIONES:

QUINTO: La libertad sindical se puede definir como el derecho que tienen los trabajadores y sus agrupaciones para organizarse y defender sus intereses en común1. Es la piedra angular sobre la cual se estructura el derecho colectivo del trabajo, y se traduce en la materialización de tres derechos básicos: el de constituir organizacio nes sindicales, el de negociar colectivamente, y el de la huelga.

El primero dice relación con la faz orgánica del mismo, es decir, con la constitución de las organizaciones sindicales que estimen pertinentes para la defensa de los intereses comunes de sus asociados. Los dos restantes, se identifican con el aspecto operativo de la prerrogativa en cuestión, ya que la

1 Gamonal Contreras, Sergio, Fundamentos de Derecho Laboral, Santiago, Thomson Reuters, p.

184.

negociación colectiva involucra el funcionamiento mismo del sindicato en su relación con la empresa, y de todas las etapas dispuestas para ello, mientras que la huelga es un instrumento de la libertad sindical consistente en un instituto típico del derecho colectivo que procura efectivizar, precisamente, la autotutela laboral y la libertad sindical2. La huelga, en definitivas cuentas, constituye el único mecanismo de fuerza que se reconoce a los sindicatos, a través del cual, y según las diversas formas en las que se pueda manifestar, sus miembros alteran el normal funcionamiento de la empresa.

Por lo demás, en nuestro ordenamiento jurídico, la libertad sindical se encuentra asegurada en cuanto derecho fundamental, en el artículo 19 número 19 de la Constitución Política de la República, cuyo inciso primero establece: «El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria».

Por su parte, y en la materia que nos convoca, el legislador no ha definido lo que debe entenderse como práctica antisindical, sin embargo, la Excelentísima Corte Suprema, en fallo pronunciado el siete de abril del año dos mil diecisiete, en recurso de unificación de jurisprudencia ROL 92.904-2016, define a las prácticas antisindicales y establece sus requisitos de procedencia, en los siguientes términos: «Toda acción u omisión que transgreda la libertad colectiva, especialmente aquellas que afecten la negociación colectiva, sus procedimientos y el derecho a huelga; y sus elementos básicos son: a) la verificación de una conducta de parte del sujeto activo que puede ser una acción u omisión; b) una unidad o pluralidad de acciones u omisiones; y c) que se afecte la libertad sindical».

SEXTO: En complemento de lo señalado por el máximo tribunal, es necesario precisar que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso primero del artículo 289 del Código del Trabajo, no se exige que la conducta desplegada por el infractor, en este caso el empleador, esté expresamente detallada por la ley.

En efecto, el precepto en cuestión establece que: «Serán consideradas prácticas anti sindicales del empleador, las acciones que atenten en contra de la libertad

2 Ermida, citado por Gamonal Contreras, en op. cit, en nota anterior, p. 69.

sindical, entendiéndose por tales, entre otras la siguientes». En consecuencia, lo que determina la sanción que se impondrá a la empresa, no es una tipificación o juicio de subsunción entre la acción u omisión y la descripción del tipo normativo laboral, sino que la conducta desplegada por aquel, atente efectivamente en contra del derecho fundamental ya señalado.

De esta forma, el catálogo de acciones que detalla el legislador, solo pueden entenderse como un detalle no taxativo de las manifestaciones más comunes de atentados en contra de la libertad sindical, pero en ningún caso agotan las posibilidades de que en la realidad cotidiana puedan verificarse distintas formas para mermarla, las que por no estar contempladas en forma explícita por la ley, no serían sancionadas.

SÉPTIMO: Ahora bien, en lo que dice relación con el punto de prueba fijado por el tribunal, para una mejor resolución de la presente causa, cabe recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 inciso segundo del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 2, que Dispone la Reestructuración y Fija las Funciones de la Dirección del Trabajo, de fecha 30 de mayo de 1967, de acuerdo al cual: «En consecuencia, los hechos constatados por los Inspectores del Trabajo y de los cuales deban informar de oficio o a requerimiento, constituirán presunción legal de veracidad para todos los efectos legales, incluso para los efectos de la prueba judicial».

En este caso, la denunciante sustenta su acción en el Informe de Fiscalización Nº 602/2021/292, en el cual se detallan diversos hechos que dicha parte estima como atentatorios de la libertad sindical, los que serán analizados en las consideraciones siguientes.

OCTAVO:

El primero de ellos, consiste en que a dos cajeras que al tiempo de ocurrencia de los hechos -8 de julio de 2021, formaban parte del sindicato, se les instruyó adelantar el horario de cierre habitual de las cajas, con la única finalidad de que no hicieran horas extras a diferencias de las cajeras no sindicalizadas. Del instrumento en análisis, se advierte que la Inspección del Trabajo luego de revisar el registro de asistencia del período enero a junio de 2021, de todos los trabajadores que se desempeñan en la función de cajeros, se

desprende que todos éstos presentan como horario de salida de la jornada de trabajo las 20:30 horas, con excepción de las trabajadoras sindicalizadas, las cuales desde abril de dicho año registran como promedio de salida las 20:00 horas.

De esta forma, el tribunal comparte el razonamiento contenido en el informe en cuestión, pues todos los cajeros terminan su jornada a las 20:30 horas, de manera que la Administradora no hubiese podido retirarse antes, como así señala haberlo requerido, ya que es ella quien cierra junto a los guardias de seguridad el supermercado. Por consiguiente, al ser el horario de salida de los cajeros similar, no existe evidencia que las trabajadoras mencionadas, terminaran más tarde que el resto de los trabajadores de caja.

En esta línea, en dicho informe se evidencia que, además, el fiscalizador revisó los comprobantes de pago de remuneraciones, en particular la partida relativa a las horas extraordinarias, y los registros de asistencia de todos los cajeros, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio, ambos de 2021, donde pudo verificar que los siete cajeros con los que cuenta la empresa trabajan horas extraordinarias, y no solo los tres que forman parte del sindicato.

NOVENO: En criterio de este tribunal, la conducta de la empresa atenta en contra el derecho a la no discriminación arbitraria, contenido en materia laboral en el inciso cuarto del artículo 2 del Código del Trabajo, conforme al cual:

«Los actos de discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, maternidad, lactancia materna, amamantamiento, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación».

En este caso, existe una evidente diferencia de trato entre los trabajadores sindicalizados y los que no lo están, ya que solo respecto de los primeros se les impone la prohibición de realizar horas extraordinarias sin justificación plausible,

en circunstancias que a los demás no se les restringe su horario de trabajo, lo cual afecta de manera directa la igualdad de remuneraciones ante igual trabajo ejecutado.

Dicha acción se enmarca dentro de la hipótesis prevista en el artículo 289 letra g) del Código del Trabajo, que señala: «Serán consideradas prácticas antisindicales del empleador, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes: letra g) «Ejercer discriminaciones indebidas entre trabajadores que signifiquen incentivar o desestimular la afiliación o desafiliación sindical». Así, resulta claro que la única razón por la cual se produce la diferencia de trato en este caso, dice relación con la afiliación sindical de las trabajadoras afectadas, según ya se dijo.

DÉCIMO:

En segundo lugar, el reclamo consistente en un cambio de actitud de parte de la Administradora del local, hacia los trabajadores que pertenecen a la organización sindical, debe relacionarse con la denuncia relativa a que aquella ejerce presión al señalar a los socios del sindicato que le molestan los trabajadores sindicalizados, que para evitar problemas con el empleador no deben adherir o pertenecer al sindicato y que ello es incompatible con ciertos cargos en la empresa.

En este punto, cabe señalar que tales hechos constatados en el proceso de fiscalización, no fueron desvirtuados por ningún medio de prueba incorporado por la demandada, como era de su cargo, por lo que cobra plena aplicación la disposición contenida en el artículo 23 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo. En consecuencia, el tribunal considera que en este caso, la empresa incurre en la conducta prevista en el artículo 291 letra a) del Código del Trabajo, conforme al cual: «Incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la libertad sindical: a) Los que ejercen fuerza física o moral en los trabajadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato…».

La fuerza, en este caso, está constituida por la presión moral que se manifiesta en la amenaza efectuada a los trabajadores, en orden a que si forman parte del sindicato, éstos tendrán problemas con el dueño de la empresa.

El precepto recién transcrito, no exige que la conducta despegada por quien ejerce la violencia física o moral, efectivamente se materialice en la abstención de ingresar a un sindicato, o en su afiliación o desafiliación, sino que basta con que dicha acción, independiente de su resultado, se oriente a tal fin.

DÉCIMO PRIMERO:

En cuanto a que la Administradora estaba atenta a las veces que las cajeras sindicalizadas iban al servicio higiéni co, llamándoles la atención por el tiempo que ocupan en ello, el informe referido menciona que este hecho que no es negado por la Administradora aludida, y transcribe su declaración en los siguientes términos: «A ellas les daban lo mismo dejar la caja media hora sola, se iban al baño, o custodia y no le importaban las filas de clientes, y yo sí se los hice ver, en reiteradas ocasiones, porque era por respeto a sus compañeras que estaban cabeza agacha y ellas conversando».

Ahora bien, de la lectura de la denuncia que motiva este juicio, y del informe de investigación, no queda claro qué tipo normativo es que la denunciante invoca como infringido por la empresa en este punto. Pareciera ser, de acuerdo al enunciado contenido en el párrafo anterior, que lo que se cuestiona es que el control ejercido por la Administradora del local, tiene su razón de ser en que las trabajadoras involucradas forman parte del sindicato, y, por consiguiente, que el derecho vulnerado sería el de la no discriminación.

