Diputados ratifican acuerdo de Escazú sobre transparencia, participación y justicia ambiental

Se trata de un instrumento “visionario y sin precedentes”, como afirma la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal). Bajo la premisa de que la participación ciudadana es necesaria para promover el desarrollo sostenible, el acuerdo incluye a las personas en el proceso de gestión ambiental.

Con 105 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el Acuerdo de Escazú. Se trata del proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional. Se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.

En particular, en ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica. A ello se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático. También, el aumento de la resiliencia ante los desastres.

Asimismo, se incluye la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Contenido 

En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.

De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

También presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, dispone que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

El acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de once de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a doce Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

Declaración interpretativa 

En su paso por la Comisión de Relaciones Exteriores, se aprobó, además, una “declaración interpretativa”, propuesta por parlamentarias y parlamentarios de Chile Vamos. Entre otros puntos, el texto:

Apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno.
Reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental.
Precisa el sentido y alcance de la cooperación para la implementación del acuerdo en el país. Destaca que no aplica para demandas limítrofes ni exigencias que no son parte del tratado internacional.
Establece que la autoejecutabilidad se implementará de acuerdo a las posibilidades y prioridades nacionales, respecto al acceso a la información pública, participación ciudadana y derecho al acceso a la justicia en materia ambiental.

Consultar boletín N° 14852 aquí.

Speak Your Mind

*

A %d blogueros les gusta esto: