Jurisprudencia Destacada Año 2022 N 06

RECURSO DE CASACIÓN –  PERMISO DE EDIFICACIÓN – AUTORIZACIÓN DE LOTEO

INMOBILIARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL BATUCO C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312611
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PERMISO DE EDIFICACIÓN – URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES – DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA LEY – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO DE CASACION EN EL FONDO – RECHAZO DEL RECURSO –

La invalidación de la autorización de loteo en lugar de urbanización realizada por la Dirección de Obras Municipales y del consiguiente permiso de edificación emitido fueron realizados de acuerdo a ley, dado que la misma se contra ley, y el mismo no fue un mero error de formulario sino un elemento sustantivo del procedimiento.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la resolución que invalida un Permiso de Edificación y el loteo de un predio. Esto, puesto que el error en que incurrió la reclamante al utilizar el Formulario de Loteo no es un error que implique sólo la utilización de un formulario errado o el señalamiento de una casilla equívoca. En efecto, la elección del formulario para individualizar su solicitud, determina el procedimiento y requisitos a cumplir y, más importante aún, las consecuencias jurídicas que se seguirán de la autorización que, eventualmente, emanará de la DOM. Así, la invalidación incluso puede estimarse favorable para los intereses de la reclamante desde que la DOM podría haber autorizado un Loteo con la consiguiente pérdida de las obras de urbanización en beneficio del uso público.

2.- En cuanto a una supuesta infracción al principio de legalidad al validar la conducta de la DOM que mediante la dictación de la Resolución reclamada vulneraría el principio de confianza legítima, debe rechazarse. Esto, toda vez que la reclamada está dotada legalmente de la potestad invalidatoria, tratándose de actos contrarios a derecho como ocurre con la resolución que autorizó erróneamente una solicitud de Loteo, que fue apoyada en el cumplimiento de requisitos legales relativos a un Condominio Tipo B de la Ley N°19.537 y no de aquellos que la legislación establece para los primeros.

3.- Deberá desestimarse la denuncia que afirma que los sentenciadores habrían infringido el artículo 24 de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esto, pues por el contrario, ya se ha establecido que se ajustaron a la normativa urbanística aplicable, al igual que lo hizo la reclamada, en la medida que las aprobaciones urbanísticas de cargo de la DOM, deben someterse a la normativa vigente y pertinente para cada tipo de solicitud.

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RECURSO DE ILEGALIDAD –  PATENTE MUNICIPAL – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

INVERSIONES Y ASESORÍAS LOS NOGALES LIMITADA C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA – UNDÉCIMA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Santiago
Sala: Undécima
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312588
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – PATENTE MUNICIPAL – LEY DE RENTAS MUNICIPALES – DERECHO DE PROPIEDAD – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – AUDIENCIAS – RECURSO DE ILEGALIDAD – RECURSO ACOGIDO –

La municipalidad invalidó una resolución anterior, determinando que el contribuyente debía pagar un mayor monto de patente municipal al dar por tácitamente derogada una norma tributaria. Sin embargo, el acto vulnera los derechos del recurrente al realizarse sin una audiencia previa del interesado.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de reclamación interpuesto contra la dictación de un Oficio de Rentas por parte de la Municipalidad que anula uno anterior, generando diferencia por concepto de patente comercial en contra del reclamante. Esto, puesto que habiéndose omitido la audiencia previa requerida por la ley para modificar un acto administrativo de acuerdo al artículo 53 de la Ley N° 19.880, se concluye que la reclamada actuó de manera ilegal, toda vez que se ha privado a la reclamante del derecho a presentar defensa a sus intereses en un procedimiento administrativo tramitado legalmente, pues en lugar de ello la Municipalidad ejerció su potestad invalidatoria de manera desformalizada, apartándose de las reglas legales que rigen la materia y vulnerando con ello el derecho de defensa del administrado.

2.- El oficio reclamado tiene un carácter evidentemente invalidatorio, pues por su intermedio se ha dejado sin efecto lo que se había decidió previamente respecto del mismo sujeto, reinterpretando la normativa aplicable, especialmente el artículo 68 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (declarando su derogación tácita), y en función de ello se dejó sin efecto la decisión anterior por la cual la Administración había declarado expresamente que el contribuyente debía pagar 1 UTM por concepto de patente municipal y en su lugar dispuso el pago de un 3,5 por mil del capital propio declarado ante el Servicio de Impuestos Internos por este mismo concepto. En consecuencia, no cabe sino concluir que el acto reclamado ha sido dictado en ejercicio de las facultades invalidatorias de la Administración, ya que hace cesar los efectos de una declaración previa, plenamente válida hasta ese momento, que tenía implicancias patrimoniales tanto para el reclamante como para la Municipalidad.

3.- El inciso primero del artículo 53 de la Ley N° 19.880 dispone la facultad de invalidación de la administración. La norma pone de manifiesto que se trata de una potestad reglada y que siempre que la Administración haga uso de ella, sea de oficio o a solicitud de parte, se debe proceder previa audiencia del interesado. Este trámite constituye un requisito esencial de toda invalidación, pues consiste en la oportunidad que tienen los particulares para aducir defensas antes de la dictación del acto por el que se ejerce la potestad. Ello se conecta con los estándares que debe cumplir todo procedimiento, consagrados como principios o bases administrativas (artículos 4° a 16 de la Ley N° 19.880), entre las que se cuentan la contradictoriedad y bilateralidad, en cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso.