Sin embargo, dicha conjetura no tiene sustento alguno en la investigación efectuada por la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, pues la conclusión a la que en este punto arriba, se extrae de la circunstancia de que la Administradora del Local no niega tales reclamos, lo que sería reforzado por su propia declaración, pero, si se lee detenidamente esta última, la jefatura cuestionada sostiene que dicho control se efectúa porque las dependientes al ir al baño dejan de atender por extensos períodos las cajas, lo que implica el aumento de trabajo del resto de sus compañeras y una demora en la atención de público.

De esta forma, no se puede extraer del hecho de que la empleadora llame la atención a las trabajadoras por tales circunstancias, tenga su causa en el hecho de la sindicación, criterio de carácter normativo contenido en el artículo 2 inciso cuarto del Código del Trabajo, al regular la discriminación laboral, pues tal

antecedente no se extrae del informe en cuestión, por lo que el tribunal desestimará esta alegación.

DÉCIMO SEGUNDO: En cuanto a que la Administradora del local exige a las trabajadoras sindicalizadas, la realización de compras particulares con descuento durante la jornada de trabajo, el tribunal considera que en este caso no existe una conducta que atente en contra de la libertad sindical, pues fue el mismo sindicato, en representación de las trabajadoras afectadas, el que de manera libre se obligó a realizar tales compras luego de terminada la jornada laboral, según la cláusula cuarta del Contrato Colectivo vigente, según da cuenta la propia Inspección del Trabajo en su informe.

Vale señalar, que ninguna de las partes incorporó el contrato colectivo mencionado, por lo que el tribunal en este ámbito solo tiene a la vista lo que en esta materia constató la denunciante.

En este sentido, la Inspección del Trabajo de Colchagua señala que en dicha cláusula solo se menciona que las compras se pueden realizar al término de la jornada laboral sin distinción. No obstante que dicho argumento, no es debidamente elaborado por la denunciante desde un punto de vista normativo, el tribunal entiende que tal referencia es realizada a la regla contenida en el artículo 34 inciso primero del Código del Trabajo, de acuerdo al cual: «La jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación. Este período intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria».

Sin perjuicio de ello, de la atenta lectura del informe de investigación – página ocho-, la imputación en este punto se funda en que las trabajadoras exigían hacer uso del beneficio en cuestión en el horario de trabajo, tal como se hacía previo al contrato colectivo. Pero, como ya se dijo, tal facultad fue circunscrita al término de la jornada por las reclamantes a través del sindicato, por lo que no pueden por medio de recurrir a conductas pretéritas intentar modificar de forma unilateral lo acordado en el mentado contrato colectivo.

No obstante lo anterior, es relevante hacer notar que el testigo don Fernando Calderón, cuyo testimonio es incorporado por la denunciante, al ser preguntado por este juez sobre qué dice el contrato colectivo sobre los tiempos de

compra en dependencias de la empresa, éste declara que dicho instrumento no dice nada.

DÉCIMO TERCERO:

En cuanto a que dos trabajadoras socias de la organización se encuentran con licencia médica, atribuyendo su deteriorado estado de salud, a las presiones y acoso que la administradora ejerce sobre ellas por pertenecer a la organización sindical, además de existir otro socio que manifiesta no querer asistir al trabajo, por el estrés que le genera la administradora en su trabajo, el tribunal considera que dicha alegación carece de sustento, porque la denunciante no incluye dentro de los documentos tenidos a la vista en el informe de fiscalización ningún antecedente médico que valide tal circunstancia, tales como licencia médica o informe emitido por médico siquiatra.

Además, de la lectura de la orden de reposo, y la totalidad de las licencias médicas incorporadas por la denunciada, no objetadas por la contraria, se advierte que el motivo de las mismas lo constituye una enfermedad o accidente común.

DÉCIMO CUARTO: Por otro lado, en cuanto a que la única socia que ha renunciado a la organización sindical, no quiso declarar los motivos de su desafiliación, pero que un testigo señala que su renuncia tuvo que ver con los problemas con la administradora, cabe señalar que tal hecho que se esgrime como constitutivo de práctica antisindical, carece del más mínimo sustento fáctico, pues no puede determinarse su concurrencia por los dichos que un tercero que, erigiéndose como conocedor de los motivos radicados en el fuero interno de la trabajadora que renunció al Sindicato, no ve ratificado sus dichos a través de la prueba rendida en el proceso, los que solo pueden ser considerados como meras apreciaciones personales.

DÉCIMO QUINTO: Finalmente, la referencia a los informes Comisión N°0602/2020/370, y Comisión N°0602.2021.051, no dicen relación con los hechos denunciados por el sindicato señalado, los que tampoco fueron examinados en el informe de investigación que da origen a este litigio.