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RECURSO DE PROTECCIÓN –  PATENTE DE ALCOHOLES – REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

TRIVIÑO MUÑOZ, ÁNGEL C/ ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Punta Arenas
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312568
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – COMISIONES ESPECIALES – DERECHO DE PROPIEDAD – DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA – CONCEJO MUNICIPAL – PATENTE DE ALCOHOLES – MUNICIPALIDADES – EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS – ACTO ADMINISTRATIVO – FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO – RECURSO ACOGIDO –

La decisión del Concejo Municipal de cancelar la patente de alcoholes de un local nocturno no se justifica solo por haber sido el resultado de una votación, puesto que los poderes discrecionales de la administración no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar fundamentados.

Doctrina:

1.- Corresponde acoger el recurso de protección interpuesto contra la decisión de la Municipalidad de no renovar las patentes de cabaret y de Restaurant diurno y nocturno, con las cuales funcionaba el local nocturno del recurrente. Lo anterior, pues la no renovación de las patentes de alcoholes solicitadas por la recurrente deben ser consideradas arbitrarias, perturbando el legítimo ejercicio de su derecho a ejercer una actividad económica lícita, y a la igualdad ante la ley, garantizados en los numerales 21 y 2 del artículo 19 de la Constitución.

2.- En los actos administrativos recurridos la exigencia de motivación no es otra que requerir la explicitación de sus fundamentos racionales. En la especie, de los antecedentes en caso alguno pueden ser entendidos como suficientes para satisfacer los requisitos de razonabilidad que exige el ordenamiento jurídico, ya que para suprimir todo dejo de arbitrariedad los argumentos de la resolución que se adopta deben consistir en razones objetivas y comprobables que responsabilicen al recurrente de los hechos y doten de razonabilidad a las decisiones adoptadas en ejercicio de la atribución conferida al Concejo Municipal por la letra b) del artículo 79 , de la Ley Nº18.695. En tal sentido el parecer genérico de los concejales que votaron por rechazar las solicitudes de renovación de las patentes, no puede ser entendido por sí solo como motivo suficiente para no renovar dichas patentes.

3.- En cuanto al argumento relativo a que la decisión es resultado de una votación del Concejo Municipal, debe tenerse en consideración que la letra b) del artículo 79, de la Ley Nº18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, refiere la facultad del Concejo para «pronunciarse» sobre las materias del artículo 65 , de modo que, es admisible tanto una decisión favorable como desfavorable, todo lo cual armoniza con la naturaleza colegiada del Concejo en que sus acuerdos se adoptan conforme al resultado de los votos emitidos libremente en la sesión respectiva, de modo que su decisión depende del quórum que se forme en la misma. Sin embargo, en un Estado de Derecho las atribuciones que la ley confiere a los órganos públicos, no los faculta para ejercerlas en el sustento de su mera voluntad, toda vez que los poderes discrecionales no pueden ser arbitrarios, sino que están limitados por la razón.

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RECURSO DE PROTECCIÓN – TESORERÍA – PAGO DE BENEFICIOS – FACULTADES LEGALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS C/ TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Chillán
Sala: Primera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312557
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – RECURSO DE PROTECCIÓN – MUNICIPALIDADES – DERECHO DE PROPIEDAD – BONO – GRATIFICACIONES Y BONOS – TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – FUNDAMENTOS DEL RECURSO – RECHAZO DEL RECURSO –

La Tesorería regional tiene las facultades para objetar el pago de un beneficio laboral realizado por la Municipalidad, al momento de requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de protección interpuesto contra la decisión de la Tesorería regional de no dar curso al beneficio contemplado en la ley 20.305 y concedido por Decreto Alcaldicio a una funcionaria. Esto, puesto que el actuar de la recurrida al controlar los presupuestos del pago del bono post laboral se ha ajustado a derecho y a la legalidad imperante, toda vez que ha emitido un pronunciamiento fundado y dentro de su competencia.

2.- La ley 19.041 en su artículo 13 dispone que corresponderá al Servicio de Tesorerías requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributarios que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de esta potestad, el Servicio de Tesorerías podrá solicitar el respaldo de la documentación original que justifica tales operaciones; requerir información a los organismos que estime pertinente; verificar domicilios del destinatario del egreso y cualquiera otra acción que asegure el correcto cumplimiento del egreso en resguardo del interés fiscal, en especial suspender o rechazar el pago respectivo cuando los antecedentes lo ameriten.

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MUNICIPALIDADES – SUBCONTRATACIÓN – FINIQUITO

PRADINES C/ HALES – PRIMERA SALA

Tribunal: Corte de Apelaciones de Valdivia

Sala: Primera

Colección: Jurisprudencia

Cita: MJJ312578

Compendia:  Municipalidades, Microjuris, Laboral

VOCES: – LABORAL – MUNICIPALIDADES – SUBCONTRATACION – CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO – TRANSFORMACIÓN EN CONTRATO DE PLAZO INDEFINIDO – FINIQUITO – RECURSO DE NULIDAD – RECHAZO DEL RECURSO –

Acierta la sentencia impugnada al concluir que la reserva de derechos practicada en los finiquitos que motivaron el despido de no reviste el carácter de general e imprecisa, y, en segundo lugar, que los finiquitos que precedieron a los suscritos con motivo del despido no pudieron producir efecto liberatorio, desde que inmediatamente de suscritos las mismas partes suscribían nuevos contratos de trabajo para las mismas labores y los actores continuaban prestando servicios de forma ininterrumpida con conocimiento expreso del empleador, como si tales finiquitos no se hubieren suscritos.

Doctrina:

1.- Corresponde rechazar el recurso de nulidad deducido por la municipalidad -demandada solidaria- en contra de la sentencia que acogió la demanda de despido injustificado, rechazando la excepción de finiquito. Al respecto, se ajusta a derecho la sentencia al concluir que la reserva de derechos practicada en los finiquitos que motivaron el despido de no reviste el carácter de general e imprecisa, y, en segundo lugar, que los finiquitos que precedieron a los suscritos con motivo del despido no pudieron producir efecto liberatorio, desde que inmediatamente de suscritos las mismas partes suscribían nuevos contratos de trabajo para las mismas labores y los actores continuaban prestando servicios de forma ininterrumpida con conocimiento expreso del empleador, como si tales finiquitos no se hubieren suscritos.

2.- De los antecedentes de la causa, es dable concluir al amparo del principio de supremacía de la realidad, que los finiquitos suscritos no tuvieron por objeto poner término definitivo a la relación laboral, pues no existió intención de los contratantes de terminar con la relación anterior, interrumpiendo el vínculo laboral, desde que entre las mismas partes se procedía de forma inmediata a suscribir o celebrar un nuevo contrato de trabajo en los mismos términos que los anteriores y se ejecutaban las mismas labores pactadas. En relación a la reserva de derechos practicada por los actores, de su simple lectura consta que ella no puede ser calificada de vaga, imprecisa y general, desde que se hizo reserva o prevención cuestionando la causal de despido y demás derechos que fueron objeto de alegación en el juicio.

3.- No infringe la sana crítica el tribunal a quo al concluir que las labores de aseo de la comuna no tienen duración transitoria, ni limitada, sino que por el contrario se trata de servicios que deben prestarse de forma permanente.

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MUNICIPALIDADES – ADMINISTRATIVO – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO C/ SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA – TERCERA SALA

Tribunal: Corte Suprema
Sala: Tercera
Colección: Jurisprudencia
Cita: MJJ312558
Compendia: Municipalidades, Microjuris
VOCES: – ADMINISTRATIVO – MUNICIPALIDADES – EDUCACION – ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES – SANCIONES ADMINISTRATIVAS – MULTA – COMPETENCIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DE RECLAMACION – RECURSO DE APELACION – RECURSO ACOGIDO –

La Superintendencia de Educación no puede aumentar una sanción impuesta por una de sus sedes regionales al ser esta recurrida por un administrado, atentando contra el principio de prohibición de la «reformatio in peius».

Doctrina:

1.- Corresponde revocar la sentencia apelada y acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la sentencia de reclamación que aumenta la sanción administrativa por la Superintendencia de Educación Regional, manteniéndose así la sanción de privación parcial y temporal del 1% por un mes de la subvención General. Esto, puesto que no resulta plausible que la Superintendencia pueda cambiar la decisión de la autoridad Regional en detrimento del que la impugnó, tanto más cuanto que el ejercicio de las potestades de la Superintendencia de Educación, dentro del procedimiento sancionador, surgen en este caso a solicitud del infractor con motivo de las sanciones aplicadas en su contra por la autoridad Regional, razón por la cual la resolución de la Superintendencia, debe ajustarse a las peticiones formuladas por el afectado con la sanción administrativa.

2.- Dentro del proceso lógico que debe realizar la Administración una vez incoado el reclamo por el culpable de una infracción administrativa, es indudable que la determinación de la competencia otorgada a la Superintendencia de Educación para el conocimiento del asunto se encuentra restringida, en su pronunciamiento, a lo planteado por la reclamante en su respectivo reclamo. Esto significa que puede conocer de todo aquello que es solicitado en el recurso, sin que pueda reformar la resolución sancionatoria en perjuicio del reclamante, si ello no ha sido pedido en el arbitrio, principio conocido como prohibición de la «reformatio in peius».

3.- La Resolución impugnada que aumenta la sanción hacia el recurrente ha reconocido la concurrencia de una circunstancia atenuante en favor de la reclamante, conforme al artículo 79 letra b) de la Ley N°20.529 por cuanto no ha sido sancionada anteriormente por haber cometido infracciones a la normativa educacional en los últimos seis años por infracción grave, ni en los últimos cuatro por una menos grave, ni en los últimos dos por una leve. Este reconocimiento hace aún más insostenible el agravamiento de la sanción aplicada.

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