Por lo demás, las denuncias que motivaron a aquellos, que ya fueron resueltas a través del mecanismo de la mediación, según informa la propia denunciante -página tres del informe de investigación Comisión Nro. 0602/2021/292-.

DÉCIMO SEXTO: El resto de la prueba rendida y también analizada en conformidad a las reglas de la sana crítica, en nada altera lo hasta ahora razonado.

En efecto, los contratos de trabajo y sus anexos, cartas de aviso de término de contrato, comprobante de envío de la misma, y finiquitos incorporados por la denunciada, no dicen relación con los hechos contenidos en esta denuncia, en la cual no se reclama por el despido de trabajadores afiliados al sindicato. Tal circunstancia se contiene en el informe de investigación Comisión Nro. 0602/2021/51, la que de acuerdo a la consideración anterior, no son analizados en este juicio.

Por su parte, la declaración prestada por doña Angélica María Caroca Torrealba, por doña María Carolina Sánchez Moya, y por don Sergio Soto Cáceres, no obstante la prevención realizada por el tribunal, se obtuvieron en virtud de preguntas formuladas en términos asertivos, en contradicción a lo dispuesto en el artículo 454 Nro. 6 inciso segundo del Código del Trabajo, de acuerdo al cual:

«Estas preguntas no podrán formularse en forma asertiva, ni contener elementos de juicio que determinen la respuesta, ni referirse a hechos o circunstancias ajenas al objeto de la prueba, lo que calificará el tribunal sin más trámite». De esta forma, el tribunal no puede dar valor a un testimonio obtenido en contravención a lo dispuesto por el legislador, pues estaría amparando una actuación contraria a derecho.

En el caso de la declaración prestada por don Fernando Calderón Villegas, incorporada por la denunciante, y sin perjuicio de lo señalado al momento de analizarse la situación relativa a los horarios de compra de mercaderías, éste se limita a reiterar los demás hechos denunciados ante la Inspección del Trabajo, sin aportar antecedentes adicionales a los constatados por la demandante.

Finalmente, la declaración de la señora Inspectora Provincial del Trabajo de Colchagua, se limita a reiterar los fundamentos de la denuncia, sin aportar argumentos distintos a los ya analizados.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 2 inciso cuarto, 289 letra i) y letra g), 291 letra a), 453, 454, 456, 485, 495, todos del Código del Trabajo, artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y demás normas aplicables, se RESUELVE:

I. Que se acoge la denuncia interpuesta por la Inspección Provincial del Trabajo de Colchagua, solo en cuanto se declara que la empresa CAMIRUAGA HERMANOS Y CIA LIMITADA, representada por don Francisco Camiruaga Cordero, ha incurrido en la práctica antisindical contemplada en el artículo 289 letra i) y artículo 291 letra a), ambos del Código del Trabajo, respecto del SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA CAMIRUAGA HERMANOS Y COMPAÑÍA LTDA, en los términos ya descritos.

II. Que la empresa demandada deberá pagar una multa a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por un monto de cuarenta unidades tributarias mensuales.

III.

Que como medida reparatoria, la empresa deberá ofrecer disculpas públicas mediante publicación en diario mural de la empresa, la que deberá mantenerse visible durante un mes, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 492 del Código del Trabajo.

IV. La empresa deberá impartir una charla relativa a la libertad sindical, a todos los trabajadores de la empresa con la presencia de los dirigentes sindicales de la empresa, de a lo menos una hora, la que se dictará a su costa por un experto en Derecho Laboral, la cual se deberá realizar dentro del plazo de noventa días hábiles de ejecutoriada la presente sentencia.

V. Que se ordena remitir copia de esta sentencia a la Dirección del Trabajo, para su registro y publicación, una vez que ésta se encuentre ejecutoriada.

VI. Que se ordena oficiar al Ministerio de Hacienda, Dirección Chile Compra, de conformidad a lo señalado en el artículo 4 inciso primero de la Ley Nro. 19.886, para efectos de hacer efectiva la inhabilidad de contratar con la Administración del Estado.

VII. Que se condena en costas a la denunciada, las que se tasan y regulan en este acto en la suma de $200.000 -doscientos mil pesos-.

VIII. Que ejecutoriada la presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en ella dentro de quinto día hábil. En caso contrario, certifíquese dicha circunstancia por ministro de fe de este tribunal, y hecho lo anterior, pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional competente.

RIT: S-1-2021.

Se ordena el registro de esta sentencia, su notificación por correo electrónico a los abogados de las partes, y el archivo de los antecedentes en su oportunidad.

Sentencia dictada por Felipe Eduardo Cabrera Celsi, juez titular del Primer Juzgado de Letras de San Fernando.

Felipe Eduardo Cabrera Celsi Fecha: 29/03/2022 10:52:25

A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl

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